Para los demócratas en general, y para los demócratas cristianos en particular, el voto es el instrumento de paz, gobernanza y convivencia civilizada más importante que existe. Somos por naturaleza personas y organizaciones apegadas a la democracia como forma de vida y de gobierno. Apelamos a la participación ciudadana como el mecanismo para dirimir los conflictos propios de la vida social. De modo que defendemos el voto como el mecanismo fundamental para resolver las diferencias y asumir las decisiones vinculadas con la vida política.
Me refiero al voto efectivo, al que decide, al que en efecto elige. En Venezuela perdimos el voto como instrumento de decisión y de resolución de conflictos. El socialismo del siglo XXI convirtió al voto en un acto simulado. En este régimen político las elecciones no resuelven diferencias, las profundiza. No elige, porque es adulterado. No trae paz, porque el proceso es parte del protocolo de violencia que caracteriza a la dictadura.
He sido alumno de una escuela que a lo largo de su historia ha propiciado el voto y las elecciones para instaurar la democracia como forma de vida y de gobierno. Aún en dictadura, nuestros maestros aprovechaban las ventanas que se abrían en medio de un proceso electoral, para interactuar con los ciudadanos, para llegar a las bases populares y fortalecer las organizaciones políticas con el objetivo de restablecer la democracia.
La participación o la abstención, en una dictadura, en ciertas etapas históricas, pueden ser útiles o no en la lucha para hacer efectiva una propuesta política; es cuestión de examinar cada momento y cada situación. Participar o no, no es un dogma de fe. La situación de un momento determinado en un país puede recomendar participar o abstenerse. Es distinto en democracia, en la que el voto es siempre el instrumento para resolver la conducción de la vida pública.
Conscientes de la determinación del chavismo-castrismo de imponer una dictadura en nuestro país, hemos luchado en el campo político para impedir su consolidación. A diferencia de la izquierda radical del siglo pasado, que organizó una guerrilla, dirigida y financiada desde La Habana, nosotros siempre hemos apelado a la lucha política. Por ello hemos asistido a elecciones locales, regionales y nacionales para cargos ejecutivos y parlamentarios, pero también hemos, como sociedad democrática, optado por la abstención para expresar rechazo al comportamiento ilegal de la camarilla roja. Decisiones en las que ha habido aciertos y errores tácticos.
El sistema nos ha demostrado que, cuando se trató de acceder a los dos grandes poderes nacionales, la cúpula roja desconoció la voluntad ciudadana. Me refiero a la elección de la Asamblea Nacional de 2015, la cual fue clausurada mediante diversas artimañas de apariencia judicial, llegando incluso a instaurar una ilegítima e inconstitucional Asamblea Constituyente. Más recientemente, en la elección presidencial del pasado 28 de julio de 2024, impusieron un grotesco fraude de forma abierta y descarada.
Durante estos años, nos hemos esforzado por unificar al país y participar en esa elección presidencial, venciendo todos los obstáculos impuestos por la dictadura para propinarles una derrota política y electoral, lo cual logramos. Sin embargo, la cúpula oficialista decidió desconocer la voluntad popular para mantenerse en el poder con el fraude y el uso brutal de la fuerza.
Consumado el fraude y destruido el valor del voto, la dictadura madurista pretende que la sociedad democrática venezolana pase la página, abandone la lucha por el respeto al mandato de expulsión de Maduro y se embarque en unas elecciones regionales, locales y parlamentarias en las que seguirán con su perversa táctica de coaptación, corrupción, fragmentación y adulteración de resultados para prolongar su ilegítima presencia en el poder.
Hemos llegado a una situación de violencia institucional, ilegitimidad, ilegalidad y fraude en la que no podemos acudir a un nuevo evento de simulación electoral. Hacerlo sería traicionar el voto y el mandato del 28 de julio. Sería avalar la brutal y masiva violación de los derechos humanos cometidos antes y después de aquella memorable jornada. Sería dar continuidad a una institucionalidad corrompida y viciada, comprometida con la usurpación y la violencia estatal.
Ante la estrategia de normalización y de lavado de imagen de la dictadura, surgen las voces de quienes consideran que debemos acudir a las elecciones previstas para este año.
En esta línea se pueden distinguir dos sectores: el primero, los tradicionales “colaboradores” de la dictadura, personajes sin principios ni valores que han hecho de la política una actividad mercenaria. Estos se presentan como “dirigentes opositores”, cuando en realidad son funcionarios al servicio del régimen, repitiendo el libreto diseñado por los laboratorios del poder para justificar su continuidad.
El segundo grupo está compuesto por personas de buena fe, a veces ingenuas, que creen necesario participar en toda elección, porque “no podemos dejar de votar” o “porque no podemos dejar libres los espacios”. Sin embargo, ya hemos concurrido a procesos fundamentales para la conducción de la vida nacional y la camarilla roja los ha desconocido brutalmente.
