«,»type»:»raw_html»},»_id»:»VTM3RVPMSBAZLOF53AT7YVI6HY»,»additional_properties»:,»content»:»CAPÍTULO IV«,»type»:»text»,»_id»:»ECBZ6ACI45FJ7A3IJ3Z7TEYBYU»,»additional_properties»:,»content»:»Empleo público«,»type»:»text»,»_id»:»RT4GFGDEFJH4VHLVKBLPIKSAPI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 52.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»HG4QYONIDJBQ3GW7PT7XIQZLGU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 11: El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»54JMCYHCCFFA5E2G6VBGB6Y6U4″,»additional_properties»:,»content»:»Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.»,»type»:»text»,»_id»:»6STQEBVLEBFMJP66YLDGS2YAAQ»,»additional_properties»:,»content»:»Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional. Tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un»,»type»:»text»,»_id»:»QLJYUPAOVRBLDLS4XJUGS2FQZA»,»additional_properties»:,»content»:»(1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.»,»type»:»text»,»_id»:»O5YJ4ZHBS5DWBDU4D6K2EWTNIQ»,»additional_properties»:,»content»:»La presente norma será de aplicación supletoria al personal alcanzado por el régimen de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo.»,»type»:»text»,»_id»:»JJS7WLUWYZBPBH5V4545DOYXOA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 53.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»3WZNVIOFE5GF5AZPHXJI5E3WNM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 12: Para los supuestos previstos en el artículo anterior, los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad.»,»type»:»text»,»_id»:»P2POBM5J2JE6HBIAO56KRZO54E»,»additional_properties»:,»content»:»Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.»,»type»:»text»,»_id»:»5J5UF3FBXBFZHEYLBLA3WRA7Z4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 15 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»MHXDZCTZR5BALELRJ3VH3T6U7I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 15: Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la ley 24.185.»,»type»:»text»,»_id»:»EZOBHAAJXNC3XCLNXMCBKGWD2E»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias y municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, estados provinciales y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.»,»type»:»text»,»_id»:»W62HM66QGZFLRBZ6BASTYPPRTE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 18 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»P2J6RTR7GZH3FLM4VVUYR5WYYA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 18: El personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes.»,»type»:»text»,»_id»:»IV7BNL32SJEIBC65CRQDKAEWKA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 56.- Sustitúyese el artículo 20 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»2G27PRO7ORHS3PZLZJL4OGRTFQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 20: El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.»,»type»:»text»,»_id»:»Z4AOGHN6TJGQ5DAXIZFG5VT33U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 57.- Incorpórase como inciso j) del artículo 24 del anexo de la ley 25.164 el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»GBNINXPPCFEC7I3M7CCMCKKABA»,»additional_properties»:,»content»:»j) Realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.»,»type»:»text»,»_id»:»33NV6DKO6RBW5AXY2GGNUOPAQI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 31 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»UH3CJ72LQZD5XDIURYWVY37SJQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 31: Se podrá imponer el apercibimiento o la suspensión hasta treinta (30) días cuando se verifique:»,»type»:»text»,»_id»:»L47T4COH65GNVAI424EAMT7UJU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Incumplimiento reiterado del horario establecido;»,»type»:»text»,»_id»:»PRF5VKXESNDFZB6IMHMXLY4PZ4″,»additional_properties»:,»content»:»b) Inasistencias injustificadas que no excedan de cinco»,»type»:»text»,»_id»:»TRT7LW3ISRF33KRARL7KPOCSWI»,»additional_properties»:,»content»:»(5) días discontinuos en el lapso de doce (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas; y»,»type»:»text»,»_id»:»ROPIQFLEHBALJHFWCSIBOTBITU»,»additional_properties»:,»content»:»c) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.»,»type»:»text»,»_id»:»QFU5367GTFFXNO73IDFDD6RNBI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 59.- Sustitúyese el artículo 32 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»XHVW6CP4GJGE7DEFDYCF7JGWII»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 32: Son causales para imponer la cesantía:»,»type»:»text»,»_id»:»SYU4ZGCHCVDW3JDOIQ33SOZGYM»,»additional_properties»:,»content»:»a) Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días discontinuos, en los doce (12) meses inmediatos anteriores;»,»type»:»text»,»_id»:»BM667D23SVEPRAV4DSFGG2XUCI»,»additional_properties»:,»content»:»b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de tres»,»type»:»text»,»_id»:»YABRQ5B2EJEZHJ5ZVRWYLZ72NE»,»additional_properties»:,»content»:»(3) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas;»,»type»:»text»,»_id»:»3XVCS2JWZJFUHKQB4KSC4GFQRI»,»additional_properties»:,»content»:»c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta (30) días de suspensión en los doce (12) meses anteriores;»,»type»:»text»,»_id»:»EXWEKEVYGJGTPED6RNMWHHFVQ4″,»additional_properties»:,»content»:»d) Concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa;»,»type»:»text»,»_id»:»QZ77XYYF6ZDZPKC5C73OW7UWKY»,»additional_properties»:,»content»:»e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere;»,»type»:»text»,»_id»:»DYF2KWNVTBD4FHHKW4WNYZDMW4″,»additional_properties»:,»content»:»f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente;»,»type»:»text»,»_id»:»ZDMNQFC5UZANFASLORX7AVD77U»,»additional_properties»:,»content»:»g) Calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas.»,»type»:»text»,»_id»:»HCFW4GSRVRFAZCPMPYJ5VJXQVA»,»additional_properties»:,»content»:»En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.»,»type»:»text»,»_id»:»IMOONFZOEBCS5LENNTAHRUMWSA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 33 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»IQFA6GMJBZHLLMHNKNBSIO5LJI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 33: Son causales para imponer la exoneración:»,»type»:»text»,»_id»:»JTAC2PJ3ARB5HLDP57R2QQOBWQ»,»additional_properties»:,»content»:»a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal;»,»type»:»text»,»_id»:»66E4VVBMMRA4DDWCYYV4PR3XWI»,»additional_properties»:,»content»:»b) Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública;»,»type»:»text»,»_id»:»CXSCTUGU55GQVLMRP2O5B4MNQI»,»additional_properties»:,»content»:»c) Pérdida de la residencia permanente;»,»type»:»text»,»_id»:»BRCTLGN24ZAPBAZ2LTP22QLBYA»,»additional_properties»:,»content»:»d) Violación de las prohibiciones previstas en el artículo 24;»,»type»:»text»,»_id»:»FS2VJT6BIRFH3GSBNISMVY7P7M»,»additional_properties»:,»content»:»e) Imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.»,»type»:»text»,»_id»:»6WDN67N7PNEPNMUNL63GMARDP4″,»additional_properties»:,»content»:»En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.»,»type»:»text»,»_id»:»BBM62LTNHNGWLAMV6HNZNATHEM»,»additional_properties»:,»content»:»La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.»,»type»:»text»,»_id»:»2LLFT36MYRHEFOUBKIVSSIEQ2I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 61.- Sustitúyese el artículo 37 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»6WSZIQYPTJHBTHJFUEYVEHP5HI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 37: Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la reglamentación, se computarán de la siguiente forma:»,»type»:»text»,»_id»:»NVPVXHYMMRCPDPUPGE32GS3ZGY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: un (1) año;»,»type»:»text»,»_id»:»UT44JCDC7JEGNAEBDOTWSE36MI»,»additional_properties»:,»content»:»b) Causales que dieran lugar a la cesantía: dos (2) años;»,»type»:»text»,»_id»:»2L2FWYH765DCPAQWXAT5AXQG2I»,»additional_properties»:,»content»:»c) Causales que dieran lugar a la exoneración: cuatro (4) años.»,»type»:»text»,»_id»:»KIV3GRJWGBHONDORV54HJWRED4″,»additional_properties»:,»content»:»En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.»,»type»:»text»,»_id»:»R4KIBZDGQJHBHF7XCAQSGA3RZI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 62.- Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 24.185, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»IX2PFUEQUVAT5KT6S4CLYCXFLM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 16 bis: El ejercicio regular del derecho a huelga no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.»,»type»:»text»,»_id»:»GCRWWAPLTBEHDLGH6EVPHZJ6K4″,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO III«,»type»:»text»,»_id»:»EYORLBFHDZD3BBBFNU2QO4GMAE»,»additional_properties»:,»content»:»Contratos y acuerdos transaccionales«,»type»:»text»,»_id»:»4TZ6MHLDMNG5FM6WGC7LCMZAFU»,»additional_properties»:,»content»:»CAPÍTULO I«,»type»:»text»,»_id»:»LQGPD7FSYVBBPPVK7AJLEI3R2Q»,»additional_properties»:,»content»:»Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales«,»type»:»text»,»_id»:»XZUVJ53DQZC7NIXCRMK7OJDEYA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 63.- Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la ley 13.064 y modificatorios, la renegociación o rescisión de los contratos: (i) de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados; (ii) cuyos montos superen los diez millones (10.000.000) de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030/2016 o el que en el futuro lo reemplace; y (iii) hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.»,»type»:»text»,»_id»:»TG2BCIEDMRG2LGG6QY4BFQJWO4″,»additional_properties»:,»content»:»La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados, cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante.»,»type»:»text»,»_id»:»TFPM2EZ4JFETRPGUWETJKX36RI»,»additional_properties»:,»content»:»La facultad a la que se refiere el primer párrafo sólo podrá ser ejercida, previo informe de transparencia y siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público.»,»type»:»text»,»_id»:»MJ2F3H57A5ASHFX7GLMBQ5PF6E»,»additional_properties»:,»content»:»Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción.»,»type»:»text»,»_id»:»NISWNISSLBGMJP4DTJAJFJLOGA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 64.- En toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»XWSPONPKKJD7RNVGOCZX3JBURU»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la celebración de los acuerdos transaccionales en los que será obligatorio contar con dictámenes favorables previos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, quienes a su vez podrán requerir los informes técnicos que estimen convenientes a cualquier órgano o entidad del Sector Público Nacional y a instituciones idóneas y representativas en la materia a fin de que el Estado cuente con un rango de monto admisible para proceder a la transacción.»,»type»:»text»,»_id»:»VUNNNTYFT5G3VHOWZNADVRAWME»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo II«,»type»:»text»,»_id»:»RFOVA72ULNB5NEWH4MIBFJVDZU»,»additional_properties»:,»content»:»Concesiones«,»type»:»text»,»_id»:»OII3RNKNEBGTRP465OKNEYZ7UM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 65.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.520 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»CUPV7SCIKJFW3HEQO3FDAQ5NQA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»OYH7NV2IXNHBHBGAIVHCGQAZYA»,»additional_properties»:,»content»:»Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico que deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.»,»type»:»text»,»_id»:»2A4PZLTTFRHSBMAFW4UG6T5BTA»,»additional_properties»:,»content»:»Podrán otorgarse concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento.»,»type»:»text»,»_id»:»BFH4VCB66FB7RHBDEZLXLV63AM»,»additional_properties»:,»content»:»La tarifa, peaje y/o remuneración compensará la ejecución, modificación, ampliación y/o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva.»,»type»:»text»,»_id»:»EYJXDLZSTJE7FBZ3IMDK3XNTPE»,»additional_properties»:,»content»:»A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes.»,»type»:»text»,»_id»:»SAJEAKQXCVDU5GFGOSN7SFXUGY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.520 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»T5ABTAILQ5H37BVOA5IYN2VBVU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 4°: Las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública nacional o internacional.»,»type»:»text»,»_id»:»CFNTBQ3PZ5CA7LIPDU3OYQFT7Y»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»WX4H55PPZFEAVBNTDVSZEVEC6M»,»additional_properties»:,»content»:»Toda persona podrá presentar ante el Poder Ejecutivo iniciativas privadas para la ejecución de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos mediante el sistema de concesión. En todos los casos el financiamiento deberá ser privado.»,»type»:»text»,»_id»:»MHUACZRDSVH7PMZAIM5LKIM5Y4″,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público.»,»type»:»text»,»_id»:»IKS6ZNCYBBCJJEFKF6SQXJCSNE»,»additional_properties»:,»content»:»La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las bases de la licitación o concurso.»,»type»:»text»,»_id»:»BBCUJADTGRC5VGXW4LMSTPMS7Y»,»additional_properties»:,»content»:»En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.»,»type»:»text»,»_id»:»XA6M7R63MJDKFHWD27QCMNJXXQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.520 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»YX6JQJFCAJBZNK7W6SWV43SKVM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7°: El contrato de concesión deberá definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; las garantías a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si la hubiere; el procedimiento de control contable y/o económico financiero y de fiscalización de los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de rescisión.»,»type»:»text»,»_id»:»OZUTCOVWIFE2ROSNKSGQNWUSSE»,»additional_properties»:,»content»:»La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obra pública deberá contemplar los siguientes aspectos:»,»type»:»text»,»_id»:»C42T7ZQ7FBBS3NDZAGW3B5I5CY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;»,»type»:»text»,»_id»:»OVMFLXEYXZHIRECSEZ4D7TMN6Y»,»additional_properties»:,»content»:»b) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, del Estado y/o de terceros, así como también, los procedimientos de revisión del precio del contrato con el fin de preservar su ecuación económico-financiera;»,»type»:»text»,»_id»:»S6L26RVUPZGILP5RYRCKOMUXQM»,»additional_properties»:,»content»:»c) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;»,»type»:»text»,»_id»:»AVSTT2BRQVFXFNEWA6P7WJ56K4″,»additional_properties»:,»content»:»d) La facultad de la Administración Pública nacional para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;»,»type»:»text»,»_id»:»KYN53UH4EVH4LBGT43BKEGUPGY»,»additional_properties»:,»content»:»e) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/2001 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el tribunal judicial competente;»,»type»:»text»,»_id»:»DXZFXGX3WNDTBEW3KGP7PLI4SQ»,»additional_properties»:,»content»:»f) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra. Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario cedente.»,»type»:»text»,»_id»:»YE7MUQLAKBB73F2CRYIPJY5CIE»,»additional_properties»:,»content»:»Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión se deberá obtener la aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la administración. Toda cesión que se concrete conforme con los recaudos antes referidos en este inciso producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se disponga una solución distinta.»,»type»:»text»,»_id»:»MZU7FIOUS5BURIE33HXAXKRXFM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 68.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 17.520, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»D3DFF3ZOHFAGZMZVYN7FZAEJIA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7° bis: A lo largo del plazo de vigencia de los contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos la administración deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su perfeccionamiento.»,»type»:»text»,»_id»:»EJKOO6IOUREIHPBFBTO2S5LA74″,»additional_properties»:,»content»:»Generada una distorsión de dicho equilibrio por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo, conforme al plazo que será establecido en la reglamentación o en la documentación licitatoria. De no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral respectivo. En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes.»,»type»:»text»,»_id»:»RCFMMJAPI5HOJB4YVBAPN7AG3I»,»additional_properties»:,»content»:»Los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación económico-financiera por medio de la explicitación del Valor Actual Neto (VAN) y/o la Tasa Interna de Retorno (TIR), conforme a los parámetros que deberán establecerse en la documentación licitatoria.»,»type»:»text»,»_id»:»4ZH7O7LP7BGFXCL6PNJIK4U7PI»,»additional_properties»:,»content»:»La documentación licitatoria y contractual establecerá los mecanismos de recomposición del equilibrio económico – financiero del contrato.»,»type»:»text»,»_id»:»J24FXGP3Z5AFPARLYX7IKUFSE4″,»additional_properties»:,»content»:»En aquellos supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la administración que resulten determinantes de la ruptura sustancial de la economía del contrato de concesión, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por hasta igual término al de su duración inicial. En los casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera de manera absoluta la realización de la obra o la continuidad de su explotación.»,»type»:»text»,»_id»:»QQUBHZYFVNBUBK2PZFJSOXISR4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 69.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 17.520, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»VNQJ7GHZXRBD7EZGU2ZCOIBXOY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7° ter: La extinción del contrato por razones de interés público se regirá únicamente por las disposiciones del presente artículo y no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias.»,»type»:»text»,»_id»:»LVVJS2BZ2RGDXOKGDMKTW3H5UU»,»additional_properties»:,»content»:»La decisión de la autoridad concedente que disponga la extinción del contrato de concesión por razones de interés público, a efectos de encontrarse adecuadamente fundada deberá:»,»type»:»text»,»_id»:»LFUHJVRG6ZBSHEXN4PAR7BHLTY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Identificar los informes técnicos objetivos que justifican la extinción del contrato;»,»type»:»text»,»_id»:»33UUAYD5TVH67K32SE2LLULDXY»,»additional_properties»:,»content»:»b) Explicitar de manera concreta las causas en que se funda y las razones que sustentan una evaluación distinta del interés público comprometido en el contrato de concesión;»,»type»:»text»,»_id»:»G7IESR2DG5D6BMBAZLSNIMCOZI»,»additional_properties»:,»content»:»c) Someter la determinación del alcance de la reparación del concesionario, en el caso que no haya mediado previo acuerdo de las partes, a la consideración del panel técnico y/o al tribunal arbitral actuantes en el marco del contrato, en los supuestos que el contrato de concesión no contemple fórmulas u otros mecanismos para su determinación. A dicho efecto, podrá utilizarse como parámetro objetivo de ponderación las inversiones no amortizadas;»,»type»:»text»,»_id»:»CFPXNQSQS5G6LOXENIVOE5CEGA»,»additional_properties»:,»content»:»d) Establecer el plazo de pago de la indemnización, el cual deberá concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que materialicen la extinción del contrato por razones de interés público o la toma de posesión de la obra o infraestructura por el concedente.»,»type»:»text»,»_id»:»RPZZ62BGEVFZ7EQ4DWB65OSTRM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 70.- Incorpórase como artículo 12 de la ley 17.520, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»ZE5IDKYTAZD2NPX7I5MD5CK2NQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 12: Todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.»,»type»:»text»,»_id»:»JFA3GK4XN5CQBFT5HCU767TNWY»,»additional_properties»:,»content»:»Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán ser sometidas a consideración de un panel técnico o tribunal arbitral a solicitud de cualquiera de ellas.»,»type»:»text»,»_id»:»OW2W4RAQEVCKLKUBVDVNTLO4KI»,»additional_properties»:,»content»:»Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales independientes e imparciales, en todos los casos de acreditada idoneidad y trayectoria en la materia. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de índole técnica, de interpretación del contrato y económica o patrimonial que pudieran suscitarse durante su ejecución o extinción, aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación de los conflictos que resulten compatibles con los tiempos de ejecución de los contratos.»,»type»:»text»,»_id»:»R7SN4TVH4NBBPEDBSNBXJYOHTA»,»additional_properties»:,»content»:»En el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.»,»type»:»text»,»_id»:»L67ITI3GDBBUDEO2KCVAVUPWZ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 71.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 17.520, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»JUHL5QSWSFGOFKDP65CYONPTXY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 12 bis: No serán de aplicación directa, supletoria ni analógica a las contrataciones sujetas a la presente ley:»,»type»:»text»,»_id»:»BR5V35V6LRF3TKS2VNXRL5IINU»,»additional_properties»:,»content»:»a) El decreto 1023/01 sus modificatorios y su reglamentación;»,»type»:»text»,»_id»:»54MYDBJGAVE5BOFLNH2LLL2UCY»,»additional_properties»:,»content»:»b) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.»,»type»:»text»,»_id»:»MA4GYYCFAJHKTFPJFIG5PKMWSY»,»additional_properties»:,»content»:»El pago del precio del contrato y/o la remuneración del concesionario constituyen una obligación de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El Estado nacional sólo se liberará si el concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.»,»type»:»text»,»_id»:»Z6SPLIG4DBAYZB42W72NBO3X6U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 72.- El Poder Ejecutivo nacional podrá, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, renegociar, por razones de emergencia, la reconducción de los contratos de obra pública y servicios de consultoría de obra pública celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley que se encuentren en estado de paralización, a los efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado tendiente al reinicio y finalización de las obras comprometidas.»,»type»:»text»,»_id»:»URSCYHR5RZFW7HGYE2DKIIQSCE»,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación establecerá las condiciones, requisitos y procedimientos aplicables, los que deberán garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de la reconducción.»,»type»:»text»,»_id»:»OVDSOAE5SJCHDPCUBJDROQYCC4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 73.- Deróguense los artículos 8° y 11 de la ley 17.520.»,»type»:»text»,»_id»:»D2CQ3HAT5RDPXNJJ62W3JUXE4A»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 74.- La autoridad de aplicación de la ley 17.520 será definida por el Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»ZZTH5DEFDBCAXODXPCLQ7AH3EI»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO IV«,»type»:»text»,»_id»:»RYH56XQOLNGCXFIAS26UA5DZQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Promoción del empleo registrado«,»type»:»text»,»_id»:»V72NMSAOOFFHRPWT277BPUM2F4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 75.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas.»,»type»:»text»,»_id»:»QBDXP3OOZ5DF3KVRQFMLA3NP3I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 76.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente.»,»type»:»text»,»_id»:»D3QOOBNDA5GURCORTN533MJNY4″,»additional_properties»:,»content»:»Esos efectos podrán comprender:»,»type»:»text»,»_id»:»PBE6YPNMKNEPDHA5P5EA3MF6EY»,»additional_properties»:,»content»:»a) La extinción de la acción penal prevista por la ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y su modificatoria, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;»,»type»:»text»,»_id»:»S5T4LH4RKZF7PAJ5C7DX25QIG4″,»additional_properties»:,»content»:»b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;»,»type»:»text»,»_id»:»ED42XB52R5AAHHQPHPYQPZT2TU»,»additional_properties»:,»content»:»c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social que se detallan a continuación:»,»type»:»text»,»_id»:»LDSD7I5L3VGAVMBKRVG6K6QWYM»,»additional_properties»:,»content»:»(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»74CYK3X3PJF63EJT6I5ILO6K44″,»additional_properties»:,»content»:»(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»HXT2HFDR7FBGNGH4OYWRTLTQNI»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»ZSDLY4JCANEY7FVPANNEOMWXBY»,»additional_properties»:,»content»:»(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»BSTBSCADUFDLXLY6QLPH45E32Q»,»additional_properties»:,»content»:»(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley»,»type»:»text»,»_id»:»EGV7EHVRXBH4TDZIB4HRX4NG44″,»additional_properties»:,»content»:»24.714 y sus modificatorias.»,»type»:»text»,»_id»:»ITGZDXWZUNAFFNNDBSVLZ3UOCU»,»additional_properties»:,»content»:»(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.»,»type»:»text»,»_id»:»3NXCSWBLTJCMTBQZZZWOU4T3B4″,»additional_properties»:,»content»:»(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»5MPPPJAZYVEZPGVFYHIHP6K4JU»,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.»,»type»:»text»,»_id»:»L2DOMOBAVRCWLL5344LQ4GSJ4Y»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 77.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al “Salario Mínimo Vital y Móvil” únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la Prestación Básica Universal y para el beneficio de Prestación por Desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la Prestación Compensatoria ni de la Prestación Adicional por Permanencia.»,»type»:»text»,»_id»:»PYY2DZRFQFADDFYGFXKIHSCL3M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 78.- La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley.»,»type»:»text»,»_id»:»3SJ5ZP3L6FCMDAKV7VERNBQS6M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 79.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.»,»type»:»text»,»_id»:»UZM6HBZRBBGSRDTBLTN2P4WUMM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 80.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título.»,»type»:»text»,»_id»:»VHDXJRAQXBD6VHJ5QCNWDAPJLA»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO V«,»type»:»text»,»_id»:»L7OYRA4A2RAZNBAMZ2VZPT67QA»,»additional_properties»:,»content»:»Modernización laboral«,»type»:»text»,»_id»:»BDKTB3HM6BFDNJ4YZ62E2OZBAY»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo I«,»type»:»text»,»_id»:»OCNZLVP53FHZLDZSC2QWPMR5EA»,»additional_properties»:,»content»:»Modificaciones a la ley 24.013«,»type»:»text»,»_id»:»6GQAK2ZXKJDKBIWSUFPLUC2XAE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 81.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»2JJDDEHCSVHOJNKBTHANUBE4CE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»R7VVA6J6NRGR7L2OOFINJXCV4Y»,»additional_properties»:,»content»:»Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.»,»type»:»text»,»_id»:»QAJJPBFMJFDQZGBT5HKINLMI4A»,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.»,»type»:»text»,»_id»:»2LWOZLXDQBHFDBEV357TPXWUJU»,»additional_properties»:,»content»:»Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la Seguridad Social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.»,»type»:»text»,»_id»:»K6SCI7JAMBGQZDR7JSWKYPLVBI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 82.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»XQLUAM6N5FGNZOUKQNZUZRDD7I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo 7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.»,»type»:»text»,»_id»:»GLRJLHJ3MJCRTKRSWTFSU46ONE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»H774XHRJUNCANIKMYDAST6AW4U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o ante las autoridades administrativas del trabajo locales.»,»type»:»text»,»_id»:»I74VQEJPFBBENLGX4JS6LVK5SA»,»additional_properties»:,»content»:»El sistema deberá expedir la constancia pertinente.»,»type»:»text»,»_id»:»NXOEY3ETVJBDPAKC4WCL2VY4J4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»LKZDIERAEZBMFHGSTDJFXSIK5M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.»,»type»:»text»,»_id»:»4TTOFXXNXBHOFGGFLV7OUKJDSU»,»additional_properties»:,»content»:»Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate.»,»type»:»text»,»_id»:»F4524XOCNNAWTBFEOHNLF3CXBU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 85.- Sustitúyese el Registro del capítulo 2 del título II de la ley 24.013, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»YGGH24URSJDVVFZ6JPIMED4RZE»,»additional_properties»:,»content»:»Del Sistema Único de Registro«,»type»:»text»,»_id»:»QC5L5V4YMBBRTJAJ73LUV2F5T4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 86.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DDYVBDK7WFFZRKNXDWXMK664PA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:»,»type»:»text»,»_id»:»CSF3H2HM2FBOTJE73BHZIP2ZFU»,»additional_properties»:,»content»:»a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el trabajador;»,»type»:»text»,»_id»:»FRLJH5CDJRCKJO2HZVQW7GWJ6M»,»additional_properties»:,»content»:»b) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.»,»type»:»text»,»_id»:»5HVKLB7FPRGPBBBSWF667XKG7E»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo II«,»type»:»text»,»_id»:»QVOEUWZBLFE3JEB4RMHWI22UW4″,»additional_properties»:,»content»:»Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo«,»type»:»text»,»_id»:»ZEPP26BWB5CJXEYWYMGSQEXXSU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»VWCRNKJ4XBGHJAZ32XDLIB5KP4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 2° — Ámbito de aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»7ML3GAPSGVAPJHYJSQHE3VXKVQ»,»additional_properties»:,»content»:»La vigencia de esta Ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:»,»type»:»text»,»_id»:»N5SRXOZ2VVBN5JDTFSESSJSW3A»,»additional_properties»:,»content»:»a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.»,»type»:»text»,»_id»:»H5R24AYMQFA53C6ELIXLRY772Q»,»additional_properties»:,»content»:»b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente.»,»type»:»text»,»_id»:»RW3D6N5ICBHN5IGGQVOMHUI3VI»,»additional_properties»:,»content»:»c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.»,»type»:»text»,»_id»:»KUHHOB46CBEVXB55OT6GCDIEL4″,»additional_properties»:,»content»:»d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.»,»type»:»text»,»_id»:»H6GT6NFU2BCLRE5JQZH6I7CBAU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 87 bis.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Contrato de»,»type»:»text»,»_id»:»23UHSNTPFRAMVGFB7GW75SLIUA»,»additional_properties»:,»content»:»Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»SP72FEJJ2NBM5BUIGJBQURNFKI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.»,»type»:»text»,»_id»:»LSMD56GBTNFJLCWSB6RVI6FGPU»,»additional_properties»:,»content»:»El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.»,»type»:»text»,»_id»:»DU5VCWNWPFHQ7LWDL3SF2JN57A»,»additional_properties»:,»content»:»La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la Seguridad Social.»,»type»:»text»,»_id»:»EOK3UFCXX5FMVMR5FQPO6CEA54″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»Y7TY3ICKS5FWDESGZB7GFJ6VWA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.»,»type»:»text»,»_id»:»6EBGL5FMVRBXNILZFV6FTN27NY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»C4NH263PTZEH5KLECCHXRCXMRQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:»,»type»:»text»,»_id»:»IJKBNE6ETRG6VMOPBJTSSUXGCY»,»additional_properties»:,»content»:»a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y»,»type»:»text»,»_id»:»OC5DMSTVQBHQFO64JA43YD4B6A»,»additional_properties»:,»content»:»b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.»,»type»:»text»,»_id»:»CS6UGHCPG5FARNTW33OAXCOP5Y»,»additional_properties»:,»content»:»Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción»,»type»:»text»,»_id»:»QHEADQVPKVA2FOIITS2N7QEP3A»,»additional_properties»:,»content»:»El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:»,»type»:»text»,»_id»:»HTCMRVXB6VBUNLPRCFU67PKV2Q»,»additional_properties»:,»content»:»(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.»,»type»:»text»,»_id»:»CK2E6RAHHNFM7CJM2ZKPCNNFQM»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.»,»type»:»text»,»_id»:»PWRGUQTOIJAODHZIFEWGCJRVIQ»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.»,»type»:»text»,»_id»:»3M6QBXJC4NHLVJOW222BN5DOBY»,»additional_properties»:,»content»:»(iv)Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con los beneficios establecidos en cada caso.»,»type»:»text»,»_id»:»2V2OVNIW5RF2BJMS72W2V4TBL4″,»additional_properties»:,»content»:»(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o»,»type»:»text»,»_id»:»JZJO6POGS5EXHDRTSQVUSUI4PY»,»additional_properties»:,»content»:»enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.»,»type»:»text»,»_id»:»VCQP7EUQRNCTNPWPRNYXG6C4NY»,»additional_properties»:,»content»:»(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.»,»type»:»text»,»_id»:»VXULSPTLPZFZFEDDKY3GMLMX4Q»,»additional_properties»:,»content»:»El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.»,»type»:»text»,»_id»:»6M2KDMJNNJE4VNLVS5ZK5KQ6E4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»O4NZQ5MCEVFABMUH2DQ6G5SONI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir éstos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.»,»type»:»text»,»_id»:»ZKSIBBH56RFOTIRZRKKN7SBP74″,»additional_properties»:,»content»:»Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»OQJTKTHWZJAATCDTJUP433SEMI»,»additional_properties»:,»content»:»La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.»,»type»:»text»,»_id»:»MP46NEIV6JERBJG5VLAGVRIPIQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»IFB3W7UGRJAUNCMKFK2Q5AYB4U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.»,»type»:»text»,»_id»:»SX4L4NFZN5B5PIMP6LDKUQBWDI»,»additional_properties»:,»content»:»Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.»,»type»:»text»,»_id»:»XKMGDMTCOBDSBIIEVAXJNT4QNE»,»additional_properties»:,»content»:»La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.»,»type»:»text»,»_id»:»MXEFWRCUSVGVTO5WCM4VSVUNNI»,»additional_properties»:,»content»:»La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.»,»type»:»text»,»_id»:»4UAWWFK52NF7FF2QKZTUS4RFMQ»,»additional_properties»:,»content»:»Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»HDC7476OS5F6LGMHAHVPLCJJDE»,»additional_properties»:,»content»:»En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»VLVJUH5CFBEPVK25FBCKW3A4DQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 91 bis .