Los asaltos y robos menores han disminuido en Lima, pero los casos de extorsión y los crímenes cometidos por sicarios se han incrementado, admitió este viernes el jefe de la Región Policial de la capital peruana, Enrique Monroy.
«Nosotros, a nivel de estadística de Lima, en los delitos patrimoniales, robos, hurtos y asaltos, hemos bajado significativamente; no puedo decir lo mismo respecto a la extorsión y el sicariato, eso es evidente», declaró el jefe policial a medios locales.
Ante la gran preocupación que manifiesta la ciudadanía por el notorio incremento de los delitos violentos, Monroy admitió que «un crimen alevoso, donde disparan veinte tiros a una persona, va a quedar en la retina del ciudadano, con justa razón».
Destacó, sin embargo, que los esfuerzos coordinados entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades locales han permitido implementar diversas medidas de prevención y operativos de seguridad en la capital peruana.
Por ese motivo, añadió, se han logrado reducir considerablemente los delitos patrimoniales menores, ya que la Policía ha enfocado sus recursos en zonas de alta incidencia delictiva y reforzado las patrullas en áreas vulnerables.
A pesar de estos avances en la lucha contra los delitos patrimoniales, el jefe policial admitió el incremento de las extorsiones y los crímenes vinculados, cada vez más frecuentes en Lima.
Medios locales señalaron que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud informó que en lo que va de este año, y hasta el último jueves, se han registrado 201 homicidios a nivel nacional.
Según esa información oficial, Lima lidera la lista, con 64 asesinatos, seguida de la región norteña de La Libertad, con 29; la provincia portuaria del Callao, con 24; la región norteña de Piura, con 12, y la sureña de Ica, con 10.
El pasado 25 de enero, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno no escatimará presupuesto en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y llamó a la unidad del país para superar «una ola de criminalidad que no se había visto antes».
«Al igual que en las décadas de los ochenta y noventa (cuando aparecieron las agrupaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA), esta lucha debe convocar a la unidad de todos los poderes del Estado, de todos los niveles de gobierno, y a todos los peruanos y peruanas para vencer al crimen organizado», remarcó Adrianzén.
Poco antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que su Gobierno aplicará «mano dura» contra los delincuentes de alta peligrosidad, como sicarios, extorsionadores y asesinos, que serán enviados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en una zona andina inhóspita entre las regiones de Tacna y Puno.
