Las presidenciales del 28 de julio generaron la mayor crisis política del último lustro en el país, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgara a Nicolás Maduro un triunfo ampliamente cuestionado por parte de la comunidad internacional y rechazado por la oposición mayoritaria, que reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
El conflicto, que estalló al día siguiente de las elecciones con multitudinarias protestas contra el resultado oficial, se saldaron con más de 2.000 detenidos y 28 fallecidos, lo que, lejos de aplacar los ánimos del electorado, avivó más una llama que el Estado intentó apagar con nuevos arrestos y la aprobación de draconianas leyes.
Entonces, arrancó un largo camino de casi medio año hasta la toma de posesión del presidente electo, que se celebrará el próximo 10 de enero, un peregrinaje que mantiene en vilo a la población venezolana dentro y fuera del país, y que ha dado espacio y tiempo a todo tipo de especulaciones, intrigas y vaivenes que imposibilitan dar carpetazo a la situación.
La incertidumbre generada impide pensar en un nuevo comienzo y en dejar atrás una sucesión de crisis que, por una razón u otra, han sumido a Venezuela en un mar de problemas de todo tipo que, año tras año, el gobierno de Maduro promete resolver con nuevos planes y proyectos.
Más dudas que certezas
Si bien el órgano electoral dio como ganador a Maduro, la oposición mantiene su reivindicación de victoria, que respalda con el 83,5 % de las actas de votación que asegura haber recopilado a través de testigos y miembros de mesa en todos los estados del país, y que ha hecho públicas en una página web.
Las actas, además, han sido presentadas en parlamentos e instituciones de diversos países, y en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), de la mano del Centro Carter, que fue observador en los comicios venezolanos por invitación del CNE, al considerarlo una entidad fiable.
Y aunque los documentos de votación publicados por el oficialismo sirvieron para que muchos respaldaran el reclamo de la coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el gobierno repitió incesantemente que se trata de actas falsas, una afirmación que mantiene, pese a que el órgano electoral no ha mostrado otras ni ha hecho públicos los resultados desglosados.
A 25 días de la toma de posesión del presidente electo para el próximo sexenio y sin una posibilidad, ni siquiera remota, de un consenso o entendimiento entre las partes, tanto Maduro como González Urrutia aseguran que asumirán el cargo en la fecha fijada para tal fin: el 10 de enero.
Ante esta situación, la incertidumbre está servida, no tanto por las dudas sobre quién será el que acuda al Parlamento a jurar el mandato, sino por lo que pueda ocurrir antes, durante y después de la asunción de la Presidencia, dando continuidad a un 2024 que puso a Venezuela en el punto de mira del mundo.
El futuro de un país en juego
De lo que ocurra en las próximas semanas dependerá la marcha de la economía de un país golpeado por el incremento o disminución de la migración, la política exterior y las relaciones diplomáticas -agravadas por la crisis actual- o el apoyo de naciones con amistades de ida y vuelta, entre otros asuntos de peso de cara al futuro.
En Venezuela, que por diferentes razones ha estado casi permanentemente en el foco internacional, la clase política es consciente de que las grandes potencias miran, sobre todo, a las enormes riquezas y posibilidades con las que cuenta el país caribeño, que posee, entre otros muchos recursos, las mayores reservas de petróleo del mundo.
Y ha sido precisamente el crudo el que ha generado a Venezuela, durante décadas, unas rentas inimaginables para cualquier otro país de la región, pero el sector ha vivido una importante decadencia en los últimos años, según el gobierno, causada por las sanciones, especialmente, de Estados Unidos, un problema del que el país empezó a recuperarse gracias unas licencias especiales todavía vigentes.
Pero estas prebendas también están en juego, según advirtió recientemente el Gobierno estadounidense, a poco más de un mes de que el presidente electo, Donald Trump, releve a Joe Biden, artífice de los actuales beneficios.
Con la vista puesta en el 10 enero, tanto el entrante como el saliente, miran con cierto recelo a Maduro, pero el interés en el oro negro venezolano es evidente, y sus decisiones, en función de los acontecimientos de las próximas semanas, pueden ser la punta de lanza para que la economía del país petrolero emerja o todo lo contrario.
Y aunque Maduro asegura públicamente que a Venezuela no le preocupan las sanciones a funcionarios, sabe que de ellas depende, en gran medida, el éxito de una economía urgida de repuntar, lo que ayudaría a aplacar, en parte, la crisis política y social, y a dejar atrás un capítulo más de la historia del país.
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