Mientras Erwin Enrique Méndez Labarca, buscado por Interpol por extorsión y lavado de dinero, busca refugio en Estados Unidos, un turbio entramado familiar sale a la luz. «La barca» de Chevron en Venezuela parece navegar entre escándalos judiciales y un supuesto oligopolio familiar que controla sus operaciones en el país suramericano.
Los tentáculos de los Méndez Labarca se extienden desde las entrañas de la industria petrolera venezolana hasta lujosas fiestas en el Caribe, pasando por oscuras conexiones con altos ejecutivos de la petrolera estadounidense. Esta historia se adentra en una trama de intrigas, corrupción y poder en la que se mezclan empresarios, funcionarios y una fortuna construida a la sombra de la gigante energética. Tanto un tribunal de Caracas, como el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, solicitaron a Interpol la emisión de una alerta roja, que busca lograr la localización y aprehensión internacional del venezolano Erwin Enrique Méndez Labarca.
La solicitud, realizada por el Tribunal Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 7 de mayo de 2024, busca localizar y detener al acusado, quien hasta ahora ha evadido a las autoridades. Según el oficio emitido por el juez David Eduardo Pérez Nieves, el tribunal dictó una orden de aprehensión contra Méndez Labarca el 20 de marzo de 2023. Sin embargo, más de un año después, esta orden no ha podido ser ejecutada, lo que ha llevado al tribunal a tomar medidas adicionales para lograr la detención del acusado. Méndez Labarca está siendo procesado por el tribunal en una causa signada con el número 27°C-S-2133-2023.
Por su parte, la Fiscalía 99° Nacional Especializada Contra Terrorismo y Secuestro, en un oficio fechado el 22 de mayo de 2024, solicitó también a la Dirección General de Policía Internacional (Interpol) activar los protocolos necesarios para la captura de Méndez Labarca, quien figura como acusado, según el caso seguido por el Ministerio Público de Venezuela, identificado como MP-17206-2023. Según los documentos oficiales, Méndez Labarca se encuentra en busca y captura por delitos de extorsión agravada y legitimación de capitales.
La investigación revela que Méndez Labarca habría cobrado una extorsión por la astronómica suma de 2.500.000 dólares americanos. Ese monto se convirtió en el punto de partida de una compleja operación de lavado de activos. Méndez Labarca, según las pesquisas, habría utilizado el sistema financiero venezolano e internacional como su tablero de ajedrez personal, moviendo las piezas con destreza para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilícitamente.
Tanto el tribunal como el Ministerio Público hicieron un llamado directo al Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y a la Dirección General de Policía Internacional para que actualizaran sus bases de datos y tomarán las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial. Las autoridades, en un movimiento preventivo, señalaron un «peligro de fuga» constante y razonable. Los cargos contra Méndez Labarca en Venezuela no son menores.
La extorsión agravada, prevista y sancionada en el Artículo 16, en concordancia con el Artículo 19 numerales 2°, de la Ley Contra la Extorsión y el Secuestro, se perfila como la punta del iceberg. A esto se suma el cargo de legitimación de capitales, tipificado en el Artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La combinación de estos delitos sugiere una operación sofisticada que va más allá de un simple acto de extorsión, adentrándose en el terreno del crimen organizado.
Interpol emite alerta roja contra Erwin Enrique Méndez Labarca
En un desarrollo posterior del caso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja para la captura de Erwin Enrique Méndez Labarca.
La alerta, publicada el 10 de junio de 2024, obedece a las solicitudes previas realizadas por el tribunal y el Ministerio Público venezolano. La orden de captura internacional, con número de control A-6717/6-2024 y número de expediente 2024/39983, destaca la peligrosidad del sujeto y su propensión a la evasión. Méndez Labarca, nacido el 28 de marzo de 1977 en Venezuela, es descrito como un hombre de 47 años, soltero, con nacionalidad venezolana comprobada.
Su descripción física indica que mide 180 cm de altura, pesa 110 kg, tiene complexión gruesa y ojos negros. Las autoridades señalan que el prófugo podía desplazarse a Estados Unidos o Panamá, lo que ha llevado a una alerta especial en estos países, instando a las fuerzas del orden en estas naciones a estar particularmente vigilantes.
