A partir del próximo mes de julio, se celebrarán las sesiones del Comité Ejecutivo de Interpol, para elegir al secretario general del organismo. Hasta ahora los dos aspirantes con mayores posibilidades de reemplazar al actual titular, son el británico Stephen Kavanagh y el brasileño Valdecy Urquiza.
Uno de los retos más complejos que deberá enfrentar el recién electo funcionario, será difundir las solicitudes de capturas de los criminales más buscados del Mundo, sin permitir que los gobernantes gamberros -que los hay y se reproducen como la mala hierba- lo aprovechen, para perseguir a adversarios políticos doquiera se encuentren. Para muestras, no uno sino tres botones muy oprobiosos.
En 2021, Turquía criticó ferozmente a Interpol por negarse a tramitar 773 notificaciones rojas contra exiliados en el extranjero, seguidores de Fethullah Gulen, un opositor y líder religioso también exiliado, cuyo movimiento ha sido acusado por el tirano de ese país, Recep Tayyip Erdogan, de planear en 2016 un intento de golpe en su contra.
En noviembre de 2018 cuando el futbolista profesional, Hakeem al-Araibi pensó que pasaría una romántica luna de miel en Tailandia, fue arrestado por las autoridades locales a requerimiento de la monarquía imperante en su natal Bahrein la cual había activado una “Alerta Roja” para capturarlo. Al-Araibi, además de exitoso atleta, era un perseguido político en su país, por el solo hecho de haber denunciado la represión y torturas de la monarquía. El fiscal general de Tailandia, pidió su excarcelación, pero cinco meses después gracias a una vigorosa campaña de protesta.
Para no remontarnos demasiado, ni en el espacio ni en el tiempo: En diciembre de 2023 y enero de 2024, el desgobierno usurpador de Venezuela emitió decenas de solicitudes de avisos rojos a Interpol, contra sindicalistas, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, contra disidentes, en general. Queda ratificado, si es que ello hacía falta, cómo las tiranías aprenden unas de otras, se intercambian métodos represivos, operan en orden y concierto, para socavar, para envilecer no solo las instituciones nacionales, sino las internacionales, en desmedro de los derechos fundamentales.
Otra de las prácticas más bochornosas de los gobiernos felones es contaminar la base de datos de Interpol sobre pasaportes. El gobierno agresor, en semejante escenario, denuncia ante el referido cuerpo policial internacional la pérdida o robo, de los documentos de identidad de sus adversarios residenciados en el extranjero. Producto de tal maniobra se anulan tales pasaportes y con ello los afectados quedan varados, sin poder salir de donde se encuentren y, por supuesto, con ninguna posibilidad de obtener de la representación consular del país agresor la expedición de un nuevo documento de identidad.
Para ponerle coto a tales conductas a todas luces criminosas, Interpol se ha visto precisada a crear un comité ad-hoc, que antes de la difusión de las “Alertas Rojas” a los más de 190 países miembros, las somete, una a una, a revisiones exhaustivas. Además, ha establecido un protocolo restrictivo, especialísimo, para considerar las solicitudes de captura emanadas de los gobiernos más contumaces en esas tretas. A saber y en estricto orden: Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Cuba, China y Turquía.
Esas precauciones no bastan. Es necesario extenderlas a las denominadas “Alertas Azules”. Como estas últimas las difunden, directamente, los Estados miembros sin pasar por el cedazo de los citados comités especiales, los gobiernos forajidos siguen haciendo de las suyas.
Semejantes fraudes procesales constituyen, a su vez, delitos sistemáticos, perpetrados como política de Estado. Son crímenes urdidos por las autoridades nacionales en sus territorios, pero consumatum est, en la propia sede de Interpol, situada en Lyon, Francia. Acudir ante esta última a delinquir pura y simplemente es como el ejemplo del vulgar ratero que acude a la comisaría más cercana a denunciar un supuesto robo, pero termina apropiándose de la porra del primer agente policial que le pasa por delante.
Interpol, no solo está obligada, jurídica y moralmente a impedir tales crímenes, cometidos en su propia cara sino, además, a denunciarlos penalmente. Incluida toda la cadena de mando. Desde el más modesto fiscal del ministerio público que suscriba las fraudulentas peticiones de alerta internacional, pasando por sus superiores hasta llegar al respectivo Jefe de Estado que las propicie.
Sin importar, el letargo en que esté sumida la Corte Penal Internacional. Algún día despertará.
@omarestacio
