La muerte del testigo y la crueldad del fascismo

El pasado 14 de noviembre murió bajo custodia del gobierno, Jesús Martínez Medina, lo que lo convierte en el undécimo preso político que fallece en tales circunstancias.

El “delito” de Jesús Martínez fue haber sido testigo de mesa en las pasadas elecciones del 28 de julio. Como otros 2.000 venezolanos, Martínez fue detenido arbitrariamente por los cuerpos de seguridad del Estado, los días siguientes al fraude (en su caso, fue al día siguiente, el 29 de julio), acusados de “terroristas”, un argumento genérico que ha sido utilizado por los tribunales y la Fiscalía para ejecutar la orden de represión dada de forma directa por nicolás maduro el mismo 29 de julio desde Miraflores.

La muerte de Jesús Martínez Medina constituye no sólo un acto violatorio de la Constitución y las leyes venezolanas, que establecen claramente la responsabilidad del gobierno en preservar la vida de los detenidos, sino del derecho internacional de los derechos humanos, en particular, lo relativo al derecho a la vida.

El fallecimiento de este venezolano no es un hecho aislado y, por el contrario, constituye un acto más de crueldad del gobierno, enmarcado en un patrón de conducta represivo, absolutamente ilegal y violatorio de cualquier consideración humanista. Primero, porque este ciudadano anzoatiguense no ha debido ser detenido de ninguna forma, pues ser testigo electoral no constituye ningún delito en Venezuela, por el contrario, es un deber; segundo, porque era una persona gravemente enferma de diabetes, hecho que era del conocimiento de las autoridades.

La valiente periodista Mary Pili Hernández, en un hecho excepcional en el país, publicó un tuit pidiendo su liberación por razones humanitarias, a la vez que mostraba fotos impresionantes del detenido, donde se veían las lesiones en sus piernas provocadas por tal enfermedad, lo que se conoce como “pie diabético”.

A pesar de que los familiares solicitaron al juez, de manera reiterada e insistente, la concesión de una medida cautelar de liberación por razones de salud, la misma fue negada una y otra vez, contraviniendo al Código Orgánico Procesal Penal, que le ORDENA su otorgamiento en tales situaciones. Violaron la ley y lo dejaron morir, lo que lo convierte en otro crimen político del gobierno.

Lo sucedido con Jesús Martínez se ha convertido en una práctica común en el sistema de justicia venezolano que actúa como instrumento de la política de violación de los derechos humanos del gobierno de nicolás maduro, tal como lo han constatado y denunciado los organismos internacionales de los derechos humanos de la ONU.

Los órganos represivos del madurismo, incluyendo cuerpos policiales, fiscales y jueces, tienen como elemento común en su accionar la crueldad, el ensañamiento, los castigos colectivos, el secuestro, la tortura y tratos inhumanos y degradantes de los detenidos políticos; y ahora, como si fuera poco, la detención arbitraria de menores de edad, una práctica aplicada por Israel en contra de los niños palestinos en los Territorios Ocupados; o por las dictaduras fascistas del Cono Sur, como fue denunciado en “La Noche de los Lápices” y “Sinfonía para Ana”, audiovisuales donde se deja testimonio de los más de 140 estudiantes de secundaria que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, durante la última dictadura militar en Argentina.

Ahora el gobierno, en un ejercicio cínico del poder, en sus típicas “astucias comunicacionales”, trata de lavarse las manos y desviar la atención de estos hechos tan graves. Por un lado, deja morir con crueldad a un venezolano en prisión, sólo por haber sido testigo electoral; y ahora, libera decenas de detenidos que NUNCA han debido estarlo, como una “gracia” del “Jefe”, que los segundones salen a atender de inmediato, para tratar de tapar este crimen. Lo peor es que los responsables de estas actuaciones represivas esperan ser aplaudidos. Pero nada cambia, mientras no liberen a todos los presos políticos y cese la violación de los derechos humanos en Venezuela.

