La indignidad revolotea en los círculos de poder en Venezuela. La comandita de Miraflores, la cúpula del PSUV, sus tristes socios del llamado «Gran Polo Patriótico», sus satélites del ‘alacranato’, otros cómplices politiqueros y los nauseabundos testaferros financieros y comunicacionales, saben perfectamente que «perdieron de calle» (vox populi) la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Eso los coloca de entrada en una situación muy precaria, nacional e internacionalmente. Lo saben y les consta a los oficiales, suboficiales y tropas profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), especialmente a las decenas de miles involucrados directamente en el «Plan República». Igual ocurre con los agentes de policía, bomberos y todos los funcionarios civiles destacados en torno a la jornada comicial referida. Y así lo saben los ‘jefes’ e integrantes de las bandas parapoliciales lanzadas por el gobierno -como lo hacían los Duvalier en Haití- para apalear y aterrorizar gentes en los centros electorales.
La vergüenza es mayor para los funcionarios y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), de todas las tendencias. Conocen la dimensión enorme del fraude electoral cometido.
Las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sus Salas Electoral y Constitucional, saben cómo se batió el cobre en esa conspiración para secuestrar judicialmente el inconcluso escrutinio electoral de aquel no muy lejano 28 de julio. Como plena noción tienen particularmente en la Sala Constitucional, del asalto al histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV) en 2023, cuya membresía mantienen por decisión del PSUV en manos de unos miserables traidores y corruptos de varios grupetes del Gran Polo Patriótico ‘destacados’ para esa cochina tarea gubernamental.
Conocen muy bien lo que ocurrió, los gerentes y periodistas del secuestrado sistema público de comunicación social, igual que los testaferros comunicacionales privados, y hasta la fauna de ‘empresas encuestadoras’, lavadoras de dinero sucio.
Este inédito esquema de delincuencia organizada a cielo abierto es el caldo de cocción de la juramentación írrita del 10 de enero de 2025, que dio inicio formal a la usurpación del Poder Ejecutivo para el período 2025/2031.
En la calle tienen credibilidad cero: respeto, menos. La inmensa mayoría inconforme y arrecha de venezolanas y venezolanos los rechaza, los desprecia y no los quiere más en Miraflores.
Claro, la vasta represión desatada les sirve apenas para correr la arruga. El usurpador carece de piso social y dignidad política, igual que su entorno más íntimo y cercano. Las muy precarias «caminatas escuálidas» que hacen con varios centenares de empleados públicos humillados bajo amenaza de retaliaciones administrativas y burocráticas, no hacen más que poner de relieve la soledad del poder usurpado, con fuerza represiva y cinismo sin par. La humillación alcanza a ‘milicianos’ y ‘milicianas’ utilizados para hacer bulto en cuanto sainete montan, a cada rato. Sentimos mucha pena ajena.
La mentira y el cinismo arropan la gestión encabezada por el único beneficiario del fraude. La gente no lo soporta, apaga la radio y la televisión o cambia de canal, para evitar el bochorno.
Hagan lo que hagan, continuarán en su barranco, lamentablemente maltratando al país, empobreciendo al pueblo y cerrando toda vía de entendimiento civilizado para superar la tragedia histórica que sufrimos en Venezuela.
Es tal su borrachera de poder, que se afincan en los dos pilares de la usurpación: la represión atroz y el apartheid político-electoral, ya delineados e impuestos para perpetuarse ilegítimamente en Miraflores. Las elecciones convocadas por el CNE ‘de comiquita’ que tenemos, para el 27 de abril próximo, son más de lo mismo dentro del fraude, la represión y el apartheid político-electoral, que a fin de cuentas sin un sistema contrario a la Constitución, la moral en la función pública, el decoro exigido a los gobernantes y el respeto que merece nuestro pueblo.
Esta farsa no durará mucho tiempo. Es insostenible. Ellos lo saben: no podrán sostenerse por la fuerza, ni podrán manipular sine die a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos jefes actuales corren ya con esa tacha histórica.
La superación de esta crisis impuesta por los usurpadores comienza con la renuncia del usurpador, dentro del marco de la Constitución. Ni él ni su entorno pudrimillonario tienen derecho a seguir haciéndole daño a nuestra patria y empobreciendo a nuestro pueblo. Ábrase el debate, a favor de paz y los derechos del pueblo de Bolívar. No más mentiras ni sinvergüenzuras. ¡Venezuela se respeta!
Artículo publicado en el diario La Razón
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