Según fuentes de justicia, Erwin Méndez Labarca se dedicó a extorsionar a diferentes personas, particularmente a empresarios, mientras se encontraba detenido en Venezuela, acusado de un caso de estafa. Méndez afirmaba gozar de contactos poderosos e influencias tales, que fue bautizado con el apodo de «Donald Trump». Méndez Labarca pedía el dinero de las extorsiones asegurando hablar en nombre de funcionarios de distintos órganos de seguridad venezolanos, incluidos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana (CPNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Engaño migratorio: ingreso a Estados Unidos bajo programa humanitario
Mientras las autoridades de Venezuela buscaban ya a Méndez Labarca, desde marzo de 2023, por delitos de extorsión agravada y legitimación de capitales, el prófugo venezolano logró ingresar a territorio estadounidense, engañando a las autoridades norteamericanas. Su entrada fue registrada en diciembre del mismo año en Miami, donde se le otorgó un permiso de estancia hasta diciembre de 2025, bajo el programa humanitario para venezolanos, según revelan registros migratorios oficiales.
De acuerdo con el formulario de Entrada/Salida I-94, emitido a los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos, por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ingreso de Méndez Labarca a territorio estadounidense, a través del Aeropuerto de Miami, quedó registrado el 25 de diciembre de 2023. El registro indica que se le otorgó un permiso de estancia hasta el 23 de diciembre de 2025, bajo la clasificación «VHP» (Venezuelan Humanitarian Parole), referido al programa de permiso humanitario para venezolanos.
El programa bajo el cual Méndez Labarca ingresó a los Estados Unidos ha formado parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para abordar la crisis migratoria venezolana. Este programa ha permitido a ciertos ciudadanos venezolanos solicitar entrada temporal por razones humanitarias.
Sin embargo, es crucial destacar que los permisos humanitarios son temporales y no garantizan una residencia permanente. No obstante, seis meses después de su ingreso a EE.UU., Interpol emitió una alerta roja contra Méndez Labarca a solicitud de las autoridades venezolanas. Aunque el permiso humanitario le permite permanecer en el país hasta finales de 2025, la existencia de esta notificación internacional podría llevar a una revisión de su caso por parte de las autoridades migratorias y de seguridad estadounidenses.
Expertos en derecho internacional sugieren que esta situación podría resultar en la revocación del permiso humanitario de Méndez Labarca y en su posible detención para fines de extradición. Sin embargo, el proceso podría complicarse debido a las relaciones diplomáticas tensas entre Estados Unidos y Venezuela. El caso de Méndez Labarca pone de relieve las complejidades del sistema de permisos humanitarios y plantea preguntas sobre la eficacia de los procesos de verificación de antecedentes por parte de las autoridades de Estados Unidos, en atención a las solicitudes migratorias.
Antecedentes por una estafa millonaria
En enero de 2016, medios venezolanos reportaron un caso de estafa que dejó al descubierto una red que involucró a empresarios y funcionarios públicos. Uno de los protagonistas de esta historia fue también Erwin Enrique Méndez Labarca, entonces de 38 años de edad, que, junto a sus cómplices, logró defraudar a varios empresarios por una suma que, según la prensa venezolana, superaba supuestamente los 800 millones de bolívares, aunque expedientes judiciales dejan constancia de un monto que, por lo menos, totalizaba cerca de 197 millones de bolívares, distribuido entre varios de los estafados. Méndez Labarca, oriundo del estado Zulia, ideó un esquema de estafa que, a primera vista, parecía un negocio legítimo y rentable.
En 2013, cuando corría la época del fallecimiento del otrora mandatario Hugo Chávez y cuando el dólar paralelo se cotizaba en Venezuela a más de 24 bolívares, comenzó a acercarse a empresarios reconocidos ofreciéndoles contratos millonarios con una supuesta empresa petrolera llamada Venlabca, que él mismo presidía. La fachada de legitimidad se reforzaba por la aparente conexión de Venlabca con Constructora Martam, una empresa que parecía sólida y confiable.