- Sustitúyese el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o.»,»type»:»text»,»_id»:»ERR3Z4QW5ZGXVIL2CZZK6DWIPA»,»additional_properties»:,»content»:»1976) y sus modificatorias por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»JUG5U2V4KBAWRMPVCSIORQOY2Y»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 242.- Justa causa.»,»type»:»text»,»_id»:»LZIHPZ4WKZBWRE4C6OKT7QEVE4″,»additional_properties»:,»content»:»Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.»,»type»:»text»,»_id»:»U7K6RDW4GVAXDE27EEF2OW6EEI»,»additional_properties»:,»content»:»La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.»,»type»:»text»,»_id»:»K3WZJ4DODVDODMAZYYQS5DQJ5A»,»additional_properties»:,»content»:»Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.»,»type»:»text»,»_id»:»JB3HRA6WWJAEJIDB6F2BJ6LIIM»,»additional_properties»:,»content»:»Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:»,»type»:»text»,»_id»:»3C35TBUBTJFB7OPA7S3LXU3RRY»,»additional_properties»:,»content»:»a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;»,»type»:»text»,»_id»:»2RVCIJYGFBBQ5OZ3U7TB2MI3RU»,»additional_properties»:,»content»:»b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;»,»type»:»text»,»_id»:»GD6HZSYESZEAJDYB2Y76SQ4N6Y»,»additional_properties»:,»content»:»c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.»,»type»:»text»,»_id»:»JVCNON2A55HFVGI654G4S2A5VM»,»additional_properties»:,»content»:»Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.»,»type»:»text»,»_id»:»Z63JIAACIZCSZO52J4EFP4OBSU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 92.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o.»,»type»:»text»,»_id»:»NDTVUBSACBHCVBSEIT6CP2L7EQ»,»additional_properties»:,»content»:»1976) y sus modificatorias, el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»3QO43FI4U5CHDL4Z5AXNZSD2XI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad.»,»type»:»text»,»_id»:»WV2EA5TC2VDUDF7ZQHRRTJCNGE»,»additional_properties»:,»content»:»En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso.»,»type»:»text»,»_id»:»WHLFOK76ANBTDAOOXY6RXKPUHQ»,»additional_properties»:,»content»:»Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios.»,»type»:»text»,»_id»:»4PV4LQXWB5HHLOQJNKNBGGR7YQ»,»additional_properties»:,»content»:»El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.»,»type»:»text»,»_id»:»BIY6ASSSV5FNDDUBY3LZ4VMJX4″,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo III«,»type»:»text»,»_id»:»VSKS5623GVDH7ORTZZDG7B2YN4″,»additional_properties»:,»content»:»Fondo de cese«,»type»:»text»,»_id»:»OXJ3Y26NGRAP3JCDLZKLYKZPIM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 93.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.»,»type»:»text»,»_id»:»YS3ZCYF57VEELOUWTUP2FT73NU»,»additional_properties»:,»content»:»En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.»,»type»:»text»,»_id»:»2UXFRHZ66BGDDOK3SHXIC5WMJU»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo IV«,»type»:»text»,»_id»:»QY72PGFTVJEPLED5PHIVG5KYC4″,»additional_properties»:,»content»:»De los trabajadores independientes con colaboradores«,»type»:»text»,»_id»:»OMXAZ7DVGZB53GFKQNLQXIVSUA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 94.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»J447GC6XTJDSRBB2HIIUHM7UR4″,»additional_properties»:,»content»:»El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»MNJPL3K7YZEDRMJHNMZKMOQB2E»,»additional_properties»:,»content»:»Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.»,»type»:»text»,»_id»:»73CPOPYGFJFYPNCDIEYJT5R7HI»,»additional_properties»:,»content»:»El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.»,»type»:»text»,»_id»:»JVKQAHDHPJA7BJW66LIROMWBHE»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo V«,»type»:»text»,»_id»:»E3HRTMYUU5GQBKGWA6XFVYU32U»,»additional_properties»:,»content»:»Trabajo agrario«,»type»:»text»,»_id»:»IQW73A53WRCMZEIP6F2DFDHAXY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 95.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727, por los siguientes:»,»type»:»text»,»_id»:»DAQOLK5J7ZCQNESRFPY32SPNOA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.»,»type»:»text»,»_id»:»HW3MZ3ROV5GGHMNFKMW4PMA4II»,»additional_properties»:,»content»:»Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el artículo 92 bis de la ley 20.744.»,»type»:»text»,»_id»:»OKF7YGH7UNGCZBGNGJNOZIFMDM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión de Trabajo Agrario.»,»type»:»text»,»_id»:»WGYSQ5MS7NDADNUD3YT3OSLDII»,»additional_properties»:,»content»:»El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.»,»type»:»text»,»_id»:»IKDOJDF4IJEF5GBM2FE3LIG6QQ»,»additional_properties»:,»content»:»Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador.»,»type»:»text»,»_id»:»SRUUO2RCJFHFTPCGJDIX6TRTNM»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo VI«,»type»:»text»,»_id»:»ZU533XBJV5G73LAQWX56QDW6SM»,»additional_properties»:,»content»:»Derogaciones«,»type»:»text»,»_id»:»DGGHRYXGLRG4XIT4WRV25PHOWU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 96.- Derógase la ley 14.546.»,»type»:»text»,»_id»:»PY4J7FW2XZADFG6XJGJRDTVJVI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 97.- Deróganse los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la ley»,»type»:»text»,»_id»:»VJELLIGKH5AVZCDMQGCI4LGOQA»,»additional_properties»:,»content»:»24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de la ley»,»type»:»text»,»_id»:»R5YAHGD775AA7EKRV3Q4JFI6OY»,»additional_properties»:,»content»:»25.345; el artículo 15 de la ley 26.727 y el artículo 50 de la ley 26.844.»,»type»:»text»,»_id»:»E7VPQZIALJAHHKI4SESRPLXIS4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 98.- Derógase la ley 25.323 y toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente título.»,»type»:»text»,»_id»:»PBQI3LHBOZHGFIFGS7NFLTIE7Y»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO VI«,»type»:»text»,»_id»:»BQINWST5BZGAXE3FLIZJ5ALZKU»,»additional_properties»:,»content»:»Energía«,»type»:»text»,»_id»:»5KTKQZXMK5E5TFH2X3JZB2NZRA»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo I«,»type»:»text»,»_id»:»SLPXB76BLFAUBHKI2MZX6GQVAQ»,»additional_properties»:,»content»:»Hidrocarburos. Modificaciones a la ley 17.319«,»type»:»text»,»_id»:»KKTNNMKFXBEX3D4DUR37SGGMSA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 99.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»TKVXT5HHDFDUVI7LAY7JD6J35E»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.»,»type»:»text»,»_id»:»IZSV6UBLZVFD5GSZDZWIJOHNYI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 100.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DQ57FKXQDZAN7GKE2LDV36IH54″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivos principales, además de los dispuestos por el artículo 3° de la ley 26.741, maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.»,»type»:»text»,»_id»:»IMWNOVYJOJBUBITJHCBYIDNVPQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 101.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»UIDPJZAO7NCOTFRHTKEYUWON74″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»TZTOOSDDERDVLAQ6F4XSTRTSUQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»IMGYU7GPNND33GFURTCZFE3QWM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 5º: Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.»,»type»:»text»,»_id»:»KPECVIGDQJBIHIPTLLAY7F26CM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 103.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»26GMF5S34JFKHD34KD7DGSIWWU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»C6EQZUGAWVAAHA3Y6LLGGNWRRM»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»OANWV3HF2VEP3FHTQUAYMUTDFI»,»additional_properties»:,»content»:»Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna.»,»type»:»text»,»_id»:»B3CNMJGBW5AXFCSSZUQQ5ZPT2A»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 104.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»CT4YUACBCZGX3ELKTD2YQ6JQPU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.»,»type»:»text»,»_id»:»A2JV7J53SRCENDGPND7YJEG364″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»7WQTR7CUVZDGPILELUAW372ZDM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 12: El Estado nacional y las provincias tienen derecho a percibir una participación en el producido de la explotación de yacimientos de hidrocarburos de su dominio por empresas estatales, privadas o mixtas, con arreglo a los artículos 59, 61 y 93.»,»type»:»text»,»_id»:»IFJ6UNSAXVAEBGC5FGLYTTDIOY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»7LEMYQ6UBBCPPLHCYRCD67O5PA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 14: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, prohíba expresamente tal actividad.»,»type»:»text»,»_id»:»KTABBNDQVJDITAMPXJ3MSAEYIQ»,»additional_properties»:,»content»:»El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra el Estado nacional o provincial de sumas invertidas en dicho reconocimiento.»,»type»:»text»,»_id»:»DTEJWHYJZFBYND3EOXD5TAOHUI»,»additional_properties»:,»content»:»Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionen.»,»type»:»text»,»_id»:»YB66LDZBHZGWHJEDANS2JFQWGQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 107.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»ERWFW67Y6NHLRJTVLYTBRAXKXQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 32 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.»,»type»:»text»,»_id»:»JOHWHWUB5ZEYNLYSETSH2YUHZI»,»additional_properties»:,»content»:»El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y las demás disposiciones que sean aplicables.»,»type»:»text»,»_id»:»O2XD7ZPX3ZHPVBB3WOTKLONA2I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 108.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»LDL2OXCB7VE6FONG3JZXFX6ZFA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 21: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.»,»type»:»text»,»_id»:»YIEETXPMF5EH7EGCPLGBG4RLR4″,»additional_properties»:,»content»:»Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de la regalía comprometida en el proceso de adjudicación, con la excepción prevista en el artículo 63.»,»type»:»text»,»_id»:»YTGV6YEM25F4NFC6Y6IBPJPZT4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 109.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»VGTORMPZ25CHRN7NYPWR5PYKPQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 27 bis: Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.»,»type»:»text»,»_id»:»LSNGWELPZVACTL223OZAEMWKV4″,»additional_properties»:,»content»:»El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no convencional. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto, siendo dicha solicitud el objeto de la concesión a otorgar; y sólo podrá ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2028. Vencido dicho plazo, no se admitirán otras solicitudes de reconversión.»,»type»:»text»,»_id»:»VNUPSBPDPZHTVMRGD2D6KCPZW4″,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días. Aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco (35) años computados desde la fecha de la solicitud.»,»type»:»text»,»_id»:»IZGVELWVCFB3DAOKQGR3MPBSBU»,»additional_properties»:,»content»:»Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 30 y concordantes de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»M745SZYQ25CBZMZPFTS6O66MJA»,»additional_properties»:,»content»:»Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente y aplicará a la zona unificada pagos al Estado nacional o provincial, según corresponda, que correspondan al área que los prevea en mayor cantidad y el plazo de la concesión que sea menor.»,»type»:»text»,»_id»:»JADGHG5IVZBQDJ3KYSLP5DWRFA»,»additional_properties»:,»content»:»La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones existentes al momento de su concesión, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la presente ley, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión.»,»type»:»text»,»_id»:»MIIHJEYBYVEDPIP7VGPBKIDWYU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 110.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»R7MYHBW7ZFGZBISWLGA4K7MGEA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 28: El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a una autorización de transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la Sección 4a del presente título.»,»type»:»text»,»_id»:»MJ2FITMBW5DPTOWXAKDCPVR2GM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»UJKDRO4N4VCX3LXG7ZM5ZXPATQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22 de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»FRCA2V3CNNBULINSEZYEMJHSEQ»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas cuyas concesiones hayan vencido, o las que por cualquier motivo hayan quedado sin concesionario, a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5a del presente título. Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en la presente ley. Esta modalidad de concesión no implica garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.»,»type»:»text»,»_id»:»RFKKXUGE7ZFJXD7GTU5FBV63S4″,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos de acuerdo con los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»D4GB4NCGO5D6XE4VTCYUHBVBQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 112.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»QMKC3HBQSRCUJCN4EJA2K6DVMI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 31: Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda área abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas.»,»type»:»text»,»_id»:»JNBCNJTIAFHYTGVWJVINH5B6MY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»WINS5HND7JD4XJM7TRG6YPWAHQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 35: De acuerdo con la siguiente clasificación, las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23 de la presente ley:»,»type»:»text»,»_id»:»YD6YZ23YQFFG3LVH5KPGBIIMPA»,»additional_properties»:,»content»:»a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años;»,»type»:»text»,»_id»:»4NPV6YTAFZE67MD3RMAWSSOKXY»,»additional_properties»:,»content»:»b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años;»,»type»:»text»,»_id»:»FECSXJGK4NHRVMGV3IMRQ67W7A»,»additional_properties»:,»content»:»c) Concesión de Explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.»,»type»:»text»,»_id»:»NVKIFV3BXFDE7AEGJ4HP5Z7HKU»,»additional_properties»:,»content»:»En nuevas concesiones el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, al momento de definir los pliegos de bases y condiciones conforme artículo 47 podrá determinar otros plazos de hasta diez (10) años como máximo de los plazos previstos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, de manera fundada y motivada que justifique el apartamiento de los mismos. En ningún caso, los plazos podrán ser fijados a perpetuidad.»,»type»:»text»,»_id»:»QNZEYFVQXBCRBBG4QLI3635I6A»,»additional_properties»:,»content»:»Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley»,»type»:»text»,»_id»:»H4QLVDSLIJER3FA2B2TZ4IVWFM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 114.- Sustitúyese la denominación de la Sección 4ª de la ley 17.319 por la siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DRPHQ2OOAJA4NCPMVTOEVGI2IM»,»additional_properties»:,»content»:»Sección 4ª»,»type»:»text»,»_id»:»4BN36ZDTPBEUDOJY22CCYP4FP4″,»additional_properties»:,»content»:»Autorizaciones de transporte y habilitaciones de procesamiento y de almacenamiento subterráneo.«,»type»:»text»,»_id»:»SFQ5DZI2PZGN5PKACKFDGWBDWE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»UODK43QEPRCIRPEXPCCD3JFBFM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 39: Las autorizaciones de transporte confieren el derecho de transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.»,»type»:»text»,»_id»:»FCL5ZCHXJRGRTOVSR6ARG6BAZA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 116.- Sustitúyese el artículo 40 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»SX3HJRUTUJBVRAMQMU2UPKGZGU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 40: Las autorizaciones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, a las personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de la presente ley. La autoridad de aplicación nacional llevará un registro de los autorizados para transportar y de los habilitados para procesar hidrocarburos.»,»type»:»text»,»_id»:»W77VDVKZ2NCYNPJSFU2GBCDF6E»,»additional_properties»:,»content»:»Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a obtener una autorización de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, dicha autorización será facultativa y será otorgada en las mismas condiciones que la concesión de explotación.»,»type»:»text»,»_id»:»BH6S7XILWZC23HNJEYJK652HKQ»,»additional_properties»:,»content»:»Los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos y/o sus derivados a la autoridad hasta sus instalaciones de industrialización y desde las mismas hasta los centros y/o instalaciones de ulteriores procesos de industrialización o comercialización. Estas autorizaciones no estarán sujetas a plazo.»,»type»:»text»,»_id»:»CQHK2M2PIZFCXNNPHDDPACROGQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»IQB7DVOY4RD4POHRNCYMKLT3EM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 41: Las autorizaciones a que se refiere la presente sección que se otorgasen a concesionarios de explotación que hubieren ejercitado el derecho conferido por el artículo 28 serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las autorizaciones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.»,»type»:»text»,»_id»:»NO5MVSJCPFG5LNMPY6NXHUIPJM»,»additional_properties»:,»content»:»En los casos de cesión de una autorización de transporte otorgada en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, los autorizados podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones y se encuentren transportando hidrocarburos al momento de solicitar la prórroga.»,»type»:»text»,»_id»:»F654Z5LJSJA35KV5GYYD7IK6AU»,»additional_properties»:,»content»:»Las concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, se regirán por los términos y condiciones de su otorgamiento.»,»type»:»text»,»_id»:»HQQGSSP7WZD5DI4YBJLMHTXSCY»,»additional_properties»:,»content»:»Las habilitaciones a las que se refiere la presente sección que se otorguen a los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos no estarán sujetas a plazo.»,»type»:»text»,»_id»:»VGH7UZGATZF45HNXNRVPO4SJ4I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 42 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»32ZYXU7UW5FA5GCEAOQVFU3DTE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 42: Las autorizaciones de transporte y las habilitaciones de procesamiento en ningún caso implicarán un derecho de exclusividad para quien realiza la actividad.»,»type»:»text»,»_id»:»B2UWDVTVPZGAREHO6B7R2GS5GE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 43 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»2QQOVUGAXRAE3EKRTMVC7GGQEY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 43: Mientras las instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los autorizados estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias. Si una persona es titular de capacidad de transporte y no la usare, la misma debe ser puesta a disposición de terceros para su utilización; pero siempre subordinado a las necesidades del propio autorizado a transportar. Los autorizados a transportar hidrocarburos no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de su posición dominante en el mercado.»,»type»:»text»,»_id»:»F35ASCZVQNDQ7PRWN6JKWF362Y»,»additional_properties»:,»content»:»Quienes fueren habilitados a procesar hidrocarburos deberán procesar los hidrocarburos de terceros hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la capacidad de sus instalaciones siempre que no se comprometa la seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos asociados a la conexión a la planta. Dicho porcentaje podrá ser incrementado: (i) por acuerdo de partes en cualquier momento y/o; (ii) por la autoridad de aplicación una vez transcurridos cuatro (4) años desde la habilitación comercial de la planta y en caso de persistir la capacidad remanente u ociosa de la planta. Si se tratare de plantas de procesamiento de combustible líquido, el servicio de procesamiento incluirá el servicio de almacenaje.»,»type»:»text»,»_id»:»QMAFX7DPLFDWLMCBI62V2ECUEU»,»additional_properties»:,»content»:»Las previsiones del presente artículo no resultarán aplicables a las unidades de proceso que integran complejos de refinación y sus instalaciones de almacenamiento vinculadas, a las plantas de licuefacción de gas natural ni a las autorizaciones de transporte de hidrocarburos otorgadas a los titulares de dichas plantas de licuefacción de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 último párrafo.»,»type»:»text»,»_id»:»LGQ6IERBEFANPIDQB4MWPUOUOE»,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.»,»type»:»text»,»_id»:»VKTUFZEKYJD5RJNGYDE5HLDFQQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 120.- Sustitúyese el artículo 44 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»7ZH7EKC5Y5EPPDBGWW7RBEQBFQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 44: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley y su reglamentación, o en los actos de autorización, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.»,»type»:»text»,»_id»:»422EZCTIOJEJDD3R2ZVB6P2UNA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 121.- Incorpórase, después del artículo 44 de la ley 17.319, la Sección 4ª Bis “Almacenamiento subterráneo”.»,»type»:»text»,»_id»:»O6EKIZONAFFOBELUJF62KLYHUA»,»additional_properties»:,»content»:»Incorpórase como artículo 44 bis de la ley 17.319, el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»KXSIM2PV3RCWVC3RISFXEYYUBA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 44 bis: Las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural confieren el derecho de almacenar gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos depletados, incluyendo el proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Podrán ser otorgadas en:»,»type»:»text»,»_id»:»RGCGGVORVZEN3MHZOFUOIRDMU4″,»additional_properties»:,»content»:»a) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación propias;»,»type»:»text»,»_id»:»D33HVJDFLVAFPBEHARIVDFKIW4″,»additional_properties»:,»content»:»b) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación de terceros, con autorización de estos ante la autoridad de aplicación;»,»type»:»text»,»_id»:»CLNXDETKVBG55FYWWAHE5DWTPQ»,»additional_properties»:,»content»:»c) Áreas que habiendo sido productivas ya no se encuentren sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación.»,»type»:»text»,»_id»:»DZQUUEWMOFG5FCNYFZITHCZWZY»,»additional_properties»:,»content»:»Todo otro proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural que no sea realizado bajo los supuestos antes señalados no requerirá autorización bajo la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»K7IXABW7BBEOXJTB7CMRPJCB6Y»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo podrá otorgar autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural a cualquier sujeto que: (i) cumpla con los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera; (ii) cuente con la conformidad del titular del permiso de exploración y/o la concesión de explotación en cuya área se emplace el reservorio natural que se utilizará para el almacenaje; y (iii) se comprometa a construir a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar adelante la actividad de almacenaje.»,»type»:»text»,»_id»:»VZLE33Q3HZAVDLLMOUYC6ABHBA»,»additional_properties»:,»content»:»Las autorizaciones de almacenamiento no estarán sujetas a plazo. Los titulares de una autorización de almacenamiento subterráneo de gas podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos hasta sus instalaciones de almacenamiento y desde éstas hasta el sistema de transporte, las que tampoco estarán sujetas a plazo.»,»type»:»text»,»_id»:»TNUN57AM25DURI5FGE6CEBMTYA»,»additional_properties»:,»content»:»Los autorizados no estarán obligados a almacenar gas natural de terceros, teniendo libertad para realizar la actividad en beneficio propio o de terceros, y acordar libremente los precios por la venta del gas natural almacenado y por el servicio de almacenaje, incluyendo la reserva de su capacidad.»,»type»:»text»,»_id»:»2I53VYASBVCTZBTIUZYQEBWL6M»,»additional_properties»:,»content»:»La autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural no se encontrará sujeta al pago de bonos de explotación y no se podrá imponer pagos análogos por el otorgamiento de estas autorizaciones a través de normativa provincial. El gas natural utilizado en los almacenamientos subterráneos sólo pagará regalías al momento de su primera comercialización en los términos del artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias. En el caso de almacenamiento de gas natural propio, las regalías se abonarán a los Precios al Ingreso del Sistema de Transporte (PIST) promedio de cuenca al momento de su producción previo a ser almacenado.»,»type»:»text»,»_id»:»UQCXQ2PHVRAGRFZTDTTXS23G5U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 122.- Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DBUF5QBNABAHPCVZZHE3PSOIN4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17,»,»type»:»text»,»_id»:»CAM65TWBLZGL7NZ6NNS2OCGYFQ»,»additional_properties»:,»content»:»22 y 27 bis de la presente ley, los permisos de exploración y las concesiones de explotación regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5° de la presente ley y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.»,»type»:»text»,»_id»:»5RKR7VRXXVFOFDPBKWV7VPTE2U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 123.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»B53FORP3UREQTK2VH7SG3V7HZQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.»,»type»:»text»,»_id»:»VMJEFUBO35G2XPGPKOATV5Y5HM»,»additional_properties»:,»content»:»El pliego modelo contendrá condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas, así como las inversiones mínimas necesarias a las que deberá comprometerse el adjudicatario, y las restantes condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas. Asimismo, el pliego modelo establecerá mecanismos de ajustes de las regalías que se consideren convenientes, los que podrán considerar para su formulación la totalidad de las inversiones realizadas, los ingresos obtenidos y los gastos operativos incurridos, entre otras variables.»,»type»:»text»,»_id»:»HJGH5QM3QVCIBP3B7PYHXYTXRA»,»additional_properties»:,»content»:»La evaluación de ofertas tendrá en cuenta el valor total del proyecto, incluyendo las regalías ofertadas, inversiones comprometidas y producción asociada conforme lo establecido en el pliego respectivo.»,»type»:»text»,»_id»:»AA2BKMWDOJBQ3LKRS7DFEYPH6A»,»additional_properties»:,»content»:»Los oferentes competirán en el valor de la regalía sobre un valor base del quince por ciento (15%), que regirá el proyecto en cualquiera de sus etapas. La regalía a ofertar se identificará como el quince por ciento (15%)+“X”. Dicho término “X” se establece en un porcentaje (%) a exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo.»,»type»:»text»,»_id»:»DDN3ZAKVBVAE5NLDXTFEJZNJXY»,»additional_properties»:,»content»:»El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.»,»type»:»text»,»_id»:»2RHTIM4I4BCDFB3QNYJ3IZ4LBI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 124.- Incorpórase el artículo 47 bis de la ley 17.319 según el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»IUMDEL75ENGIBF6DZWKMPZYIWA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 47 bis: Las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no podrán ser adjudicadas sin mediar un nuevo procedimiento licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un (1) año al vencimiento de las mismas.»,»type»:»text»,»_id»:»EQLUNRNWCJEEDJU3U6GJ7QS6GI»,»additional_properties»:,»content»:»Si la licitación a realizar tuviera por objeto la concesión de explotación de áreas en producción, el pliego de bases y condiciones podrá establecer el valor correspondiente a las inversiones no recuperadas durante la explotación del área.»,»type»:»text»,»_id»:»FRXHXZAHTVAO7JCRG2IGBE5IQQ»,»additional_properties»:,»content»:»Conforme lo determine el pliego de bases y condiciones, el oferente podrá incluir dicho valor al momento de realizar la oferta a los efectos de continuar con la explotación de los pozos existentes y dicho valor será reconocido al titular de la concesión vencida.»,»type»:»text»,»_id»:»N5SQHARLONBHRNGO7Q3GCYFN7U»,»additional_properties»:,»content»:»En caso de que el oferente no incluyera el valor mencionado en su oferta, no podrá explotar los pozos existentes.»,»type»:»text»,»_id»:»7SD2DIE2H5EDRHJS5RGNG47ARA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 125.- Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»PB776ESHMVH3RF5KGO6NOPEAJI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 48: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, estudiará todas las propuestas y la adjudicación del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente conforme lo establecido en el artículo 47. Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.»,»type»:»text»,»_id»:»JBNB5GJKYBHHTAKCHERT2TAW4I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 126.- Sustitúyese el artículo 49 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»EZKBDGQL3VHPVN2WFZLXVXWP2U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 49: Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren afectados por el llamado a concurso y/o licitación, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, acompañando la documentación en que aquélla se funde.»,»type»:»text»,»_id»:»36P3Y6B5LJCANOGFWNCUOG3S6I»,»additional_properties»:,»content»:»Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso y/o licitación si, a su juicio, la oposición se fundara documentada y suficientemente.»,»type»:»text»,»_id»:»UOFQXQQKOZDKFNFU23HBZ73CYI»,»additional_properties»:,»content»:»No se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere el llamado basadas solamente en los daños que le pudiese ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el título III de esta misma ley. No es causal válida de afectación, el hecho que una empresa esté produciendo previamente en dicha área.»,»type»:»text»,»_id»:»ZE4C43UFWJCGJI2VWMR5GVYVSM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 127.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»H4KMUJF4LNCEFIC346FFFSIAXA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:»,»type»:»text»,»_id»:»ELBHN62P5RCZ7MJYDNQ4JFAEXY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Plazo Básico:»,»type»:»text»,»_id»:»HT33BQCHMVFLRFSDDO4TK7UP4Y»,»additional_properties»:,»content»:»1er. Periodo: el monto equivalente en pesos de cero coma cincuenta (0,50) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.»,»type»:»text»,»_id»:»MDV7DEK76VCPTCBS25JR47Q63U»,»additional_properties»:,»content»:»2do. Período: el monto equivalente en pesos de dos (2) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.»,»type»:»text»,»_id»:»G5W542MX4FGSVMDZQJOE6JRJBU»,»additional_properties»:,»content»:»b) Prórroga: el monto equivalente en pesos a quince (15) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.»,»type»:»text»,»_id»:»NBAG5MRMPFHDTPSRSREKZ3B37I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 128.- Sustitúyese el artículo 58 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»2MX6MHHPE5CCDKO7LUCM6FQ7YM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, el monto equivalente en pesos de diez (10) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área.»,»type»:»text»,»_id»:»YN3QNI23SZHKPPOSQTT34UNTWA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 129.- Sustitúyese el artículo 58 bis de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DKRDZ7544JH57DTX5S5MF4Q3OQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 58 bis: Los cánones a pagar, establecidos en los artículos 57 y 58 de la presente, se ajustarán tomando como referencia el precio promedio del barril de petróleo, basado en la cotización del ‘ICE Brent Primera Línea’. Este precio promedio corresponderá al observado durante el primer semestre del año anterior al que se efectúa la liquidación.»,»type»:»text»,»_id»:»PU5YDNT7SRDXVB7VM3BQSWQO44″,»additional_properties»:,»content»:»El tipo de cambio a utilizar para la liquidación del canon será el correspondiente a dólares estadounidenses divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente el día hábil anterior al de efectivo pago.»,»type»:»text»,»_id»:»HR7DHWIKGRFLPNZE5VSTWS4JVA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 130.