La imperiosa necesidad de protección on line

Leyes, regulaciones y controles ausentes u obsoletos hacen que nuestro país se encuentre en crisis permanente, con una coyuntura compleja y necesidades no cubiertas en múltiples frentes. Las personas, especialmente los niños, se exponen a una amenaza global que no hace diferencia respecto de condición social, ubicación física o nacionalidad. La industria tecnológica y las plataformas parecen mirar para un costado o, hacerlo por momentos y por compromiso.

Si existen delitos horrorosos y deleznables, sin duda el terrorismo, el abuso y la trata de menores lo son. Sus autores emplean tecnología y ocultan su identidad, ejecutan acciones subrepticias en pos de generar daño, dar rienda suelta a su fanatismo religioso o ideológico o simplemente lucrar a costa del dolor de las personas.

Algunos países y comunidades como la Unión Europea comienzan a dar fuerza de Ley a sus pronunciamientos regulatorios, preocupados e interesados por la integridad de sus habitantes, presionando y marcando el paso a los principales jugadores del tablero digital.

En octubre de 2023, el gobierno del Reino Unido promulgo la Ley de Seguridad On Line, sosteniendo que protegerá a las personas en internet, sobre todo a los niños. Algunos críticos señalan que podría fomentar la desinformación y dañar la privacidad. Lo que ha sido una fortaleza operativa y bastión del marketing, la robustez de la seguridad del encriptado punta a punta que esgrimen algunas de estas plataformas, se ha convertido en un refugio para delincuentes y terroristas.

La Ley de Seguridad On Line (Online Safety Act) entró en vigor como un instrumento legislativo con más de 200 cláusulas que abarcan un gran espectro de contenidos ilegales que las plataformas estarán obligadas a combatir, y les confieren un “deber de diligencia” sobre lo que sus usuarios, sobre todo los niños, ven y acceden en internet. Responsabiliza a las empresas de tecnología respecto de prevenir, identificar, calificar y eliminar rápidamente contenidos ilegales asociados con actos graves que afecten la seguridad de los ciudadanos relativos a terrorismo y a abuso online, cuyas víctimas sean menores de edad. Esta Ley adopta un enfoque de tolerancia cero para proteger a los niños, asegurándose de que la responsabilidad caiga en las plataformas de redes sociales por el contenido que alojan.

Además, obliga a las plataformas de mensajería como Whatsapp, Signal, Facebook Messenger, entre otros, a que revisen, monitoreen y fiscalicen los contenidos enviados por los usuarios en busca de material ilícito, como imágenes y videos de abuso sexual infantil. También dispone que las empresas tecnológicas y los defensores de la privacidad consideran un quiebre injustificado al “valor” de la encriptación punta a punta.

Las compañías, desde las grandes tecnológicas hasta las plataformas más pequeñas y las apps de mensajería, tendrán que cumplir una larga lista de nuevos requisitos, empezando por la verificación de la edad de sus usuarios. Al respecto, Wikipedia sostiene que no podrá ajustarse a la norma porque viola los principios de la Fundación Wikimedia sobre la recopilación de información acerca de sus usuarios. Además, las plataformas tendrán que restringir que los usuarios más jóvenes accedan a contenidos inapropiados para su edad, como: pornografía, abuso, ciberacoso, ciberbullying y hostigamiento digital.

Será necesario publicar e indicar el “riesgo” con el que califican a contenidos potencialmente peligrosos para los niños y ofrecer a los padres recursos y mecanismos para denunciar cualquier problema y situación incómoda para los menores. Será ilegal enviar por cualquier medio digital amenazas, contenido violento, así como fomentar a través de trolls la autolesión, difundir pornografía generada por deepfakes o la acción de ciberflashing, que implica compartir imágenes íntimas o eróticas sin el consentimiento del receptor. Asimismo, las empresas estarán obligadas a eliminarlas de sus plataformas inmediatamente, junto con los abundantes y cada vez mejor producidos, anuncios falsos y fraudulentos que conducen a una estafa.

Las empresas cuyos productos dependen de la encriptación de extremo a extremo amenazaron con cerrar sus operaciones en el Reino Unido: Signal por un lado y Meta, por otro, afirmó que retiraría WhatsApp del mercado inglés. Los activistas de la privacidad y la libertad de expresión sostienen que si se exige a las compañías que eliminen el encriptado o que lo eludan mediante un escaneo se abre la posibilidad de instalar un sistema de vigilancia invasivo.

La Ley de Seguridad On Line tiene solapamientos preocupantes con otro instrumento legislativo: la Ley de Poderes de Investigación (IPA), que faculta al gobierno para obligar a las plataformas digitales a eliminar la encriptación. Esto implica que los servicios de seguridad, como el MI5 (Servicio de Seguridad) el MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto) y el GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno) podrían acceder a consultar datos que antes eran inaccesibles. Si las plataformas de redes sociales no cumplen con estas reglas, Ofcom podría multarlas con hasta £18 millones o el 10% de sus ingresos anuales globales, lo que sea mayor; lo que significa que las multas impuestas a las plataformas más grandes podrían alcanzar miles de millones de libras.

Una tarea pendiente aún es la relativa a las “fake news” que intenta tipificar como delito el hecho de causar daño deliberadamente al informar de algo que el remitente sabe que no es cierto. De igual manera, las campañas de desinformación construidas por una sucesión de material engañoso y viralizado será sometido en breve a un tratamiento similar al de la Ley de Seguridad On Line.