Debemos recordar la realidad en la que nos encontramos en estos tiempos, distinta a la de 2005 o 2018. En este comienzo de 2025, hemos sufrido ya el robo en la elección de los dos poderes nacionales, de los cuales se deriva la constitución de los demás poderes públicos nacionales. La elección presidencial del 28 de julio de 2024 ha sido la gota que ha rebasado el vaso: el summum de la usurpación y la implantación de la tiranía.
Hoy no hay espacio para la política, ni para el debate libre de las ideas en el seno de nuestra sociedad. Vivimos en un estado de excepción de facto. Las garantías constitucionales son letra muerta. Estamos en un estado de guerra del poder establecido contra la sociedad democrática.
No hay hay libertad de expresión. El socialismo del siglo XXI, en estos 25 años de hegemonía, ha cerrado los medios independientes y censurados los pocos que quedan. Las redes sociales y los sitios web están bloqueados por el poder. Hablar y opinar libremente es un delito. La “ley contra el odio” es el garrote para perseguir, encarcelar y callar a quienes se atreven a criticar o cuestionar al poder. La intolerancia a la crítica es total en estos tiempos. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres en medio de un estado de censura y criminalización de la opinión?
No hay partidos políticos con autonomía. Los partidos históricos y recientes han sido intervenidos por el régimen, sus bienes y tarjetas confiscados y sus lideres sustituidospor agentes afines a la dictadura. La creación de nuevos partidos es automática, sin ni siquiera cumplir formas, si sus promotores se someten a los lineamientos e instrucciones que la cúpula roja les impone. Se habilitan o se inhabilitan partidos por un mensaje de WhatsApp. Al no existir partidos y tarjetas con verdadera autonomía ¿cómo se puede concurrir a una elección? ¿Cómo se puede organizar una verdadera alternativa?
Los candidatos deben ser aprobados por la cúpula roja, quienes bloquean inscripciones arbitrariamente. Hemos llegado a una situación en la cual, no recurren a la figura de la inhabilitación administrativa, simplemente impiden la inscripción en el sistema. Fue lo que hicieron en la pasada elección presidencial, cuando no se permitió la inscripción de la Dra. Corina Yoris como candidata de la oposición. La Dra. Yoris no había forma de inhabilitarla de forma express, porque nunca había sido funcionario público. Entonces apelaron a lo que ya hacen recurrentemente: a las vías de hecho. Para decirlo en lenguaje de los autócratas: “no va porque no me da la gana…” Si no se respetan esos derechos fundamentales de los ciudadanos es muy complicado participar en un proceso tan minuciosamente controlado.
A lo anterior se suma la suspensión de facto del derecho a la protesta pacífica y al libre tránsito por el territorio de la república. Venezuela es hoy un país en estado de sitio con buena parte de su dirigencia política en las cárceles, en la clandestinidad o en el exilio. ¿De qué elecciones estamos hablando? ¿De un nuevo evento organizado y dirigido por el mismo CNE del fraude?
Finalmente, hay quienes consideran que esos “espacios” (vale decir gobernaciones, alcaldías y curules) “no podemos abandonarlos”. ¿De qué espacios o poderes estamos hablando? De unos poderes que no son tales en estos tiempos. De unas gobernaciones y alcaldías controladas con mano férrea desde Miraflores, sin respetar las competencias que la Constitución y las leyes le asignan.
Ya ni siquiera se molestan en colocarles la figura del “protector” para hacerles el paralelismo. Los han domesticado de tal forma que les resulta más fácil darles órdenes directas. Un ejemplo lo pudimos ver con el ya olvidado referéndum del Esequibo. A todos se les solicitó participar y, por supuesto, todos acudieron al llamado, en el cual Amoroso ensayó su papel de falseador de la verdad, cuando anunció la participación de 10 millones de votos en aquella desolada consulta.
Hemos llegado a un nivel de sometimiento de los demás poderes que aquellos no dispuestos a aceptar las instrucciones de la camarilla son retirados de sus cargos, sin fórmula de juicio, y se les lleva a la cárcel. Para ello se les fabrica cualquier expediente.
De modo que luego del recorrido vivido en estos 25 años del chavo-madurismo no podemos volver a caer en el mismo dilema. Ya la situación derivó en una dictadura abierta y descarada. No se trata de las etapas previas, las del autoritarismo semicompetitivo, cuando había que dar la lucha para demostrar que la cúpula roja era minoría. Ya eso lo demostramos con creces. Ahora tenemos que dar la lucha para que la dictadura se vaya definitivamente y no ofrecer nuestro concurso para normalizar la situación y simular que “vivimos en democracia”, cuando lo cierto es que vivimos en la más brutal dictadura del siglo XXI en nuestro continente. Vamos, entonces, a defender el voto recuperándole su poder, no envileciéndolo más con simulaciones electorales.
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