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»QPHEE7IAH5ASHLFHZ3SZPTD5OY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos un porcentaje equivalente al determinado en el proceso de adjudicación.»,»type»:»text»,»_id»:»NUPZONZOSZGWPKB42YWEXO2ZRE»,»additional_properties»:,»content»:»Para los contratos vigentes a la fecha de sanción de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos la regalía será la que se haya convenido con el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda.»,»type»:»text»,»_id»:»QSDU4IPE3NGILOS57WTBVW67HE»,»additional_properties»:,»content»:»El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.»,»type»:»text»,»_id»:»IBICH3EB4NBWRE26GKD4L5QZGE»,»additional_properties»:,»content»:»En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.»,»type»:»text»,»_id»:»OQS22HOGPJF2NO3OXIFBUJODEU»,»additional_properties»:,»content»:»Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.»,»type»:»text»,»_id»:»V6LC3IMQCJFNDGIDXK37VC7LCU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 131.- Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»HMPAHQY4YJGNVBQDJLIA6CS3UY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c) apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.»,»type»:»text»,»_id»:»XIXEJV5QFFD6JKETLC2R6YBT7E»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 132.- Sustitúyese el artículo 66 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»ZVPH4GZQ6VAR3PJBLIC3VDAGPY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 66: Los permisionarios, concesionarios y autorizados instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones 2a, 3 a, 4 a y 4 a Bis del título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.»,»type»:»text»,»_id»:»BJGO47QTSVGODMM2RUF7U3JFWI»,»additional_properties»:,»content»:»Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.»,»type»:»text»,»_id»:»CRVLDMRZPZCQBIA2YQ7MVQXLV4″,»additional_properties»:,»content»:»La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el permisionario, autorizado o concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.»,»type»:»text»,»_id»:»RU6UMGZIJZD6HEQG3E6CNPLEGU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 133.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»WHECYUQSYRCOLGL2EMMZF63SCM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 67: El mismo derecho será acordado a los permisionarios, concesionarios y autorizados cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.»,»type»:»text»,»_id»:»GM55ACGOWZF5ZPK5WRCRN2SDMI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 134.- Sustitúyese el artículo 69 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»XVRUW7IQNBGN5ESU7SE4XO5RY4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios, concesionarios y autorizados, sin perjuicio de las establecidas en el Título II:»,»type»:»text»,»_id»:»GOMBKNQISRHHDA6W7YHX3OVYDY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;»,»type»:»text»,»_id»:»IZNYOG37FNGATH5KTAEG2N6IPM»,»additional_properties»:,»content»:»b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de cualquier novedad al respecto;»,»type»:»text»,»_id»:»CDV7UWOF2FGV5G32SVY2VESOWE»,»additional_properties»:,»content»:»c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;»,»type»:»text»,»_id»:»AW6YGLYY3JBBNF2OFJXRK6IYTQ»,»additional_properties»:,»content»:»d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de los que ocurrieren;»,»type»:»text»,»_id»:»5SU7K5SA2BGDXOGNZPTZFTRYFM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;»,»type»:»text»,»_id»:»QZ5G4GMNLFDQBD5MWQH6VDL3LI»,»additional_properties»:,»content»:»f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.»,»type»:»text»,»_id»:»5KMJY5XPJFAWBNE5LIQ4JH7SXY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 135.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»NQW3HLGQUBBL3LE7SVBOXWOXV4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 70: Los permisionarios, concesionarios y autorizados suministrarán a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»5Y7FDHN2IJH2PC7UFSR2AH3QBY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 136.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»EB7IZUX7IVHJDNFAWNJXGBQQHQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 71: Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.»,»type»:»text»,»_id»:»CCYTSJZIV5FAFPJQYQA2ZHABKI»,»additional_properties»:,»content»:»La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permisionario, concesionario o autorizado, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.»,»type»:»text»,»_id»:»TCZVQ2QJEREEPEEAS5DD3APFWA»,»additional_properties»:,»content»:»Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.»,»type»:»text»,»_id»:»YEQACVKSCJDPLCBXK6K4X3CPGY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 137.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»YWPX3VNS4RC7VMWF4E6NZY5S6Q»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 72: Los permisos, concesiones y autorizaciones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios, concesionarios o autorizados, según corresponda.»,»type»:»text»,»_id»:»ZQX3WC7M45AJPGGLML7YGIWNMY»,»additional_properties»:,»content»:»La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, nacional o provincial, según corresponda, acompañada de la minuta de escritura pública.»,»type»:»text»,»_id»:»LH33D5DFYBCYDFVB273SR6RRPQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 138.- Sustitúyese el artículo 75 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»DXTLCPWK5VHFPIACBEHBLVZCJI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 75: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.»,»type»:»text»,»_id»:»4S2JCF7SJBAWVEPLONN2JESMYI»,»additional_properties»:,»content»:»Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios, concesionarios o autorizados.»,»type»:»text»,»_id»:»GTWSIJXNI5CD5C6O5TYPXWPM2E»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 139.- Sustitúyese el artículo 77 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»YKJMH7SFPNCZ3GNGQZYWBSJCXY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 77: Los permisionarios, concesionarios o autorizados facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.»,»type»:»text»,»_id»:»MQEGGCX2KZF3VFAIMTPDTI6BKE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 140.- Sustitúyese el artículo 79 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»6IQXESTBIRFZNN4KYGX6ODZZJI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 79: Son absolutamente nulos:»,»type»:»text»,»_id»:»S6UHJCCA6ZF7LIMTECMA4WX6YI»,»additional_properties»:,»content»:»a) Los permisos, concesiones o autorizaciones otorgados a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley;»,»type»:»text»,»_id»:»R76G4OPD6ZDPRLPBGMSECJ4DRQ»,»additional_properties»:,»content»:»b) Las cesiones de permisos, concesiones o autorizaciones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;»,»type»:»text»,»_id»:»4RJM65SIPZCI3IJNDY2CC2KOA4″,»additional_properties»:,»content»:»c) Los permisos, concesiones o autorizaciones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;»,»type»:»text»,»_id»:»PWFXQ7FP55AE5EL46VNKVA2QHM»,»additional_properties»:,»content»:»d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta;»,»type»:»text»,»_id»:»TUI3GSCI25EJ7BX6NDMICCWX2U»,»additional_properties»:,»content»:»e) Cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales, sin mediar una licitación pública y abierta.»,»type»:»text»,»_id»:»WATS5FHLHVHQDMC6BMBZLIJWRQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 141.- Sustitúyese el artículo 80 de la ley 17.319, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»TJ7RM25XW5BTBEVGULS2RASXXY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 80: Según corresponda, las concesiones o permisos caducan por:»,»type»:»text»,»_id»:»55FIJCGAJRCG7CHUV4FS5VTFZA»,»additional_properties»:,»content»:»a) Falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;»,»type»:»text»,»_id»:»VYRCOCE3HVCB3GTKU52N2JZZ44″,»additional_properties»:,»content»:»b) Falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;»,»type»:»text»,»_id»:»XJMSL7QD7JD4VBFHQKVAGVZHVQ»,»additional_properties»:,»content»:»c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;»,»type»:»text»,»_id»:»YVLTDH5VNJGGPCYDDWST442REU»,»additional_properties»:,»content»:»d) Transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;»,»type»:»text»,»_id»:»L7LCYX3L3BC63GNZ4UN42LL7LY»,»additional_properties»:,»content»:»e) No haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22 y 32;»,»type»:»text»,»_id»:»6QTDKY4ECJDWTFXPOB3H4AADG4″,»additional_properties»:,»content»:»f) Haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;»,»type»:»text»,»_id»:»VK3OATTA4VH4XAYU6VZTGIDLWU»,»additional_properties»:,»content»:»g) Fallecimiento de la persona humana o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;»,»type»:»text»,»_id»:»J4UDCSSXOVDOLBIOSW5R5WD3EA»,»additional_properties»:,»content»:»h) Incumplimiento de la obligación de transportar y/o procesar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 43.»,»type»:»text»,»_id»:»FHDPCNPN5VABVOQ7QBVIVUS3K4″,»additional_properties»:,»content»:»Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, intimará a los permisionarios y/o concesionarios y/o autorizados y/o habilitados, según resulte de aplicación, para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.»,»type»:»text»,»_id»:»7RP65NLCYVCJDDPQ2IEVMAITFU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 86 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»4IEZIL4LF5ASHHSILAWFDPOE2Y»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 86: En las cláusulas particulares de los permisos, concesiones y autorizaciones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, según lo previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales.»,»type»:»text»,»_id»:»ZL6FK4AEBREZBNYFJDEOWQQNVE»,»additional_properties»:,»content»:»Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los interesados y la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiso, concesión o autorización.»,»type»:»text»,»_id»:»LHMSLQK5XFEBDN664Y2OGDCYOM»,»additional_properties»:,»content»:»El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.»,»type»:»text»,»_id»:»C35W256XRRDZVE3IKLLKUBQU24″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 143.- Sustitúyese el artículo 87 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»AWBEL46HKBEPNJBJU3O7POFRTY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 87: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos, concesiones y autorizaciones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre ochenta mil (80.000) UVAs y ochenta millones (80.000.000) UVAs. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios, concesionarios o autorizados podrán promover su repetición ante el tribunal competente.»,»type»:»text»,»_id»:»L4PRUU5RFVDFBFRCV2MI4BBOJA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 144.- Sustitúyese el artículo 88 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»NU7COLFPOJHZTGIQO5G7RAG6XE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 88: El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios, concesionarios o autorizados, facultará a la autoridad de aplicación a disponer el apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refieren los artículos 40 y 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos, concesiones o autorizaciones de que fuera titular el causante.»,»type»:»text»,»_id»:»PGRR56C3PFGLFGLNMUYRX5W4UU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 145.- Sustitúyese el artículo 91 bis de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»U6OJPMKODFGQ3GI6Q6O6BHWBSA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, y los contratos o asociaciones con terceros que dichas entidades hubieran celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, se respetarán las condiciones existentes a la fecha de aprobación de dicha ley. Las nuevas asociaciones con terceros, sin embargo, deberán respetar los procedimientos de la Sección 5ta del Título II de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»CUCJRPF7RFCBZMML6EUHQWKYPQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 146.- Sustitúyese el artículo 94 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»NBCFVJOZ6RCI5OODEIG5WKPKQU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 94: Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación, transporte y/o procesamiento, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios, concesionarios y autorizados.»,»type»:»text»,»_id»:»YE5WL5AQ2VCZ7FIV2RTS4JUCPE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 147.- Sustitúyese el artículo 95 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»KVGFL25RBRDQJIUSNZK56L4AN4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 95: Las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades siempre ateniéndose a la sección 5ta del Título II de esta ley para la selección de terceros.»,»type»:»text»,»_id»:»PDVA3Q3YSFDUXDEXC2AXVUS64I»,»additional_properties»:,»content»:»El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a, de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos de locación de obras y servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se asocien con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general que les fuere aplicable.»,»type»:»text»,»_id»:»Q4BPCLOVDNFURJFU7KOV57X7QE»,»additional_properties»:,»content»:»Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»E3EMSKS2V5FTHMHUSVUWP2LZKM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 148.- Sustitúyese el artículo 98 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»7KV6ZH27U5BAPCUX6KO7LKS6FE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 98: Es facultad del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su competencia:»,»type»:»text»,»_id»:»NGGYVQC4BRGAJOM4ML3SHALRXY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley;»,»type»:»text»,»_id»:»TMFJI66VAZAGDFQZCBOV6BLE6Y»,»additional_properties»:,»content»:»b) Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones;»,»type»:»text»,»_id»:»BCI4YZXEF5GBLGASTTKPR2S4OY»,»additional_properties»:,»content»:»c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;»,»type»:»text»,»_id»:»VYXY56DTUBABHNFTCGX62M5YPA»,»additional_properties»:,»content»:»d) Anular concursos;»,»type»:»text»,»_id»:»F747XTBBVBHAFJFOG2746GGQPM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial;»,»type»:»text»,»_id»:»H4XP42TUNNEXTGTQSB5C62HZNE»,»additional_properties»:,»content»:»f) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios;»,»type»:»text»,»_id»:»7HH3J74SLJEVVL7TQNCU5623LA»,»additional_properties»:,»content»:»g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»IYLJCJVZW5H7ZMWST4P2WEIONE»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá delegar en la autoridad de aplicación el ejercicio de las facultades enumeradas en este artículo, con el alcance que se indique en la respectiva delegación.»,»type»:»text»,»_id»:»NM36QHHQ4REG5DYUOBLPWQKJDA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 149.- Sustitúyese el artículo 100 de la ley 17.319 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»FN3LVYXUMBBT5OAXEVG3QE77O4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 100: Los permisionarios, concesionarios y autorizados deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar – de común acuerdo y en forma optativa y excluyente- los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios.»,»type»:»text»,»_id»:»HBQDCQBR5BC3NDXZXEK5SSZF7U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 150.- Deróganse los artículos 11, 13, 15, 51, 91, 96, 101, 103 y 104 de la ley 17.319.»,»type»:»text»,»_id»:»WTXTSY7ALRGJLFAO3J7E7CAYUA»,»additional_properties»:,»content»:»CAPÍTULO II«,»type»:»text»,»_id»:»J3LAQVP2NRBHND62MRL5ERFQ3U»,»additional_properties»:,»content»:»Gas natural. Modificaciones a la ley 24.076«,»type»:»text»,»_id»:»YVGWT4XQFVDORITD55UYEXQIJE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 151.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.076 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»TKQ7LYFY3FDZXDU2PHZAQVCSOA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 3°: Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones de gas natural deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional según el artículo 6° de la ley 17.319.»,»type»:»text»,»_id»:»XQLHJDXDUFFJ5JM4TGJ3W6CTAM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 152.- Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.076 el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»EPPAXDHEZ5CITJYTPISNFQZZLA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 3° bis: Las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) deberán ser autorizadas por la Secretaría de Energía de la Nación, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de recibida la solicitud conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional que establecerá las condiciones que deben reunir los solicitantes y las inversiones y proyectos de desarrollo de explotación de hidrocarburos que permitan producir las cantidades de gas natural requeridas para abastecer el o los respectivos proyectos de licuefacción de gas natural destinados principalmente a la exportación de GNL. No aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»LFBP43JTMVAMNEC6E3Y4LXDTSU»,»additional_properties»:,»content»:»Dentro de los seis (6) meses desde la sanción de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Secretaría de Energía de la Nación realizará un estudio a los efectos de emitir una Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos en el largo plazo que contemple la suficiencia de recursos gasíferos en el país proyectada en el tiempo y el suministro de gas natural de otros orígenes para abastecer regularmente en el curso ordinario de los acontecimientos la demanda interna, y a la misma vez, suministrar sobre base firme e ininterrumpible los proyectos de exportación de GNL cuyo desarrollo y ejecución se prevea durante el mismo periodo de análisis.»,»type»:»text»,»_id»:»7INGPGMB6FDYRIHWH5MWCPGN2U»,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional fijará las pautas y premisas de análisis que deberán tenerse en consideración en el estudio a realizarse a los fines de la referida Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos, incluyendo aquellas necesarias para las proyecciones de producción nacional de gas natural y ofertas de otras fuentes u orígenes, y de la demanda interna durante el período de análisis.»,»type»:»text»,»_id»:»R66GJJPWMVF3NNQ262JT7BGYRQ»,»additional_properties»:,»content»:»Sin perjuicio de las condiciones más favorables a la exportación que pudieren establecerse en virtud de regímenes promocionales específicos para inversiones de magnitud conforme determine la ley o la reglamentación dictada al efecto, las autorizaciones de exportación de GNL que se otorguen tendrán carácter firme respecto de los volúmenes de GNL autorizados durante un plazo de hasta treinta (30) años, desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción (en tierra o flotante) o sus ampliaciones o etapas sucesivas y contendrán las garantías establecidas en dicho régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»ROKZNVTE25AT7AHPNVYIV5FFKY»,»additional_properties»:,»content»:»El otorgamiento de una autorización de exportación firme de GNL implicará para sus titulares el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin.»,»type»:»text»,»_id»:»4ZAOXWQK4RESXARCMTXSDJIA4Y»,»additional_properties»:,»content»:»La Secretaría de Energía de la Nación establecerá los requisitos de información y documentación que deberán ser satisfechos por los solicitantes. Las solicitudes de exportación serán tramitadas y resueltas en el orden cronológico de presentación, a menos que la Secretaría de Energía de la Nación determine que alguna presentación no se ajusta a los requerimientos previstos en este artículo y las normas reglamentarias, en cuyo caso se la tendrá por presentada, a estos efectos, recién al momento en que se hayan subsanado las deficiencias observadas por dicha autoridad.»,»type»:»text»,»_id»:»DVCBATKEGNDHNOMATASBQWDYWE»,»additional_properties»:,»content»:»A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.»,»type»:»text»,»_id»:»LOBHKFCVZZFWVI7JYQUEQP6NQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Las autorizaciones de exportación de GNL podrán ser total o parcialmente cedidas previa autorización de la autoridad de aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»3NTBWJ4MDVCNJLFB7CGJ7CVRAQ»,»additional_properties»:,»content»:»Asimismo, las modificaciones de esta ley o de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo nacional o de las resoluciones que emita la autoridad de aplicación no tendrá efecto alguno respecto de las autorizaciones de exportación firmes de GNL concedidas, excepto que estas sean más favorables a la exportación.»,»type»:»text»,»_id»:»GFY75W2SPBAXDE65F4GSFF3Y7U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 153.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.076, por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»SHULK2SKQNBUXAZH37VRG2H3PU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 6º: Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte»,»type»:»text»,»_id»:»QMKFHLNMLRAC5M4L7NLLJEB7QA»,»additional_properties»:,»content»:»(20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas.»,»type»:»text»,»_id»:»35LMPYM3END75EH6JJLEPRJWE4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 154.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.076 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»WUYUXFBOV5EDFAWLL364GJESCU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 24: Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles. A tal fin, por sí o por terceros, podrán adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural, todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en la sección VIII de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»QYFU5SCL2VGQPPD2TWZ6Z6CFV4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.076 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»XB4X43N4AVG47J6DEE7INFILDA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 70: Los actos emanados de la máxima autoridad del Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.»,»type»:»text»,»_id»:»AKWACZYRA5HZXLJYTQBBJP47HI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 156.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 73 de la ley 24.076 por el siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»OUFTYHFT5REVXEFKQ7VLR5AUYU»,»additional_properties»:,»content»:»“Las sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación”.»,»type»:»text»,»_id»:»V6SNQGBOY5HLXODUA5MPLLEBEI»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo III«,»type»:»text»,»_id»:»W5MNCUOVH5B2JGHUXIPYW5SIYE»,»additional_properties»:,»content»:»Modificaciones a la ley 26.741«,»type»:»text»,»_id»:»NTBRJPVPPRGF5DAZWYY4A7RZAY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 157.- Sustitúyanse los incisos d), g) y h) del artículo 3° de la ley 26.741 por los siguientes:»,»type»:»text»,»_id»:»37SJN76YIFHG5EYZHBZ5EQCKEI»,»additional_properties»:,»content»:»d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo.»,»type»:»text»,»_id»:»QRW3L5C6A5DQ3DLJAOZ4UGWD3M»,»additional_properties»:,»content»:»g) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con la calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.»,»type»:»text»,»_id»:»TIUKQVKODJB65IPPLSCL6KMNIM»,»additional_properties»:,»content»:»h) La exportación de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.»,»type»:»text»,»_id»:»S6TCMYVK2FH6HIJ63L5SGWEVKE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 158.- Derógase el artículo 1° de la ley 26.741.»,»type»:»text»,»_id»:»7TTDWYTPQVFBVBCT3VETQLVQKE»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo IV«,»type»:»text»,»_id»:»ABOOMQQDVFGQ7LGLBKO4VK6RBQ»,»additional_properties»:,»content»:»Unificación de los Entes Reguladores«,»type»:»text»,»_id»:»AH3TAU72HJD4DLQBNY7YLBCKO4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 159.- Crease el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la ley 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la ley 24.076.»,»type»:»text»,»_id»:»7ED6LXJZWRDHJJLNAH47TA5H4U»,»additional_properties»:,»content»:»Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a dictar todas las normas y actos tendientes a hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo anterior y a dictar el correspondiente texto ordenado de las leyes 24.065 y 24.076.»,»type»:»text»,»_id»:»HX5MSRIXW5AKZJREEOVLIOJ7SQ»,»additional_properties»:,»content»:»Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, los actuales Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) continuarán en ejercicio de sus funciones respectivas.»,»type»:»text»,»_id»:»7TQLKAGLURGNXC7B4WSUKNHWYU»,»additional_properties»:,»content»:»El nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tendrá las atribuciones previstas en los artículos 52 y concordantes de la ley 24.076, y 56 y concordantes de la ley 24.065.»,»type»:»text»,»_id»:»FWVVYXOZHNB7NGKPAIUZXTEV7M»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo V«,»type»:»text»,»_id»:»7LDKQSSLWZFF5C5FBOHVJDZGUY»,»additional_properties»:,»content»:»Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065«,»type»:»text»,»_id»:»E4EYFGP4OFFUNB4QBXJM523UYI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 160.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar, en el plazo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, las leyes 15.336 y 24.065 y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:»,»type»:»text»,»_id»:»DFMCKXQRMVBTHIAFFHWILF2LPI»,»additional_properties»:,»content»:»a) Promover la apertura del comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, pudiendo el Estado formular objeciones por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro;»,»type»:»text»,»_id»:»V33KYLVXRBA7RG4BXHRPOZRVDM»,»additional_properties»:,»content»:»b) Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;»,»type»:»text»,»_id»:»V5USGIPYK5B35B6TCBNYQZ4XZI»,»additional_properties»:,»content»:»c) Impulsar el despacho económico de las transacciones de energía sobre una base de la remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en consideración el gasto marginal horario del sistema; y aquél que represente para la comunidad la energía no suministrada;»,»type»:»text»,»_id»:»PAF2F75H2NHCHN4OLZHV3OOY4Y»,»additional_properties»:,»content»:»d) Adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076;»,»type»:»text»,»_id»:»UCWMKEUZWNHT3CDG7CX6L6TTGY»,»additional_properties»:,»content»:»e) Propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista y al Fisco, según corresponda;»,»type»:»text»,»_id»:»XTGS3VLRKVFOZL2O4IOIYB35IM»,»additional_properties»:,»content»:»f) Garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos;»,»type»:»text»,»_id»:»J2ZTRTN5GFCFDCZM7VVNY5VQEA»,»additional_properties»:,»content»:»g) Modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico a fin de lograr un mejor cumplimiento de las funciones asignadas. Para la reorganización del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, creado por la ley 15.336, se deberá considerar su funcionamiento como organismo asesor de consulta no vinculante de la autoridad de aplicación a los fines del desarrollo de la infraestructura eléctrica de jurisdicción nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»VP5NVEYE5VEYNBXFUTHYXUM2OE»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo VI«,»type»:»text»,»_id»:»DMV2ECBTVNAEBHOSJJ7M2PKPAY»,»additional_properties»:,»content»:»Legislación ambiental uniforme conforme la ley 27.007«,»type»:»text»,»_id»:»FF5S2QIR6BE4PGVIKFHYZXGFJY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 161.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la ley 27.007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.»,»type»:»text»,»_id»:»YRDBRA7BCRHYBBFYRXAY7YGK2Q»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO VII«,»type»:»text»,»_id»:»SCMWAM4LAFERTCSGDVZYC2EOGQ»,»additional_properties»:,»content»:»RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)«,»type»:»text»,»_id»:»UNHH5TTDPRE4DCBLKDHLECG6RU»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo I«,»type»:»text»,»_id»:»WDKUZIQADJCPFJFSL4TUGOJEAE»,»additional_properties»:,»content»:»Creación y ámbito de aplicación.«,»type»:»text»,»_id»:»NJ2H6G6EPBBW7AWAOWFKD3OXS4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 162.- Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por el que se establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo.»,»type»:»text»,»_id»:»6L4BCOCLOJFQ3H7ZCVPGB4OXQI»,»additional_properties»:,»content»:»El RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y regirá con los alcances y limitaciones establecidas en el presente título y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»BPFOU7QXGVFSVC4WCJCPNW4DUM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 163.- Declárese, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “Grandes Inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.»,»type»:»text»,»_id»:»VPSCKD6SBFFU3PVBECJKRQUK2A»,»additional_properties»:,»content»:»Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»GMA4M5DBWZGGXJLAMWY373FCTU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 164.- Los objetivos prioritarios del RIGI son indistintamente los siguientes:»,»type»:»text»,»_id»:»3LHFLRDEGJBJLARVW7SKNE4Z6U»,»additional_properties»:,»content»:»a) Incentivar las “Grandes Inversiones” nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país;»,»type»:»text»,»_id»:»JYJY53BGLJAG5HULIY7LQJVPWQ»,»additional_properties»:,»content»:»b) Promover el desarrollo económico;»,»type»:»text»,»_id»:»XRH4HLRRTVFUTM5W5AU33IF5UM»,»additional_properties»:,»content»:»c) Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos;»,»type»:»text»,»_id»:»GPAMNLVDQBBHHCN3GKBKKPS5EE»,»additional_properties»:,»content»:»d) Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»D24GWIOUQ5DTNGMYMFZWEICHAM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Favorecer la creación de empleo;»,»type»:»text»,»_id»:»XHIN7FQCMNHKBMNVHNN3XJQTLE»,»additional_properties»:,»content»:»f) Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse;»,»type»:»text»,»_id»:»BJ22XBM4K5CWRFM5HDCQHJLGMY»,»additional_properties»:,»content»:»g) Crear para las “Grandes Inversiones” que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»IFEN7BJ6E5CMJNMENL7I2AYCRQ»,»additional_properties»:,»content»:»h) Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y»,»type»:»text»,»_id»:»YD5I6ATLIFFSFJSM3ZR5D25TMM»,»additional_properties»:,»content»:»i) Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»WH7SZ6TFF5AGJK4HTCE3QVASDU»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo II«,»type»:»text»,»_id»:»VHLWTVHNJFFY5NU6RMJCZJXTJI»,»additional_properties»:,»content»:»Plazo. Sujetos habilitados«,»type»:»text»,»_id»:»CS6GBBV6NVDYFAUAJWC4ECG3EI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 165.- El RIGI resultará aplicable a las “Grandes Inversiones” en proyectos de foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología que cumplan con los requisitos previstos en el presente título.»,»type»:»text»,»_id»:»NEDWYG4KXBBT7ERRBAT4XZMVFA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 166.- El plazo para adherirse al RIGI será de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»STBVYK6IVJDPLC7GCVATWGINHU»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta un (1) año a contar desde el vencimiento del plazo anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»PCPKJOASSFHVNLTKNZBU4V3O6M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 167.- Podrán solicitar su adhesión al RIGI los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como “Gran Inversión”.»,»type»:»text»,»_id»:»M2ILXI4G6BDDXCJWDVMHJHPACM»,»additional_properties»:,»content»:»Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.»,»type»:»text»,»_id»:»FP7BZQFJVVHCFNMS243J77PKI4″,»additional_properties»:,»content»:»Serán considerados VPU los siguientes entes:»,»type»:»text»,»_id»:»TZUZJ7OERRG4LJAN6EJ2FCMWYY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada;»,»type»:»text»,»_id»:»VV4AKYZYB5BJDDHGUN3YSGWF34″,»additional_properties»:,»content»:»b) Las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades;»,»type»:»text»,»_id»:»LNE6VVNPTRB4DCPXSKCXSIG4JY»,»additional_properties»:,»content»:»c) Las Sucursales Dedicadas previstas en el artículo 168 de la presente ley; y»,»type»:»text»,»_id»:»VGVPFZNDNFCMPJD2QMY4OYFXNU»,»additional_properties»:,»content»:»d) Las uniones transitorias y otros contratos asociativos.»,»type»:»text»,»_id»:»K2TPXQKB2ZFPPE3OPTZQD3YDJU»,»additional_properties»:,»content»:»Los titulares de concesiones relativas a la ejecución y/o explotación de obras de infraestructura y/o prestación, operación y/o administración de servicios, que se presten en competencia con otros concesionarios, operadores o prestadores a nivel local o regional, podrán adherirse al RIGI si: (i) presentan un plan de inversión que califique como Grandes Inversiones bajo este régimen y (ii) satisfacen los restantes requisitos y condiciones para su inclusión en el RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»VXC35WNV45BETEWUA4RS7O56MA»,»additional_properties»:,»content»:»Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 188 de la presente Ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI. Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino.»,»type»:»text»,»_id»:»QPVXUHSTHRB6DALBRSKMHNJGEA»,»additional_properties»:,»content»:»A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»MFS367Y47RECNKBHO4PYJNL62M»,»additional_properties»:,»content»:»Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por Contador Público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 188, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.»,»type»:»text»,»_id»:»4B23WOSIHNEZDGUEGLIBPW5QYM»,»additional_properties»:,»content»:»Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 188, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.»,»type»:»text»,»_id»:»KVRPHU5RSNAIHHYJCXAR77Y4KI»,»additional_properties»:,»content»:»El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 209 -excluido su inciso “f)”, conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 211.»,»type»:»text»,»_id»:»74OH5R6XQRGIHMI6ZHTLRCPBA4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 168.