Más de una docena de familias venezolanas cuyos integrantes fueron detenidos en El Salvador tras ser expulsados por EE UU, presentaron este viernes una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su liberación.
El escrito fue entregado por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, que piden a la CIDH tomar medidas urgentes contra el gobierno de Nayib Bukele por la «detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular» al país.
A mediados de marzo, EE UU trasladó a más de 230 migrantes, la mayoría venezolanos, a la megacárcel salvadoreña CECOT, que ha sido señalada por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La administración de Donald Trump acusó a estos migrantes de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva que Washington designó como «terrorista». Sin embargo, diversas investigaciones, incluido un reporte del medio Bloomberg, indican que 90% de los migrantes no tienen antecedentes penales.
La solicitud también denuncia que los detenidos llevan más de dos meses sin comunicación y exige que la CIDH obligue a El Salvador a «cumplir con sus obligaciones legales internacionales» y colaborar con EE UU para lograr su liberación.
«Esto es un fracaso moral y legal de dos Gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global,” declaró Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las organizaciones firmantes.
Mosselmans también responsabilizó a EE UU de colaborar en una estrategia para «despojar» a cientos de personas de «sus derechos y su libertad»:
“Estados Unidos y El Salvador han coludido para despojar a cientos de personas, incluyendo a muchos individuos con solicitudes de asilo pendientes en EE UU, de sus derechos y su libertad”.
«Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora«, añadió.
EE UU concretó un acuerdo con el presidente Bukele para enviar migrantes desde territorio estadounidense al CECOT. Como parte del convenio, cuyo contenido exacto no ha sido revelado, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares al año para mantener el sistema penitenciario.
No obstante, el Tribunal Supremo de EE UU ordenó detener las expulsiones mientras se resuelven varias demandas presentadas en tribunales inferiores contra esta práctica.
El entonces presidente Trump utilizó una ley de 1789, la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar las deportaciones de migrantes venezolanos.
El uso de esta normativa, tradicionalmente reservada para tiempos de guerra, ha generado fuertes críticas por parte de la oposición demócrata y expertos legales, quienes alertan sobre una posible crisis constitucional.
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