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La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha acusado al exministro Rodrigo Rato de haber querido actuar «como una suerte de instructor en el procedimiento» y ha advertido al tribunal que le juzga por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio de que su defensa «manipuladora» ha usado «trampantojos, trampas y ocultaciones» en favor de su defendido.
Así se ha pronunciado el Ministerio Público en su turno de informe durante la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid y que encara en este mes de mayo su recta final, que acabará con el turno de última palabra de los encausados.
Lorente ha arrancado su exposición poniendo el foco en que Rato, quien fuera también director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), es «el acusado estrella» del procedimiento y tuvo «un extraordinario poder» a lo largo de su carrera política y financiera, algo que, ha explicado, se ha notado en la causa porque tiene «una gran dote para el control». Tal es así, ha añadido, que otro encausado le llamaba «Zeus».
Para la fiscal, «esa capacidad de control que Rato ejerció en su vida anterior al procedimiento, le hace actuar como una suerte de instructor en el procedimiento». Pero ha apuntado que esa forma de defenderse es «una auténtica exacerbación» que lleva a convertir al acusado «en un pseudo-instructor».
Tras esto, ha indicado que su defensa ha usado en el procedimiento «trampantojos, trampas y oscuridades» para tratar de ocultar realidades y para manipular así el caso en su favor.
LA OPACIDAD Y LA AMNISTÍA FISCAL
Además, ha sostenido que Rato ha actuado con «opacidad» porque a pesar de que tenía una vida pública que declaraba al fisco, «por debajo» mantenía desde hacía muchísimos años «diferentes bolsas patrimoniales en el exterior» que eran «desconocidas para la Hacienda española».
Así se ha referido a las sociedades que han sido analizadas a lo largo del juicio, como Wescastle, Red Rose Financial y Red Rose Investment. De esta última ha indicado que es una «sociedad molesta para Rato porque huye de ella como de la quema» diciendo que no es suya, y ha añadido que, sin embargo, «le delatan muchos documentos que hay en el procedimiento».
También ha enumerado la sociedad británica Vivaway y la española Kradonara –«la pata en España de la primera»– y ha puesto el foco en que a pesar de lo que ha sostenido la defensa, todas esas mercantiles «son el señor Rato», por lo que considera que procede aplicar la teoría del levantamiento del velo.
En este sentido, la fiscal ha atacado también la declaración tributaria especial (DTE) que hizo el exministro en 2012 para acogerse a la amnistía fiscal, y ha sostenido que fue una forma de «aflorar de forma controlada» su patrimonio porque necesitaba dinero para sus inversiones en Alemania. «No tiene liquidez en 2012 (…) dado que tiene apariencia de números rojos de forma permanente», ha explicado, para añadir que esa es la razón de la DTE.
Tras esto, como hiciera en su escrito de acusación, ha insistido en que el exministro, sin embargo, declaró «una parte muy pequeña de su patrimonio» y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros. Y ha indicado que además la amnistía para Rato no era firme cuando el Tribunal Constitucional declaró esa ley anticonstitucional.
PRESCRIPCIÓN Y RESIDENCIA EN EEUU
Lorente también ha abordado en su primera hora de exposición el asunto de las posibles prescripciones de determinados delitos fiscales, y ha sostenido que dado que el blanqueo de capitales es el delito más grave por el que se le acusa y existe una «unidad delictiva», este tiene una prescripción de 10 años.
También ha combatido que Rato no fuera residente fiscal en España en su época al frente del FMI, y ha recordado que sí que presentó declaraciones esos años en España que le salieron a devolver y que no hay documentación en la causa que certifique que era residente en EEUU. «Viene con la tesis de que era un apátrida fiscal», ha explicado.
Al respecto, ha señalado que en ese supuesto, habría que considerar que Rato estaba «en mitad del océano desde el punto de vista fiscal». «No fue residente fiscal en EEUU, no tenía presencia sustancial en EEUU, lo del apátrida fiscal es una defensa que roza la absurdez porque su centro de intereses vitales estaba en España», ha sentenciado.
APUNTE A APUNTE: LOS DELITOS FISCALES
A lo largo de su exposición, la fiscal ha ido desgranado cada ejercicio fiscal arrancando en 2005, y ha analizado pormenorizadamente apunte a apunte todas las transferencias o movimientos entre diferentes sociedades relacionadas con el exministro y han sido puestos en entredicho en la causa.
Por ejemplo, ha puesto sobre la mesa el hecho de que su excuñado Santiago Alarcó –también encausado– le cediera «gratis et amore» una finca en Sotogrande al donarle la mercantil Kradonara en 2006, y ha subrayado que esa sociedad era «una pantalla».
También se ha fijado en que Rato no incluyó en la DTE a la sociedad Wescastle porque solo pasó a sus asesores del despacho Plazas Abogados las cuentas de Red Rose Financial. «Rato tenía un control total y absoluto de como quería hacer las declaraciones, (…) era dueño y señor, y elegía cómo repartir el pastel», ha explicado para luego apuntar que no la incluyó en la amnistía porque de haberlo hecho habría pagado una mayor cuantía al fisco.
LOS TRABAJOS
En el día de hoy, la fiscal también ha revisado determinados trabajos que habría realizado Rato para otras sociedades como consultor, y ha sostenido que en realidad «no hubo ningún servicio prestado» a empresas como Rubicon o East River.
Apoya su argumento en que la defensa ha señalado que no había informes en papel porque el aporte del exministro era vía oral y no escrita. «Con estos mimbres, señoría, el fiscal honestamente cree que aquí no hay ningún servicio prestado y (…) que se dio un incremento patrimonial no justificado», ha añadido.
El informe de la fiscal ha concluido tras más de 3 horas de exposición, pero continuará este martes dado que aún le queda por analizar determinados puntos de su acusación. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide 63 años de cárcel para Rato por 11 delitos fiscales, por blanqueo de capitales y por corrupción entre particulares. A esa pena, suma que se le imponga una multa de 42,44 millones de euros.