- En los casos en los que una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero desee adherir al RIGI y desarrolle una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión, o posea uno (1) o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrá optar, al sólo efecto de su adhesión, por establecer una sucursal que deberá cumplir con los siguientes requisitos:»,»type»:»text»,»_id»:»Y45TXHSALVEF5KEJO5W77QH6YU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Estar inscripta en el Registro Público que corresponda a su lugar de asiento;»,»type»:»text»,»_id»:»TRQB3D7MMBAC3LS2PFS4SGFWHE»,»additional_properties»:,»content»:»b) Obtener una Clave Única de Identificación Tributaria e inscribirse en los tributos correspondientes a las actividades que desarrolle, en forma independiente a la sociedad a la cual pertenece;»,»type»:»text»,»_id»:»YQLSP5AOXRDUHPYFAQJPXMOJV4″,»additional_properties»:,»content»:»c) Tener un capital asignado;»,»type»:»text»,»_id»:»NDYA4G4NL5GO3OMFAZNJJFLJSI»,»additional_properties»:,»content»:»d) Tener designado como su único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se solicitará la inclusión en el RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»J7KRK44WL5BLBLFVNKEWQ5RMB4″,»additional_properties»:,»content»:»e) Tener asignados únicamente los activos, pasivos y personal que serán afectados a dicho proyecto de inversión;»,»type»:»text»,»_id»:»L2JN3KBXQBF6PLMNPMQHQPQGRA»,»additional_properties»:,»content»:»f) Llevar contabilidad separada a la sociedad a la cual pertenece.»,»type»:»text»,»_id»:»IMR3W43G75E5JJE6PXZ7HGYDIA»,»additional_properties»:,»content»:»La adhesión al RIGI y los incentivos incluidos en el mismo únicamente resultarán aplicables con relación a dicha sucursal.»,»type»:»text»,»_id»:»35OW2CAWMZCYDAOXJB52YIXZQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 169.- No podrán solicitar su inclusión en el RIGI quienes, a la fecha de adhesión y/o a la fecha en la cual la autoridad de aplicación deba resolver la aprobación del plan de inversión conforme lo establecido en el artículo 175 de esta ley, conformen e integren un VPU y se encuentren incluidos en uno o más de los siguientes supuestos:»,»type»:»text»,»_id»:»RRR6QM7MMFG4NNW6ETRM6CENC4″,»additional_properties»:,»content»:»a) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, por cualquier tipo de delito en virtud de la ley 27.401, o cuyos socios o accionistas se encuentren en dicha situación;»,»type»:»text»,»_id»:»6VLBIEMBXJGSBPCIWQA7MV37HM»,»additional_properties»:,»content»:»b) Los declarados en estado de quiebra, en los términos de las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificatorias, según corresponda;»,»type»:»text»,»_id»:»JKETU5IYDBFTRE7KLKOQ2A2S24″,»additional_properties»:,»content»:»c) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el»,»type»:»text»,»_id»:»LSOLYANOYRCJXCCCX3GKOUUHAU»,»additional_properties»:,»content»:»Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda;»,»type»:»text»,»_id»:»VYYPIFIWQZD45AP7PI2Q5EZU3Q»,»additional_properties»:,»content»:»d) Quienes registren deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional;»,»type»:»text»,»_id»:»BPM4DBRHCBE6PCS66FGFWCWJXM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, representantes legales, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda.»,»type»:»text»,»_id»:»TY4HJHW2HFDMXIQJBHZHTPNALU»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo III«,»type»:»text»,»_id»:»H36NIA3ZNFDKRDJNK5JOXSPENQ»,»additional_properties»:,»content»:»Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI. Plan de inversión.«,»type»:»text»,»_id»:»6QHGVD6K3REVLAHPVQGKUAHCQM»,»additional_properties»:,»content»:»Procedimientos y efectos«,»type»:»text»,»_id»:»IJNODYHQWFDBLIMMKYLDO2HPMM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 170.- A los efectos del presente, serán considerados “Grandes Inversiones” los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones:»,»type»:»text»,»_id»:»MZKRYVQXJBBLHNICDGKLFIV6PY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Involucrar un monto de inversión por proyecto en activos computables igual o superior al monto mínimo de inversión previsto en el primer párrafo del artículo 171, debiendo completarse dicho monto mínimo de inversión antes de la fecha límite indicada en el plan de inversión; y»,»type»:»text»,»_id»:»K2J3IBFYARCVXMBZCA2UUGBH4M»,»additional_properties»:,»content»:»b) Prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la prevista en el segundo párrafo del artículo 171.»,»type»:»text»,»_id»:»BLGD3HXNVJDFZBH26IKJ3R5X5Y»,»additional_properties»:,»content»:»Asimismo, para contar con las garantías del presente régimen, las inversiones deberán tener un carácter de largo plazo. Serán consideradas de largo plazo en tanto tengan un cociente no mayor al treinta por ciento (30%) entre, por un lado, el valor presente del flujo neto de caja esperado, excluidas inversiones, durante los primeros tres»,»type»:»text»,»_id»:»YX7CFBFOBJHG3EUNXM5YP545QM»,»additional_properties»:,»content»:»(3) años a partir del primer desembolso de capital y, por otro lado, el valor presente neto de las inversiones de capital planeadas durante ese mismo período. La autoridad de aplicación podrá modificar este cociente, simultáneamente para todos los sectores involucrados, siempre que con dicha modificación el régimen mantenga el propósito de dar garantías de estabilidad solamente a inversiones de larga maduración.»,»type»:»text»,»_id»:»AWGY6QRCMJGGZH4IJFQV2D3PYE»,»additional_properties»:,»content»:»Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no cuente con participación relevante, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación y que involucren desembolsos de capital en etapas sucesivas cuya inversión mínima en activos computables por etapa sea igual o superior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), podrán ser calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo por la autoridad de aplicación en oportunidad de su aprobación, y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas reglamentarias.»,»type»:»text»,»_id»:»37Q42VAXCJHORBKYJAP2HOSF6E»,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación podrá establecer condiciones diferenciales en lo que hace a los requisitos de los proyectos calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo en función de sus particularidades.»,»type»:»text»,»_id»:»IYDGKANDXJH6XFN7YLPMHS26FQ»,»additional_properties»:,»content»:»Resultan requisitos esenciales para la calificación y permanencia en el RIGI el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente título, así como el de las que se establezcan por vía reglamentaria.»,»type»:»text»,»_id»:»5P23DYAKEBAGHOA2PZ5BHR72DY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 171.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.»,»type»:»text»,»_id»:»BNVTW6VG3VAJPIJXOQWHXL7JBM»,»additional_properties»:,»content»:»A efectos de lo previsto en el inciso b) del artículo 170, el Poder Ejecutivo nacional establecerá el porcentaje del monto mínimo de inversión referido en el párrafo anterior, que deberá completarse durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.»,»type»:»text»,»_id»:»5NU7QPT7DRHWDHLBVNT72VJQXQ»,»additional_properties»:,»content»:»Dicho porcentaje podrá ser distinto para cada uno de los dos (2) primeros años, pero deberá ser suficiente para alcanzar al cabo de esos dos (2) primeros años, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto mínimo de inversión como condición de permanencia en el RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»7YUD2H6YI5FFFAAVTRMLJHMGAU»,»additional_properties»:,»content»:»Excepcionalmente, y sin afectación de la garantía de igualdad ante la ley, cuando medien circunstancias particulares o especiales y aplicables a un determinado sector, subsector o etapa productiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el referido porcentaje del cuarenta por ciento (40%) a ser cumplido dentro de los dos (2) primeros años. Bajo ninguna circunstancia dicha reducción podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto mínimo de inversión.»,»type»:»text»,»_id»:»XUCBMQFDWZHGZDD5PIOVDLCA7M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 172.- A los efectos de lo previsto en los artículos 170 y 171, se considerarán inversiones en activos computables todas aquellas que se realicen a partir de la entrada en vigencia del RIGI y estén destinadas a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades incluidas en el RIGI, para el desarrollo de un proyecto de titularidad de un VPU adherido, excluidos los activos financieros y/o de portafolio y los bienes de cambio.»,»type»:»text»,»_id»:»XN5YC7I52VB25OWWSPWHMT52TU»,»additional_properties»:,»content»:»La adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias podrán considerarse como activos computables en tanto se cumplan las siguientes condiciones:»,»type»:»text»,»_id»:»4FRSEUMML5BQPNWUYF55AYP5AM»,»additional_properties»:,»content»:»a) Las sociedades adquiridas incluyan activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo; y»,»type»:»text»,»_id»:»7WTMJ2ISVNC7JO7DA7O75IRBKI»,»additional_properties»:,»content»:»b) La sociedad adquirida se fusione con el VPU dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días corridos. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la sociedad adquirida con relación a sus activos totales.»,»type»:»text»,»_id»:»FEKUWXJIFNBLPNLSR7UDIKD3J4″,»additional_properties»:,»content»:»También se considerará como inversiones en activos computables, aquellas realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del RIGI, e incluso antes de la adhesión del VPU al RIGI y que consistan en:»,»type»:»text»,»_id»:»FDVLMPKOQZDLNIRM5MTXGYE5GY»,»additional_properties»:,»content»:»(i) La adquisición por parte de inversores de las cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU, siempre que dicho VPU incluya activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la VPU adquirida con relación a sus activos totales;»,»type»:»text»,»_id»:»G6ZOHDK2WRFQNCIUHRGCQTI4B4″,»additional_properties»:,»content»:»(ii) La asignación de activos descriptos en el presente artículo a una Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) punto (iii) del artículo 193.»,»type»:»text»,»_id»:»3WKA6IPYKND55NS5GPHJZFRTUA»,»additional_properties»:,»content»:»A los efectos del cumplimiento del monto de inversión mínima previsto en el artículo 171, las inversiones en la adquisición o asignación de los activos que se indican a continuación sólo podrán computarse, en forma conjunta, hasta un máximo del quince por ciento (15%) de dicho monto de inversión mínima:»,»type»:»text»,»_id»:»XTNY575Z2ZBWZF4FZ7M5FFMLGA»,»additional_properties»:,»content»:»1. Los activos indicados en los párrafos segundo y tercero del presente artículo relativos a la adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU o los asignados a Sucursales Dedicadas.»,»type»:»text»,»_id»:»Q6KSOFTTOJFUDK4OLPWEXNF47Q»,»additional_properties»:,»content»:»2. Los bienes inmuebles.»,»type»:»text»,»_id»:»ZMK5ZWCNSJEONFJDOE6YZXMWMM»,»additional_properties»:,»content»:»3. Los derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles.»,»type»:»text»,»_id»:»36JP3CH7AZDDDCXFEC5UJFGHD4″,»additional_properties»:,»content»:»4. Las concesiones de explotación minera, de petróleo y gas.»,»type»:»text»,»_id»:»F3J2WLKADVARBPEISROCQNYFTA»,»additional_properties»:,»content»:»Sin perjuicio de la posibilidad de computar como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión un porcentaje de la adquisición o asignación de los referidos activos ocurrida con anterioridad a la adhesión del VPU al RIGI, el derecho al efectivo goce del RIGI y el cómputo de parte de la referida adquisición a los efectos del cumplimiento de parte del monto mínimo de inversión estará condicionado y sujeto a la previa adhesión del VPU al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»WYXP34CDK5GWJPMRNESPMT2E5U»,»additional_properties»:,»content»:»La adquisición de un VPU con anterioridad a la adhesión del mismo al RIGI, con miras a calificar o a eventualmente computar parte de dicha adquisición como cumplimiento del monto mínimo de inversión a partir de la entrada en vigencia del RIGI, no brindará ningún derecho con anterioridad a la efectiva adhesión de dicho VPU al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»KLIHAEG2LNA2RLYE52V4A3P36A»,»additional_properties»:,»content»:»Todos los activos incorporados a la ejecución del proyecto de inversión, con independencia de que sean considerados o no como inversiones en activos computables en los términos del presente artículo, y cualquiera sea la forma de contratación en que hayan sido incorporados, incluyendo, pero sin limitarse a los contratos de locación, chárter marítimo, leasing o cualquier otra modalidad, resultan alcanzados por los incentivos, derechos y garantías previstos en el presente régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»DVUVYFLJDRBA3BAQQMZR4PPSS4″,»additional_properties»:,»content»:»De manera excepcional y a solicitud de un VPU en oportunidad de la presentación de solicitud de adhesión, la autoridad de aplicación podrá, en atención al riesgo asumido por el inversor, autorizar que los montos destinados a la cancelación de las obligaciones asumidas en contrataciones de servicios esenciales para el proyecto y sin los cuales el mismo no podría ejecutarse, puedan computarse como cumplimiento del monto mínimo de inversión por hasta un máximo que no exceda un veinte por ciento (20%) de dicho monto mínimo de inversión.»,»type»:»text»,»_id»:»QNZLZP35P5BMLIAENW22SWH6CI»,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación resolverá el otorgamiento de esta excepción en el mismo acto administrativo en el que decida sobre la solicitud de adhesión. En estos casos el solicitante deberá aclarar en la solicitud de adhesión, si la factibilidad de cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido por el RIGI necesariamente depende y se encuentra condicionado al otorgamiento de esta excepción. En ningún caso podrán computarse contrataciones o servicios que no resulten esenciales para la viabilidad y/o ejecución del proyecto.»,»type»:»text»,»_id»:»4XIY2HIATZHPTPJWNDK6TJ5R7Q»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 173.- A efectos de adherir al RIGI y adquirir los derechos y beneficios que se establecen en dicho régimen, los VPU deberán:»,»type»:»text»,»_id»:»FP6QLK6EVVBDXKQKQDUEWL4LHY»,»additional_properties»:,»content»:»a) Presentar la solicitud de adhesión y un plan de inversión en los términos y condiciones previstos en el artículo 174; y»,»type»:»text»,»_id»:»ZD2F7Q7WNVFBBNGPS2AVM32VOE»,»additional_properties»:,»content»:»b) Obtener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.»,»type»:»text»,»_id»:»WMKFBV6C6VCJDCAJQIOR3L3GVU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 174.- La solicitud de adhesión y el plan de inversión indicado en el artículo 173 deberán contener como mínimo lo siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»Y5A7OJPCCJGSHLFMMHBCRTTKPE»,»additional_properties»:,»content»:»a) Descripción del proyecto objeto del plan de inversión, la ubicación del proyecto y el sector al que corresponde;»,»type»:»text»,»_id»:»5UOVBISUSBF7HLAEAEBZ2EHMJY»,»additional_properties»:,»content»:»b) Datos societarios del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»C7SD3MI5TVCU3FOOMMPE4UPVB4″,»additional_properties»:,»content»:»c) Constitución de domicilio a los efectos de las notificaciones y designación de la persona o representante para tratar cuestiones del proyecto con la autoridad de aplicación, a efectos de lo cual deberán incluirse sus datos de contacto. Cualquier modificación deberá informarse y actualizarse dentro de los treinta (30) días hábiles de producida;»,»type»:»text»,»_id»:»O6YTPXQ7DNHN5IYAEMSKVEB4WU»,»additional_properties»:,»content»:»d) Monto de la inversión total del proyecto en activos computables, especificando los montos involucrados en el inicio, construcción, operación y cierre del proyecto, y detallando los rubros y conceptos de inversión proyectados, el que deberá ser igual o superior al monto mínimo de inversión previsto por sector incluido. Asimismo, se deberá especificar, en caso de que corresponda, el monto del quince por ciento (15%) de la adquisición o asignación de activos realizada desde la entrada en vigencia del RIGI pero con anterioridad a la adhesión por parte del VPU al RIGI, a ser computada como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión, de conformidad con lo previsto en los párrafos segundo a quinto del artículo 172;»,»type»:»text»,»_id»:»PYOTZJRNUJEARFTGU2I6R4UCJM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Rubros principales a los que se destinaría la inversión en activos computables con los costos de capital y operación debidamente discriminados y, asimismo, discriminando las inversiones en los activos previstos en el párrafo cuarto del artículo 172;»,»type»:»text»,»_id»:»EFTVTDZBGRD2BBBV27CYTUTBOE»,»additional_properties»:,»content»:»f) Cronograma estimado de la inversión total en el proyecto (con descripción si correspondiera del plazo de obra o construcción, fecha estimada de puesta en marcha, y vida útil del proyecto);»,»type»:»text»,»_id»:»IOQUQDFXLRBKLCEDACCDLLKSR4″,»additional_properties»:,»content»:»g) Monto de la inversión en activos computables que se realizará durante el primer y segundo año contados desde la notificación del acto administrativo de aprobación de la adhesión al RIGI y del plan de inversión, que no podrá ser inferior al porcentaje del monto mínimo de inversión definido según sector que establezca el Poder Ejecutivo nacional por reglamentación;»,»type»:»text»,»_id»:»FDF7FKA2JVEWRBXSGNXABJSFOI»,»additional_properties»:,»content»:»h) Declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local;»,»type»:»text»,»_id»:»ADPERRMK5VBZ7BOQPYKDGI3N24″,»additional_properties»:,»content»:»i) Fecha límite a propuesta del VPU, antes de la cual se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto de inversión mínima en activos computables previsto en el artículo 171 y definido por sector;»,»type»:»text»,»_id»:»I6URRVSLT5HRBOHBD7IKUC7KII»,»additional_properties»:,»content»:»j) Descripción de la fuente o modo de financiamiento del monto de la inversión. En todos los casos el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»HGZGWQIGOFDENGGJHN5L4T4C5A»,»additional_properties»:,»content»:»k) Empleo directo e indirecto, con integración local estimada;»,»type»:»text»,»_id»:»LEPZBZ55EFB6JO5CV5GEW6NNGA»,»additional_properties»:,»content»:»l) Plan de desarrollo de proveedores»,»type»:»text»,»_id»:»3P42UI35UJBADGAFA2G7EYWO3A»,»additional_properties»:,»content»:»;»,»type»:»text»,»_id»:»IOVCKKMHARDEBPGTNM24R3FSZE»,»additional_properties»:,»content»:»m) Estimado de producción y, de corresponder, monto estimado de exportaciones con cronograma proyectado hasta fin de vida útil;»,»type»:»text»,»_id»:»FXBZUO4VAFGFVJ5BCW4QQ5FI2U»,»additional_properties»:,»content»:»n) Balance comercial y de flujos de divisas del proyecto para los primeros tres (3) años desde la fecha de aprobación del plan de inversión;»,»type»:»text»,»_id»:»AI6HWCYAMVBUTPBBBXEAQL7IOM»,»additional_properties»:,»content»:»o) Declaración con respecto a la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto de inversión del que surja evidencia razonable con respecto a su factibilidad, incluyendo matriz de riesgos, plan de mitigación e informe de evaluador económico-financiero independiente;»,»type»:»text»,»_id»:»4XTP4OIKANADTO72ZRNYPHG74E»,»additional_properties»:,»content»:»p) Descripción de los permisos y habilitaciones obtenidos por el VPU necesarios para el desarrollo del plan de inversión y aquellos pendientes de obtención, de conformidad con la ley sustantiva aplicable según el sector de actividad del VPU. Deberá indicarse, asimismo, el tipo de habilitación y/o permiso, jurisdicción y autoridad competente a su cargo y, en caso de habilitaciones y/o permisos pendientes de obtención, estado del trámite y fecha aproximada de otorgamiento; y»,»type»:»text»,»_id»:»PP754Q6LZVCMBIO7PTQE5IT27Y»,»additional_properties»:,»content»:»q) Firma de representante legal del VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»J3CT32IV5NFC3KCZDLLBZZW52Q»,»additional_properties»:,»content»:»La información referida y presentada por el VPU en cumplimiento del presente artículo será al solo efecto de evaluar la solicitud de adhesión al RIGI. Cualquier modificación de lo informado deberá ser notificada dentro de los treinta (30) días hábiles de conocida la modificación por parte del VPU. Ello sin perjuicio de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 178 de la presente.»,»type»:»text»,»_id»:»ZDUZ2MZYYRARFLXHP7NB43XQKM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 175.- Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco»,»type»:»text»,»_id»:»V2IVBOGK4RCBRLFERVAN7ATJPM»,»additional_properties»:,»content»:»(45) días antes referido es esencial e improrrogable. El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión.»,»type»:»text»,»_id»:»QE66FE6ZCBC6PDWK27BRLENV4U»,»additional_properties»:,»content»:»El incumplimiento de los plazos previstos en el párrafo anterior podrá acarrear responsabilidad para la administración. Cualquiera sea el estado del procedimiento, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre la aprobación o rechazo dentro del referido plazo.»,»type»:»text»,»_id»:»LXJ4SSHWDZAJTL2NUAUMR4A22Y»,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación podrá, por una única vez y dentro de los quince (15) días corridos de presentada la solicitud de adhesión y el plan de inversión, solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU. El plazo previsto en el primer párrafo del presente se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.»,»type»:»text»,»_id»:»R7HTMITYHBFA7BGYGPUI5VLMPA»,»additional_properties»:,»content»:»La decisión sobre la aprobación o el rechazo por parte de la autoridad de aplicación se basará en la información incluida en la solicitud de adhesión, en el plan de inversión y de la evaluación que la autoridad de aplicación realice en los términos previstos en la presente ley. La decisión al respecto no será discrecional y respetará la garantía de igualdad ante la ley de todos los solicitantes, respetándose uniformidad y coherencia en los criterios de otorgamiento.»,»type»:»text»,»_id»:»OI5O2BGI2BEMJKDF5PXX6XAN6M»,»additional_properties»:,»content»:»En los casos en que medie rechazo, el acto administrativo deberá incluir de manera expresa y clara las razones en virtud de las cuales se funda dicho rechazo las que únicamente podrán consistir en las siguientes:»,»type»:»text»,»_id»:»4U5HNTU2JBGQ5B7G6KW7ZHHRGU»,»additional_properties»:,»content»:»a) El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la presente ley;»,»type»:»text»,»_id»:»SQAGKV2PE5GUTJYQZU6EDXIKDI»,»additional_properties»:,»content»:»b) No alcanzar el monto de inversión mínima requerido;»,»type»:»text»,»_id»:»C4LZ73YPJBA2ZC6KFV7X7KQW5I»,»additional_properties»:,»content»:»c) Un excesivo e injustificado plazo propuesto como fecha límite para cumplir con el monto de inversión mínima en activos computables;»,»type»:»text»,»_id»:»FL6JTYY34FFEDABEDEHJVTN3WA»,»additional_properties»:,»content»:»d) Un monto de inversión en activos computables inferior al requerido como inversión mínima durante el primer y segundo año posteriores a la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación del plan de la adhesión al RIGI y del plan de inversión;»,»type»:»text»,»_id»:»QGIPP2YYQ5GWZLS2R4H25FJ3BM»,»additional_properties»:,»content»:»e) La falta de información adecuada o esencial en el plan de inversión;»,»type»:»text»,»_id»:»NNAZOAKWW5FPZDTJFNRKIREXL4″,»additional_properties»:,»content»:»f) La ausencia de permisos relevantes o esenciales para la ejecución del plan de inversión y/o la incertidumbre o largo plazo para su obtención que pudieran hacer peligrar la factibilidad del proyecto en los tiempos propuestos;»,»type»:»text»,»_id»:»QXBCFXQJA5G5HJBDVCCOHQA6PU»,»additional_properties»:,»content»:»g) Una clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento al plan de inversión de la manera planteada por el VPU a criterio de la autoridad de aplicación, sea en términos de factibilidad técnica, económica y/o financiera; y/o»,»type»:»text»,»_id»:»B2JGCLJG7RC7VPAXYY76X4UGSI»,»additional_properties»:,»content»:»h) La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local.»,»type»:»text»,»_id»:»55PCJNAUOBCBNP5VSDEUPWZ2WI»,»additional_properties»:,»content»:»El rechazo de la solicitud de adhesión al RIGI no podrá ser recurrido. Sin embargo, el VPU tendrá derecho a presentar un nuevo plan de inversión respecto del mismo proyecto y someterlo nuevamente a consideración de la autoridad de aplicación hasta dos (2) veces más dentro del mismo año calendario. El acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión indicará de manera expresa lo siguiente:»,»type»:»text»,»_id»:»7EWLZUB35ZCYXOHGJKZDRNDBHE»,»additional_properties»:,»content»:»(i) La fecha de adhesión al RIGI, la que se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de adhesión o de presentación de la información complementaria que permitió la aprobación;»,»type»:»text»,»_id»:»5ATMA42TPBHEVNJBFQKRV4TZCQ»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) Los montos que deberán cumplirse en cada uno de los primeros dos (2) años contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que apruebe la adhesión al RIGI; y»,»type»:»text»,»_id»:»H7ZT2GJNRVA3FALOA67VY6FDDU»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) La fecha límite para cumplimiento del monto de inversión mínima en activos computables según lo propuesto por el VPU en el plan de inversión aprobado.»,»type»:»text»,»_id»:»2ZVIV67EXZATVJU2NKA3GKO4AE»,»additional_properties»:,»content»:»El acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión implicará que el VPU se encuentra adherido al RIGI, que se ha aprobado el plan de inversión presentado y que el proyecto objeto de adquisición, construcción, explotación y/o desarrollo por parte del VPU es un proyecto adherido al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»LCPOYPBTAZFOJFVD3PCNXJI3I4″,»additional_properties»:,»content»:»Emitido el acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión, se considerará que la fecha de adhesión al RIGI, y de adquisición de los derechos, es la fecha de la presentación original de la solicitud de adhesión por parte del VPU o la fecha posterior en la que el VPU hubiese completado a satisfacción de la autoridad de aplicación su solicitud de adhesión original con la información aclaratoria y/o complementaria solicitada por la autoridad de aplicación, lo que suceda último.»,»type»:»text»,»_id»:»REXAK4FOJ5EIFA7FMIECCFDULQ»,»additional_properties»:,»content»:»La fecha de adhesión será considerada como la fecha de adquisición de los derechos bajo el RIGI tanto para el proyecto como para el VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»CZIZBHPXMZEQJKIKGELLXC72AE»,»additional_properties»:,»content»:»La fecha de notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la adhesión al RIGI y del plan de inversión será considerada como la fecha de asunción por parte del VPU de los compromisos y requisitos de cumplimiento esencial previstos en el RIGI para la permanencia en el régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»UZ2NBMR7PVGSTGTETGHKGEQCNE»,»additional_properties»:,»content»:»El acto administrativo aprobatorio del plan de inversión de determinado proyecto será constitutivo de los derechos que surgen del RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»2ATTAGF5CNDVPDMMQULEM5WM2A»,»additional_properties»:,»content»:»Emitido el acto administrativo aprobatorio la autoridad de aplicación procederá a:»,»type»:»text»,»_id»:»6FKYBBF33RBMZJ3MLQQDYT57Q4″,»additional_properties»:,»content»:»1. Emitir como constancia de adhesión al RIGI y a efectos meramente declarativos el “Certificado de Adhesión del Proyecto al RIGI” que acreditará el derecho a gozar de los incentivos bajo el RIGI. El acto aprobatorio de la solicitud de adhesión y dicho certificado serán notificados al VPU en el domicilio constituido en oportunidad de presentar el plan de inversión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores y siguientes al de su emisión;»,»type»:»text»,»_id»:»B4WVKQSL5NBJPNY636IBWYSBWU»,»additional_properties»:,»content»:»2. Informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles genere una CUIT especial a los efectos del RIGI para el VPU a la que se le agregará al final del número la sigla “RIGI”; y»,»type»:»text»,»_id»:»2RGBFEBNRBDVBLO6LSXHEZGMJ4″,»additional_properties»:,»content»:»3. Informar a la autoridad competente en materia cambiaria (Banco Central de la República Argentina -o quien la reemplace-) a fin de que aplique al VPU los incentivos previstos en el presente en materia cambiaria.»,»type»:»text»,»_id»:»DPKH2JVXUVFSBJKA2V42WOU25I»,»additional_properties»:,»content»:»En el caso del cuarto párrafo del artículo 167, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación, se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable.»,»type»:»text»,»_id»:»YQL3HBQ5WRCG5MJ3SMTQGJIXKU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 176.- La adhesión al RIGI implicará para el VPU:»,»type»:»text»,»_id»:»F7O7UTIACFEKPPGCKYNCJLSY4Y»,»additional_properties»:,»content»:»a) Desde la fecha de adhesión al RIGI, la adquisición de los derechos previstos en el RIGI exclusivamente respecto del proyecto objeto del plan de inversión propuesto por el VPU y aprobado por la autoridad de aplicación;»,»type»:»text»,»_id»:»QE4NYOTKTVA3NAINYCUETPUNBQ»,»additional_properties»:,»content»:»b) Desde la notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión que incluye el plan de inversión, la asunción de obligaciones de manera irrevocable para la permanencia en el régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»OB55B3TNZ5HZVHRADL75QJXRYQ»,»additional_properties»:,»content»:»Desde la fecha de adhesión al RIGI inclusive, el VPU gozará de un derecho adquirido asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos en los capítulos IV, V, VI y X del presente título, y demás derechos resultantes del RIGI, que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior y que tendrá la estabilidad prevista en el presente RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»LH4WMO2UCNGWXJMEB46IGZB434″,»additional_properties»:,»content»:»El VPU gozará de los derechos, garantías e incentivos previstos en el RIGI, en la medida en que no se incurra en alguna de las causales de cese de conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la presente ley. Adicionalmente, gozará de la garantía de estabilidad prevista en el capítulo VI del presente título por un plazo de treinta (30) años contados desde la fecha de adhesión.»,»type»:»text»,»_id»:»GTR2FMPAOVE4NEZBPAC6JPHAWM»,»additional_properties»:,»content»:»La aprobación de la solicitud de adhesión, que incluye el plan de inversión genera en todos los casos para el VPU la obligación de cumplir con los compromisos previstos en los incisos a) y b) del artículo 170 como condición para la permanencia en el RIGI, quedando sujeto a las sanciones que le pudiera corresponder en caso de goce indebido del RIGI los beneficios conforme lo previsto en el capítulo VIII de este título.»,»type»:»text»,»_id»:»WMEAQ3443BBUZG74JCC23YPPPI»,»additional_properties»:,»content»:»Los incentivos sólo podrán ser utilizados por parte del VPU exclusivamente respecto del proyecto adherido. El VPU no podrá ser titular ni desarrollar otras actividades o proyectos distintos del proyecto adherido. Sin perjuicio de ello, se podrán fusionar VPUs y/o adquirir proyectos ya adheridos a fin de conformar un único proyecto adherido.»,»type»:»text»,»_id»:»H7FHKHRFWFCO3NXEYTT2MJ54ME»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 177.- La autoridad de aplicación deberá hacer seguimiento y controlar:»,»type»:»text»,»_id»:»WCLB226SYVH3JHHSIRYKM2C2YM»,»additional_properties»:,»content»:»a) El cumplimiento del monto mínimo de inversión antes de la fecha límite;»,»type»:»text»,»_id»:»M2YCR7KQGFAULJZ27THYRWDQZE»,»additional_properties»:,»content»:»b) El cumplimiento de la inversión realizada dentro de los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»KUYYGA6YVFAGZBZI6RT2XEGF64″,»additional_properties»:,»content»:»c) El cumplimiento de las demás obligaciones que surgen del RIGI; y»,»type»:»text»,»_id»:»2LZ6FTQP3VDVJK37GPOXLFGISA»,»additional_properties»:,»content»:»d) La adecuada utilización de los incentivos por parte de los VPU respecto del proyecto adherido.»,»type»:»text»,»_id»:»JQK6KAGOYRDO7KFQBYRY2DMORQ»,»additional_properties»:,»content»:»Los activos que se hayan computado a efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión deberán permanecer afectados al proyecto adherido objeto del plan de inversión aprobado por el término de su vida útil o hasta el fin del plazo de estabilidad o el fin de la vida útil del proyecto adherido, o hasta la fecha en que medie permiso de la autoridad de aplicación para desafectarlo, lo que ocurra primero.»,»type»:»text»,»_id»:»2XJEIQYCWRCV7PQZWVVHC2ZD74″,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación podrá autorizar, a solicitud del VPU, la desafectación de activos para las operaciones de venta y reemplazo debidamente justificadas previstas en el inciso b) del artículo 181 en tanto el monto invertido en el reemplazo sea igual o mayor al obtenido por la venta.»,»type»:»text»,»_id»:»PWOIHKD6YFHZVPPZX4TED5VYZ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 178.