El consulado de México en Atlanta, en el estado de Georgia, EEUU, anunció el reforzamiento de sus servicios y protección consular tras la aprobación de una ley estatal que podría llevar a, entre otras cosas, «la separación de familias» migrantes.
Se trata de la Ley de seguimiento y denuncia de extranjeros criminales de Georgia de 2024, conocida también como Georgia HB 1105.
«Esta legislación, que busca intensificar la cooperación entre autoridades locales y federales en asuntos migratorios en el estado, podría tener graves consecuencias que incluyen la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, así como la potencial disminución de las denuncias en las agencias de orden público por el temor a repercusiones migratorias», indicó el consulado en un comunicado este miércoles.
La ley fue sancionada el mismo miércoles por el gobernador republicano Brian Kemp, quien la presentó en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Georgia en Forsyth, reportó The Associated Press.
“Si una persona entra ilegalmente en nuestro país y procede a cometer otros delitos en nuestras comunidades, no permitiremos que sus crímenes queden impunes”, dijo Kemp.
Los estudios muestran que los migrantes tienden menos a cometer delitos, en comparación con los estadounidenses nativos. Pero los republicanos se han enfocado en aquellos que están en prisión desde que José Ibarra fue arrestado en febrero por cargos de homicidio y agresión relacionados con la mjuerte de Laken Riley, una joven de 22 años.
Las autoridades de inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022.
Riley estudiaba enfermería en la Universidad Augusta, campus Athens. Su cuerpo fue hallado el 22 de febrero, después de que una compañera de habitación informó que no había vuelto luego de salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
Según datos del consulado mexicano, la comunidad de ese país en el estado sureño estadounidense representa más del 11 % de la población total y los mismos juegan «un papel crucial en el fortalecimiento de la economía local», específicamente en sectores como la agricultura, la silvicultura, la construcción y los servicios.
Se espera que la ley entre en vigor el próximo 1 de julio, sin embargo muchas de sus disposiciones lo harán de inmediato.
Quienes se oponen a ella advierten que la ley convertiría a las policías locales en una Policía migratoria, haciendo que los inmigrantes estén menos dispuestos a reportar delitos y a trabajar con las autoridades.
En la ley se establecen requisitos específicos sobre la forma en que los funcionarios carcelarios deben comunicarse con el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si se sabe si los presos están en el país ilegalmente.
Anteriormente, la ley de Georgia únicamente alentaba a los funcionarios a hacerlo, pero según la nueva ley, será un delito no revisar el estatus migratorio “deliberada e intencionadamente”. La ley también negaría financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperen.
[Parte de la información para este reporte proviene de The Associated Press]
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