El pasado 26 de septiembre un grupo de madres de menores de edad detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales rompió el silencio. Durante casi dos meses evitaron denunciar ante los medios de comunicación el maltrato al que fueron sometidos sus hijos por temor a represalias y porque tenían la esperanza de que el silencio favoreciera su libertad.
Luego de los comicios, una ola de protestas se tomó las calles de Venezuela para denunciar lo que denominaron como un «fraude» en las elecciones. Los manifestantes hacían eco de los argumentos de la oposición de que el vencedor de los comicios había sido Edmundo González Urrutia. El bloque opositor publicó centenares de actas que demostrarían el triunfo de su candidato .
Siguiendo los pedidos de la líder María Corina Machado, las protestas en distintos puntos de Venezuela -e incluso fuera del país- pidieron que el Consejo Nacional Electoral publicara todas las actas de todos los centros de votación. Pues, según el recuento de la oposición, el presidente Nicolás Maduro había perdido los comicios.
A pesar de esto, y sin publicar los resultados, el CNE reconoció a Maduro como vencedor. Los días siguientes varias organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre el aumento de detenciones que catalogaron de «arbitrarias» en las calles de Venezuela. Según algunos reportes y testimonios, muchas de las personas presas no habían participado en las protestas.
Según la ONG Foro Penal, al menos 70 menores de edad continúan tras las rejas, con el riesgo de enfrentar una pena de 10 años de cárcel tras ser acusados de terrorismo. Ese es el caso de estas madres, que claman por justicia para sus hijos y aseguran que el tiempo transcurre en su contra.
Ante este panorama, muchas madres se han animado a denunciar y hoy relatan a France 24 las vejaciones de las que fueron víctimas sus hijos los primeros días de detención.
«Me dice que se quiere morir, que ya está cansado»
Tras más de 65 días en prisión, la desesperación se apodera de Miguel. Theany, su madre, pide a los fiscales y al juez que asuma el caso que se pongan la mano en el corazón: “De verdad, piensen en el daño tan grande que le hacen a personas inocentes. Lo que agarraron fue a gente pobre que no tiene cómo defenderse. Mi hijo ni tiene redes sociales, porque yo no tengo plata para comprarle un celular. Lo que están haciendo es injusto”.
Aunque ya se venció el plazo legal, Miguel aún no ha tenido la audiencia preliminar en la que una juez decidirá si irá o no a juicio y si continuará en prisión.
A sus 16 años fue acusado de instigación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción a la vía pública y terrorismo. Por este último delito podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
A día de hoy, Miguel aún no entiende por qué está tras las rejas, ni por qué es considerado «un terrorista». Su madre asegura que ni siquiera participó en las protestas postelectorales. “Me dice que se quiere morir, que él ya no quiere seguir allí, que está cansado”, relata entre lágrimas.
Miguel Urbina durante un juego de basquet. Foto: Archivo familiar
El Inframundo y las primeras horas de detención de los menores de edad
Miguel fue detenido el pasado 2 de agosto mientras comía una chuchería en la esquina de casa de su abuela. Su mamá cuenta que corrió a buscarlo cuando un vecino le avisó que dos funcionarios policiales se lo estaban llevando.
Según las autoridades, el joven estaba siendo investigado por destrozos a un módulo policial. Una versión que para Theany resulta imposible de creer, pues, asegura que Miguel había pasado los últimos días con fiebre y una infección en las amígdalas.
“Búsquelo en la comisaría y llévele almuerzo, por si acaso. Yo le aviso”, alcanzó a decirle el policía. No hubo aviso. Cuando Theany llegó a la comisaría, su hijo ya había sido trasladado a otra sede policial, lejos de su residencia.
Entonces, cuenta que corrió nuevamente a buscarlo. Tampoco pudo verlo. Había sido nuevamente trasladado a una tercera sede policial, ahora en el este de la ciudad.
