La política restrictiva de la libertad de expresión y el derecho a la información ha sido una constante del MVR/PSUV desde 1999 hasta el presente. Capítulo a capítulo, la saga empalma claramente las prácticas de los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros sin solución de continuidad, aunque hayan cambiado los personajes implicados, por muerte o cambios burocráticos.
La estrategia ha sido una y misma: silenciar u opacar las voces disonantes; y sobre todo, encubrir a los saqueadores y saqueadoras implicados en los bárbaros casos de macro-robos al erario nacional, estadal y municipal. Así han tapareado los obscenos delitos de los burócratas fracasados y enriquecidos ilícitamente. Han protegido mafiosamente a los funcionarios policiales y militares inmersos en el mar de violaciones de los derechos humanos, y en sus asquerosas prácticas delictivas de extorsión a particulares y robo de recursos públicos.
No han sido antojos de Chávez o Maduro y sus entornos comunicacionales, como pudiera pensarse con ligereza. La estrategia ha sido consistente:
– Restricción de las fuentes informativas gubernamentales, eliminando oficinas de prensa y obturando el acceso a los diversos entes públicos.
– Eliminación de ruedas de prensa con libre acceso de periodistas y libertad de preguntar y repreguntar.
– Compras coactivas de medios de comunicación social, sometidos sus propietarios a infinitas presiones del gobierno: los «compradores» siempre han sido bandidos de la delincuencia organizada del MVR/PSUV, mediante contratos fraudulentos con el Estado, en pestilente danza de saqueos al erario. (No menciono algunos casos conocidos, para evitarles malos ratos a ellos y ellas y sus relacionados, que se la quieren dar de ‘importantes’ y ‘poderosos’ y no son más que escorias de un sistema podrido y al descubierto).
– Secuestro a favor del sectarismo gubernamental, de las sanas políticas de financiamiento de equipamiento e insumos importados para el mejor funcionamiento de los medios de comunicación social.
– Bloqueos publicitarios por parte de los entes publicos a todo nivel, y amenazas coactivas a los anunciantes privados.
– Controles abusivos y coactivos por parte de Conatel (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) sobre medios radioeléctricos y telemáticos, con censura, cierres temporales o definitivos, bajo amenazas permanentes de retaliaciones gubernamentales.
– Eliminación de programas críticos de radio y televisión. Quedan algunos bajo censura y autocensura, en encomiable batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna y veraz, que establece la Constitución en sus artículos 57 y 58 como derechos inalienables del pueblo venezolano.
Todo eso lo han pisoteado convirtiendo los derechos constitucionales en papel higiénico de uso cotidiano, con el mayor de los descaros. Así ha sido la política comunicacional del gobierno venezolano, en este primer cuarto del siglo XXI: 25 años de regresión democrática y destrucción del ejercicio profesional del periodismo, uno de los ejes de los desarrollos democráticos a partir de 1936, con significativo empuje gremial en 1941 con la creación de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) y en 1946 con la fundación del Sindicato Nacional de Periodistas, más tarde redefinido como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Producto de las luchas gremiales surgieron las Escuelas de Comunicación Social en universidades públicas y privadas; en 1976, se constituyó por ley de 1972 el Colegio Nacional de Periodistas (CNP); y en 1994, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo.
La era Maduro ha superado a la de Chávez, sumándole a sus prácticas abusivas para el control comunicacional, la represión cruda y brutal de periodistas, reporteros gráficos, locutores y otros trabajadores de medios tradicionales y novedosas plataforma telemáticas. Actualmente, están encarcelados 12 periodistas y reporteros gráficos, encausados judicialmente violándoles sus derechos constitucionales y legales a procesos judiciales justos, sin maltratos físicos ni psicológicos y con defensa particular de confianza. Sus detenciones han sido arbitrarias, los cazan, los encapuchan (como hacían los militares fascistas de Pinochet y Videla, en Chile y Argentina), y los mantienen secuestrados días, semanas y meses sin contacto con familiares y defensores, mucho menos con dirigentes y asesores jurídicos del CNP y SNTP, gremios que a contracorriente han estado en la lucha contra el abuso de poder gubernamental y la complicidad del Sistema de Justicia.
La detención del colega periodista Román Camacho, el pasado lunes 3 de marzo, fue la gota que rebasó el vaso: fue encarcelado por cubrir informativamente un homicidio en Petare, cuyos detalles el gobierno quiere esconder. El rechazo social y gremial fue tan generalizado, que tuvieron que excarcelarlo, la madrugada del viernes 7 de los corrientes. Sin embargo, le fue impuesto silencio judicial y lo mantienen con «averiguación abierta», como si reportar un asesinato fuese algún delito. Definitivamente, no saben de periodismo, irrespetan los artículos constitucionales 57 y 58, no tienen ni puta idea de lo que es el «secreto profesional del periodista» para proteger sus fuentes informativas: ¡el ánimo dictatorial militarista es claro!
Mención especial merecen el fiscal general de la República y el defensor del pueblo, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz. Solo les dejaré unas preguntas ante la opinión pública nacional y mundial:
¿Conocen sus competencias constitucionales en materia de defensa de derechos humanos? ¿Por qué cohonestan las detenciones arbitrarias, el encapuchamiento y secuestro de los detenidos? ¿Saben lo que es el grave delito de «desaparición forzada», que se ha hecho práctica corriente de funcionarios militares y policiales bajo orientación gubernamental? ¿Por qué los fiscales del Ministerio Público incurren en la «siembra de delitos» de personas inocentes víctimas de la represión gubernamental, y la Defensoría se hace la que no ve los agravios a la dignidad humana? ¿Hasta cuándo van a ser parte del abuso de poder a través del Sistema de Justicia, que ha impuesto el gobierno de Maduro?
Hemos llegado a un límite, en Venezuela. La desfachatez y sistematización con que actúan los represores del gobierno, la complicidad de los fiscales del Ministerio Público y jueces del Poder Judicial, y el silencio cohonestador del defensor del pueblo deben cesar inmediatamente.
Estos agravios a la dignidad humana son inadmisibles, violan la Constitución y laceran a miles de hombres y mujeres maltratados, encarcelados y amenazados hasta con represalias contra sus familiares. ¿Hasta cuándo?
Pedro Estrada y sus secuaces parecen re-enseñorearse, hoy en Venezuela, en estos tiempos de tanta miseria en el ejercicio de la función pública, en la patria de Bolívar.
Todas estas tropelías son vergüenza histórica para los abusadores del poder, siempre atados a manejos corruptos y actos contrarios a la dignidad humana, las leyes y la Constitución vigentes.
Artículo publicado en el diario La Razón
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