La interseccionalidad como lente de desigualdades entrelazadas en vidas reales.
Imaginemos a una mujer afrodescendiente, migrante de Venezuela, que ahora vive en una zona rural o urbana de Argentina, Bolivia, Perú o Uruguay. Su acceso a salud, empleo y justicia, o simplemente a un trato digno, no se explica sólo por su género, su raza o su situación económica. Es la combinación de estos factores lo que multiplica las barreras.
Esto es la mirada interseccional, de especial atención en la segunda edición del curso internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas públicas para su implementación”, auspiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH).
En lenguaje llano y sencillo, la mirada interseccional es un enfoque que desarma la idea de que las desigualdades operan de forma aislada y dejar ver cómo se entrelazan para crear realidades únicas de exclusión.
El Sistema Interamericano, frente al desafío de la implementación de políticas públicas para cumplir con las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana, ha sido pionero en aplicar esta orientación. La sentencia del Caso Vicky Hernández y otras versus Honduras marcó un precedente al reconocer que su asesinato como mujer trans, trabajadora sexual y pobre, fue el resultado de una violencia estructural entrelazada.
Aun así, pareciera un concepto abstracto. No obstante, en un país como Venezuela, donde las crisis económicas, políticas y sociales se superponen, dando lugar a la “crisis humanitaria compleja” en la perspectiva del derecho internacional humanitario, este enfoque es una herramienta para identificar capas de discriminación que enfrentan grupos históricamente marginados.
Un sencillo ejemplo, en el programa de subsidios alimentarios que entrega las bolsas CLAP, imaginemos a la misma mujer afrodescendiente, quien no solo necesitaría alimentos, sino también protección contra la violencia de género estructural ejercida en los puntos de distribución. Al ignorar estas capas, el Estado replica el ciclo de desigualdad y agrava las exclusiones estructurales.
Así las cosas, en el contexto venezolano actual, la mirada interseccional permite mapear crisis simultáneas, de las cuales cobran relevancia la discriminación LGTBIQ+ y las brechas socioeconómicas, por cuanto la hiperinflación y la migración forzada han creado nuevas jerarquías donde, por caso, ser mujer, negra y migrante interna implica una triple desventaja.
Implementar esta perspectiva exige desagregar datos, no basta con saber, por ejemplo, cuántos niños, niñas y adolescentes accedieron a un programa de salud, sino cuántos eran indígenas, con discapacidad o vivían en situación de pobreza extrema. Como vemos, este enfoque no sólo habla de conceptos, sino de vidas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoce que la desigualdad en Venezuela además de afectaciones económicas y sociales, tiene profundas implicaciones en el ámbito de los derechos humanos. Según una sentencia de la Sala Constitucional del 23/10/2024 (Expediente Nro.: 18-0799), la desigualdad económica es un factor determinante en fenómenos como las muertes maternas, que afecta más a mujeres en condiciones de pobreza y residenciadas en zonas rurales.
No solo eso, la jurisprudencia venezolana ha destacado que las soluciones a estos problemas deben estar alineadas con los principios de igualdad y respeto a los derechos humanos, como se determinó en la sentencia de la misma sala del 13 de marzo de 2018, Expediente Nro. 17-0556.
Ergo, en Venezuela, donde las urgencias se acumulan y entre ellas destaca la necesidad de desenredar los nudos de la desigualdad, esta mirada interseccional, más que un simple marco teórico, permite comprender que las opresiones se potencian, pero también que las soluciones deben ser tan multifacéticas como las personas a las que sirven.
