No hay ninguna duda de que el programa político de los ideólogos del régimen se planteaba la destrucción del Estado democrático constitucional venezolano, con el cuento de que era un Estado burgués. Algunos, ingenuamente, pensaban que se trataba de construir un Estado inclusivo de justicia social y bien común. Lo que no se sabía era que en el interior de los que fungían como líderes existía odio, revanchismo, avaricia, ausencia de escrúpulos y carencia absoluta de valores humanos. Su discurso de redención social, pro derechos humanos y nacionalista era y es fachada, para cautivar populistamente a las masas.
Tratar de reseñar la destrucción del Estado de derecho e institucional realizada en estos 25 años de gobierno de la pandilla cívico-militar, prácticamente, sería una labor interminable. No solo ha sido la estructura jurídica, sino que ha abarcado la destrucción moral del colectivo nacional, sembrando desesperanza, miedo, odio, fomentando la corrupción y la ausencia de escrúpulos en las relaciones sociales y políticas.
La pandilla en el poder ha ido horadando todas las formas e instituciones democráticas guardianes del orden constitucional con el fin de imponer su hegemonía y perpetuarse en el poder. Son muchas las leyes que, arbitrariamente, han aprobado quebrando la participación ciudadana y las formas establecidas en la Constitución, con el único fin de controlar a su antojo los poderes públicos. Basta examinar: Ley Especial para la Ratificación y Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, las reformas del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional con el objetivo de anular la función contralora parlamentaria y aniquilar el pluralismo político.
En esa tarea, la pandilla cívico-militar ha promovido la ideologización y politización de las fuerzas armadas, amén de haber sembrado en ellos los gérmenes más abyectos de corrupción y de desconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Para justificar su actuación y tener cierto apoyo popular ha originado conflictividad y construido organizaciones paramilitares violentas, financiados por el Estado y con permisión para delinquir, con el objetivo de enfrentar la oposición y intimidar a las clases populares
Han manipulado las instituciones mediante la fuerza, a través de acciones sistemáticas de represión, violencia y terrorismo de Estado para someter a la disidencia, y subordinar todos los poderes a las órdenes de la pandilla. La protesta popular y política ha sido mediatizada mediante la agresión permanente y la criminalización. Son miles de casos de violación de los derechos fundamentales y desconocimiento de los pronunciamientos de los órganos internacionales sobre derechos humanos.
En el marco del proyecto autoritario desplegado por la pandilla cívico-militar, se ha enfilado una agresión sistemática y permanente contra los medios de comunicación y periodistas. Son centenares los periodistas agredidos, perseguidos o encarcelados, son cientos de radios cerradas, de presiones sobre medios de televisión, radios y periódicos. Quieren callar la protesta, que no se conozca la realidad inocultable de su gigantesca corrupción, de su arbitrariedad cotidiana y del inmenso rechazo popular a sus políticas y permanencia en el poder.
Conociendo la actuación hegemónica de la pandilla a lo largo de estos 25 años, llenos de mentiras y fraudes, para eternizarse en el poder, no era de extrañar que mintiesen a la comunidad internacional, en supuestas negociaciones de retorno a la democracia, y se burlasen de los Estados mediadores, por supuesto, no reconocerían la derrota. Sus más conspicuos personajes, Maduro y Diosdado, ya habían anunciado que no entregarían el poder “ni por las buenas ni por las malas” y que “correría la sangre”. Esperar comportamiento conforme a derecho de la pandilla criminal es tanto como esperar que resuciten Stalin o Hitler y sean demócratas.
La pandilla cívico-militar está envalentonada porque la violenta represión ejercida contra el pueblo paralizó las protestas, se muestran guapetones y perdona vidas ante la salida de EGU, creen que eso ha amainado y resignado al pueblo a no echarlos del poder. Por el contrario, hay en el alma del pueblo un grito reprimido de libertad y salir a combatir a la nefasta cúpula. Este sentimiento no es solo cívico, sino que, también, está anidado en el corazón y sentimiento de la mayoría de las fuerzas armadas. La reconstrucción institucional de Venezuela es tarea de todos, empezando por restablecer la vigencia de la Constitución y organizar el Estado en función del bien común. Los que creemos en el Estado de derecho y en la democracia como sistema político, estamos seguros de que pronto gritaremos ¡libertad! Ni un paso atrás. ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional
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