La situación de represión generalizada y violación de los derechos humanos no sólo se ha convertido en una política de Estado con el gobierno de nicolás maduro, sino que la misma pretende ser justificada por sus organismos de propaganda, al mejor estilo goebbeliano, cuando el régimen nazi pretendía dar una justificación ética a sus crímenes.

Los actuales gobernantes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de no pocos crímenes políticos, incluyendo, la muerte en custodia de prisioneros. Con la tragedia de Jesús Martínez, ya son 11 los prisioneros políticos fallecidos en las cárceles, entre los que están, las del ingeniero Nelson Martínez y la del general Raúl Isaías Baduel.

A estos asesinatos se suman los de Oscar Pérez, quien, junto a sus acompañantes, fue volado utilizando un RPG (lanzacohetes antitanque portátil ruso), a pesar de que habían depuesto las armas y pidieron, por las redes sociales, rendirse ante las autoridades de la Fiscalía, las cuales jamás aparecieron. También la del concejal Fernando Albán, lanzado desde el piso 10 de la sede del Sebin, y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido en tortura.

Todos estos son crímenes políticos que se producen en medio de una nueva oleada represiva del gobierno que, luego de las elecciones, quedó al desnudo, sin apoyo popular y que se sostiene sólo por la violencia. No hay NADA que pueda justificar tales hechos, quien lo haga así ha perdido sus principios mínimos de actuación política para entregarse a la jauría del fascismo .

Los cuerpos de seguridad del madurismo actúan de la misma forma que lo hicieran el Sifac y la Digepol, los temibles órganos criminales que impusieron por la fuerza al puntofijismo. La única diferencia —y hay que decirlo— es que, a pesar de la situación de represión generalizada en aquellos años, esos asesinatos fueron denunciados y hubo voces valientes en el Congreso, como la de José Vicente Rangel, que vencieron el miedo y lo hicieron públicamente, y se interpelaban a los fiscales, quienes tenían que rendir cuentas al país.

Pero en estos años oscuros del madurismo, donde se ha impuesto el miedo, esta tragedia de violación de derechos humanos transcurre en el más absoluto silencio.

Nadie dice nada. Los dirigentes políticos de la oposición callan; los del chavismo también. Los aliados internacionales del gobierno y la “izquierda oficial” se hacen los locos. Los diputados sólo levantan la mano para aprobar leyes inconstitucionales. Los medios de comunicación son del gobierno. La Fiscalía es cómplice y verdugo. Ni siquiera tenemos la voz de la Iglesia, como cuando el padre Jesús María Olaso sembró cátedra en defensa de los derechos humanos.

Por su parte, los órganos del Estado que deberían controlar y poner freno a la acción ilegal del Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno y a los Jefes de los Policías: el Poder Legislativo (la Asamblea Nacional), el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, por el contrario, actúan como instrumentos implacables de la represión del gobierno. Omiten sus responsabilidades y actúan violando la ley, lo que los convierte en cómplices y perpetradores.

No hay ninguna instancia del Estado restaurador y reaccionario que proteja los derechos de los ciudadanos. No se guardan, ni siquiera, las formas. El madurismo hace lo que le da la gana, imponiendo en el país la cultura de la violencia del pranato.

Este desenfreno represivo del gobierno viene acompañado de una actitud de burla hacia los familiares, sobre todo, a las madres de las víctimas. En los programas de odio y en las redes sociales, voceros y altos funcionarios se burlan del dolor de los familiares que, de forma justa, claman por la libertad de sus hijos. Olvidan, algunos de ellos, que los suyos (fundamentalmente, sus madres) salieron a las calles a reclamar la libertad de sus hijos y recurrían a cuantas instancias judiciales fuera posible, para exigir su libertad.

Los familiares y las madres de los presos políticos tienen el derecho y el deber de reclamar la libertad de los suyos. No se puede amenazar a quien practique la solidaridad, sobre todo si se trata de sus hijos; más aún, cuando son menores de edad y han sido encerrados, por decenas, en centros de detención destinados a presos comunes.

