La Universidad Simón Bolívar (USB) comenzó desde este año, sin previo aviso, a hacer cobros en dólares a los estudiantes de posgrado.
En su página web, la casa de estudios, a pesar de ser pública, difundió aranceles por programas que van de los 30 dólares a los 70 dólares por unidad de crédito, mientras que el derecho de inscripción quedó en 15 dólares.
Los costos contrastan con los anteriores, que solían ser de menos de 1 dólar.
Un programa Tipo A —que incluye especializaciones como Gerencia de Mercadeo o Finanzas de la Empresa— tiene un valor de 70 dólares por unidad de crédito, el Tipo B —donde están especialidades como Telemática o Ingeniería Clínica— quedó en 40 dólares y el Tipo C —en el que se incluyen doctorados o maestrías— en 30 dólares.
Otros aranceles en su página web son los de los cursos de nivelación, que cuestan 15 dólares; examen doctoral, 100 dólares; examen de competencia en idioma extranjero, 80 dólares, y examen de admisión, 20 dólares.
Con tales precios una materia de tres créditos en Tipo A, por ejemplo, tendría un costo de 210 dólares, en Tipo B sería de 120 dólares y en Tipo C de 90 dólares.
El año pasado la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar denunció lo que calificó como la «entrega definitiva» de esta casa de estudios al gobierno de turno, después de que el Consejo Directivo aprobó una modificación al reglamento general, propuesta por el rector interino Jorge Stephany, que reduce la participación profesoral.
«Queremos denunciar y rechazar absolutamente una modificación que se le hizo al reglamento general de la Universidad Simón Bolívar, propuesta por el rector interino», expresó Omar Pérez Avendaño, secretario de Asuntos Académicos de la asociación, quien afirmó además que la modificación elimina la autonomía universitaria y se «destroza» la USB.
La asociación ya había manifestado su inquietud por los puntos que se iban a tratar en el Consejo Directivo: el organigrama y el reglamento general de la universidad. «Consideramos que cualquier transformación medular de nuestra universidad debe estar precedida de un profundo debate y consenso por parte de toda la comunidad que integra la USB».
Además, recordó que las autoridades interinas tienen un tiempo establecido de seis meses, en el que deben llevar a cabo una elección y mantener en funcionamiento la universidad. Ese tiempo, subrayó, caducó.
«Si alguien piensa en transformar y tomar decisiones-acciones, como ha venido ocurriendo, causando hondo malestar en toda la institución, lo ético y legítimo es que se elaboren las propuestas y se sometan a los electores y, luego de una discusión profunda, proceder como un acuerdo de todos los sectores que conformamos la USB», expresaron.
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