A través de un escrito con fecha de 22 de noviembre, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) criticó recientemente la falta de progreso del fiscal Karim Khan en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
«Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos», señaló la OPCV en el texto dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI.
Con motivo de la recusación presentada contra Khan por presuntos conflictos de intereses, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas advirtió que las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos. Sin embargo, desde junio de 2023, cuando la Fiscalía de la CPI reanudó la investigación sobre Venezuela, no ha habido avances concretos para la apertura de un caso o la emisión de pedidos de captura contra imputados.
«Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más», advirtió la oficina.
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En el texto, la OPCV señaló que la sensación de injusticia de las víctimas se ha visto agravada por la situación actual en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuándo el gobierno de Nicolás Maduro incrementó la represión.
Es por ello que cuestionaron que el Fiscal no haya adoptado una posición pública sobre los recientes crímenes cometidos en las secuelas de las elecciones presidenciales.
«Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares en relación con el compromiso del Fiscal de abordar la grave situación actual y garantizar que la investigación siga respondiendo a nuevos acontecimientos», añadieron.
«El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas las personas con discapacidad), lo que representa 10% del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, son una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad», alertaron.
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