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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó la aplicación de medidas preventivas privativas de libertad contra altos funcionarios del gobierno argentino. En un comunicado, la Sala de Casación Penal informó que la investigación involucra al presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Elizabeth Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La petición, hecha por el Ministerio Público venezolano, incluye cargos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil entre otros. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue quien anunció la semana pasada el inicio de los trámites.
El avión, de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo quedó inmovilizado en Argentina en junio de 2022 con 19 tripulantes venezolanos e iraníes que fueron detenidos en un inicio por supuestos vínculos con el terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó la aeronave por sospechas de que servía para operaciones encubiertas en la región.
Este proceso judicial tiene como base una solicitud presentada el 18 de septiembre de 2024, en la cual se exige la intervención de la justicia venezolana para investigar presuntos delitos cometidos por los mencionados funcionarios. Según el comunicado, los cargos también abarcan interferencia ilícita en la seguridad aérea y la inutilización de aeronaves, lo que añade una capa de gravedad a la situación política y diplomática entre ambos países.
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El Ministerio Público anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia, “quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso”.
Saab también informó de la designación de un “fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich por “las acciones cometidas contra el pueblo argentino”.
Al anunciar las investigaciones sobre Milei, Saab aseguró el pasado miércoles que el presidente argentino “se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio” y abrió la puerta a otras pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad, después de condenar los “ataques” contra ancianos y jóvenes durante las manifestaciones contra el Gobierno.
El viernes, el Gobierno de Argentina dijo que no le importa “nada” las “pavadas” que diga el Ejecutivo “dictatorial” de Venezuela sobre Milei.
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”Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “otros cabecillas del régimen”, ante “el agravamiento de la situación” tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.
El Ejecutivo argentino se desvinculó del pulso en torno al avión de Emtrasur, en la medida en que fue resuelto por el poder judicial “independiente” del Gobierno. Buenos Aires también ha recordado a Caracas que en el país “impera la división de poderes y la independencia de los jueces”, a diferencia de lo que “lamentablemente” ocurre en Venezuela.
(con información de EP y EFE)