El gobierno con sus medios de propaganda, ha instalado una narrativa de deshumanización de las víctimas acompañado de un discurso de instigación al odio, que pretende darle sustento ético a la violación de los derechos humanos.

Otro elemento de la crueldad del madurismo se ejerce a través del sistema de justicia, el cual impone penas absolutamente desproporcionadas a los presos políticos o víctimas de la represión, acusados, siempre, de “actos terroristas”.

Tal es el caso de tres ciudadanos, quienes fueron sentenciados a la pena máxima de 30 años de prisión por —supuestamente— haber saboteado el sistema eléctrico nacional, uniéndose a los miles de planes terroristas con los que el gobierno justifica el caos. Todo el país sabe que el colapso eléctrico, no tiene que ver ni con ataques terroristas, ni rayos especiales, ni acción de ninguna iguana, sino a la responsabilidad exclusiva de la pésima gestión del gobierno que, desde hace 11 años, tiene sometido al país entero a permanentes y constantes apagones.

Igual sucedió con el colapso de Pdvsa, tras la intervención de la industria y la militarización del sector petrolero, donde cientos de trabajadores han sido los “chivos expiatorios” para justificar el desastre del gobierno, los cuales aún se encuentran encerrados, olvidados y  sin ningún tipo de derechos; mientras, otros miles salieron de la empresa. El madurismo asumió el control absoluto de todos los espacios del sector, y el resultado está a la vista de todo el país.

El evento más reciente ocurrió el 11 de noviembre, con la explosión de la planta de gas Muscar, en Punta Mata, en el estado Monagas; aunque es un evento grave, desde el punto de vista operacional, sigue estando en absoluto secreto. Ni la ministra, ni nadie, han sabido explicar al país qué sucedió y qué consecuencia tendrá al afectar la producción de crudo del norte de Monagas y la posibilidad de mezcla con crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco para exportar. Nadie dice nada, nadie da la cara.

El madurismo ha instalado la indolencia y el fascismo como conducta. Sus dirigentes y responsables de gobierno, se han convertido en estimuladores del odio, de la persecución y de violación de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Actúan al margen de toda consideración legal y, lo que es más grave aún, de cualquier consideración humana.

Este gobierno y su maquinaria policial se han ensañado en contra del pueblo indefenso, para imponer el miedo y el silencio, mientras el país continúa sumergido en el abismo del desastre creado por ellos mismos.

El madurismo no sólo ha traicionado al pueblo y a Chávez, sino que ha llevado al país a una debilidad extrema, donde el Estado Venezolano  muestra una incapacidad absoluta para hacer frente a los grandes retos, incluyendo, los geopolíticos, que se presentan en el horizonte inmediato de la patria.

Con este gobierno, se ha perdido la soberanía del país. Han violado la Constitución y las leyes, los derechos humanos de los venezolanos. Se ha entregado la economía y el petróleo. Arrebataron las conquistas y garantías sociales. Se destruyó Pdvsa y el Arco Minero. Se ha perdido el Esequibo. Se ha perdido la fuerza y la presencia de más de 7,8 millones de venezolanos, que debieron escapar de la patria. Se ha perdido un sueño, y con él, buena parte de la espiritualidad de lo afirmativo venezolano. ¿Qué más vamos a perder?

En manos del madurismo terminaremos perdiendo todo. El madurismo ha demostrado, en estos 11 largos años, que no son capaces de defender los intereses del pueblo; por el contrario, han destruido al país. Ellos reivindican la unidad civil-policial, nosotros reivindicamos al pueblo, la unidad de los patriotas, la unidad cívico-militar, aquella del 23 de enero y el 13 de abril, la de Fabricio Ojeda y Chávez, para detener este desastre, evitar la disolución o la pérdida de la patria.