La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este jueves una «profunda preocupación» por la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
EFE
Según un comunicado emitido por la entidad, entre estas modificaciones «elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político», otorgando más poder a «la Presidencia que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral».
“El pluralismo político es una garantía esencial para que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Las personas deben ser libres de apoyar u oponerse a diferentes opciones políticas sin temor a la manipulación o la influencia indebida que afecte su autonomía”, afirmó el representante encargado de OACNUDH para la región, Andrés Sánchez Thorin.
Este jueves, la Asamblea Nacional de Nicaragua concluyó la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Resalta el comunicado de la OACNUDH que «el texto fue aprobado de manera unánime, sin abstenciones ni votos en contra, por los 91 miembros de la Asamblea Nacional sin ninguna oposición».
La organización manifiesta que la reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, «refuerzan mecanismos de control y represión tanto nacionales, como transnacionales contra individuos y organizaciones».
La OACNUDH también ha puesto de manifiesto su preocupación por las restricciones adicionales en materia de «libertad de expresión y de prensa», así como por la eliminación de derechos laborales fundamentales como el derecho a huelga. La reforma «debilita las garantías procesales» esenciales tales como el derecho a ser informado de los cargos y defensa adecuada y elimina la prohibición explícita de la tortura».
En el ámbito de la seguridad, otorga al Ejecutivo la capacidad de ordenar intervenciones militares sin controles adicionales y consolida cuerpos de seguridad como la Policía Voluntaria, vinculada a violaciones de derechos humanos, según informes de la OACNUDH.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el caso de la Policía Voluntaria ha podido «documentar la vinculación de esta entidad con graves violaciones de derechos humanos en sus informes».
«OACNUDH reitera su disposición para ofrecer asistencia técnica a las autoridades nicaragüenses, apoyándoles en la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos», precisa el comunicado.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas denunció el pasado miércoles que las reformas aprobadas a la Constitución Política nicaragüense son una «sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales» del país centroamericano.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
