La ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, presentó, junto con expertos, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, 75 recomendaciones para el rescate del sistema de justicia penal venezolano en su informe Algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de «doble vía».
Las recomendaciones que elaboró Acceso a la Justicia parten de un proceso de consulta amplia con expertos en materia judicial, abogados, usuarios del sistema de justicia, miembros de organizaciones de derechos humanos y académicos, quienes suministraron sus conocimientos basados en su experiencia con el contacto directo con los diversos órganos del sistema de justicia penal en cada uno de sus roles y facetas.
Las sugerencias que se plantean pueden ser una hoja de ruta para promover cambios hacia la reinstitucionalización de la justicia con acciones puntuales y concretas, que pueden impulsarse en conjunto con la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) y el proceso de asistencia que brindará en Venezuela.
Para este trabajo también se tomaron en consideración las recomendaciones en materia de justicia que han formulado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,así como informes e investigaciones previos de Acceso a la Justicia y otras ONG.
¿Cuáles son las recomendaciones principales?
Las recomendaciones formuladas van dirigidas hacia la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate de la corrupción y el respeto de los derechos humanos por parte del sistema de justicia penal venezolano, integrado por la policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Como sugerencia para la reforma del sistema de justicia penal en Venezuela, se sugiere que instancias como el ACNUDH y la oficina de la CPI en Caracas puedan servir de apoyo para reducir urgentemente la provisionalidad de los jueces, fiscales, defensores públicos y establecer mecanismos de evaluación y capacitación de estos en materia de derechos humanos, incluyendo protocolos de actuación en casos de tortura, de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, sensibilización en materia de género y de violencia contra la mujer.
