La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González, descartó participar en un diálogo convocado por el gobierno para revisar la legislación sobre procesos electorales y partidos políticos, y pidió acordar términos para una negociación seria que permita “la fluidez de la transición” tras los disputados comicios de julio pasado.
“Es un ejercicio de propaganda (…) el régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial; y esto no lo aceptamos”, precisa un comunicado firmado por Machado, González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición.
La oposición recordó que ha hecho varias invitaciones para “una negociación seria sobre la transición democrática” y que su objetivo es una “transición pacífica y ordenada”, cuyo punto de partida sea el respeto a la soberanía expresada en las elecciones del 28 de julio, “y el mandato constitucional que establece que el 10 de enero, Edmundo González Urrutia, tome posesión del cargo” de presidente de Venezuela.
Las actas que conservaron los testigos de mesa de la oposición y que fueron publicadas en un sitio web, demostrarían que con el 67 % de los votos, González Urrutia, actualmente en un “exilio forzado en España”, ganó las elecciones.
Más de dos meses después de la elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional que no lo ha reconocido como presidente electo.
La dirigencia opositora afirmó que cualquier intento por desconocer lo que ocurrió en las elecciones presidenciales constituiría un “golpe de Estado”.
El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, convocó el jueves a los partidos políticos que participaron en las elecciones del 28 de julio a un diálogo para revisar las leyes electorales en el país, con el argumento de “proteger la población venezolana” y el territorio.
“No puede haber un político que pida invasiones, no. No puede haber una política que llame a poner bombas, que se regocije del asesinato de mujeres y hombres humildes, que se dediquen a otra cosa, en forma de oficio penitenciario, porque es la cárcel lo que merecen, No podemos seguir con una Ley de Partidos Políticos que ha quedado obsoleta”, dijo.
El gobierno ha acusado a la oposición de buscar desestabilizarlo a través de actos violentos y, tras los comicios se han incrementado las detenciones de disidentes.
La oposición afirmó que las intenciones del gobierno son “contradictorias” con la “ola represiva” desatada desde el 28 de julio y “arreciada en las últimas horas”.
Además, insistió en que el gobierno violó los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados y subrayó que un proceso de negociación debe tener lugar “en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan garantías para todos los participantes”.
“Un aspecto de dicha negociación, será acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder”, destacó el comunicado.
“Un paso indispensable para el desarrollo ordenado de la transición, es que quienes deben abandonar el poder por voluntad del electorado y a quienes nos corresponde asumirlo, debemos designar las comisiones de enlace necesarias para que el Poder Ejecutivo funcione de la manera más ordenada, en la transición hacia el 10 de enero”, resaltó el texto.
Esta semana, Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos; descartó tener intenciones de abandonar Venezuela y reiteró que Maduro aceptará una negociación para salir del poder y concretar una transición cuando “el costo de quedarse sea más alto” que el de irse.
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