
ONG venezolanas exigieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumple un año detenida. Además, solicitaron una medida humanitaria que permita a médicos de su confianza atender una fractura en el hombro derecho que padece.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que, durante estos doce meses, San Miguel ha sido sometida a un proceso judicial que calificó de «viciado», «plagado de irregularidades» y con «violaciones» a las formalidades legales.
San Miguel fue acusada por la Fiscalía de estar vinculada a una supuesta conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar junto con su hija.
«Ha sido víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática», declaró el OVP en la red social X.
La organización también recordó que, en diciembre de 2024, la activista fue diagnosticada con una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada. Subrayaron que este procedimiento debe ser realizado bajo la supervisión de sus médicos de confianza y con el apoyo de su familia.
Hoy #9Feb se cumple un año desde la detención arbitraria de nuestra amiga y colega, Rocío San Miguel, una valiente defensora de derechos humanos en Venezuela, reconocida nacional e internacionalmente por su incansable trabajo en la promoción de la justicia y la defensa de las… pic.twitter.com/dU92eIKcpL
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) February 9, 2025
Exigen medida humanitaria urgente para Rocío San Miguel
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló que San Miguel ha sido «sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen gravemente su salud».
«Alzamos la voz por ella y por todas las mujeres que hoy son víctimas de prisión política y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad», expresó JEP en X. La organización exigió una «medida humanitaria urgente» y el respeto a su derecho a recibir atención médica adecuada, así como la garantía de un proceso judicial justo.
Rocío San Miguel es una digna representante del coraje de la mujer venezolana.
A un año de su detención arbitraria e injusto encarcelamiento, acusada de crímenes que no cometió y sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen su salud gravemente, alzamos la voz… pic.twitter.com/hgsB48UAJC
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 9, 2025
Provea, otra organización defensora de derechos humanos, indicó que San Miguel no puede ser operada por «quienes demoraron cuatro meses en diagnosticarla». Además, señaló que en el centro de reclusión «no existen condiciones para un postoperatorio adecuado ni para una rehabilitación digna». Por ello, instó al gobierno de Nicolás Maduro a permitir que la activista sea operada en libertad.
Rocío San Miguel es una defensora de DDHH, profesora, madre española-venezolana que cumple 1 año encarcelada en El Helicoide, Venezuela, sin respeto al debido proceso.
Tiene una fractura en su hombro derecho y necesita operarse en libertad.
Exigimos #MedidaHumanitariaParaRocío… pic.twitter.com/LXwLJvQ1no
— PROVEA (@_Provea) February 9, 2025
Acceso a la Justicia advirtió que en diciembre se pospuso para febrero de este año la audiencia de juicio de San Miguel, quien enfrenta cargos por presuntos delitos como «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», entre otros.
Hoy se cumple 1 año de la detención arbitraria de Rocío San Miguel. Sus abogados no han podido acceder al expediente y no les han permitido asistirla legalmente. Han sido violados sus derechos a la defensa y al debido proceso #MedidaHumanitariaParaRocío
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 9, 2025
En diciembre, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo a Efe que la activista sufrió la fractura al caer como consecuencia de un mareo provocado por laberintitis. Aseguró que la lesión «no fue debidamente atendida» y que, desde entonces, San Miguel «se quejaba de dolor y solo recibía analgésicos».
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, aunque no precisó detalles sobre estos datos.
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