- Con las limitaciones que surgen del último párrafo del artículo 176, el plan de inversión que hubiese sido aprobado en oportunidad de la aprobación de la solicitud de adhesión, podrá ser modificado por los VPU sin necesidad de previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación, debiendo, sin embargo, notificar la modificación a la autoridad de aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de decidida o conocida, debiendo además proceder a la actualización de la información presentada con carácter de declaración jurada conforme al artículo 174.»,»type»:»text»,»_id»:»YCGHW55NGVGAVNVFNGUD3DOWMQ»,»additional_properties»:,»content»:»Sin embargo, los siguientes aspectos del plan de inversión sólo podrán modificarse en los casos en que medie previa solicitud del VPU y autorización expresa y por escrito emitida por parte de la autoridad de aplicación:»,»type»:»text»,»_id»:»72BGSQT3IRHNTFXSLLCJ2F7FQE»,»additional_properties»:,»content»:»a) Reducción del monto a invertir durante los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI y/o prórroga de dichos plazos anuales para cumplir con el monto comprometido; y»,»type»:»text»,»_id»:»7VZVEFVDVZE5LJPQTEKGLWQLYM»,»additional_properties»:,»content»:»b) Extensión de la fecha límite antes de la cual debe alcanzarse el monto de inversión mínima.»,»type»:»text»,»_id»:»AUPZNR3HXZHHHBP34O4OSFYCYQ»,»additional_properties»:,»content»:»El rechazo a la solicitud de modificación será irrecurrible.»,»type»:»text»,»_id»:»N4YJCHGDTZAXVEQRK7JX6KCCQY»,»additional_properties»:,»content»:»La solicitud de modificación de plan de inversión en estos casos deberá ser realizada por el VPU con una antelación mínima de sesenta»,»type»:»text»,»_id»:»AMRXDJWNYBFTHKUVHT6IENVXZE»,»additional_properties»:,»content»:»(60) días corridos antes de su vencimiento, y deberá acreditar razones debidamente fundadas y ajenas a la voluntad y/u obrar del VPU que, a criterio de la autoridad de aplicación, justifiquen razonablemente el otorgamiento de lo solicitado.»,»type»:»text»,»_id»:»JOEUJA3EBVF47JRR2QVYJZYFFQ»,»additional_properties»:,»content»:»Las modificaciones, extensiones y/o ampliaciones de los planes de inversión informadas o aprobadas, según sea el caso, no alterarán los derechos adquiridos bajo el RIGI, salvo en aquellos supuestos en que se incurra en algunas de las causales de terminación, en los términos y condiciones previstos en el artículo 207 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»BZ5NX6U3TNH5RGJGAFB36SZMXA»,»additional_properties»:,»content»:»El VPU que tenga conocimiento cierto de la imposibilidad de cumplimiento de alguna de las condiciones y/o requisitos esenciales para la permanencia en el RIGI, deberá informarlo a la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de tomado dicho conocimiento.»,»type»:»text»,»_id»:»Z2QOH5GMFVEJPN4A6Y6JHD3J7Y»,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación deberá analizar la presentación y resolver sobre la permanencia o terminación del VPU en el RIGI, encontrándose facultada para, eventualmente, ordenar la modificación de las condiciones de inversión a efectos de prevenir y evitar un goce indebido de los incentivos otorgados al VPU que se encuentre en las condiciones descriptas en el párrafo anterior. El incumplimiento de esta obligación será causal del agravamiento de las sanciones previstas en el presente régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»UFYAOU6DEZG3BK2EPCNXGELJ4Y»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 179.- Como condición de la permanencia en el RIGI, el VPU asume el compromiso de cumplir con todas las condiciones y requisitos esenciales del presente régimen. Sin perjuicio de ello, se reconoce que la concreción y continuidad de dicho proyecto depende de una diversidad de factores cuyo control a veces resulta ajeno al VPU, y por ende el VPU podrá, en cualquier momento, ante la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomar la decisión de suspenderlo, reiniciarlo y/o cerrarlo en forma provisoria o definitiva, parcial o total, sin incurrir en responsabilidad bajo el presente, debiendo justificar razonablemente su decisión mediante notificación a la autoridad de aplicación, y suspendiendo sus obligaciones por igual plazo que dure la suspensión.»,»type»:»text»,»_id»:»MECFDWKTAFAWPDEXQVQ5UMJUHQ»,»additional_properties»:,»content»:»Durante el plazo en que dure la suspensión, el VPU se abstendrá de hacer uso de los incentivos que surgen del RIGI, pudiendo reanudar el ejercicio de sus derechos a partir del cese de los efectos de caso fortuito o fuerza mayor.»,»type»:»text»,»_id»:»VK236SXDSJGD7FB3WK2EQ7N4QI»,»additional_properties»:,»content»:»En la medida en que se produzca un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, se suspenderá el cumplimiento de las obligaciones que no puedan ser satisfechas durante el período en que se vea impedido dicho cumplimiento. El VPU afectado por el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor deberá comunicar dicha circunstancia a la autoridad de aplicación, por escrito, dentro de los quince (15) días de tomar conocimiento de su existencia, explicando si se trata de un supuesto de suspensión (con su duración estimada) o cierre parcial o definitivo. Dicha notificación deberá indicar la naturaleza del supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor y sus causas. Desaparecido el impedimento, el VPU afectado deberá retomar inmediatamente el cumplimiento de sus obligaciones y se reanudará el uso y goce de los incentivos.»,»type»:»text»,»_id»:»PXUB2A7E25BAZMSHPKKNNSGC4E»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 180.- La reglamentación establecerá las clases de garantías que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal relativo al otorgamiento de los incentivos tributarios y aduaneros a los VPU, específicamente relacionados con la utilización indebida de incentivos.»,»type»:»text»,»_id»:»YRX3YSS5RRARBHCH5N7PC7JTKY»,»additional_properties»:,»content»:»Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por la autoridad de aplicación, los VPU podrán optar por alguna de las formas siguientes:»,»type»:»text»,»_id»:»JBBUAASCARDBRC7VSJHWMVKXJA»,»additional_properties»:,»content»:»a) Depósito de dinero en efectivo;»,»type»:»text»,»_id»:»IPO3GJC4EJGPLKYR277GUGP6AM»,»additional_properties»:,»content»:»b) Depósito de títulos de la deuda pública, computados sus valores del modo que determinare la reglamentación;»,»type»:»text»,»_id»:»FG7IP6TZCRGOTFHVVWHDSJBU7I»,»additional_properties»:,»content»:»c) Garantía bancaria;»,»type»:»text»,»_id»:»XM2MWEDZG5A57LAQLMCBMJUTEE»,»additional_properties»:,»content»:»d) Seguro de garantía;»,»type»:»text»,»_id»:»AK3NVX5RHFDTVKJVWVFDG3NXTM»,»additional_properties»:,»content»:»e) Garantía real, en primer grado de privilegio, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del modo que determinare la reglamentación; y»,»type»:»text»,»_id»:»JAJ75QQQQVE27JONMUNGU5MPZQ»,»additional_properties»:,»content»:»f) Las demás que autorizare la reglamentación para los supuestos y en las condiciones que allí se establecieren.»,»type»:»text»,»_id»:»EZTT433XIJFGHCS3UWFPRQF2NY»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo IV«,»type»:»text»,»_id»:»RA5T74UMWNHTVIANX5WCJXKACY»,»additional_properties»:,»content»:»Incentivos tributarios y aduaneros«,»type»:»text»,»_id»:»XFIAGHAQ7ZE6HIOAFQHVYPJP2M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 181.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la»,»type»:»text»,»_id»:»3WPNJBUVVVD3DDAM24JOSPLZ4Q»,»additional_properties»:,»content»:»Ley de Impuesto a las Ganancias será entendida como la Ley de»,»type»:»text»,»_id»:»SOSJMIUKRBFF5KCPRKUKRCRFXI»,»additional_properties»:,»content»:»Impuesto a las Ganancias – texto ordenado en 2019 por el decreto 824/2019 y sus modificaciones – así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.»,»type»:»text»,»_id»:»TKWOVNX2SNHMZCXMMANWAHBP6Y»,»additional_properties»:,»content»:»Con relación al impuesto a las ganancias, los VPU adheridos al»,»type»:»text»,»_id»:»DOFEXGABRRDHDIZYVDDFAVPII4″,»additional_properties»:,»content»:»RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:»,»type»:»text»,»_id»:»QNJHV5RSBJDKVILO663C6U6FO4″,»additional_properties»:,»content»:»a) La alícuota prevista en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias será del veinticinco por ciento (25%) no resultando de aplicación sobre dichas utilidades la escala prevista en el inciso a) del artículo 73 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;»,»type»:»text»,»_id»:»YN4245BMENG2XFX3DW2NMYKCH4″,»additional_properties»:,»content»:»b) Los VPU podrán, para las inversiones que realicen, optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de afectación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los artículos 78, 87 y 88, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:»,»type»:»text»,»_id»:»6CD3GICRCFAQXHPL3FDR37TFNY»,»additional_properties»:,»content»:»(i) En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas;»,»type»:»text»,»_id»:»6IN6OBVYLRFDPBGTWOZQPJOYJM»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) En minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al sesenta por ciento (60%) de la estimada.»,»type»:»text»,»_id»:»MTSC363E5NEKTC4BLQESRIWLJQ»,»additional_properties»:,»content»:»El incentivo mencionado en el presente inciso resultará de aplicación en la medida en que el bien del cual se trate se encuentre habilitado, entendiéndose como tal cuando se encuentre apto para ser utilizado en el proyecto respectivo.»,»type»:»text»,»_id»:»22SMRRH735AXLMMWOPJDBU6VKU»,»additional_properties»:,»content»:»Para el caso de activos incorporados al VPU mediante los supuestos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 172, en el cual tales bienes u obras hayan sido habilitados en ejercicios fiscales anteriores a aquel en que se aprueba la solicitud de adhesión y el plan de inversión, el incentivo previsto en el primer párrafo del presente inciso podrá usufructuarse por el valor remanente no amortizado de los bienes u obras sujetos a beneficio.»,»type»:»text»,»_id»:»2RUYHHO75BDANG5HS4SVEYS22E»,»additional_properties»:,»content»:»Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la amortización especial prevista en el primer párrafo del presente inciso deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley del gravamen. Si la enajenación y reemplazo se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento previsto en este párrafo queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos en reemplazo permanezcan afectados a la ejecución del proyecto. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuesto resultantes más los intereses resarcitorios establecidos en el artículo 37 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder por aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del presente Título.»,»type»:»text»,»_id»:»FMLFHWSXKNADTEPSA73AKVHF64″,»additional_properties»:,»content»:»No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la proporción de las amortizaciones computadas en virtud del importe reinvertido que no se encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior;»,»type»:»text»,»_id»:»65P2SCAUUVDY5LKEBNJIDNXSQA»,»additional_properties»:,»content»:»c) El quebranto impositivo sufrido por los VPU en un período fiscal, que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período, podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal. Transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán transferirse a terceros. En el caso de Sucursales Dedicadas del artículo 168, transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán utilizarse para absorber ganancias gravadas de la sociedad a la cual pertenecen o transferirse a terceros. Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;»,»type»:»text»,»_id»:»DPUHXGPF3VAQZOTNIVONAWJS7U»,»additional_properties»:,»content»:»d) Las actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos, no resultando de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.»,»type»:»text»,»_id»:»LVVHT4KOR5EANKKAWOMEYJ7R5Q»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 182.- La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y las remesas de utilidades a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) del artículo 73 de dicha ley, proveniente de los VPU adheridos al RIGI, tributará a la alícuota del siete por ciento (7%).»,»type»:»text»,»_id»:»XXSRR3VVG5HHZLE3ANTECF3LAQ»,»additional_properties»:,»content»:»Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el párrafo precedente se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.»,»type»:»text»,»_id»:»MO2DOYHB7NDPJK4RR2JKI6WCJM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 183.- Una vez transcurrido un plazo de siete (7) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades referidos en el artículo precedente quedarán alcanzados por una alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%).»,»type»:»text»,»_id»:»DI67FKOETZEA7OOG2POKFI25KI»,»additional_properties»:,»content»:»Los pagos que los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo efectúen a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por las locaciones o chárter marítimos, por los servicios de transporte internacional destinado a exportaciones y por los servicios incluidos en contratos de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, se encontrarán exentos del Impuesto a las Ganancias.»,»type»:»text»,»_id»:»SZ6FMFB2VFBWJADXIX2DFBEWCI»,»additional_properties»:,»content»:»Cuando los VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica efectúen pagos no incluidos en el párrafo anterior a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario, el treinta por ciento (30%) de los importes pagados, excepto que exista una disposición que implique un tratamiento más favorable, en cuyo caso será de aplicación este último.»,»type»:»text»,»_id»:»LY4RWLWR6FBDJKA2YJYR4IDT6M»,»additional_properties»:,»content»:»A los fines de la retención a beneficiarios del exterior a realizar por VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica, en ningún caso será de aplicación el acrecentamiento de la ganancia contemplado en el artículo 227 del decreto reglamentario de dicha Ley de Impuestos a las Ganancias.»,»type»:»text»,»_id»:»TU5HIN7SEBG3NOVO2MSJBJKWHY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 184.- Las transacciones u operaciones que los VPU realicen con sus titulares, miembros o con entidades locales vinculadas a ellos se encontrarán sujetas a las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con excepción de lo previsto en su octavo párrafo.»,»type»:»text»,»_id»:»YUPPRXI27FHRTHE5QG24AGTYDY»,»additional_properties»:,»content»:»A los fines de determinar si los acuerdos de reparto o contribución de costos que celebren los VPU – incluidas las sucursales especiales – con sus titulares, miembros o con entidades locales o extranjeras vinculadas a ellos se consideran ajustados a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, el valor de las contribuciones o aportes efectuados por cada participante debe ajustarse al que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables, teniendo en cuenta la parte proporcional de los beneficios totales que razonablemente espera obtener del acuerdo.»,»type»:»text»,»_id»:»L44MU5KYXVD7BFERYGVZOQRERY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 185.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto al Valor Agregado será entendida como la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 por el decreto 280/1997 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.»,»type»:»text»,»_id»:»37EPZXA3JZFM5CTOQV3XZ5IOHQ»,»additional_properties»:,»content»:»Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:»,»type»:»text»,»_id»:»35QNZ2SL6BGFBNOKUVFGYX3QXE»,»additional_properties»:,»content»:»a) Cuando a los VPU se les hubiera facturado IVA (incluidas las respectivas percepciones) por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos esas compras o importaciones definitivas la alícuota a la que dichas operaciones han estado sujetas, los VPU podrán pagar el IVA (incluidas las percepciones) a sus proveedores, o a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el caso de importaciones de bienes, a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. Dichos bienes de uso u obras de infraestructura deberán cumplir con su afectación al proyecto prevista en el artículo 177 del presente;»,»type»:»text»,»_id»:»Y67KIKE62BBUNMDP7MKS3C4XPI»,»additional_properties»:,»content»:»b) Los Certificados de Crédito Fiscal tendrán para los proveedores el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En aquellos casos en los que el proveedor solicite la devolución o transferencia a terceros de saldos que tengan origen en Certificados de Crédito Fiscal, y la Administración Federal de Ingresos Públicos no proceda a la devolución en un plazo de tres (3) meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este último caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá verificar la procedencia, exactitud y existencia de los remanentes de dichos saldos con posterioridad a su transferencia y, en caso de que tales remanentes de saldos resulten improcedentes, inexactos o inexistentes, reclamar al VPU el ingreso de los importes transferidos por el proveedor indebidamente a terceros. La Administración Federal de Ingresos Públicos no podrá impugnar el cómputo de los remanentes de esos créditos fiscales transferidos por parte de los proveedores ni de los terceros, ni reclamar a tales proveedores o terceros el pago de los tributos cancelados con dichos remanentes de créditos fiscales;»,»type»:»text»,»_id»:»PLTYZIQN3BA45OR32XCO6HTUTM»,»additional_properties»:,»content»:»c) En ningún caso los VPU podrán computar los créditos fiscales reales abonados con Certificados de Crédito Fiscal.»,»type»:»text»,»_id»:»RLUOUTBDABGP3F5IVKTZBSHDSE»,»additional_properties»:,»content»:»La reglamentación establecerá los requisitos, procedimientos y condiciones para la emisión y entrega de los Certificados de Crédito Fiscal y la transferencia del remanente de saldos de créditos fiscales. La autoridad de aplicación dictará las normas que estime necesarias para instrumentar el régimen, pudiendo incluso utilizar medios informáticos para implementar la emisión y entrega de los mencionados certificados, como así también de los remanentes de saldos de créditos fiscales.»,»type»:»text»,»_id»:»ANMCYKGIQZFQTIMEVJGJNKYA7A»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 186.- Los VPU adheridos al RIGI que estén conformados por uniones transitorias u otros contratos asociativos, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del párrafo tercero del artículo 167, tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo conforme a las siguientes disposiciones:»,»type»:»text»,»_id»:»7PJMFNCQNBDYZMCZH7SKT4L6V4″,»additional_properties»:,»content»:»a) Impuesto a las Ganancias:»,»type»:»text»,»_id»:»6QTLYG2BOBHOJDOVVSGYT4JVCY»,»additional_properties»:,»content»:»i) Serán considerados sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetos al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a sus miembros;»,»type»:»text»,»_id»:»2BLLK6R3BZCYJICMRSOK533XRM»,»additional_properties»:,»content»:»ii) Las distribuciones de utilidades del VPU a sus miembros tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;»,»type»:»text»,»_id»:»34QCXOPX3FCFJEOV3NB3RK2AQI»,»additional_properties»:,»content»:»iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre el VPU y sus miembros deberán ser caracterizados al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si el VPU y sus miembros hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.»,»type»:»text»,»_id»:»EZ5PVXWD7FBX7D7XNMWDZZ66BY»,»additional_properties»:,»content»:»b) Demás tributos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»GFQOFEDY75H4VCID326N43C5RM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 187.- Los VPU adheridos al RIGI podrán computar el cien por ciento (100%) de los importes abonados y/o percibidos en concepto del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413 y su reglamentación, como crédito del impuesto a las ganancias.»,»type»:»text»,»_id»:»EERLUI3ERVCSPHQJ2O7I6TQRIA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 188.- Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»S7FIZUZG3VA4ZGJUEVXUUQ6JJI»,»additional_properties»:,»content»:»La propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con el tratamiento previsto en el párrafo anterior excepto insumos utilizados para producción no puede ser objeto de transferencia, salvo que dicha transferencia se efectúe a otro VPU adherido al RIGI, lo cual deberá ser notificado a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente párrafo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»55ZCK5WEIRHVNECJYZUEXK4GIE»,»additional_properties»:,»content»:»La obligación impuesta en el párrafo precedente se extingue en los mismos supuestos que los previstos en el artículo 177.»,»type»:»text»,»_id»:»K665GZDQAVBERGUEFSYJUSI3MY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 189.- Las exportaciones para consumo de los bienes obtenidos al amparo del proyecto promovido, realizadas por los VPU adheridos al RIGI se encontrarán exentas de derechos de exportación, luego de transcurridos tres (3) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»YIVMMXIGFVBS3H2PIPRSEWW4U4″,»additional_properties»:,»content»:»Las exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior realizadas por los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo estarán exentas de derechos de exportación, a partir de los dos (2) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»5K3YPH37RNBSJIUHJC7AJZE4EQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 190.- A los efectos de la aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley General de Sociedades – ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificatorias-, podrán deducirse de las ganancias y/o adicionarse a las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por este régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»2Y6DVMPCZRHOXFLWWXF4N2RM5I»,»additional_properties»:,»content»:»Los beneficiarios del presente régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto.»,»type»:»text»,»_id»:»6JARMQS6UVFNHO7ENEJTT6SWDM»,»additional_properties»:,»content»:»En lo que hace a su tratamiento impositivo, para los beneficiarios del presente régimen, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias excepto por las limitaciones establecidas en el cuarto párrafo y siguientes del inciso a) de su artículo 85, las cuales no serán aplicables durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de adhesión al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»JU3QJHD2H5DAFKPR2K737UTJHM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 191.- Los VPU adheridos al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho Proyecto Adherido, sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas, restricciones cuantitativas, cupos o cuotas, de ningún tipo, ni cualitativas, de carácter económico. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno, aun cuando las mismas estén previstas en la legislación vigente a la fecha de adhesión y excepto que las mismas se encuentren expresa y específicamente incluidas en la aprobación de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.»,»type»:»text»,»_id»:»ICCIFWKTI5DRNIC6WBAF3A6RTA»,»additional_properties»:,»content»:»Los VPU adheridos al RIGI incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los VPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. En particular, también se garantiza a todos los VPU adheridos al RIGI, incluyendo a aquellos cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que: (i) los obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado; (ii) les impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido con carácter dedicado y exclusivo al respectivo proyecto y (iii) que afecten la estabilidad de las autorizaciones de exportación de largo plazo para sus productos que hayan sido otorgadas previamente. Se considerará que configuran prohibiciones o restricciones directas a las importaciones o a las exportaciones de carácter económico, en los términos del presente artículo, a las declaraciones juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los certificados de importación, los sistemas de monitoreo de importaciones o exportaciones y cualquier otra declaración, intervención, acto administrativo o presentación de carácter previo a la registración del despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica por parte del Estado. También se considerarán restricciones directas las medidas que exijan la presentación de certificados de origen, salvo cuando el origen de la mercadería cuya importación se solicita de derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, o cuando dicha mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o específicos, o a medidas de salvaguardia.»,»type»:»text»,»_id»:»ZHAQHQEC6ZHZLJC2QBESY6U4CA»,»additional_properties»:,»content»:»Cualquier restricción y/o afectación en los términos de los párrafos anteriores será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»OWO5P4GTZFFQ7F4PQ3P3XEP5IQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 192.- Los VPU adheridos al RIGI podrán optar por llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera.»,»type»:»text»,»_id»:»Y5G5WVG3W5CSLHAV3MXBPBIMV4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 193.- Las Sucursales Dedicadas tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo, conforme a las siguientes disposiciones:»,»type»:»text»,»_id»:»V3GV5VWPHVEGZF6MTPWKFA7OGM»,»additional_properties»:,»content»:»a) Impuesto a las Ganancias:»,»type»:»text»,»_id»:»VSVOER3HXFC77LOVI4KC6TSAVU»,»additional_properties»:,»content»:»(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del Artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;»,»type»:»text»,»_id»:»UN4TQSVQ5JGHJGMGFAXN6SDTY4″,»additional_properties»:,»content»:»(ii) Las distribuciones de utilidades de la Sucursal Dedicada a la sociedad a la cual pertenecen tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;»,»type»:»text»,»_id»:»3ZVZSGCFDFFNZPR5EOPKUTBAJA»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) La asignación de patrimonio que se efectúe de la sociedad a la Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI estará sujeta al siguiente tratamiento:»,»type»:»text»,»_id»:»3TEYCE2WBREPXN36C7BJDFYW5M»,»additional_properties»:,»content»:»La Sucursal Dedicada gozará de los atributos impositivos que, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamento, poseía la sociedad a la cual pertenece, en proporción al patrimonio asignado;»,»type»:»text»,»_id»:»XALYTIGW7RDHHCINGSX747B33E»,»additional_properties»:,»content»:»(iv)Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial – excepto las previstas en el inciso anterior – deberán ser caracterizadas al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Especial hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.»,»type»:»text»,»_id»:»B7R4GASU25H23KH4WNKRCWUQ2M»,»additional_properties»:,»content»:»b) Impuesto al Valor Agregado:»,»type»:»text»,»_id»:»KYF5FGY7MZHGXACRTO24FT7NP4″,»additional_properties»:,»content»:»(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;»,»type»:»text»,»_id»:»53I6AVQ4TRDABPNPWIUOQRRLEY»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) No se considerarán ventas las asignaciones que se realicen como consecuencia del establecimiento de la Sucursal Dedicada a los efectos de su adhesión al RIGI. Los saldos de impuestos existentes en la sociedad serán atribuibles a la Sucursal Especial en la proporción de los bienes asignados;»,»type»:»text»,»_id»:»PDE3NIVXYJCF7E3ITXBVY5KMXI»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial – excepto las previstas en el inciso anterior – deberán ser caracterizadas al solo efecto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Dedicada hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.»,»type»:»text»,»_id»:»ADZPGTAVOFBDVAPZXBSBGPR3LA»,»additional_properties»:,»content»:»c) Demás tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial.»,»type»:»text»,»_id»:»FXGZULJDY5CT7P3OVNUSGF6FDE»,»additional_properties»:,»content»:»Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»4EIUNXMQEVGVFEZDZSA3F5E3EA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 194.- Los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no producirán efectos en la medida en que pudieran resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros por aplicación de un impuesto mínimo global –sea a través de una regla de inclusión de ganancias, una regla de pagos sujetos a baja tributación o cualquier otra medida análoga– que implemente o esté dirigido a implementar, total o parcialmente, el segundo pilar del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G-20 sobre erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.»,»type»:»text»,»_id»:»MUJI6QKX65HCFOJ45DVG5UZ67A»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 195.- Las reorganizaciones de empresas que se lleven a cabo con el objeto de establecer un VPU o realizar las inversiones en activos computables podrán efectuarse de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con las siguientes modificaciones:»,»type»:»text»,»_id»:»JQ7424DQVZAXHEUCXVWECLWLFE»,»additional_properties»:,»content»:»a) No será requisito que la o las entidades continuadoras prosigan con la actividad de la o las empresas reestructuradas;»,»type»:»text»,»_id»:»XDYTW2HO3FHRZMD6HCTU22HOWM»,»additional_properties»:,»content»:»b) No se requerirá aprobación previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total de la o las empresas reorganizadas;»,»type»:»text»,»_id»:»GUJ3AERTY5B75ENPZH2NZCW6A4″,»additional_properties»:,»content»:»c) Los efectos impositivos previstos en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no se encuentran supeditados al cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley General de Sociedades – ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificaciones; y»,»type»:»text»,»_id»:»Z3AL6RVETFFZFG4MQWKJWJJ7OE»,»additional_properties»:,»content»:»d) No resultarán aplicables los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 172 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias – decreto 862/2019, texto ordenado 2019, y sus modificaciones.»,»type»:»text»,»_id»:»URKIRYSXEBBMFNVPM6XLRIZJD4″,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo V«,»type»:»text»,»_id»:»TBLWXCPDXNGJ3O6P4UGEVLFAFY»,»additional_properties»:,»content»:»Incentivos cambiarios«,»type»:»text»,»_id»:»EWZKAMSG3JHFBG6JNPHXUJGLWE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 196.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios:»,»type»:»text»,»_id»:»OWUAAVEYS5GOVAR64H6B7UTYDU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»SSFU7BFVRBFJBC424BZDZ7PZTU»,»additional_properties»:,»content»:»b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»UJDSVIBE5FFAXAY4ZMJ7YAGV5U»,»additional_properties»:,»content»:»c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»IC2IEJI75RETTDBQK67SSXFPCU»,»additional_properties»:,»content»:»Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad.»,»type»:»text»,»_id»:»QYT4OR2VSRB6VJEDIKQM77KTKU»,»additional_properties»:,»content»:»Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos (tales como aportes de capital, préstamos o servicios) vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos.»,»type»:»text»,»_id»:»XX6XEIFMFRAU5GYNP66RKWJJ5Q»,»additional_properties»:,»content»:»Las divisas exceptuadas de la obligación de ingreso y liquidación en los términos precedentes serán de libre disponibilidad para los VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»PMQCTSAPJZHRJMR4SDOKM3GQD4″,»additional_properties»:,»content»:»Cuando se trate del cobro de exportaciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:»,»type»:»text»,»_id»:»LADERCQWKVCXLE3M2MCZXX6WYE»,»additional_properties»:,»content»:»(i) Veinte por ciento (20%) desde la fecha de puesta en marcha del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»PJI7PHZGAFFE3J663CXCCN6VDQ»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»AEW5XC37GFFURHGZZUOP36RPFI»,»additional_properties»:,»content»:»(iii) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido dos (2) años contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»SJLIGHVTZBFRBFPTE25WO3LEOA»,»additional_properties»:,»content»:»Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.»,»type»:»text»,»_id»:»QX74SGMMGNFSJOYE6WWZ4TPUDE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 197.