Luego de dos horas interminables de espera, logró confirmar que Miguel estaba allí. Alcanzó a verlo.
«Mi hijo lo que hacía era llorar y pedirme perdón. ‘¿Pero por qué lloras?, ¿qué pasó?, ¿qué hiciste?’, le preguntaba. Él solo me decía que no sabía qué pasaba», cuenta Theany con la voz entrecortada. «Me sacaron y no lo vi más», asegura.
Tuvieron que pasar 48 horas para poder volver a verlo y tuvo que pagar 5 dólares «por derecho a la visita». Theany recuerda ese momento impactante y doloroso.
«Mi hijo olía a orines con excremento, con basura, con todo. Porque los tenían en una celda que llaman La Llorona en el Inframundo. Allí las paredes sudan, emanan todo el olor de arriba de otras celdas y esos niños se estaban asfixiando».
Para ella el testimonio de su hijo fue desgarrador. Según le dijo a su madre, durante las primeras 24 horas fue golpeado para obligarlo a grabar un video en el que acusara a la dirigente opositora María Corina Machado de haberle pagado 30 dólares para quemar un módulo policial.
«Mamá, grabé solo una parte, pero como yo no quería decir que me habían pagado, me caían a golpes», asegura.
También le contó que fue víctima de descargas eléctricas. «Mi hijo me dijo que tenían como una tarjeta conectada a algo, que lo mandaban a que la halen y ellos lo electrocutaban», relata.
El pasado 6 de septiembre Miguel y otros siete menores de edad fueron trasladados a un penal en el oeste de la capital, donde según su madre mejoraron las condiciones de reclusión y el trato. Le preocupa su salud: “Lo veo cada día más flaco. Él me dice que le dan sus tres comidas, pero no es lo mismo que comer en su casa. La directora del penal hace lo que puede”. Pronto Miguel cumplirá 17 años y el mayor deseo de su madre es que sea en libertad.
Familiares de los menores de edad no tienen acceso a expedientes
Según la ONG Foro Penal, a la fecha 70 menores de edad entre 14 y 17 años permanecen tras las rejas, de los cuales 19 pasaron a juicio y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
La organización asegura que desde el pasado 29 de julio, 1.953 personas fueron detenidas en medio de las manifestaciones en contra del fraude electoral. La oposición denunció que los resultados anunciados por el Centro Nacional Electoral no corresponden a la votación del pueblo en las urnas y asegura que la ciudadanía eligió a Edmundo González Urrutia con 63% de los votos.
Desde el gobierno insisten en la culpabilidad de los detenidos. El pasado 9 de octubre, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que las denuncias sobre adolescentes son parte de una campaña contra el Gobierno.
«Andan buscando la impunidad. Para seguir usando niños más adelante», dijo.
Y elevó el tono: «Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó la impunidad. Vayan a reclamarle a quien los metió en eso, a quien los puso a quemar escuelas, a asesinar personas», afirmó en su programa transmitido por el canal estatal.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, recordó que no es primera vez que en Venezuela se detiene a menores de edad y dice que una situación similar se vivió durante las protestas antigubernamentales en 2014.
«Lo que es extraordinario es que los mantengan privados de libertad sin ninguna consideración. Anteriormente, eran liberados, se les permitía la defensa privada. En esta ocasión ha sido absolutamente arbitrario».
Además, Romero cuestiona las violaciones al debido proceso. «Aquí hay presos políticos que tienen más de siete años sin ni siquiera tener una audiencia preliminar», recalca. El presidente de la organización afirma que el gran problema es que no hay acceso al expediente, por lo que es «difícil saber incluso la fecha de la audiencia».
Por otro lado, dice que «los defensores públicos tampoco informan con claridad» y que los familiares no han podido acceder a las copias de los expedientes, ni de las actas de la audiencia.
«Yo no te podría decir que todos son inocentes, pero lo que sí te puedo decir es que todos han tenido arbitrariamente la restricción del derecho a la defensa, eso ya hace el proceso nulo por violación a los derechos constitucionales y derechos humanos», sentencia.
