Para el Diccionario de la Real Academia Española, la acción de obedecer significa acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina.
La obediencia es un concepto cotidiano y universal que refiere a la disposición de acatar la orden de una autoridad, de una norma o una regla, escrita o no escrita, indispensable para la convivencia entre los seres humanos, tales como cumplir las leyes o respetar la jerarquía en una organización.
La obediencia tiene una variante, que es la obediencia debida, que es aquella que se genera desde el deber de los subordinados de acatar y ejecutar órdenes superiores, especialmente en contextos religiosos, formaciones militares o institucionales; y es bajo ese concepto donde la obediencia debida asumió un carácter político y filosófico tras los Juicios de Núremberg (1945-1946) con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgó a altos funcionarios del nazismo por crímenes de guerra y contra la humanidad.
En efecto, los militares y oficiales de las SS[1] nazis procesados intentaron excusarse afirmando que no tenían libertad para desobedecer órdenes y que hacerlo habría tenido consecuencias graves, incluida la pena de muerte, alegato que el Tribunal rechazó con contundencia: seguir órdenes ilegales no exime de responsabilidad a quien las ejecuta.
No obstante esta clara decisión, el alegato volvió a utilizarse en el juicio de Adolf Eichmann en la década de los sesenta del siglo XX. Eichmann, uno de los principales oficiales responsables de la logística del Holocausto, vanamente alegó en su defensa el cumplimiento de órdenes superiores, resultando condenado a muerte y ejecutado en la horca. La filósofa alemana Hannah Arendt, al analizar los argumentos del procesado, concluyó en que no era un monstruo, sino un burócrata ordinario que simplemente cumplió órdenes. Para ella, el mal se banaliza cuando las personas dejan de cuestionar las órdenes y renuncian a su capacidad de juicio moral.
En los tiempos de las dictaduras del Cono Sur -me refiero a Argentina, Chile y Uruguay durante las décadas de 1970 y 1980- el concepto de obediencia debida volvió a tomar protagonismo porque muchos de los oficiales de las fuerzas armadas de esos países se escudaban en que su conducta estuvo amparada en el cumplimiento de órdenes superiores. De hecho, en Argentina, la Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida eximía de responsabilidad penal a los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura, leyes que fueron declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, dando paso a la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, como lo expuse en anterior artículo (Sarmiento: https://www.elnacional.com/opinion/la-justicia-transicional-en-argentina-en-el-transito-a-la-democracia/).
En Venezuela, la obediencia debida tiene un tratamiento particular en la Constitución de 1999. En efecto, el artículo 25 dispone que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
A este respecto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido decisiones que respaldan la afirmación sobre el tratamiento particular de la obediencia debida. En la sentencia N° 24 del 20 de enero de 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que «( … ) la obediencia debida no puede ser invocada como justificación para la violación de derechos humanos ( … )»; y en la sentencia N° 1.942 del 15 de julio de 2003, la misma Sala indicó que «( … ) la responsabilidad de los funcionarios es personal y directa por los actos que ejecuten en violación de los derechos humanos, sin que puedan ampararse en la obediencia debida para eximirse de dicha responsabilidad».
Como se puede observar, en Venezuela, la obediencia debida no exime de responsabilidad a quienes, en cumplimiento de órdenes superiores, cometan actos que violen los derechos garantizados por la Constitución y la ley.
En fin, el concepto de obediencia debida sigue siendo relevante en el debate sobre la responsabilidad individual. Desde Núremberg hasta el presente, la obediencia a la autoridad no puede justificar actos contrarios a los principios fundamentales de derechos humanos y justicia. En palabras de Arendt, la clave está en no renunciar al juicio moral, incluso frente a la presión de las órdenes superiores.
Entender y cuestionar la obediencia debida es crucial para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que los principios de justicia prevalezcan sobre cualquier excusa de subordinación sumisa.
[1] Las SS nazis (Schutzstaffel, que significa «escuadra de protección» en alemán) integraban una organización paramilitar del régimen nazi en Alemania, conocida por participación en la implementación de políticas represivas y genocidas. Tras la derrota de la Alemania nazi en 1945, las SS fueron declaradas una organización criminal en los Juicios de Núremberg debido a su papel central en las atrocidades del III Reich.
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