Suspendidas están la relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, a raíz de la nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro, desde donde decidieron cerrar los dos consulados de Chile en ese país. Se trata de una situación que afecta a cerca de 12 mil chilenos residentes, pero que también repercute en la situación de venezolanos en territorio nacional.
La decisión fue comunicada el miércoles a Cancillería, pero recién este viernes en la mañana se hizo pública. Según el canciller Alberto Van Klaveren, esto ocurrió porque estuvieron evaluando «las implicancias y no quisimos afectar inmediatamente la prestación de servicios consulares».
Asimismo, aclaró que, por el momento, el estado de las relaciones de Venezuela y Chile «es de suspensión, que digamos es un estatus que existe en la práctica diplomática».
De todos modos, la versión del gobierno de Chile contrasta con la postura que el canciller venezolano Yván Gil ha explicitado: el pasado viernes, aseguró que Venezuela mantiene, desde agosto del 2024, los lazos cortados con nuestro país.
Esto, luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalara que Chile no tomaría como opción el cese de las relaciones, incluso en medio de la nueva polémica que se abrió tras conocerse nuevos antecedentes en torno al crimen del ex teniente Ronald Ojeda. Según detalló el fiscal nacional, Ángel Valencia, un testigo habría apuntado al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como el responsable de encargar el secuestro y asesinato.
Así las cosas, son varias las aristas que se abren en este «estado» de las relaciones, que suspendidas o cortadas, dificultan las atenciones a connacionales en Venezuela, alejan aún más la posibilidad de expulsar a venezolanos que comentan delitos, y dejan a ese país en una situación más cómoda para prestar colaboración, por ejemplo, en materia de investigaciones policiales. En conversación con Emol, analistas políticos y expertos en materia internacional revisan las implicancias de la decisión del régimen de Maduro.
«Venezuela formaliza una situación de facto»
Para José Noguera, analista internacional de la U. de Santiago, lo que busca el régimen de Maduro «es dar una impresión de que tienen una fuerza que en realidad no tienen. Para eso, toman medidas diplomáticas extremas que intenten dar esa sensación, como retirar embajadas y consultados, pero no pueden hacer mucho más que eso».
De todas formas, reconoce que «a quienes más les afecta esto es a los venezolanos que viven en el exterior, aunque esa está lejos de ser una prioridad para el régimen».
Por su parte, Eric Latorre, Director de Magíster de gobierno y Dirección Pública U. Autónoma, comenta que la decisión del régimen de Maduro viene a «culminar un proceso que se viene dando hace varios años», precisamente cuando Chile desconoció el «triunfo» de Maduro, «se entró en una espiral sin salida, con Maduro rompiendo relaciones al expulsar a los embajadores».
El experto cree, de todos modos, que las implicancias «son pocas», precisamente porque la decisión de Venezuela «viene a formalizar una situación que, de facto, implicaba el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países».
«Lo que le queda ahora a Chile es cortar definitivamente las relaciones con Venezuela, y dar una señal política definitiva. Por otra parte, Chile tiene que avanzar en lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado y en la investigación en torno al exteniente Ojeda, donde todo apunta a Diosdado Cabello. Por consiguiente, Chile debiera colocarse en una posición muy dura respecto a Venezuela, eventualmente requiriendo a Cabello ante la Corte Penal Internacional. Es un camino sin retorno», cerró.
Para Guillermo Holzmann, analista internacional de la PUCV, destaca que esta situación de «suspensión» de relaciones decretadas de forma unilateral por Venezuela, le permite a ese país «negar todo tipo de colaboración en las investigaciones judiciales, en los actos administrativos asociados a la regularización de inmigrantes, al acceso a antecedentes de cada uno de ellos, etc.».
«Es decir, lo que hace Venezuela es cerrar la puerta a cualquier tipo de cooperación respecto a sus connacionales que están en Chile y, a su vez, a los chilenos que están en Venezuela, dado que el cierre de consulados afecta a ambas partes», acota.
Holzmann recuerda que esta decisión forma parte de un contexto previo de tensiones y como «consecuencia de una estrategia de Venezuela que tiende a neutralizar a aquellos países que podrían usar muchos recursos diplomáticos o de derecho internacional para presionarlos. Con esta ‘suspensión’ se evitan todo eso».
Las opciones de Chile
Con todo, Holzmann remarca que en la medida en que Chile mantenga su decisión de no ruptura de relaciones, estarán abiertos los canales diplomáticos. «Si esto se profundizara o hubiese un problema consular, Chile puede solicitar, conforme a derecho internacional y prácticas diplomáticas, de que otra embajada vea los temas consulares de Chile».
«Incluso eso puede significar que otra embajada dé algún tipo de espacio a un personal determinado diplomático chileno para que atiende las consultas consulares en otro país», añade.
Pero esa opción podría tener una nueva implicancia: Si se avanza en esa dirección, «es probable que Venezuela también la arremeta contra ese país que acoge a Chile, y en consecuencia lo que hace Venezuela es usar de mala forma su soberanía y la protección que a esa soberanía le da el derecho internacional».