- Las divisas provenientes de financiamientos locales o externos tomados por los VPU adheridos al RIGI, que fueran desembolsados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, no estarán sujetas a restricciones en cuanto a su libre disponibilidad en el exterior o en el país. Dichos fondos serán de libre disponibilidad por parte del VPU y/o del Proyecto Adherido y sus montos podrán ser utilizados libremente para cualquier concepto.»,»type»:»text»,»_id»:»WLA2D5ASWFCB5IPJFOEH26SNUE»,»additional_properties»:,»content»:»No le será aplicable a los VPU adheridos al RIGI ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no, impuesta por la normativa cambiaria.»,»type»:»text»,»_id»:»YMLHZTWL5ZEGHNL6SW67LF7MXI»,»additional_properties»:,»content»:»Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, el monto de activos externos líquidos que los VPU mantengan en el exterior en virtud de los beneficios del RIGI podrá ser tenido en cuenta por aquellas normas que establezcan, o puedan establecer en un futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios con base en la tenencia de activos externos líquidos. Sin embargo, dichas normas sólo podrán exigir a los VPU que atiendan el pago de endeudamientos comerciales y/o financieros con el exterior, el pago de capital e intereses de préstamos, la distribución de dividendos y utilidades, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, prioritariamente con dichos activos externos líquidos o que no puedan acceder al mercado de cambios para el pago de las mismas mientras cuenten con tales activos externos líquidos.»,»type»:»text»,»_id»:»YOFPNPENYBDIVDJ57TJ7DHWQYA»,»additional_properties»:,»content»:»Asimismo, no resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de capital de préstamos y otros endeudamientos financieros con el exterior, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, en la medida que el importe de divisas ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios como préstamos y otros endeudamientos con el exterior y/o aportes de capital u otras inversiones directas por parte de los VPU sea en todo momento mayor o igual a los importes en divisas que demanden tales accesos.»,»type»:»text»,»_id»:»XVPL624MYBAZVLKDJBYQA7OZCQ»,»additional_properties»:,»content»:»No resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes, en la medida que tales utilidades, dividendos o intereses hayan sido generados por aportes de capital u otras inversiones directas, o por préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior, ingresados y liquidados en el mercado de cambios por el VPU a partir de la fecha de adhesión al RIGI, sin que en este caso aplique el límite cuantitativo previsto en el párrafo anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»AWC55V7X2NA2TMN7CZ62I7PCKM»,»additional_properties»:,»content»:»Los organismos públicos y los entes privados intervinientes en el procedimiento administrativo relativo al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones formales y/o sustanciales establecidos en la normativa cambiaria a fin de que los VPU adheridos al RIGI accedan al mercado de cambios para adquirir divisas o moneda extranjera por los conceptos mencionados en los párrafos precedentes velaran porque su tramitación no afecte el normal desenvolvimiento y ejecución de dicho proyecto.»,»type»:»text»,»_id»:»JGNPKS67NVF7VF5RODRCVVHIBI»,»additional_properties»:,»content»:»El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días corridos de publicada la presente ley, las normas necesarias a fin de implementar en la normativa del mercado de cambios los derechos reconocidos en este artículo.»,»type»:»text»,»_id»:»BFIJ7TP3OJG47GBQPGHLR467BE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 198.- El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI:»,»type»:»text»,»_id»:»D5VBHHFHDJE3RG5TIPRJ2V3G2U»,»additional_properties»:,»content»:»a) La plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación;»,»type»:»text»,»_id»:»3LEQBCFAO5EWNB7JLOEZTLDFJU»,»additional_properties»:,»content»:»b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;»,»type»:»text»,»_id»:»B3OJUQUFABHKNA3AHUOYTQ2PQA»,»additional_properties»:,»content»:»c) El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU tenga la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial;»,»type»:»text»,»_id»:»IYLWFRJY4BEBRP3ZEY3XGVFDBY»,»additional_properties»:,»content»:»d) El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad previa del Banco Central de la República Argentina en la medida que la inversión haya ingresado a través del Mercado Único y Libre de Cambios;»,»type»:»text»,»_id»:»S5OFLF72VJBLDHRRFROSNDD4NQ»,»additional_properties»:,»content»:»e) El acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado.»,»type»:»text»,»_id»:»CUSOVKM5HFFYJA6HXKDJEYJJI4″,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo VI«,»type»:»text»,»_id»:»FK4OL2UPMNAVRCBB2WMWYHUQFM»,»additional_properties»:,»content»:»Estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes. Cesiones«,»type»:»text»,»_id»:»KV7CKV5CSRCZPOH4TPLOHOLY2E»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 199.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos, de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, consistente en que los incentivos otorgados en los capítulos IV y V del presente título no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas en el RIGI. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU. A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el RIGI no tendrá más estabilidad para el VPU adherido y podrá ser modificado por el régimen general regulatorio, tributario, aduanero y cambiario.»,»type»:»text»,»_id»:»WPVMFSQB6VB7LK6M5CMXHMZGF4″,»additional_properties»:,»content»:»La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria que gozarán los VPU adheridos al RIGI cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extienda hasta los treinta (30) años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del Proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión previstos en el inciso a) del artículo 170. Las fechas estimadas de puesta en marcha de cada etapa del proyecto y de finalización de vigencia de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de cada etapa del proyecto, deberán constar en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión, y en ningún caso la estabilidad de las etapas sucesivas se extenderá más allá de treinta (30) años contados desde cumplido el décimo año de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto.»,»type»:»text»,»_id»:»SAXIYI5SR5CD5ENY3HBU5LXUSY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 200.- Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos al RIGI serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen del capítulo IV del presente título. Los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo IV del presente título, no serán aplicables a tales VPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo IV del presente título no serán aplicables a los VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»MHXBXOODVFDANIBQJW3ULDF3G4″,»additional_properties»:,»content»:»Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá sin embargo a los VPU de beneficiarse de la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en un futuro en el régimen general y que resulten más favorables que los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones del capítulo IV del presente título.»,»type»:»text»,»_id»:»KJGOW5ZEIRAONPJ4KP5LYD2XII»,»additional_properties»:,»content»:»El beneficio de estabilidad tributaria otorga a los VPU adheridos al RIGI el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el tributo que corresponda abonar en virtud de los párrafos precedentes. Si, no obstante ello, el VPU abonara el importe que no correspondía en virtud de los apartados precedentes, el beneficio de estabilidad tributaria habilitará al VPU a utilizarlo como crédito fiscal pudiendo aplicarlo de manera inmediata a la cancelación de cualquier otro impuesto nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»JICYVJ5VHFHKTLFAH6NPBDK2R4″,»additional_properties»:,»content»:»A los efectos del presente artículo, se entenderá que existe un incremento de tributos estabilizados bajo el RIGI y no aplicables al VPU, cuando:»,»type»:»text»,»_id»:»IUSKZGGYHNFLNCGYNLQ6N23BAI»,»additional_properties»:,»content»:»a) Se aumenten las alícuotas, tasas o montos;»,»type»:»text»,»_id»:»WQNJ7V5YJZH33CITSCXNTGZ3TA»,»additional_properties»:,»content»:»b) Se deroguen total o parcialmente exenciones o se graven actividades o bienes no gravados a la fecha prevista en el párrafo primero del presente artículo;»,»type»:»text»,»_id»:»ZL2R2234ORFH5P3EDXDYJBJ3CI»,»additional_properties»:,»content»:»c) Se modifiquen los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el VPU adhirió al RIGI y que signifiquen un incremento en dicha base imponible;»,»type»:»text»,»_id»:»WEAY4XXKLBF6LGI77BFJ2WLRSI»,»additional_properties»:,»content»:»d) Se incorporen al ámbito de un tributo situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas.»,»type»:»text»,»_id»:»PRO7U6KAL5AWZCTV3RDIS7SKIU»,»additional_properties»:,»content»:»En los pagos efectuados a sujetos del exterior, comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, la estabilidad fiscal también alcanza:»,»type»:»text»,»_id»:»M5NSQWFONJGQNCTZKOYCWTNJHQ»,»additional_properties»:,»content»:»(i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes;»,»type»:»text»,»_id»:»GOTOTFWDFNFJTNJ7MHFX3QZ4EI»,»additional_properties»:,»content»:»y»,»type»:»text»,»_id»:»GHAAI6CVLJEL5DQSVR4AVVHTDY»,»additional_properties»:,»content»:»(ii) a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina.»,»type»:»text»,»_id»:»XPQTZC3MQZHZ7DFHLNA37AXBGY»,»additional_properties»:,»content»:»No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma:»,»type»:»text»,»_id»:»JG5UJJD2YBGGFN5EH5N3HAJEJA»,»additional_properties»:,»content»:»1. la prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal;»,»type»:»text»,»_id»:»2MKSNSVJIFFWPFRZTKO2YJCMAY»,»additional_properties»:,»content»:»2. la caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso;»,»type»:»text»,»_id»:»YFX7FXFOAVGLPI7A53ORGY6KY4″,»additional_properties»:,»content»:»3. la incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los VPU puedan disminuir de manera indebida y/o deliberada —cualquiera sea su metodología o procedimiento— la base de imposición de un gravamen;»,»type»:»text»,»_id»:»4P3P2JGVRBAQPOPEACFFB4SV6M»,»additional_properties»:,»content»:»4. los aportes y contribuciones de la seguridad social; o»,»type»:»text»,»_id»:»2IA6HTLODBHN7KQBSLZ2QG43SE»,»additional_properties»:,»content»:»5. el incremento en las alícuotas del impuesto al valor agregado.»,»type»:»text»,»_id»:»BK6BBWCY7NGZZFSZIA4OBYCLIU»,»additional_properties»:,»content»:»Estará a cargo de los VPU que invoquen una vulneración de la estabilidad tributaria justificar y probar dicha vulneración en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Sin embargo, cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal o reglamentaria de cualquier aspecto relativo a los tributos vigentes a la fecha de adhesión, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos justificar y probar, en cada caso, que no se ha producido un incremento de la carga tributaria como condición previa para aplicar dicho tributo o la mayor alícuota al VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»KKHME3V4ZBBIVBPNO4V4I6LRX4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 201.- A efectos de lo previsto en el artículo 19 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430 y sus modificaciones- y siguiendo el criterio general que resulta aplicable, en los casos previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de dicho régimen, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria – incluyendo aquellos aspectos relativos a la base imponible, alícuota, exenciones, hecho imponible, alcances y/o vulneración de la estabilidad tributaria, entre otros, a través de presentación por escrito efectuada a dicha administración con anterioridad a la presentación de la respectiva declaración jurada.»,»type»:»text»,»_id»:»QQKIK276NRFEXIHNGHDHN7G2VM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 202.- En el caso de los tributos regidos por la legislación aduanera, serán de aplicación a las importaciones y a las exportaciones para consumo de los VPU adheridos al RIGI el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen de los incentivos previstos en el capítulo IV del presente título.»,»type»:»text»,»_id»:»BO6DDO46RZCKJMA5IEKFW23NJM»,»additional_properties»:,»content»:»La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento de autoliquidación manual libre que garantice al VPU la posibilidad de presentar la liquidación de derechos y demás tributos a la importación o a la exportación que estime corresponder y de registrar la destinación de importación o exportación incorporando dicha liquidación, sin que pueda exigírsele en ningún caso el pago previo de los importes que resulten aplicables bajo la normativa vigente en cada momento. Dicho procedimiento no podrá estar sujeto a autorización previa ni a requisitos o condiciones de ninguna clase.»,»type»:»text»,»_id»:»IGIWQDYZLFCILFVM6PJRTV2HHM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 203.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán de estabilidad normativa en materia cambiaria desde la fecha de adhesión al RIGI y durante el plazo mencionado en el artículo 199, la cual consiste en que el régimen cambiario vigente a la fecha de adhesión al RIGI, con las modificaciones aplicables en virtud de los incentivos cambiarios otorgados bajo la presente, no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas.»,»type»:»text»,»_id»:»SKP4OH2MYBEFXCOVYFN33OL3NA»,»additional_properties»:,»content»:»Las normas susceptibles de estabilidad cambiaria son todas las normas vinculadas a la materia cambiaria y que forman parte del régimen cambiario dispuesto en el RIGI con la única exclusión del tipo de cambio.»,»type»:»text»,»_id»:»H4E7UE76NZEIDPRZGS7KFS5IGY»,»additional_properties»:,»content»:»El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días de publicada la presente ley, las normas necesarias con el fin de garantizar los derechos otorgados en este artículo.»,»type»:»text»,»_id»:»M56PVJ72LBAA3L4EFJBZDZSIRQ»,»additional_properties»:,»content»:»El VPU adherido al RIGI, se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones:»,»type»:»text»,»_id»:»JZ2BPUKW3JGEBP4CAXLWB4FJ4M»,»additional_properties»:,»content»:»a) Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario vigente que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos en el capítulo V del presente título, pudiendo el VPU rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de adhesión al RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»SCZHPIUVRBAQVJ4D2GFYHKSVUI»,»additional_properties»:,»content»:»b) En el supuesto de reducciones o eliminación de restricciones cambiarias que impliquen un tratamiento cambiario más beneficioso que el previsto en el capítulo V del presente título, el VPU podrá beneficiarse de las mismas aplicándolas de inmediato.»,»type»:»text»,»_id»:»EM34SXZ22ZHL5MZXD67C4NIEWE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 204.- En caso de que un VPU adherido al RIGI alegue una violación a la estabilidad normativa cambiaria, dicho VPU podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de adhesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 203, notificando fehacientemente al Banco Central de la República Argentina esta circunstancia. Si el Banco Central de la República Argentina considerara que no ha existido tal violación, previo a dar inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, deberá requerir al VPU que, dentro de un plazo de quince (15) días, indique, de manera concreta, la norma, acto, conducta u omisión que considera violatoria a la estabilidad cambiaria, y que fundamente dicha posición. En ese mismo acto, el VPU deberá ofrecer o aportar las pruebas que hagan a su derecho. Evacuado el requerimiento y, en su caso, las medidas de prueba solicitadas, el Banco Central de la República Argentina deberá dictar resolución fundada aceptando o desestimando la existencia de una violación a la estabilidad normativa cambiaria dentro un plazo de noventa (90) días hábiles. Contra la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina procederá, a opción del VPU, el recurso de alzada previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos – decreto 1759/72 texto ordenado 2017 – o la acción judicial pertinente. El Banco Central de la República Argentina suspenderá los efectos de la resolución, en los términos del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos – ley 19.549 y sus modificatorias – hasta tanto se resuelvan, con carácter de cosa juzgada, los recursos y/o acciones judiciales antes mencionados. En consecuencia, no se dará inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8º de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, hasta tanto la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina quede firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material.»,»type»:»text»,»_id»:»TQEIZOTDGFG35FFMQOQOEGVNXQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 205.- Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informar de ello a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.»,»type»:»text»,»_id»:»5XG4UG7EU5DK5GFHCNNFEAIS5M»,»additional_properties»:,»content»:»Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI no podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.»,»type»:»text»,»_id»:»6B4HX6454FFXRE4Y3627YJIY7M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 206.- Los beneficios previstos en el RIGI no podrán ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales preexistentes. Sin embargo, la adhesión al RIGI no implicará renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y/o futuros con los que se podrán combinar incentivos de distinta naturaleza que no se superpongan, ni se acumulen o reiteren con los incentivos previstos en el presente.»,»type»:»text»,»_id»:»2JGLA4SYFBAMRKLOKHFHXYKZGM»,»additional_properties»:,»content»:»A los efectos indicados en la última parte del párrafo anterior, no resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 32 de la ley 24.331 de Zona Franca.»,»type»:»text»,»_id»:»LI2S7TQZ3BHSTG5QHZRZ72PI4U»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo VII«,»type»:»text»,»_id»:»K7KHDT45ENEYDNKOXIJDRTRNLU»,»additional_properties»:,»content»:»Terminación de los incentivos bajo el RIGI«,»type»:»text»,»_id»:»Y67X5MW77RDEDGYTCXONUSWDJ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 207.- Los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo – dejando de revestir dicho carácter – por las siguientes causas:»,»type»:»text»,»_id»:»WDS2TSKYC5HLRMXFGOZQPPE5LU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Finalización del proyecto por fin de su vida útil;»,»type»:»text»,»_id»:»FSYHEKUJEFAIFCJA2DPQAADXBE»,»additional_properties»:,»content»:»b) Quiebra del VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»LISLZQN6DZH2HJXCRS2N4RDCMA»,»additional_properties»:,»content»:»c) Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o»,»type»:»text»,»_id»:»AHW3AUMHCVG4DM3FDPYNOYHJVY»,»additional_properties»:,»content»:»d) Cese como sanción por infracción al RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»Y4D33VATDZHVRIAE4AGHFZTRJM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 208.- Los VPU podrán darse de baja voluntariamente del RIGI en los siguientes casos:»,»type»:»text»,»_id»:»E6OKSJ52CJARFB7IPPCSD5W7BU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Una vez cumplidas las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 170; o»,»type»:»text»,»_id»:»MG4Z3H7TYZDCREK3IVHFO7US4I»,»additional_properties»:,»content»:»b) Si ofrecen abonar voluntariamente el mínimo de la multa prevista en el inciso e) del artículo 211, y dicho pago se efectiviza en el plazo que establezca al efecto la reglamentación.»,»type»:»text»,»_id»:»42UUICASB5BOVMFMNWPGCHGKSU»,»additional_properties»:,»content»:»La solicitud de baja deberá ser presentada por el VPU en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, y deberá ser aceptada por la autoridad de aplicación mediante la emisión del correspondiente acto administrativo. Una vez aprobada, el sujeto solicitante de la baja quedará liberado de sus obligaciones bajo el RIGI desde la fecha de solicitud de la baja. Desde esa misma oportunidad en adelante, se considerará que habrá perdido todo derecho, garantía e incentivo previsto en el RIGI, sin efecto retroactivo y sin afectar los derechos utilizados con anterioridad a la baja.»,»type»:»text»,»_id»:»5ZDAFK57IJHYXOSKLVXSB66JJY»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo VIII«,»type»:»text»,»_id»:»MPM5R5DEGZC2TNHL7WIYKH534E»,»additional_properties»:,»content»:»Régimen Infraccional y Recursivo Aplicable al VPU«,»type»:»text»,»_id»:»JXS5G4QQQVCODKUN57KGJBI36U»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 209.- Serán sancionables los siguientes incumplimientos del presente régimen y sus normas reglamentarias:»,»type»:»text»,»_id»:»IU74FNG27ZFKDCTVDMFBILGRPA»,»additional_properties»:,»content»:»a) Omitir o demorar la presentación de la información requerida por la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;»,»type»:»text»,»_id»:»5SYFEYS47ND3ZNCSBMSM3NBH5M»,»additional_properties»:,»content»:»b) Presentar información o declaraciones juradas falsas o inexactas a la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;»,»type»:»text»,»_id»:»AQLIYDL3YBHZZHCZZYLMS45J6A»,»additional_properties»:,»content»:»c) Omitir la autorización previa y expresa de la autoridad de aplicación en aquellos casos en que la misma sea necesaria de conformidad con lo previsto en el RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»QSGV6OJALNGGJBKEQPPUJT3CAU»,»additional_properties»:,»content»:»d) Desafectar (ya sea por venta o reexportación) bienes introducidos al amparo de franquicias establecidas por el RIGI o en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 170 con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos en el segundo párrafo del artículo 177 y en el tercer párrafo del artículo 188;»,»type»:»text»,»_id»:»XKM7FEUU4FGW5KOCKTKTE7BUPY»,»additional_properties»:,»content»:»e) Desarrollar actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 167; o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 167;»,»type»:»text»,»_id»:»REEUKAFQPJEVLBUNLSWM3LHPFY»,»additional_properties»:,»content»:»f) Incumplir injustificadamente las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 170;»,»type»:»text»,»_id»:»7OL2IFRG2FGBTISEOAE4YX4VZI»,»additional_properties»:,»content»:»g) Goce indebido de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el presente régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»FC4S3TOCYNG2BNRSJBA7YGR64M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 210.- Verificado un supuesto de los previstos en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá intimar al VPU, por medio fehaciente, a los fines de que proceda, en los casos en que ello sea materialmente factible, a la subsanación del incumplimiento dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al de la notificación de la referida intimación.»,»type»:»text»,»_id»:»G7GD4PN34RFVVBJOBKP5WCS62A»,»additional_properties»:,»content»:»En caso de que la autoridad de aplicación detecte la ocurrencia de los supuestos previstos en el artículo 209 y no sea un supuesto susceptible de subsanación o haya vencido el plazo para subsanarlo previsto en el apartado anterior sin que el VPU lo haya subsanado, se procederá a la instrucción del sumario infraccional correspondiente y a la aplicación, en su caso, de las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.»,»type»:»text»,»_id»:»JMLGKEQMCZCMHDA4CR6PPOFMVE»,»additional_properties»:,»content»:»El procedimiento sumarial deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»B4E47KSVYZD2ZCGZAWMZVB5XVE»,»additional_properties»:,»content»:»Dispuesta la apertura del sumario, deberá notificarse la imputación al VPU y conferírsele un plazo de quince (15) días hábiles para que presente su descargo y ofrezca la totalidad de la prueba que considere pertinente.»,»type»:»text»,»_id»:»ZYASJLBQO5FPXMQY7KIXQ23UUY»,»additional_properties»:,»content»:»Presentado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la autoridad de aplicación resolverá sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas, considerando y disponiendo la producción de aquella que fuere pertinente, y rechazando únicamente y por decisión fundada aquella que resultare sobreabundante o improcedente.»,»type»:»text»,»_id»:»6DX3X3EJ75DYLMXYVQWYNIO7DU»,»additional_properties»:,»content»:»Se fijará un plazo para la producción de la prueba admitida, que no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles.»,»type»:»text»,»_id»:»3BOG7NUWDNBZ5G5KSMB5BSBH7I»,»additional_properties»:,»content»:»Clausurado el período probatorio, la autoridad de aplicación notificará al beneficiario para que, de estimarlo necesario, alegue sobre la prueba producida en un plazo de cinco (5) días hábiles.»,»type»:»text»,»_id»:»ZGMAH5JBKBGMLKEOVOTUREYTYM»,»additional_properties»:,»content»:»Presentado el alegato o vencido el plazo para su presentación, la autoridad de aplicación deberá dictar resolución sobre el sumario dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.»,»type»:»text»,»_id»:»YRGWDBFXHVD5HGQYKPXDG5K4WY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 211.- Cuando la autoridad de aplicación, una vez concluido el procedimiento sumarial regulado en el artículo anterior, comprobara el acaecimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 209, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación tributaria, aduanera, previsional y/o penal vigente:»,»type»:»text»,»_id»:»6OMOZBK5KBFMJBSA3F2PIRJPPU»,»additional_properties»:,»content»:»a) Apercibimiento, para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 209;»,»type»:»text»,»_id»:»UDQJ64IRDVDFJKFK4WFSN4BSAI»,»additional_properties»:,»content»:»b) Multa de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para los hechos previstos en el inciso a) del artículo 209;»,»type»:»text»,»_id»:»YKXYSP35MNBPPKPEE4NWOSRMRE»,»additional_properties»:,»content»:»c) Multa de cien millones de pesos ($ 100.000.000) a cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) para los hechos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 209;»,»type»:»text»,»_id»:»U3DY4HA3JZCWZFFQEDTN7LWDWI»,»additional_properties»:,»content»:»d) Multa de uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 170 para los hechos previstos en el inciso e) del artículo 209;»,»type»:»text»,»_id»:»DEB4NSTCFBFSDMCIATWZXF7GGA»,»additional_properties»:,»content»:»e) Multa de cinco por ciento (5%) al quince por ciento (15%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 170 que se encuentre pendiente de cumplimiento, para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 209;»,»type»:»text»,»_id»:»3JYS4AYSOFH6LN6RTO55CDIPBA»,»additional_properties»:,»content»:»f) Cese del RIGI para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 209, lo que implicará la caducidad total de los incentivos del RIGI desde que el incumplimiento de dichas obligaciones se hubiese resuelto de manera definitiva y firme, por el tribunal competente;»,»type»:»text»,»_id»:»HPQ75ZRGPJAGDMBDX2OOQU2YOU»,»additional_properties»:,»content»:»g) Inhabilitación para solicitar la adhesión de un nuevo Proyecto al RIGI como sanción eventualmente adicional y accesoria a la prevista en el inciso anterior, dependiendo la gravedad de la conducta, la que será efectiva desde que la resolución disponiendo la sanción se hubiese resuelto de manera definitiva y firme por el tribunal competente, constituyendo dicha fecha la fecha efectiva de cese; y»,»type»:»text»,»_id»:»APBUSW5AX5CF3EBCTQZT4Y2OR4″,»additional_properties»:,»content»:»h) Devoluciones de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias para los hechos previstos en el inciso g) del artículo 209, con más sus intereses resarcitorios.»,»type»:»text»,»_id»:»WKS2X7OJOJBLHEP7UEN4KSRHAM»,»additional_properties»:,»content»:»Ante uno de los supuestos previstos en el artículo 209, la autoridad de aplicación aplicará, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en el presente artículo.»,»type»:»text»,»_id»:»YBTZ5VTF5RARJJDA5MNMQFHWNA»,»additional_properties»:,»content»:»Los montos previstos en los incisos b) y c) de este artículo se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al 31 de diciembre del año anterior al del ajuste respecto al mismo día del año anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»QU5CFD3VGBB2XFA2457JUJRPBU»,»additional_properties»:,»content»:»La falta de cumplimiento de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 178 será causal de agravamiento de la sanción en aquellos casos en que, ante la terminación del RIGI para un VPU como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el RIGI, la autoridad de aplicación determine, sin lugar a duda razonable, que el VPU conocía o debió conocer que se encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones y compromisos para la permanencia en el régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»FHGAYIHWDBDXTLF226NAFE47KQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 212.- En la misma resolución en la que la autoridad de aplicación disponga la apertura del sumario infraccional podrá instruir la iniciación de las acciones pertinentes a los efectos de que el tribunal competente disponga cautelarmente, de manera preventiva y hasta que recaiga decisión definitiva y firme al respecto, la suspensión preventiva del goce de los incentivos bajo el presente RIGI. Asimismo, durante dicho plazo se considerarán suspendidas el cumplimiento de las demás obligaciones bajo el RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»5OQHPUHQ3FFGVPQ72GG6JXTLYU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 213.- La acción penal en las infracciones del artículo 209 reprimidas con pena de multa se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trate.»,»type»:»text»,»_id»:»3RNQX5J2YBGS7A7WWNXXIPTXXY»,»additional_properties»:,»content»:»Lo previsto en el párrafo anterior sólo surtirá efecto extintivo de la acción penal si el pago voluntario se efectuare antes de vencido el plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 210.»,»type»:»text»,»_id»:»AYZC2RVSBRACJNVYAOY2CLYH4M»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 214.- El cese será dispuesto por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo dictado al efecto en el que se especificará la causal incurrida por el VPU, la que deberá consistir en el incumplimiento acreditado de una de las obligaciones de cumplimiento esencial según lo dispuesto en el artículo 170.»,»type»:»text»,»_id»:»UXRQOJOW7RBQLG52MZUK44XAOM»,»additional_properties»:,»content»:»El cese de los incentivos no tendrá efectos retroactivos, ni afectará a los incentivos gozados y/u obtenidos con anterioridad al cese.»,»type»:»text»,»_id»:»YGCAOOKW7RFXDPB3MIQAZE3PAE»,»additional_properties»:,»content»:»La resolución firme y definitiva de cese de los incentivos implicará la pérdida automática del derecho a utilizar todos los incentivos posteriores a la fecha efectiva del cese.»,»type»:»text»,»_id»:»B33A4TOFGRFIFMUPAWUP3R6IEU»,»additional_properties»:,»content»:»Producido el cese de los incentivos, el VPU no podrá volver a ser incluido en el RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»SLW7INLCXJDGHMDQYZ6SF6BHEI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 215.- Las sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación a los VPU en los términos del presente régimen podrán recurrirse administrativamente por las vías y según los procedimientos previstos en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, sin perjuicio de la facultad del VPU de optar por someter la controversia a arbitraje en los términos previstos en el artículo 219 de la presente ley.»,»type»:»text»,»_id»:»TMDIH7BM5VCFRCJXGGNS3SLKUY»,»additional_properties»:,»content»:»Los recursos y/o remedios alternativos judiciales y/o arbitrales que interpongan los VPU suspenderán la ejecución y efectos de los actos dictados por la autoridad de aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»3EYN4IP2BVFLFIO7E7XDBGSZVI»,»additional_properties»:,»content»:»Para el caso en que la decisión definitiva y firme del tribunal competente resuelva levantar y/o revocar el cese, se reconocerán al VPU los incentivos que hubiese tenido que percibir durante el período de suspensión en el que el tribunal competente hubiere eventualmente dispuesto, conforme lo previsto en el artículo 212 de esta ley, la suspensión cautelar preventiva de los incentivos establecidos en el presente régimen, reanudándose la exigibilidad de las obligaciones que surgen del RIGI.»,»type»:»text»,»_id»:»TEO2GYIAIFBBFFZV6OY5LNQBVY»,»additional_properties»:,»content»:»No será necesario que los VPU presenten en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo, no siendo exigible el agotamiento de instancia administrativa alguna a los efectos de someter cualquier controversia vinculada con el presente régimen a arbitraje en los términos previstos en el artículo 219 de la presente ley. Asimismo, no será aplicable ningún plazo de caducidad para el inicio de un reclamo arbitral, aun frente a una resolución expresa de un recurso o impugnación administrativa.»,»type»:»text»,»_id»:»HI57C3LBO5ECNOJO2LBSM54TDQ»,»additional_properties»:,»content»:»La interposición de los recursos o impugnaciones administrativas no impedirá desistirlos unilateralmente en cualquier momento para promover el reclamo arbitral. El desistimiento no podrá en ningún caso interpretarse como renuncia de los derechos que le pudieren asistir al VPU, ni obstará a que se articule el reclamo arbitral una vez resueltos definitivamente aquellos sin sujeción a plazo de caducidad alguno.»,»type»:»text»,»_id»:»XSOMBUPABREIHLNUP2QSLAZDEQ»,»additional_properties»:,»content»:»La promoción del reclamo arbitral impedirá la continuación o posterior interposición de recursos administrativos contra el mismo acto.»,»type»:»text»,»_id»:»ATC6XN6OQZGXBBLLSA4QLF4QSA»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo IX«,»type»:»text»,»_id»:»4ATMUCLYJVBQVLLELMJQSWIE7M»,»additional_properties»:,»content»:»De la autoridad de aplicación«,»type»:»text»,»_id»:»ZOGXZYNTOVDJZKYRVEOKIM72Z4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 216.