«Aquí se generalizó la referencia a que son terroristas todos. Supongamos que trancaste una calle o quemaste un caucho, eso no te hace terrorista. Si dañaste un bien público, no eres terrorista. El delito debería ser que dañaste un bien público, pero aquí se generalizó el delito sin individualizar a nadie», concluye.
France 24 solicitó entrevista con el fiscal general, previo a la publicación de este artículo, para conocer su versión de los hechos. A la fecha no ha sido posible. Aún se desconoce cuándo se realizarán las audiencias preliminares de los menores de edad que permanecen detenidos.
Operación Tun Tun como excusa para llevarse detenidos a los menores de edad
La lista de denuncias continúa. A las puertas de la casa de Nérida llegó la denominada como Operación Tun Tun. Un grupo de funcionarios encapuchados que sin mayor explicación se llevaron a su hijo Ángel Moisés, de 16 años de edad.
Días antes, Nérida había denunciado ante la Policía la aparición de una moto robada cerca de su hogar. Lo que nunca pensó es que pasaría de denunciante a denunciada, pues a su hijo Ángel, de 16 años, se le acusó del hurto de esa moto en un concesionario de la zona durante las protestas postelectorales.
“Yo a mi hijo lo pude ver después de casi 15 o 20 días. En los primeros retenes donde lo tenían nunca lo pude ver. Había que pagar para la visita y yo no contaba con ese dinero”, señala la mujer.
Nérida sabía de Ángel por el papá de otro de los detenidos, al que su hijo le hacía llegar información. “En Zona 7 (un lugar de reclusión) le estaba dando sarna, porque lo tenían en una celda que se llama El Inframundo donde las paredes sudan. A él se lo llevaron con un mono y un short de mi casa un miércoles y el lunes seguía con la misma ropa”, recuerda.
Al igual que el resto de los adolescentes, Ángel fue trasladado a un retén de menores de edad en el oeste de Caracas, donde finalmente Nérida pudo verlo.
Nérida Ruiz protesta a las puertas de la sede de la Unicef en Caracas para pedir por la liberación de su hijo Ángel Moisés de 16 años. 21 octubre 2024. Foto: Daniella Zambrano
«La directora fue la que me dijo: ‘El olor que tenía tu hijo era horrible, me tomé el atrevimiento y le boté toda esa ropa porque olía feísimo. Lo puse a bañarse, le presté un uniforme y lo afeitaron’. A la semana, cuando lo vi, estaba como quien dice curado, pero sin cabello», recuerda Nérida.
Nérida habla de los sueños truncados de su hijo. «Ayer tuve visita y mi hijo se puso a llorar. Iba a empezar sexto año de contabilidad y me dice que lo tienen perdiendo el tiempo. Mi otro bebé (de año y medio) me pregunta siempre por su hermano. Es demasiado difícil», asegura.
También señala que le están imputando terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado.
«Le quieren imputar 10 años por terrorista. Imagínese. Le ponen 10 años y ¿a qué edad va a salir mi hijo? (…) Son cosas que él nunca pensó vivir por una cosa que no hizo», sentencia.
En prisión, Ángel escribe cartas a sus amigos y familiares para aliviar el estrés. Su madre las atesora. El próximo 24 de octubre cumplirá 17 años de edad y no se sabe nada de la audiencia: «Nos dicen que tenemos que esperar por tribunales. Es un caso político».
Nérida Ruiz, de 39 años, muestra una fotografía de su hijo, Ángel Moisés, detenido en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. Imagen tomada el 26 de septiembre en Caracas. Foto: Federico PARRA / AFP
«Mami, ¿qué significa fascista?»
Los días posteriores a las elecciones también hubo detenciones masivas en el interior del país. Tal fue el caso de Orlando, de 15 años de edad, arrestado la noche del 30 de julio cuando se encontraba en una cancha de fútbol en Valencia, estado Carabobo, al oeste de Caracas.
