Marta Valiñas, presidenta de la Misión ONU en Venezuela ratifica en el último informe presentado por esta comisión que el chavismo sigue con la violación sistemática de los derechos humanos a la sociedad civil.
Este es el cuarto informe que la Misión presenta desde que fue establecida en 2019. El informe acompañado de dos documentos que contienen las conclusiones detalladas de la misión de dos temas que merecían un análisis más profundo según la práctica de años anteriores. indica Valiñas.
En primer lugar, la Misión investigó los distintos mecanismos de represión aplicados por el chavismo, asimismo sobre la represión de los ataques al espacio cívico y democrático en el país. En segundo lugar, la Misión expandió su investigación sobre las estructuras del Estado involucradas en la violación de Derechos Humanos enfocándose en una nueva dirección de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La Misión llevó a cabo 256 entrevistas de forma remota y debido al miedo a las represalias que podrían tener sus declaraciones, solicitaron permanecer anónimas.
En el primer informe en 2020 la Misión concluyó que tenía motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas eran responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad como parte de una política de Estado para oprimir a las personas opositoras.
A efecto de este último informe la Misión investigó 43 nuevos casos relacionados con las violaciones de derechos humanos. Estos casos afectaron a 72 víctimas individuales de las cuales 47 son hombres y 25 mujeres incluidas una mujer transexual. Cada caso incluye múltiples violaciones de Derechos Humanos.
«Desde el primero de enero de 2020 y agosto de 2023, 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo. Estos casos incluyen a lideres sindicales, defensores de Derechos Humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otras personas que expresaron críticas contra el gobierno».
Se investigaron nueve muertes para determinar si constituyen privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales tres fueron muertes relacionadas con protestas, dos de periodistas, dos de activistas de la sociedad civil y en dos de los casos las muertes se produjeron durante la detención. La Misión concluyó que cinco de esas muertes fueron «privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a las autoridades estatales».
Pudieron constatar que al menos 14 fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración. 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
La violencia sexual y de género siguió aplicándose como forma de tortura y humillación contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
Si bien ha habido una disminución cuantitativa de las alegaciones registradas con respecto a períodos anteriores, la Misión ha continuado documentando numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales.
«En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia u oposición al gobierno».
Valiñas criticó hoy que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda de prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa «Operación Constitución», entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.
«Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos», afirmó la experta, denunciando que la audiencia se celebró a altas horas de la madrugada, incorporando pruebas documentales «intempestivamente» y prescindiendo de más de 30 testigos».
«El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos», lamentó Valiñas ante el Consejo de Naciones Unidas.
Junto a los abusos directos contra personas críticas, la presidenta de la misión denunció la «represión de instituciones clave de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación» que han conseguido, por ejemplo, que «casi no exista prensa independiente en el país».
En el turno de réplica tras la presentación del informe, el embajador del chavismo ante Naciones Unidas, Héctor Constant, negó la legitimidad misma de la misión, aprobada en 2019 por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos.
«Ha sido impuesta por razones políticas a mi país bajo la lógica hegemónica de maximizar la presión mediática y política sobre Venezuela», aseguró el diplomático.
«Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad», afirmó Constant.
EFE
