Con “lo que les alcanzaba en la mano” más de 30 monjas de la Orden de Santa Clara fueron expulsadas la noche del martes pasado por órdenes del régimen de Daniel Ortega de los tres monasterios en los que vivían en distintas regiones del país, según medios de información nicaragüenses. No se sabe si las religiosas aún permanecen en el país.
La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina señala que el régimen ocupó los edificios de las monjas sin que existan razones legales para la expropiación y a pesar de que la Constitución Política de Nicaragua vigente prohíbe las confiscaciones.
Asimismo, civiles y policías saquearon el Palacio Episcopal de Matagalpa, edifico destinado a ser la residencia del obispo católico de esa Diócesis, y cuyo último ocupante fue monseñor Rolando Álvarez, el encarcelado y posteriormente desterrado obispo nicaragüense.
Tampoco, afirma Molina, hay justificación legal, incluso con las leyes represivas aprobadas por la dictadura, para la apropiación de ese edifico. “El Palacio Episcopal (de Matagalpa) estaba ocupado por la Policía desde que secuestraron a monseñor Álvarez, pero nunca hubo una expropiación formal. No dijeron nada, solo lo confiscaron”, argumentó.
En el caso de las monjas de la Orden de Santa Clara, conocidas como “clarisas”, esta asociación religiosa se disolvió voluntariamente el 19 de mayo de 2023, precisamente para evitar que el régimen se apropiara de sus bienes ante la feroz ofensiva que ejecuta Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las iglesias de Nicaragua.
Según un recuento publicado por la plataforma Confidencial, la dictadura “acabó en sólo dos años y tres meses con 1.323 asociaciones, fundaciones, ministerios y congregaciones religiosas vinculadas principalmente a la Iglesia evangélica y católica de Nicaragua”.
De estas 1.323 organizaciones religiosas, dice, 1.277 fueron cerradas por decisión del Ministerio del Interior (MINT) y 46 pidieron su “disolución voluntaria”, para “así evitar que sus bienes sean confiscados como ocurre con las organizaciones cerradas vía resolución ministerial”.
“La disolución voluntaria es una estrategia jurídica para preservar sus bienes, pero ni eso se respeta, como vimos con las hermanas clarisas a quienes solo se les permitió sacar algunas pertenencias que les alcanzaban en las manos, por ejemplo, sus identificaciones y uno o dos vestidos de los que ellas usan”, explica la abogada.
Dice que la dictadura tiene un plan muy definido para apropiarse de los bienes ajenos. “Esto va por etapas. Paulatinamente, con todas aquellas congregaciones religiosas que ya fueron canceladas su personería jurídica, y de esas son varias, solamente es que les llegue el turno”.
Dice que el Caribe nicaragüense se vive una rapiña de la que poco se conoce. “Hasta capillas han confiscado”, señala.
Lamenta el silencio con que las iglesias viven los ataques de la dictadura. “Nadie lo quiere denunciar y si sale la denuncia, las mismas víctimas, en ocasiones, lo niegan porque tienen la impresión de que la dictadura va a dejar de perseguirlos si callan”.
Afirma que los medios de comunicación independientes también han dejado de informar sobre estos ataques porque, de tan abundantes, resultan repetitivos. “Estar mencionando todos los días la misma cosa deja de ser atractivo para el lector”, señala, y pone de ejemplo el caso de un sacerdote de 80 años, Frutos Valle, quien tiene seis meses de estar bajo arresto domiciliar y del que casi nadie habla.
La expulsión de las monjas clarisas, dice, se veía venir.
La Orden de las Clarisas fue fundada en 1212 por Santa Clara de Asís, con el apoyo de San Francisco de Asís, en Italia. Es la segunda orden franciscana y se dedica a la vida contemplativa y de clausura.
A Nicaragua, las Clarisas llegaron el 23 de junio de 1955, cuando un grupo de religiosas provenientes de España fundó el Monasterio de Santa Clara en la ciudad de Granada. Desde entonces, habían mantenido su presencia en el país, dedicadas a la oración y la vida monástica.
“Ellas son lindas, son monjas de clausura y se dedican a hacer ornamentos religiosos y hostias. Ese es su servicio. Y la oración”, explica Molina, quien se ha especializado en la investigación de temas religiosos, y considera que, dada la discreción que caracteriza a esta orden, si no se ha hecho la denuncia, “nadie se iba a dar cuenta de que las expulsaron”.
“Era como una crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo había denunciado. ¿Sabías que ellas son las que abastecen de hostias a las iglesias? De hecho, en semanas anteriores los curas se preocuparon y comenzaron a comprar más hostias, o sea, a apertrecharse de hostias porque no saben ahora adónde las van a adquirir”, indica.
Según Molina, las expropiaciones tienen doble propósito. Por un lado, “demostrar el poder que ellos tienen y ponerse como un supra poder, por encima de la fe y de la religión”; y por otro, capitalizarse para disponer de bienes y recursos.
Hasta ahora, dice, no se sabe a cuánto equivalen las expropiaciones religiosas en dinero, porque las iglesias no llevan un inventario tan detallado y porque hay objetos de valor incalculable, como las pinturas o las imágenes religiosas.
“Ahí hay cuadros de más de 300 años que son invaluables. Tal vez alguien sepa cuál es el valor catastral de un edificio, pero el daño histórico y económico, lo que se están robando, es invaluable. Son cuestiones históricas que se están perdiendo en el país”, dice.
Algunos edificios religiosos expropiados se han convertido ya en oficinas estatales. Pero Molina sospecha que es una estrategia de propaganda mientras la población olvida el origen de los bienes robados.
Teme que habrá una segunda “piñata”, nombre con el cual se bautizó la masiva repartición de bienes estatales que realizó el Frente Sandinista, el partido de Ortega, entre los suyos, cuando perdió las elecciones en 1990.
“Se los reparten o los venden”, dice.
Así las cosas, señala Martha Patricia Molina, no sería extraño que en unos años veamos un supermercado chino en el edificio que hasta hace poco era el Palacio Episcopal de Matagalpa.
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