No es una exageración afirmar que es el peor gobierno que ha tenido Venezuela. Los indicadores socio-económicos así lo muestran. Diversos estudios coinciden en las cifras de esos indicadores. Basta caminar por las ciudades y el campo, hablar con la gente para conocer la inmensa problemática social que padece la sociedad venezolana. La pandilla que ha llevado el Estado venezolano a situación de Estado fallido, pues no puede garantizar su propio funcionamiento y los servicios básicos a la población.
El PIB per cápita es buen indicador del nivel de vida. En Venezuela, en 2022, fue de 2.895 dólares, cifra que está en la parte final de la tabla, en el puesto 139 entre los países. Implica que los habitantes tienen un bajísimo nivel de vida con relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. La tasa de desempleo es elevada alcanzando 13,8%, no obstante, debemos indicar que hay desempleo oculto, que se ha dirigido a la ocupación informal con consecuencias desfavorables para el nivel de vida, ha disminuido notablemente el empleo productivo.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas y que nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los venezolanos tienen una mala calidad de vida. El salario mínimo se ha devaluado a aproximadamente a 3,50 dólares, pero en los últimos días ha decrecido a 2,80 dólares. Las políticas de la pandilla cívico-militar de decretar bonos no tienen incidencia en el salario real y de prestaciones. Igual decretan bonos especiales, con nombres rimbombantes, para pensionados y jubilados.
Venezuela tiene la mayor tasa de subalimentación de Suramérica, según informe de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la ONU de 2022. Esto ha traído que los promedios de peso y estatura de los niños haya descendido a los niveles de los países más pobres del mundo. En agosto de 2023, más de 72% de las personas no podían acceder a los servicios sanitarios públicos cuando lo necesitaban, frente a 65,5 % en julio de 2021. La escasez de medicamentos se situaba en 26,3% en agosto de 2023, según estimaciones de la organización humanitaria Convite. A pesar de la reducción de la escasez, los medicamentos son inasequibles para muchos. La atención hospitalaria es muy precaria. Estudios en Venezuela han señalado que, desde marzo de 2020 a marzo de 2023, 66% de la población de Venezuela necesitaba ayuda humanitaria y 65% perdió o agotó sus medios de vida de forma irreversible.
La falta de electricidad y agua potable merma los servicios hospitalarios. El deterioro de las infraestructuras y la falta de servicios básicos en las zonas rurales han empujado a la población a trasladarse a los centros urbanos. Por otra parte, el contrabando oficial en la frontera del Táchira de productos como papa, zanahoria, cebolla, ajo, remolacha empobrece a los agricultores andinos. Muchos campesinos ahora han emigrado a otros países. En Pamplona de Colombia hay muchos campesinos de Mérida y Táchira empleados como jornaleros, obviamente, con salarios bajos.
Una última perla del desastre de gobierno es la inmensa corrupción imperante en el seno oficial. Véase que Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Venezuela ha sido de 16 puntos, lo que lo coloca entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados en ese estudio.
Esta profunda problemática llevó al corazón de los venezolanos la necesidad de un cambio. Por eso, en todos los rincones del país afloró la esperanza de un cambio y salir de la pandilla cívico-militar, organizándose para propinar una aplastante derrota al ineficaz y corrupto Maduro. En efecto, la mayoría del país, con resultados finales en todos los estados perdió Maduro, no solo refleja a la población civil sino también al componente militar y burocrático. El país estaba reventado de las políticas antisociales de la pandilla gobernante. Por más que en los últimos meses, antes del 28 de julio, acentuó sus programas de ayuda social (clap y bonos), la población entendió que, esos “programas sociales” son más antisociales porque destruyen a la gente, la pervierten y la transforman en una especie de mascotas que esperan las migajas del gobierno. El plan de la pandilla ha sido que todos los habitantes estén supeditados al subsidio del gobierno y no cuestionen su permanencia en el poder.
Ante el descarado robo de la soberanía popular la población salió a protestar para que se reconociese el voto y se proclamase el triunfo de Edmundo González, la respuesta de la pandilla cívico-militar ante el reclamo justo de la población fue de una brutal represión, encarcelando niños, adolescentes, mujeres y minusválidos. Se mantienen patrones de abuso dirigiendo la represión aparentemente más selectiva que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Mediante el terrorismo de Estado quieren acallar las protestas y adormecer a la población, generando desesperanza. No hay que dar paz a la pandilla, hay que seguir denunciando su brutalidad, la corrupción y la ausencia de apoyo popular. Sigue vigente la consigna ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capitulo España.
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