La organización humanitaria Cristosal denunció el sábado que la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción y considerada «presa de conciencia» por Amnistía Internacional, fue trasladada «arbitrariamente» a una cárcel de condiciones más severas pese a que presenta afecciones de salud.
La activista de 47 años fue detenida el 18 de mayo acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, en un caso que organismos internacionales ven como parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las voces críticas y las onegés de derechos humanos.
López fue llevada de la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador a la cárcel de Izalco, ubicada 70 km al oeste de San Salvador, donde hay una sección para mujeres.
«Denunciamos el traslado arbitrario de Ruth López a Izalco y su incomunicación con su familia y defensa», aseguró en un comunicado Cristosal, según la cual esa situación «genera incertidumbre sobre su estado real».
Fue trasladada «arbitrariamente» pese a una orden judicial previa «que ordenaba mantenerla en la delegación por razones de salud», agregó Cristosal, sin precisar cuáles y tras lamentar que los familiares no han podido entregar los medicamentos que necesita.
López, crítica de la política de seguridad de Bukele, investigaba supuestos casos de corrupción gubernamental y asistía también a familiares de venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.
Expertos de la ONU han pedido la protección de la abogada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tramita medidas cautelares.
Además del arresto de López, en mayo fueron detenidos un abogado ambientalista, un líder comunal y un abogado constitucionalista que ha criticado fuertemente a Bukele y le ha llamado incluso «dictador».
AFP
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