- El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación del presente título de la ley, con facultades para:»,»type»:»text»,»_id»:»DN6A6FZ55ZFGFLOQCBE5D2RAKU»,»additional_properties»:,»content»:»a) La evaluación y aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión y de los planes de inversión presentados por los VPU;»,»type»:»text»,»_id»:»2UHN46CLYJGTXE6MK7QXTHTS3A»,»additional_properties»:,»content»:»b) La fiscalización y control del RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»BDT742P6SJANBBM6CQWMEKQMGA»,»additional_properties»:,»content»:»c) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias así como de las obligaciones a cargo de los VPU que deriven del RIGI;»,»type»:»text»,»_id»:»3H7DD2WGMJGCVISVDCTUCNLNGY»,»additional_properties»:,»content»:»d) La caducidad de los incentivos contemplados en el presente; y»,»type»:»text»,»_id»:»6YRZUN2KBBBWFFICTQ4VOASDUM»,»additional_properties»:,»content»:»e) El dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias requeridas que resulten necesarias a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento del RIGI el cual es considerado operativo desde su vigencia.»,»type»:»text»,»_id»:»NVKO6HLHANC6BB4LNISDNGWZ7A»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 217.- La autoridad de aplicación podrá delegar en las Secretarías de gobierno las facultades previstas en el artículo precedente en base al sector de actividad de que se trate.»,»type»:»text»,»_id»:»7T6QQKYV3VAGVN7LXBP3TAPHQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 218.- Los sujetos beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación la información que les fuera requerida acerca del estado del proyecto y de los VPU. Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a crear un área específica cuyas funciones serán crear las CUIT asignadas a los VPU y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte de tales sujetos.»,»type»:»text»,»_id»:»2735LGPOM5ENDJAC74EU2MIG3U»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo X«,»type»:»text»,»_id»:»YQ73GXU6I5ACLPPY5EYOGOI3SA»,»additional_properties»:,»content»:»Jurisdicción y arbitraje«,»type»:»text»,»_id»:»YY2WIA556FGZ7GBM5OZF2RVLGE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 219.- Todas las controversias que deriven del presente régimen o guarden relación con éste, entre el Estado nacional y un VPU adherido al RIGI, incluyendo, pero no limitado a, la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del presente régimen y normas relacionadas, o con el uso, goce, cese y/o ejercicio de los derechos, beneficios e incentivos obtenidos por el VPU (incluso, sin limitación, en cuanto a su validez, aplicación y alcance) (una “Disputa”), se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas.»,»type»:»text»,»_id»:»6XXVIE5K7REDXKF3CK4HWC4IGA»,»additional_properties»:,»content»:»Si la Disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en un plazo de sesenta (60) días corridos desde que el VPU notificó al Estado nacional sobre la existencia de la Disputa, el VPU – o sus socios o accionistas extranjeros en los casos de los incisos b) y c) del presente – someterá la disputa a arbitraje, de conformidad con – a elección del VPU –:»,»type»:»text»,»_id»:»43LO3QJO4BEAHPIJYIK2PQJ4AU»,»additional_properties»:,»content»:»a) El Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012;»,»type»:»text»,»_id»:»SQATTFO3EZCSNKYM7NGMFREPGM»,»additional_properties»:,»content»:»b) El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o»,»type»:»text»,»_id»:»FAGSUDICJ5CGDNMTSCPDOMQBGE»,»additional_properties»:,»content»:»c) El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965 o, en su caso, el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.»,»type»:»text»,»_id»:»YRUQE4JVOJHDVOV6L7PUJY65HM»,»additional_properties»:,»content»:»Con excepción del caso en que el VPU opte por el arbitraje de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965, el tribunal arbitral o la institución administradora, según corresponda conforme a las reglas aplicables, definirá la sede del arbitraje, que deberá establecerse fuera de Argentina y en un país que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, de fecha 10 de junio de 1958.»,»type»:»text»,»_id»:»IXTXRCYAGVGDPBZH6MO43GTTCU»,»additional_properties»:,»content»:»El tribunal arbitral estará formado por tres (3) árbitros que se elegirán de acuerdo con las reglas de procedimiento aplicables. Ninguno de los árbitros podrá ser nacional de Argentina o del estado origen del accionista mayoritario del VPU.»,»type»:»text»,»_id»:»CVD7AEIBVREVVKE4B5H5LFFHKQ»,»additional_properties»:,»content»:»El arbitraje será en idioma español, excepto en los casos de los incisos b) y c) del presente sometidos a arbitraje por socios o accionistas extranjeros, en los que podrá ser en idioma español o inglés.»,»type»:»text»,»_id»:»IUPP2EGTX5BVTB2CNIT2KAFI6Q»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para establecer mecanismos de solución de controversias con el VPU, específicos para cada proyecto, en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión.»,»type»:»text»,»_id»:»5TOMEIEDFVEFTOGHSBYM3N3BIY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 220.- Los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, que resulten aplicables y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado nacional de conformidad con sus disposiciones, y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen.»,»type»:»text»,»_id»:»I3ZPQNA63RGE7FIH2RVKXWSJQQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 221.- La existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina o los derechos del VPU y su pleno uso, goce y ejercicio.»,»type»:»text»,»_id»:»VXNR4HC7KFC6BGDEJTD3TD3I44″,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo XI«,»type»:»text»,»_id»:»UKNCNDLC45HHVETZA4ONRBHS64″,»additional_properties»:,»content»:»Jurisdicciones Locales. Declaración de Interés Nacional«,»type»:»text»,»_id»:»MOIEOTOTMNHYDPTWGLZ44F6DS4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 222.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones.»,»type»:»text»,»_id»:»SNM7QN4KGVGNNKB5GMAUUD6BEY»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 223.- Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.»,»type»:»text»,»_id»:»GY6HPDCHNRFFVCBXHIP4FDJ5RY»,»additional_properties»:,»content»:»A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal.»,»type»:»text»,»_id»:»PZLLCWKGYFBOBKDWIRTY2ASVUE»,»additional_properties»:,»content»:»En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos.»,»type»:»text»,»_id»:»VKMW47OUNNANHFB34BVEOIV4NQ»,»additional_properties»:,»content»:»Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 163 de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»AQNROMM2IVGUVKMAU54BDCOLL4″,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo XII«,»type»:»text»,»_id»:»KCTPMQXOPREWLEDSGJCDS46RGE»,»additional_properties»:,»content»:»Disposiciones transitorias del RIGI«,»type»:»text»,»_id»:»I7AWTQNX7RE7XODQDIAP27XXUM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 224.- El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el presente régimen en el término de treinta (30) días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.»,»type»:»text»,»_id»:»EMY2XUG645GBZAYDIZNIAVNIFQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 225.- La falta de reglamentación del presente no obstará a la plena utilización de los incentivos establecidos en el RIGI en las condiciones previstas, ya que las disposiciones del presente régimen son plenamente operativas desde su entrada en vigencia, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren corresponder a los funcionarios por la falta de cumplimiento de lo allí establecido.»,»type»:»text»,»_id»:»M4ULMZBY4JCE7K7BYWGBOII364″,»additional_properties»:,»content»:»Todo funcionario que incurra en el incumplimiento injustificado de los plazos o términos establecidos en el presente Título resultará pasible de ser sancionado, previo sumario administrativo.»,»type»:»text»,»_id»:»A6KZJGPRGJF4JMEIOCRZ6EFCXI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 226.- El presente régimen entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.»,»type»:»text»,»_id»:»NJRF3BQ7XFA4VANXS5E3G4O7KY»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO IX«,»type»:»text»,»_id»:»VQWQDPPHKJA53DHZPXAGMNJMXQ»,»additional_properties»:,»content»:»Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad«,»type»:»text»,»_id»:»A6PBQ4YZG5D53IRMFUGNCNDX2A»,»additional_properties»:,»content»:»Capítulo I«,»type»:»text»,»_id»:»WVOVAY57OZBDLDZZ72TKRDUC2Q»,»additional_properties»:,»content»:»Tabaco«,»type»:»text»,»_id»:»TPHPY3IS2VAKVKXM45CW5G3SXU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 229.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 2º de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»YROCXDLOCBEXXMWSC6LLG4IJXA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo…: Cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos del gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.»,»type»:»text»,»_id»:»H7TWA5PQDVESNOGZHE5MRBAZ3U»,»additional_properties»:,»content»:»Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos, que resulte inferior, como mínimo, en un veinte por ciento (20%) al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en los que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado.»,»type»:»text»,»_id»:»UHXGH2C6GVFTJJVUBOCE6HUQYM»,»additional_properties»:,»content»:»El Poder Ejecutivo nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescrito en este artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»VEOWSOT3XNCJ7DBF7ISOPX4PLE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 230.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»YU4NITKL3JGY3GTAFFRBH4Y2RU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 15: Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%).»,»type»:»text»,»_id»:»JNYU4HP6V5EOPE65UHHHV5FU5I»,»additional_properties»:,»content»:»Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»MUBVGHVLTFAWDIJTSEY4OZ3AZU»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 231.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»MEGYWAJM4FGZZMBYWQAUFXNITA»,»additional_properties»:,»content»:»Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente, por trimestre calendario, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018, inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo nacional podrá, con las condiciones indicadas en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requiera a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) o disminuir, con el objeto de estimular en virtud de las circunstancias económicas imperantes el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal hasta en un diez por ciento (10%) transitoriamente los referidos montos mínimos.»,»type»:»text»,»_id»:»M6UWU3L2UFAHBIQFZAJWBUPOQ4″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 232.- Sustitúyese, en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, la segunda oración por el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»V2EMR6ZRQBATZIVVO4AV6ITSJI»,»additional_properties»:,»content»:»Este importe se actualizará conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 16.»,»type»:»text»,»_id»:»6IQ7NMHIFNDZLA3XWFGH7A775I»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 233.- Sustitúyese el primer párrafo del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:»,»type»:»text»,»_id»:»Z3KIVEWLLVANNLQK5ZQLTZ2JQI»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo…: El transporte de tabaco despalillado, acondicionado, picado, en hebras o reconstituido o de polvo para la elaboración reconstituido, no comprendido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado o con documentación de traslado con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2º, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por ochenta centésimos (0,80), considerando el momento de la detección.»,»type»:»text»,»_id»:»L6FOUOL3TFBNDBEG3UP5LCEGBA»,»additional_properties»:,»content»:»TÍTULO X«,»type»:»text»,»_id»:»F4JGQ35XJJEGPCVW5DSSZQDMFA»,»additional_properties»:,»content»:»Disposiciones finales«,»type»:»text»,»_id»:»AEFYQWNCLNHMHHOUIII6B5SMEM»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 234.- Los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional.»,»type»:»text»,»_id»:»NTMAMAL6EZFZZLDDUM4TWNMPDE»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 235.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley.»,»type»:»text»,»_id»:»ERPYSFS2MFHUREHCLHV6A7D354″,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 236.- Salvo para los casos en que se establezca un plazo específico, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias, interpretativas o aclaratorias que resulten necesarias para su aplicación.»,»type»:»text»,»_id»:»ADHPNFRYMFCLZEAVXIBVNCIRQQ»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 237.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario.»,»type»:»text»,»_id»:»U77R5IDTYFDNJJIABEUEQTSGFA»,»additional_properties»:,»content»:»Artículo 238.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.»,»type»:»text»],»created_date»:»2024-06-26T11:58:01.048Z»,»credits»:»by»:[],»dates»:»argentinaTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 09:31 a.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 09:55 a.m. AR»,»colombiaTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 07:31 a.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 07:55 a.m. CO»,»estTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 08:31 a.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 08:55 a.m. EST»,»mexicoTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 06:31 a.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 06:55 a.m. MX»,»peruTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 07:31 a.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 07:55 a.m. PE»,»spainTimezone»:»publishedDate»:»26 Jun, 2024 02:31 p.m.»,»updateDate»:»27 Jun, 2024 02:55 p.m. ESP»,»description»:»basic»:»El proyecto impulsado por el Ejecutivo se discutirá este jueves en el recinto de la Cámara baja, junto con el paquete fiscal. El miércoles, y como parte del acuerdo entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista, se resolvió en comisión aceptar todas las modificaciones que hicieron los senadores, a excepción de algunos puntos»,»display_date»:»2024-06-26T12:31:46.209Z»,»first_publish_date»:»2024-06-26T12:31:46.209Z»,»headlines»:»basic»:»Ley Bases: cómo quedó el proyecto que se debatirá en la Cámara de Diputados, artículo por artículo «,»meta_title»:»»,»isStoryUpdated»:true,»last_updated_date»:»2024-06-27T12:55:06.742Z»,»promo_items»:»basic»:»_id»:»67OZEKHBU5CKBCSRN63EULAD5Q»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»https://www.infobae.com/new-resizer/9hN9FjobyzSEgPvMyNqvgFCAXo8=/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/67OZEKHBU5CKBCSRN63EULAD5Q.jpg»,»auth»:»1″:»10d3b9961b831ef82139e41ab153bc686970435adb74191a51e6a0e75161883b»,»caption»:»(Adrián 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Marcarian)»,»height»:533,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/WlMUojo0Vt0cNhD6TfAzhaNSJKg=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/F8obtwy2thLZwbJdrspHQqpmqwE=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/SUdEQYk1P4JHLiMOUlMl4qw7070=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/cFdQap9xAC8Y3rFmeZz3Gtc9FmY=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/oB9qwZLJleNN9P2qWOhyjizfZ28=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/4JbpuSc_a5f2XfZvV8NCsPh-nZI=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/HOfHU90tECeUxP1mB7b3qCzMtYo=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/JJJB_Y2TYqWjdydC2MtTickEI9I=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/kQecBbSO1DpxcvsNshROrAx9cMU=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/VKEWlNBmmWtxjJ9msoEHt1izHn4=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Cwk8d46iPlRrZCkDRGVuqXQx-lM=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/yJJ2LA1j7JNC7JNTPp-1n3KsQbY=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/iChvnpo5HOwEhmRpYXA2Nz-cIQY=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Y9jmzmSJIrSE5yTXrI2xcfGwiSs=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/xHa5pImWJbXqEc1QaXK8X77UONA=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/a8DCsQYqh5GoNSIoXUaLT0y62Hw=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/-mmpiYFL1ZFKwElXB_K_aGrR9Cc=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/lxyhmXvp53iGL21X9o0Isf4JCD4=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ejOq56nww1a8ihsssegdAlBiBZA=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/piwrqHQ2Gw3v5-44e5Amhcdl4aA=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Ynaf_zs1xDRxjBaCWMSfKW3kg6E=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/bmHIJOR4RWkkdL8vrfIn_KHTq1E=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/c7onNysxdyKIiGC25-REVOiYAkc=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/TULV-tMJEWgTj-pftJ2pYcGgcXQ=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NN77KS2DT2POXQR7XHURPCPVKU.jpg»,»992×1323″:»https://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miércoles 19 de junio el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley conocido como “paquete fiscal”. Sin embargo, durante el tratamiento en particular eliminó las disposiciones de bienes personales y ganancias aprobadas en la Cámara de Diputados abriendo así un debate constitucional con respecto a un aspecto crucial del proceso de formación y sanción de las leyes. ¿Podría la Cámara de Diputados insistir sobre esas disposiciones suprimidas?»,»type»:»text»,»_id»:»JWGPVQCP4JHSDEY5DFLYBD75QA»,»additional_properties»:,»content»:»La Constitución argentina tiene un Poder Legislativo bicameral conformado por una Cámara de Senadores y otra de diputados (art. 44 CN). Para que un proyecto pueda convertirse en ley necesita entonces, por regla general, el consentimiento expreso de las dos cámaras (arts. 78 y 82 CN). Cuando un proyecto resulta aprobado en una de ellas (cámara de origen) pasa a la otra para su revisión (cámara revisora). Al recibirlo, la cámara revisora tiene cuatro alternativas posibles: aprobarlo, rechazarlo, no tratarlo o bien aprobarlo con modificaciones. Cuando la cámara revisora aprueba el texto venido de la de origen el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo quien decide si lo promulga o lo veta (art. 78 CN). Si, por el contrario, entiende que el proyecto aprobado en la cámara de origen no debe convertirse en ley cuenta con dos opciones: o no darle tratamiento alguno hasta que, pasado un tiempo, caduca en los plazos fijados por la ley 13.640, o procede a tratarlo y termina rechazándolo. Por fin, cuando la cámara revisora aprueba el proyecto pero decide practicar “modificaciones”, la Constitución exige enviarlo nuevamente a la cámara de origen para que sean examinadas por esta. Esto fue lo que sucedió con el llamado proyecto de “paquete fiscal” en el que, además de introducir agregados y correcciones durante el tratamiento en particular, el Senado “rechazó” 41 de los 114 artículos del proyecto aprobado por diputados (el título III -bienes personales-, el V -ganancias- y los artículos 100, 110 y 111, estos dos últimos rechazados con el voto de dos tercios de los presentes).»,»type»:»text»,»_id»:»W6D3ZRNQEJEVNDBPEZXBYKNXFQ»,»additional_properties»:,»content»:»Los casos de desacuerdos entre las cámaras del Congreso con respecto a un proyecto de ley están regulados por el artículo 81 de la Constitución Nacional, el cual conviene citar textualmente: “[N]ingún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”. Tratándose de un desacuerdo parcial, la segunda parte de la disposición citada habilita a la cámara revisora a practicar modificaciones a un proyecto aprobado por la de origen bajo una terminología específica: introduciendo “adiciones o correcciones”. La duda que da lugar al debate público, a partir de la redacción mencionada, es si el “rechazo” o “supresión” de algunos artículos, capítulos o títulos de un proyecto de ley puede encuadrarse como una “corrección” hecha por la cámara revisora en los términos de la disposición en estudio.»,»type»:»text»,»_id»:»FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4″,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/RW7-RgQVRnL0kAbq8p8e9deZOM8=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»caption»:»El paquete fiscal sufrió algunas modificaciones en el Senado \n(Fotos: LUCIANO INGARAMO / Comunicación Senado)»,»height»:2000,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Aq8mBaKse19eQvm34OGxGP_Z0Yk=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Z–qt3rYsipZ5DK1bh2YjqQ1fOs=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/PbWoyk3YlMXiLDPoDhNwD2c1lkA=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ASjlTvRSRhZIrreucUFJaU37_OI=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/BFBYPa6X1xunxlsRkUlk-yd8j64=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/BQAmkG7WeVOyRz8cNx2LZCHXZtE=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/z1L70KXwTvoT_v6uFdWh1E2-nK8=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/FhZrDb6-Fo7ilGSv1Y0UJpJlchA=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/BQ_RyjfwBahVzLtG-X3TX-dILcc=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/DUTWVNSRAl5S8WxXSBtoXyHJqkc=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/pMZo2KsuZOyLL_1fEvC5kJZLIHs=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/u8-gxR4mu2YZc9MupwTUsubMnxI=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/opM-F320o1mK6VmT92fWBDGbI6g=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/U4BpA47HVd82sQob9i6kB9_fqOE=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/xtSlXIhlzaO7VZGSVbzNpNbggg8=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/zt10Q4KK0pIW2WyS0tqjZ0b5huc=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/4KfIX5J1l97LknubfizH3_gIPi8=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/sTqFRyeOW8kZxpDnJakYdOQxDpQ=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/qdliu2Vp6BitNuM3N4u2bos7R3U=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/l7iTjQYsN5oPAn68Zba0CGlJPDA=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/HosePxasLiqH1LSDrputObbit14=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/gHj0fpNys9ztYMsk0V-M8CwCuW0=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/SpYp1pNC3m9kSHDq5bZHchb35NQ=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/pGPHEsx-nbk4ibts1fwU4IrYLT4=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQL2EOQ7OZDHBONWG5OXBR6WO4.JPG»,»992×1323″:»https://www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elementales cuestiones de técnica legislativa, la introducción de modificaciones a una norma puede presentar tres características posibles: que se le inserten textos -adiciones-, que se elimine texto -supresiones- o bien que se enmiende -correcciones-. El diccionario de la lengua española (cuarta acepción) explica que el sustantivo “corrección” designa la “alteración o cambio que se hace en las obras escritas (…), para quitarles defectos o errores, o para darles mayor perfección”; a su vez, estipula que “alterar” es cambiar la forma o esencia de algo. Desde una interpretación puramente gramatical, entonces, las correcciones a que está sujeto un proyecto de ley incluye las “quitas de defectos o errores” pues la supresión de texto importa un cambio en la forma de la ley que, como tal, encuadra lingüísticamente dentro de una “corrección”. Pero hay que prestar atención asimismo a la segunda oración del artículo 81 que, incorporada por la reforma constitucional de 1994, prohibió a cada una de las cámaras rechazar totalmente un proyecto originado en ella después de haber sido adicionado o “enmendado” por la cámara revisora. Así, se “adicionó” un segundo término para describir a las modificaciones señalándolas como “enmiendas” que, como sustantivo femenino, designa toda “propuesta de variante, adición o reemplazo de un proyecto, dictamen, informe o documento análogo”, según el diccionario de la lengua española en su segunda acepción. Precisamente el sistema de enmiendas es el procedimiento elegido por los Estados Unidos de entre los dos mecanismos constitucionales autorizados para reformar su Constitución histórica. Muchos de los lectores conocerán la historia de la llamada “ley seca” que rigió en ese país entre 1920 y 1933. Esa medida se instrumentó a través de una enmienda aprobada y ratificada en 1919 que se “adicionó” a la Constitución. De igual grado, se modificó a fines de 1933 por otra enmienda que, en el primero de sus tres artículos, dispuso “suprimir” la enmienda anterior.»,»type»:»text»,»_id»:»BNU4LJZCBBFBBK6KY734VR3TXM»,»additional_properties»:,»content»:»La consideración como correcciones o enmiendas de las partes de un proyecto de ley rechazadas por la cámara revisora es congruente con una interpretación sistemática de la Constitución. El artículo 81 ofrece solamente dos encuadres posibles para el rechazo parcial de un proyecto de ley: encasillarlo dentro de la primera parte y, así, privar de tratamiento al texto suprimido hasta el siguiente año parlamentario, o bien sujetarlo a la segunda parte tratándolo como una modificación. Pero la idea de que las disposiciones de un proyecto de ley rechazadas por una sola cámara puedan estar sujetas a las primera parte del artículo 81 es simplemente inverosímil. La sanción contenida en esta parte se halla condicionada a la concurrencia de tres presupuestos: que se trate de un proyecto de ley, el rechazo de una de las cámaras y que el rechazo sea total. Siguiendo una tradición parlamentaria antiquísima recogida por todos los reglamentos de las cámaras legislativas, los proyectos de ley se aprueban en, al menos, dos lecturas. En la primera, se discute el corazón del proyecto (tratamiento en general) y, si es aceptado, se pasa a discutir cada una de las disposiciones que lo conforman (tratamiento en particular). La primera parte del artículo 81 contiene un precepto intergiversable: el proyecto debe ser “desechado totalmente” y esto tiene lugar cuando no alcanza la mayoría constitucional durante su tratamiento en general. Precisamente por tratarse de disposiciones particulares, las consecuencias del rechazo parcial de una cámara no pueden asimilarse a las del rechazo total. Así entonces, cuando la Constitución reserva la imposibilidad de tratamiento durante el año parlamentario únicamente para aquellos proyectos rechazados en su totalidad no hace más que desplazar el encuadre del caso hacia la segunda parte del artículo 81 obligando a considerar los rechazos parciales como una “corrección” o “enmienda” en los términos de la norma citada. Al regular únicamente el rechazo total y el desacuerdo parcial entre las cámaras, la Constitución ofrece una solución binaria para los desacuerdos entre las cámaras: o el rechazo total del proyecto o el desacuerdo parcial con modificaciones; no existe el “tertium genus” del rechazo parcial.»,»type»:»text»,»_id»:»25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/WgnvXxQ1p9mZHSlpDoB74DmmBgc=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»caption»:»Los diputados tratan en comisiones las modificaciones implementadas por el Senado (Crédito: Jaime Olivos)»,»height»:2832,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/YB7x7v0W__o9mcH5ZD504TrH8bU=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/E8VoUhqCpnEmRHqW2rwoPjJo5xk=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/64N_E3H1W2p8xLZCAiYSx4PqG1Y=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/NklEZD7jg0Tzvtt7fXLyc9pgFek=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ySjRehnEuTULBIZ_Wd8Jmk695rA=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/IeUs3iaGtPXJUX_Ztev-gXE2YIY=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/2-ntLxR6T1PGy4vw3onIqqumeF4=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/CzXDqmJCuMW0EqjhACU3vgR8Fi4=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/0xoBCM35VYXdFCVrJr9wGHt-xV0=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/nqIJqbPCpzzxwPddgdUyyVIhfeU=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/CQzqEuxDMaRR4WzUmz7h-EBoiIY=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/F4voIzAvu6lR-WOegFA97kDGyHU=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/K3AhznAhaYmeXzVFejlxdH14Em4=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/w0oOp7Lm0cdiSFVy-wBhPf2qJyA=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/8zcc6advE8q9q1nrnQC0_vXW8YQ=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/kTSgucybziv-hMGldkzETVCkGRo=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/bMUToQloJGH6R_q5OIvJ7BqKslI=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/mOXdnpnnXtfH_CY-CCIH4SJguqw=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Kkm88psyWF5f1Ny6ePlhtODV88E=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/UlAaEYVY-XXxn8QFxvKUMSPBwZE=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/DHIAVDqY1MtPHtUtcd3yPn9e0a0=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/NjrLy13dVXvWn9DioaEhegeHatQ=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/zK9qiOrEPw6FqM6XShiGZwsJF_M=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/FO2EukQL9VYWv4GgwH4ccCt7PBI=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/25G7RBAKBZECTM3S3CN6KMSWYU.jpg»,»992×1323″:»https://ww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solución expresada, que, como expliqué, emerge desde una interpretación sistemática como gramatical de la Constitución ¿no resiente el sistema bicameral rompiendo el esquema de unidad de la ley? El sistema bicameralista supone la concordancia de voluntades de las dos cámaras para la sanción de la ley por definidas mayorías para ser consideradas como la expresión exacta de la soberanía nacional integrada por los dos elementos históricos que en aquellas están representadas: el pueblo (a través de la Cámara de Diputados) y las provinciales (en el Senado). Cuando un proyecto es aprobado en general y con modificaciones en particular la Constitución presume que ambas cámaras están de acuerdo sobre el corazón de la medida, discrepando solo en las modalidades o detalles que deben tenerse en vista para su sanción. Ante desacuerdos parciales el derecho comparado ofrece principalmente dos soluciones posibles: o bien un sistema de reenvío intercameral con prevalencia en última instancia de una de ellas o el sistema de “conferencia”. En este último las cámaras conforman una “comisión de conferencia” con miembros de ambas, consensúan una redacción final del texto en disputa que las conforme y lo elevan finalmente a la aprobación de cada cámara. Si finalmente no logran ponerse de acuerdo, a diferencia del sistema de reenvío que otorga prevalencia a una de las cámaras, el proyecto de ley se cae. Este fue el sistema que adoptó el Parlamento inglés hasta el declive de la supremacía política de la Cámara de los Lores a partir de 1911 -que confinó a un año el poder de veto suspensivo de las leyes aprobadas por la Cámara de los Comunes- y replicó el Congreso de los Estados Unidos hasta la actualidad. Indudablemente, el sistema de conferencia es más fiel con la regla de bicameralidad, ya que fuerza un acuerdo total de las cámaras en la redacción del proyecto y no admite leyes sancionadas con discrepancias parciales. Sin embargo, precisamente por esa inflexibilidad que trae consigo en la unificación de criterios, presenta el riesgo de paralizar el proceso legislativo a causa de un desacuerdo indefinido entre ellas. Al sancionar la Constitución en 1853, el constituyente argentino se inclinó por agilizar el trámite legislativo optando por el procedimiento de reenvío intercameral en el cual, en última instancia, termina prevaleciendo la voluntad de la cámara de origen. Este sistema deja un espacio abierto en donde, habiendo desacuerdos parciales, se puede terminar colando la versión de una sola cámara en la sanción de una ley cuando las modificaciones efectuadas por la cámara revisora con mayoría calificada (dos tercios de los votos de los presentes) no son rechazadas por la cámara de origen con la misma mayoría, cuando la redacción insistida por la cámara de origen termina rechazada por la revisora sin alcanzar la mayoría calificada o bien, como sucede con el proyecto de paquete fiscal, cuando las supresiones parciales de la cámara revisora no resultan aceptadas por la cámara de origen. Estas son las consecuencias del sistema de reenvío intercameral elegido por la Constitución argentina para la sanción de leyes con desacuerdos parciales entre las cámaras y, nos guste o no, la solución ofrecida por la Constitución. Nuestra Ley Fundamental adopta la regla de bicameralidad en la formación de la ley, pero en los casos de discrepancias parciales entre las cámaras se inclinó por elegir un sistema en el cual, en supuestos absolutamente puntuales, cede parcialmente privilegiando la voluntad de una cámara por sobre la otra.»,»type»:»text»,»_id»:»RJ423NVELRHGVPPTR2NEOO5HAQ»,»additional_properties»:,»content»:»Ciertamente, el otorgamiento de la prevalencia final a una de las cámaras no fue aceptado, ni siquiera en casos extremos, por ninguno de los antecedentes constitucionales preexistentes a la Constitución de 1853. Pero sí lo hizo la Constitución chilena de 1833 cuyo artículo 51 fue literalmente copiado -con excepción de una sola palabra- por los Constituyentes argentinos para regular estas situaciones. Esta es la verdad histórica del caso.»,»type»:»text»,»_id»:»PNOWHS4AINC33PNUVSTBXPBERQ»,»additional_properties»:,»content»:»La interpretación hasta aquí apuntada se vio refrendada por una inveterada práctica parlamentaria implementada en el país desde hace más de ciento cincuenta años que puede ilustrarse con