El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el martes la designación de un nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios justo después de que un organismo que vela por los derechos de los privados de libertad reportó el inicio de una huelga de hambre en varias cárceles.
Maduro designó al abogado y legislador oficialista Julio García Zerpa en sustitución de la vicealmirante Celsa Bautista. El mandatario, que no mencionó la huelga de hambre, agradeció a la jefa castrense por su “importante labor al frente de este ministerio”.
El nombramiento se produjo dos días después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los reclusos de 19 cárceles y 14 sitios de detención en comisarías policiales, en los que la estadía debería ser corta, se declararon en huelga de hambre exigiendo el “otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen”. El organismo aseguró que las prisiones del país enfrentan un hacinamiento crítico y ofrecen una precaria alimentación.
Ni Maduro ni el Ministerio de Servicio Penitenciario han confirmado o negado que exista una huelga de la población penal. The Associated Press solicitó comentarios a las autoridades pero no obtuvo respuesta.
Las mujeres privadas de la libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) —la única cárcel femenina del país— también se unieron a la huelga para reclamar por demora en sus procesos judiciales, la situación de las cárceles y el descontento por los programas de gobierno “que no han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, añadió el Observatorio.
Las imágenes difundidas por el Observatorio dejan ver a decenas de presos, mujeres y hombres, mostrando pancartas dentro de los centros penitenciarios, reclamando la libertad inmediata para los reos que acusan retardo procesal y denunciando problemas graves de alimentación y atención de salud.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, aseguró que existe una “dualidad del sistema penitenciario” que se concreta en centros de detención preventivos, que denominó “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
El hacinamiento, que puede superar el 200 % en algunas cárceles del país, “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, indicó el organismo regional.
Otro de los problemas que apunta el Observatorio de Prisiones en sus informes publicados en internet es que los privados de libertad son recluidos sin tomar en cuenta la cercanía a sus familias ni la jurisdicción o territorio donde se tramitan sus causas. Un 70 % del retardo procesal se debe a inconvenientes de transporte, añadió.
A inicios de mayo el organismo no gubernamental aseveró que los presos en una cárcel de Caracas llevaban tres meses sin comer proteína, una situación que, aseguró, “se vive en el resto de las cárceles de Venezuela”.
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