Mariela, su madre, asegura que en esa cancha no había protestas. «Lo montaron en la camioneta, lo llevaron a otro sector donde había cauchos quemados y lo pusieron a recoger los cauchos calientes. Y lo grabaron como si ellos estuvieran quemando cauchos. Lo que no sabían (los policías) era que la gente de los edificios estaba grabando», relata.
De hecho, la mujer se enteró de la detención de su hijo por los vecinos. Durante toda la noche recorrió la comunidad buscándolo en todos los módulos policiales hasta que logró verlo montado en la parte trasera de un pickup junto a varios hombres.
«A él lo pusieron a decir consignas y le dieron golpes para que hiciera un video diciendo que la gente de la oposición le había pegado para que él vandalizara. Golpes en la cabeza, con un casco de moto. Le dieron varias veces. Hasta que uno de los policías dijo: ‘Ya no le peguen más, es un carajito, no sabe nada’».
Cuenta que entonces no insistieron con el video. «Recuerdo de pensar cómo sufriría y me pongo…», Mariela necesita unos minutos para respirar.
El día de la audiencia, finalmente pudo ver a Orlando. «Yo lo veo lleno de carbón, con los dedos negros. Me dice: ‘Mamá, me pegaban golpes en la cabeza, durísimos. Tenía chichones y la cabeza inflamada’. Supe que le dieron fiebres continuas y continuos dolores de cabeza».
También recuerda que la audiencia fue telemática. Eran 14 menores de edad. A Orlando lo acusaron de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. «Me dejaron abrazarlo dos minutos y fue cuando me dijo que no aguantaba el dolor de cabeza. Le vi las manos quemadas, y me dijo que lo pusieron a recoger cauchos quemados». Mariela le preguntó por qué. «No sé mami», le respondió.
Orlando cumplió 16 años en prisión. Al igual que Miguel, también estuvo en varios centros de detención.
En uno de ellos, cuenta Mariela, el maltrato fue psicológico. «Una funcionaria me cuenta que cuando llegó el traslado de los mayores de edad, uno de los jefes le dijo a mi hijo: ‘Prepárate, que tú también vas para Tocuyito (una cárcel de máxima seguridad)’«.
«Él se orinó encima», continúa Mariela e insiste: «Él no entiende de delitos. Él me dice: mamá, ¿será que voy a pasar toda la vida aquí? Yo me muero si me dan 10 años aquí».
La mujer cuenta que uno de los jefes le dice fascista a su hijo.
«Un día, en una visita, me preguntó: ‘Mami, ¿qué significa fascista? Ni yo misma sé que significa. No sabemos de política, ni de nada de eso, somos gente humilde», dice con un tono de desespero.
Orlando vendía yogures y dulces de pastelería para ayudar a su mamá. Mariela asegura que en la zona todo el mundo lo conocía, por lo que su detención causó consternación. «Él tiene una cava, ahí mete sus yogures, cada vez que veo su cava ahí…». Mariela rompe en llanto.
El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la audiencia preliminar de siete menores de edad detenidos en Carabobo. También fue telemática. Allí, la juez Keidimar Ramos Castillo les ofreció declararse culpables con una pena de seis años y ocho meses sin beneficios procesables, o ir a juicio, con el riesgo de enfrentar una pena de hasta 10 años. Ninguno de los menores de edad aceptó.
«¿Sabes qué me dijo la última visita?», pregunta Mariela y recuerda la respuesta de su hijo: «Mamá, yo cuando estaba en el calabozo del Palacio de Justicia, después de que me dijeron lo de la audiencia, yo le dije a Dios que qué quería de mí. Le dije, llévame contigo, yo no aguanto…llévame contigo».
Mariela asegura que lo único que desea es que se acabe esa «pesadilla». Para ella y todas las madres de los menores de edad es un calvario: «Siento que me cayeron como 10 años de vejez encima».
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