cinco decisiones parlamentarias de distintas épocas. Primera: como resultado de una práctica parlamentaria consolidada, a fines del Siglo XIX el Senado introdujo una reforma en su reglamento original de 1862 habilitando expresamente la insistencia de artículos “desechados o modificados” por la cámara de diputados al actuar como cámara revisora. Esta disposición la hizo notar Aristóbulo del Valle (entonces profesor titular de la cátedra de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y senador nacional por la Provincia de Buenos Aires) en el Senado de la Nación durante el tratamiento de la famosa ley 1420 de educación común en 1883. Segunda: como consecuencia de esa modificación, el 27 de septiembre de 1900 el Senado -presidido por Bartolomé Mitre como presidente provisional del cuerpo y a pedido de Figueroa Alcorta- decidió como cámara de origen sostener la vigencia del artículo 6 de la ley 3952 (ley que, a groso modo, habilitó a los particulares a demandar al Estado nacional sin autorización el Congreso) suprimido por la Cámara de Diputados. Tercera: durante el tratamiento de la primera ley del Consejo de la Magistratura el 23 de abril de 1997 las comisiones de asuntos constitucionales, de justicia, legislación general, legislación penal y presupuesto y hacienda del Senado suscribieron un dictamen conjunto por el cual decidieron insistir en la redacción de treinta y un artículos de la versión aprobada por el Senado, dos de los cuales (el 35 y 6 incisos del artículo 8) habían sido “eliminados” por diputados como cámara revisora. El dictamen conjunto, inserto en el orden del día 212/97, cuenta con la firma de veintitrés senadores -casi un tercio del Senado- entre las cuales se encuentran las de Eduardo Menem y Jorge Yoma. Cuarta: el 21 de octubre de 2009 el Senado sostuvo la vigencia de los artículos 11, 21 y 24 de la ley de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado 26.529 suprimidos por diputados en oportunidad de revisar el proyecto aprobado por el Senado. Quinto: el 14 de septiembre de 2016 fue la Cámara de Diputados quien, durante el tratamiento de la ley de acceso a la información pública 27.275, insistió como cámara de origen la vigencia del inciso “m” del artículo 8 suprimido por el Senado el cual excluía entre los sujetos obligados a brindar información pública a las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública. Esta ha sido la práctica parlamentaria histórica en el derecho argentino observada en todas sus épocas. Por ello, como escribió el gran constitucionalista norteamericano Thomas Cooley -el jurista extranjero más citado por la Corte Suprema argentina de las tres primeras décadas del siglo XX- “cuando una interpretación ha sido aceptada como correcta y especialmente cuando esta ha sido dada contemporáneamente con la adopción de la Constitución y por aquellos que tuvieron oportunidad de comprender la intención del instrumento, existen poderosas presunciones a favor de tal interpretación.” Ninguna duda cabe entonces que la cámara de origen posee competencias constitucionales para insistir en la aprobación de disposiciones suprimidas por la cámara revisora.»,»type»:»text»,»_id»:»4KXR5UA6U5DH5DN4KPD3RAKVPQ»,»additional_properties»:,»content»:»No es posible ignorar que el sistema elegido por la Constitución y, como vimos, refrendado por una práctica parlamentaria centenaria, puede en casos puntuales poner en crisis la regla de bicameralidad con las llamadas “leyes ómnibus”. La solución adoptada por la Constitución fue pensada para superar desacuerdos menores. Ante la posibilidad de una cámara de insistir en su versión original del proyecto suprimida por la otra, podríamos encontrarnos con disposiciones impositivas que, insertas dentro de una ley ómnibus, resulten aprobadas por la voluntad de una sola de las cámaras del Congreso. Pero la Constitución no puede ser inconstitucional ni, como decía Juan Bautista Alberdi, no puede violarse a sí misma. Es ella misma quien fija sus reglas y, al mismo tiempo, los límites que las sustentan. Tales casos, por cierto absolutamente excepcionales, bien pueden prevenirse a partir de una práctica parlamentaria responsable del Congreso procurando evitar posiciones irreductibles que terminan filtrando disposiciones normativas en una ley sin la conformidad de las dos cámaras. Deviene oportuno aquí proponer al Congreso que evalúe la posibilidad de instrumentar el sistema de “conferencia” para estos casos el cual constituye una buena práctica parlamentaria, ha sido reclamado por buena parte de la doctrina especializada sobre la materia y puede instrumentarse a partir de una decisión conjunta de las cámaras sin necesidad de recurrir a ninguna reforma constitucional siempre que se emplee como un mecanismo de resolución previo a la instancia de reenvío y no lo reemplace. Entretanto habrá que recordar que, además de un instrumento de gobierno y un símbolo de la unión nacional, la Constitución es ante todo un documento jurídico que, como tal, debemos respetar como es y no necesariamente como nos gustaría que fuese pues, como expresó la Corte Suprema durante la presidencia del juez Antonio Bermejo, “la Constitución no se modifica por vía de cambios en la jurisprudencia, ni los jueces a título de interpretar las leyes, pueden invadir la potestad legislativa, no debiendo olvidarse que (…) una constitución no significa una cosa en un tiempo y otra distinta en un tiempo subsiguiente.”»,»type»:»text»,»_id»:»NXLRITEZRBBTRL4L677ZFQATII»,»additional_properties»:,»content»:»*Jorge Alberto Diegues profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad Austral y miembro de los Institutos de Derecho Constitucional de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Ciencias Morales y Políticas.«,»type»:»text»,»_id»:»ZCGDBLXU3NDETG2SZGH6DKXTGA»,»additional_properties»:,»content»:»
«,»type»:»text»],»created_date»:»2024-06-27T01:53:56.793Z»,»credits»:»by»:[«additional_properties»:»original»:»_id»:»Jorge-Alberto-Diegues»,»description»:»El autor es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral y miembro de los Institutos de Derecho Constitucional de las Academias de Derecho y de Ciencias Morales y 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Abr 30, 2024. 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extendido debate por la “Ley Bases” tendrá un nuevo capítulo en las afueras del Congreso de la Nación. Este jueves, desde las 13, organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), partidos de izquierda, gremios de base y grupos piqueteros, se concentrarán para exigirle a los diputados que no voten las modificaciones que se introdujeron al proyecto, que ya tenía media sanción de la Cámara baja antes de su paso por el Senado, para que se “caiga”. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, recordaron que el protocolo antipiquete se hará cumplir “como siempre” y que del operativo participarán, al menos, tres fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal y Prefectura). También lo hará la Policía de la Ciudad.»,»type»:»text»,»_id»:»34YDL3BMBBEYDKKHQD5FQTTGIY»,»additional_properties»:,»content»:»El despliegue de efectivos, infantería, grupos especiales, brigadas motorizadas y camiones hidrantes dependerá de la cantidad de militantes que se movilicen.»,»type»:»text»,»_id»:»OGHLJJVTZJEMDCP6DFBTJUA7EE»,»additional_properties»:,»embed»:»config»:»contentUrl»:»https://cdn.jwplayer.com/videos/yizrcuVa-HeIT2Id1.mp4″,»description»:»Comenzó el operativo antipiquetes en el Congreso\n»,»duration»:»P0Y0M0DT0H0M74S»,»mediaId»:»yizrcuVa»,»name»:»Comenzó el operativo antipiquetes en el Congreso»,»playerId»:»4qsimN8I»,»thumbnailUrl»:»https://cdn.jwplayer.com/v2/media/yizrcuVa/poster.jpg?width=720″,»uploadDate»:»2024-06-27T11:55:38.000Z»,»id»:»yizrcuVa»,»url»:»https://dmogdnijql5p4.cloudfront.net»,»subtype»:»video»,»type»:»custom_embed»,»_id»:»CQMBHNQTDRCGNC46Z7BANFGTOU»,»additional_properties»:,»content»:»En principio se espera una concurrencia menor a la del 12 de junio, fecha en que se debatió en la Cámara alta y se registraron incidentes de extrema violencia en los alrededores del Palacio Legislativo. Activistas encapuchados llegaron a incendiar varios autos, uno de ellos de Cadena 3, y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los efectivos policiales.»,»type»:»text»,»_id»:»QMD3H45YJFCQ5KHYDIFSFLDN3I»,»additional_properties»:,»content»:»Ese día, los alrededores del Congreso de la Nación se convirtieron en un campo de batalla en el que chocaron manifestantes y fuerzas de seguridad durante toda la tarde.»,»type»:»text»,»_id»:»XQ6EW24DH5FELH5TMX53I2KY4A»,»additional_properties»:,»content»:»Organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos también se manifestaron en rechazo a la Ley Bases que se debatía en el Senado. El objetivo del ataque fue interrumpir la sesión. No lo lograron. Hubo más de 30 detenidos, la mayoría fue liberado por orden de la Justicia. Los destrozos fueron calculados por el gobierno porteño en más de 200 millones de pesos.»,»type»:»text»,»_id»:»MTJBE43X5BCJFITEOIUSREXECU»,»additional_properties»:,»content»:»Quiénes movilizarán a Congreso hoy contra la Ley Bases y el paquete fiscal»,»level»:2,»type»:»header»,»_id»:»IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/s3s9r9A6t0U7i0CaPp-_0QgBZwI=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»caption»:»La convocatoria de la UTEP»,»height»:1080,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/7FyE-SEDcaGCEQr9p2UDuc01eI8=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/OU0HZaoparGCirzWXzehEDPaXRY=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/UD16QyjFSacn_HWNbZlKgucrPmY=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/eYGa5XgYAUn72dngNjY93aR5uwk=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Q2nc6LZMdRGY96ARCxUmrL12BrM=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/twnDpO1y90I3sUmz6Y_iLVtB3bY=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/lOycDGgDA404kDDsQVvg1sqx4ro=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/F7582S57EW_pXnD1rAEzgJn46qI=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/WbaiRLlS5GRNGlo9glYonlgCc9s=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/qAch5kJCYDmsRdd99TTqoY-kxBo=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/wQivFA7st6PlM9gyABZeqahEiDo=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/z3MFtnDTwlX7KvcPgXvvsty9WR4=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ONqBVgoXOOK2ep6duSwLTwQ-fX0=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/XDVH0lOnavd9Uw79FvVfNYT1sCE=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Qs5r1oAgJ8TjRhTcuWc5e72OAHs=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/J3mjW6_thXt2F5kLDDBC-SgnWCs=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/6F_76OzG24G6-NYA3udfOPOSEHw=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/87HN6btw0UAzPyiVbxGlAFGENPc=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/LMHgGet-ZU_bbgXVBQNaX7xexnw=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/PYHkA0S9j6fPNIIS0Xwgd0zi3XQ=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/lSAuvV5ZpU7IkGQkiUTDj9ZWNp0=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/H2354U_k7_IGmNtW7fD4LFHVoJE=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/HbfSvPTYuZVXKGJ7QYWnWDFA4w0=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/kdexyBSNhXo4IxrBXgpXUBOZMQI=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IL27KUA3HVBGRMFJ6YTHOKVOHM.jpg»,»992×1323″:»https://www.i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organizaciones irán llegando a Plaza Congreso de manera escalonada. Primero lo hará la UTEP, compuesta por delegaciones del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y Barrios de Pie, entre otras. Sus columnas, que llegarán en camionetas y medios de trasporte público están convocadas a las 13.»,»type»:»text»,»_id»:»ZFARGX4ZZJG3REFUP6D37RUPGU»,»additional_properties»:,»content»:»Una horas después lo harán el Polo Obrero y otras agrupaciones de la Unidad Piquetera, como el Frente de Organizaciones en Lucha y Libres del Sur.»,»type»:»text»,»_id»:»SX2SWLNCSZCE3A2AHBYW3CXAWU»,»additional_properties»:,»content»:»Además, desde las 14hs también se harán presentes trabajadores estatales de ATE en las inmediaciones del Congreso. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, difundió la convocatoria del consejo directivo nacional del gremio desde su cuenta en X y denunció: “La reforma laboral incorporada en la norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear más empleo ni tampoco a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales. Los trabajadores nos negamos a ser ratas de laboratorio y que experimenten con nosotros teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo”.»,»type»:»text»,»_id»:»T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4″,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/CwTcdYt4c-t8o2jso2bQusWUF0g=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»caption»:»La convocatoria de ATE nacional a movilizar este 27 de junio en el marco del Día del Trabajador Estatal contra la Ley Bases en Congreso.»,»height»:2712,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Yq68zSUcPcKx75kBe2tSNmKPPkE=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/gF8iJmt2UChrz2CeM-9ZxRyss14=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/FsLtAqGXhwE4eiW9NxYIBIQLmU4=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/uVbv7aKzoABOfgY5VgW4UzRGFWE=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/N32VnnZUcXNmvBWUR_lztzbuQZU=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/HRB2ENW9gjk5MJu7zynRmdEpCj0=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/atsn0V9q7mIDDFihws3mtUpJXAU=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/SZeNJfbX1YcqW48kcQr81gwObxg=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/gjOWrhsZLqJNzGpzs_DE7cSPXlY=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/wuHaZfgXtZf_wMuu1IlUWUpdCCg=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/KpRCHASFbjRGGBzD0Q3_D2LmSfI=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Q88tavvIWRq8lPZkZ66akWTY8UE=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/W0lOfCgmEUjNDYPyx_QNPkky1sE=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/z46UpxpXXGAtBie-Ej0LYss1SEc=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Ngf9xnOladgUHKweJ-f5zmzhIAE=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/GmqhjePZz3VDbB3ed1S1k2Ppsnk=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/NtJzw1VMev-SkN4vt0ulXkm22Eg=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/rQCpj4c03AC-rat3VBa4JaqP5sI=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/WI5gSbOT28Mlt8WIAGCxZlNpQwE=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/bmIxADmts2dCagFusOrgriCzFsY=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/YTQPklqrH0piRs-Xn-jOCSt2QZA=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/TQwJN-lBK586wPKf2OYGg79sRmQ=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/RkWiKh3r2SrTXxByxQuozYBM0qs=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/gMKrxqpyw6gz31wSK5SDE4MwwH4=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/T2F5XQHEBNCSXEYSZOSAS472A4.jpg»,»992×1323″:»https://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Saravia, dirigente nacional de esta última organización, le dijo a Infobae que se manifestarán contra los parlamentarios porque “la Ley Bases y el paquete fiscal que se debaten están deshilachados respecto de las primeras intenciones del gobierno de Javier Milei, pero siguen mostrándose en favor de sectores enriquecidos, en favor de los sectores de poder, y en desmedro de derechos de los sectores populares. Además, le otorgan beneficios impositivos a quienes tendrán un perfil extractivista de nuestros recursos naturales”.»,»type»:»text»,»_id»:»D5PZ6N624ZBKVF3QDMGDNYFGSI»,»additional_properties»:,»content»:»Una hora después, a las 15, arribarán a la esquina de Callao y Rivadavia los partidarios de las fuerzas que integran el Frente de izquierda, entre ellos el MST y el MST-Teresa Vive. Tienen previsto realizar una “radio abierta” sobre la vereda que da a la avenida Entre Ríos, frente al Congreso. Las consignas: “No a la ley bases” y “Libertad a los presos políticos”, por los seis detenidos que aún quedan acusados de los disturbios del 12 de junio.»,»type»:»text»,»_id»:»H3YU2PK4QFHP3BVH5IPJ3CRF2Q»,»additional_properties»:,»content»:»El Polo Obrero, cuyo líder principal es Eduardo Belliboni, también convocó a partir de las 14 y las 15, aunque es probable que los primeros contingentes lleguen antes. Lo mismo ocurrirá con el MST, que suele adelantarse para colgar los pasacalles en la primera línea de visión.»,»type»:»text»,»_id»:»YBIHHOMSD5GIDBXZLLCTSSQTGI»,»additional_properties»:,»content»:»A través de un comunicado, varias de las organizaciones que convocan a la concentración afirmaron: “La aprobación de la ley por parte de los diputados reforzaría la política deflacionaria del gobierno, incrementando la recesión. Para los trabajadores, la Ley Bases implica la virtual eliminación del derecho laboral, incluyendo el fin de las indemnizaciones y la introducción del trabajo con factura, perjudicando la negociación colectiva y los contratos de trabajo. Será un impulso al monotributismo y la atomización de la clase obrera, con la colaboración de la burocracia sindical, que ha esperado hasta el último momento para oponerse”.»,»type»:»text»,»_id»:»GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/woeXOTS1SeoTd9badmVdmM5CFTw=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»caption»:»El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes (Foto: Gustavo Gavotti)»,»height»:1080,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/yS1pZYMmsbdhCOg2WMxLbQJFn3M=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/xdks_59OSGcy2ySPMUpI2JDC7WM=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/dO8yjaSwn-Vbq41W4OJDeICOQNk=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/rMEpgVMQ-kjsnSK5D-kzc63cenw=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/CSxxfl5ByL4tJ7F4Ta8PpqrdAnc=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/C3PJBims0A77Pk-kOXavqg1vGiQ=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/j57_PsMBGqNV0eR6Wwwrx5IMSGY=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/brHCNUZYxCT761sAZyEl2GlPPVA=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/gAA1izoQl9s7vcYBe1HVgl57uI8=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/C2mrKrkDUW_cbmEHFzJ2H3aBPwU=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ZmXtnLbjO22AGoA72wCMy77kDQQ=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/1Mfs-FRHgZl03F-0CBZ-6leC9s4=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/xrxRKliPZsIfgOOFaIQMyDxeBV8=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/YWSZylghF7U3PhhLWCE2WLluCeI=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/lJV4M0h0dehWfqD4heSNV_XFJJc=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/N3G130o55jtVPDI0vu-lfQSGqWM=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/jdapoGjGr6F-lIx5mKQhQ208gIQ=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/78rz2GZp1BRHYM5McpCYTG4UqHI=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/WBtRjJSf7CkVMpQ9HINnVlo3s5I=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/xZL-qogXlDCMMvyY7oHQqk6a4Q8=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/QPfOTwZUtC73UavgLVhzKLkAMeU=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/kL3CjMPJZABMeoby8JMl_3vocrY=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/DQGTkP0pCoKb1BLdEDuA0BluJEA=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/i9EdoBWeKPaBnCbhkYR-xjV1LsU=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GLH7SVVWLBDKZH5QK462WS4AEA.JPG»,»992×1323″:»https://w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clima que parece vivirse entre los convocantes es diferente al de hace dos semanas. En esa oportunidad habían manifestado públicamente la intención de “resistir” el protocolo antipiquetes y “hacer caer la Ley Bases”. También habían anticipado que los senadores que votaran a favor del proyecto impulsado por la Libertad Avanza serían “traidores a la patria”.»,»type»:»text»,»_id»:»SPULUXIFHZB2NPPKOPLXD4BH6A»,»additional_properties»:,»content»:»La ministra Bullrich también había anticipado que las fuerzas federales que comanda no se dejarían amedrentar y que solo evitarían que los activistas cortaran las arterias.»,»type»:»text»,»_id»:»HNLIEGEFFRFHLHVP7XU43QJCSU»,»additional_properties»:,»content»:»Esta vez, los dirigentes piqueteros decidieron no realizar amenazas y convocaron, casi en silencio, por redes sociales y comunicados de prensa. Tampoco realizaron la habitual conferencia de prensa para convocar a la medida en el Obelisco porteño o frente al Palacio Legislativo. Las cartas en el recinto parecen estar echadas en favor del Gobierno de Javier Milei y su presencia en los alrededores del Congreso pasaría a ser casi simbólico. Habrá que esperar a ver como evoluciona la jornada. Por lo pronto, la presencia policial, al comienzo del día, no será numerosa para evitar provocaciones. Pero estarán atentos a pocas cuadras del 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Milei cerrará esta noche finalmente su primer éxito legislativo. Tras más de seis meses de arduas negociaciones, la Ley Bases y el Paquete Fiscal serán sancionados definitivamente en la Cámara de Diputados, que aceptará la mayor parte de los cambios que introdujo el Senado pero insistirá con la reversión del Impuesto a las Ganancias y la suba del piso de Bienes Personales.»,»type»:»text»,»_id»:»S6NNZLGFLNDHHN4XJ57LMEM2FE»,»additional_properties»:,»content»:»La sesión durará por lo menos 12 horas. Eso calculaban ayer por la tarde los bloque dialoguistas que se juntaron con el oficialismo para llevar una posición común a la reunión de labor parlamentaria que se hará hoy a las 10. El objetivo es que el debate se comprima lo más posible, por eso ambos temas se debatirán en forma conjunta y luego la votación será por separado. Del encuentro participaron, entre otros, Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Alejandro Cacace, Pamela Verasay, Pamela Caletti, Agustín Domingo, Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño.»,»type»:»text»,»_id»:»FVEQYPKC7JA7TGBB5DJRCFM2RU»,»additional_properties»:,»content»:»Para asegurarse los votos para la Ley Bases el oficialismo desistió de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años.»,»type»:»text»,»_id»:»LBNPNX7CS5BCFO57QKKFIAS5PM»,»additional_properties»:,»content»:»Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.«,»type»:»text»,»_id»:»SGISKVJYQBHZBIXFKFGZSIZPUQ»,»additional_properties»:,»content»:»La primera vez que se debatió en Diputados, la Ley Bases obtuvo 142 votos afirmativos. Por lo que a partir de los cambios aceptados y la remoción de empresas Aerolíneas Argentinas de la lista de “privatizables”, el oficialismo descarta sumar cuatro votos más de radicales que en aquella oportunidad se abstuvieron. También cuentan el voto extra del diputado del PRO Álvaro González que estuvo ausente.»,»type»:»text»,»_id»:»NX4GMVILPVDDPGVAFZXIHDN7GE»,»additional_properties»:,»content»:»Sin embargo, todavía hay un artículo del Paquete Fiscal que genera cierta incertidumbre: la reinstauración de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Este punto fue rechazado en el Senado por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscan evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia debido a que tienen sueldos altos por el régimen de las zonas desfavorables y por el tipo de actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).»,»type»:»text»,»_id»:»GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/odS9fBOi4FiGKionSprjD0qYIt8=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»caption»:»Karina Milei, Guillermo Francos, José Rolandi y Omar de Marche durante el debate de la Ley Bases (Gustavo Gavotti)»,»height»:1080,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/fRxyUhRW5cen9UR6K4_y6AF58_4=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/76zxmxp0sJVqUV-_kQ_DXo2hVVU=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/6IA8hOdGmcrDd04I8Pl5xgilpVQ=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/3AmLqXppSZY7GuuOOkOKQM-SILg=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/s0MBU1dcpElL5OXQBQ6fDB8x8fo=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/za5xtLQKVv2j9IL–_GRux6cDKM=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/GilIo1PYqYd1Np5DNXBuQ25p15Q=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/2nzlO-E1_-EuMp-7UeDThDDyJx4=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/O4BaLMqjZoD7rPmpjij3z_JUmqo=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/XOCltQic8r7lvp0fbnFKAASW7EQ=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/JHlDgBP_M_RVODneDPXSGxVz2-0=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/qbn1WGjDNCfZltnOkGSEQb0rJeo=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ZVkBX_dNP6bXdT8B-U3BXRuZN34=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ozU6DesRX-H_dI2r8WeJolCUDRo=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/vVC2Ahg_tVwMRhKCGV8mm5TLOMw=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/C49HtXZ7M0nsGT-QvPWoW-jTay8=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/2c8v6shzOAeHBTb2KyIIOH8VEKQ=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/0KPlKXhAkwYHq1Ry_6JRj9uyqsM=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/3oEZrQpMFXlRjf3ca4zI1ZwGmik=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/x1_N0tMDd5w2RTSZ1iC0j_Kc5ak=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/UQD1YOS5W5akVTwNQ4vPwGsd6jA=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/ViU1Au0M2B6-Gxvv1-RsoukBZPs=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/qJltfWbiZpT-_y63zS7t8yfv3WM=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/lM9_72fhxE8KczaSY_YiH4fLv90=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GGP7BZZIPBDXZLWJKPED7M3XHY.JPG»,»992×1323″:»https://ww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oficialismo cuenta como asegurados al menos 129 votos, que podrían llegar incluso a 134. Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que es muy difícil contar los votos del radicalismo porque el bloque “tiene muchos problemas internos”. En principio votarán a favor 40 diputados de LLA y MID, 36 del PRO ( menos Ana Clara Romero que ya había votado en contra), 3 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 4 de la CC (había tenido una abstención y una ausencia), 12 de Hacemos Coalición Federal (son 16 pero habían tenido cuatro votos en contra), 7 de Innovación Federal (un diputado rionegrino votó en contra), 26 de la UCR (son 34 pero ocho diputados ya habían rechazado) y 1 de Unión por la Patria (el catamarqueño Sebastián Noblega había votado a favor).»,»type»:»text»,»_id»:»TE75OLAXHFH6TIM5A2KDJDDJY4″,»additional_properties»:,»content»:»Sin embargo, para complicar los cálculos del oficialismo, otros cuatro radicales (patagónicos y bonaerenses) pusieron en duda su apoyo en los últimos días. Por otro lado, otros tres peronistas de Catamarca podrían abstenerse a pedido del gobernador Raúl Jalil. Igualmente, solo se requiere una mayoría simple (más votos afirmativos que negativos) y el oficialismo tiene bastante margen para que se apruebe este artículo.«,»type»:»text»,»_id»:»EFKZTFNFZRD45AXWPO3A4YJG5E»,»additional_properties»:,»content»:»Según la versión de Diputados con la que se insistirá, el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).»,»type»:»text»,»_id»:»VGKG6NMHSRD6BE5MX6EAC57L5I»,»additional_properties»:,»content»:»Para la reforma de Bienes Personales, otro de los puntos con los que Diputados insistirá en la redacción original, el “poroteo” es más holgado en favor del oficialismo y rondaría los 140 votos afirmativos.«,»type»:»text»,»_id»:»SHUNB766XRFXHDOEVR7PA45N3Y»,»additional_properties»:,»content»:»Así, el nuevo piso del tributo pasaría de $27 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar sería de $350 millones. A su vez, se implementaría un plan de pago anticipado por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (“Reibp”), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.»,»type»:»text»,»_id»:»76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM»,»additional_properties»:»resizeUrl»:»/new-resizer/wlzUwHIQKThjT35xCziLF2Npf4E=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»caption»:»Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Gustavo Gavotti)»,»height»:1080,»resized_params»:[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»420×420″:»https://www.infobae.com/new-resizer/3pd0JHTDkM_s3KRnor_gXD8a4v8=/420×420/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×280″:»https://www.infobae.com/new-resizer/GXSo8lqEGjs-Z6K5fBvaziKulhg=/420×280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×315″:»https://www.infobae.com/new-resizer/cc1oaN2F3cFQJUFX_DyUSrosyCA=/420×315/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×236″:»https://www.infobae.com/new-resizer/vcAsghuVmYK_ce0I1hfXrBFUUDs=/420×236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×187″:»https://www.infobae.com/new-resizer/6MeB3DP4YlDuCkNFeeQ1n3BjLNE=/420×187/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×945″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Ti8bTKnZJZmSpsELV9eM4ICHknI=/420×945/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×747″:»https://www.infobae.com/new-resizer/YcRbDgBPjs32CgAQ9OskGA9kecE=/420×747/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×560″:»https://www.infobae.com/new-resizer/58lc4q-RE8D4QTQwltyBetVRf40=/420×560/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»420×630″:»https://www.infobae.com/new-resizer/6Xux0myOlL9Iy9spqqMcKyKTF7Q=/420×630/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,,,,,,,,,,,,,,,,»768×768″:»https://www.infobae.com/new-resizer/9aajBG8nDn_p4oGJ7Kvnux9kdAQ=/768×768/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×512″:»https://www.infobae.com/new-resizer/y3b0zgE_hwR26I1BlAOnpnBwuXc=/768×512/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×576″:»https://www.infobae.com/new-resizer/3hMR7G_jCwRpfKyVk1JNsbPpca0=/768×576/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×432″:»https://www.infobae.com/new-resizer/i5fTkUfooQrhE93g7mpTQBLlOpc=/768×432/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×341″:»https://www.infobae.com/new-resizer/mrtgSg-luCwgUYRKeU4zQxD4euQ=/768×341/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×1728″:»https://www.infobae.com/new-resizer/5xI-sMG-SvLCdtr0wcM1bnjgsyQ=/768×1728/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×1365″:»https://www.infobae.com/new-resizer/V9fFhpP5LB9axH9yAEG0kgEUrmA=/768×1365/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×1024″:»https://www.infobae.com/new-resizer/DqeE1Q9rIBlvZ4xTYPp36Q7ay9M=/768×1024/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»768×1152″:»https://www.infobae.com/new-resizer/q1Kdj6ssq9dpYzStzoU50jsaML4=/768×1152/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,,,,»992×992″:»https://www.infobae.com/new-resizer/Iae2YvN5QXhS98pubNKGGdPjeMo=/992×992/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»992×661″:»https://www.infobae.com/new-resizer/pgOTSbzs1jkqJQkx2kScLnWCy5s=/992×661/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»992×744″:»https://www.infobae.com/new-resizer/tRcWyEN8QOZwB8cIUCI0SztEJWQ=/992×744/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»992×558″:»https://www.infobae.com/new-resizer/J8wn_VHLb54gB18Z4NQh8_gd7Hk=/992×558/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»992×441″:»https://www.infobae.com/new-resizer/8xMJxWyMp56CsZ1SJCL0o0S-Au4=/992×441/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,,»992×1764″:»https://www.infobae.com/new-resizer/odiEdgpPEdlOit2YptG1fyMWqCw=/992×1764/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/76M2PXQGQFAKFIETSCXD3ZKCAM.JPG»,»992×1323″:»https://w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»:,»content»:»Finalmente, la oposición insistirá con la revisión de los gastos tributarios, que son los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar beneficios impositivos especiales para favorecer ciertas actividades, zonas o contribuyentes. En 2024, representó un impacto negativo en la recaudación nacional del 4,72% del PIB.«,»type»:»text»,»_id»:»YJSC6HKF5JHKDCR4IGMZ7N2HHI»,»additional_properties»:,»content»:»Algunos ejemplos de gastos que el Poder Ejecutivo podría revisar son: la exención de inmuebles rurales en Bienes Personales (0,48% del PIB), la exención de honorarios de directores de sociedades en el IVA (0,29% del PIB), la exención del pago de Ganancias por parte de jueces (0,16% del PIB) o el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (0,33% del PIB)»,»type»:»text»,»_id»:»D6MVV5SUCRFTTDS73HGGOEGZDY»,»additional_properties»:,»content»:»Para esa votación Diputados tendría que alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los presentes que iguale la votación del Senado, por lo que su aprobación es virtualmente imposible sin los votos del peronismo (99 votos).»,»type»:»text»,»_id»:»K4PCFOB3XVCRPG6FN6FAZELAXY»,»additional_properties»:,»content»:»“Lo que está es lo que puede salir. No pusimos nada que no podamos conseguir”, aseguró un referente del PRO tras la reunión de los bloques dialoguistas. Salvo que ocurra algún hecho totalmente inesperado, finalmente Milei tendrá las herramientas que tanto ha reclamado para llevar adelante su plan de reformas institucionales y económicas.»,»type»:»text»],»created_date»:»2024-06-26T22:08:35.063Z»,»credits»:»by»:[«additional_properties»:»original»:»_id»:»Federico 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Cámara Baja vuelve a tratar este jueves los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. 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