Esta apariencia de seriedad fue suficiente para que, según reportes de prensa de entonces, al menos diez empresarios cayeran en la trampa, depositando grandes sumas de dinero en lo que creían sería una inversión segura. Sin embargo, detrás de estas empresas se escondía una sofisticada red criminal. Junto a Méndez Labarca, los principales implicados eran Lizandro Marín Villasmil, de 42 años, y su esposa Carmen Tamiche Ferrer, quienes dirigían Constructora Martam. El grupo enfrentó acusaciones por estafa y asociación para delinquir, según constaba en el expediente 17484-14 del Juzgado 52 de control.
Durante un año y medio, las víctimas intentaron recuperar su dinero a través de negociaciones con Méndez Labarca. Ante la falta de resultados, finalmente decidieron presentar denuncias formales ante la Fiscalía 9 del Distrito Capital y la Fiscalía 24 del Ministerio Público. El caso tomó un giro inesperado cuando, a pesar de que se dictó una medida privativa de libertad, los acusados fueron liberados bajo medida cautelar. Tras una apelación, la Fiscalía solicitó su recaptura, logrando detenerlos el 21 de diciembre de 2015. Sin embargo, una controvertida decisión del fiscal Héctor Muzo, de la Fiscalía de Anzoátegui, resultó en la liberación de los delincuentes, a pesar de que el caso no pertenecía a su jurisdicción.
Marín Villasmil aprovechó esta oportunidad para darse a la fuga, mientras que Méndez Labarca fue recapturado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 27 de diciembre de 2015. No obstante, el nuevo caso contra Erwin Méndez Labarca, en la actualidad relacionado con extorsión y lavado de dinero, sugiere que sus actividades delictivas continuaron después de verse implicado en aquella trama de estafa. Erwin Méndez Labarca intenta negar estafa, mientras fallas.
Erwin Méndez Labarca intenta negar estafa, mientras falla su estrategia ante el TSJ
En el año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inadmisible una solicitud de avocamiento presentada por el abogado Freddy’s José Perdomo Sierralta en el caso contra el empresario Erwin Enrique Méndez Labarca, acusado entonces de los delitos de estafa y agavillamiento. La decisión fue emitida el 2 de mayo de 2017 por la Sala de Casación Penal del máximo tribunal venezolano. Méndez Labarca enfrentaba cargos por presuntamente haber utilizado su empresa, Venezolana de Laboratorios Químicos Compañía Anónima (VENLABCA), para cometer fraude contra varios inversionistas. La causa, identificada con el alfanumérico 6C-19.506-16, se encontraba en el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Según el escrito presentado por Perdomo Sierralta el 10 de mayo de 2016, VENLABCA realizaba operaciones mercantiles y financieras «legítimas», incluyendo contratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA). El abogado argumentó que los hechos del caso eran de naturaleza civil y mercantil, no penal, y que los denunciantes estaban utilizando indebidamente el sistema de justicia penal para resolver asuntos comerciales.
La defensa alegó violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa de Méndez Labarca, incluyendo la emisión de una orden de aprehensión el 17 de diciembre de 2015 por parte del Tribunal Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control. Perdomo Sierralta solicitó la nulidad de varias decisiones judiciales y el cese de los efectos de la orden de aprehensión contra su defendido. Sin embargo, la Sala de Casación Penal del TSJ, presidida por el Magistrado Maikel José Moreno Pérez, determinó que la solicitud de avocamiento no cumplía con los requisitos legales establecidos en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El principal motivo para declarar inadmisible la solicitud fue la falta de legitimación del abogado Freddy’s José Perdomo Sierralta. La Sala constató que en las copias de las decisiones judiciales aportadas, Perdomo Sierralta no figuraba como defensor de Méndez Labarca. Además, el solicitante no presentó ninguna documentación que acreditara su designación, aceptación y juramentación como defensor privado del acusado. El caso contra Méndez Labarca y VENLABCA se originó a partir de denuncias presentadas por varios inversionistas, entre ellos Alfredo Eduardo Ron Olaver, Ibrahim José Velutini Sosa, José Simón Elarba Haddad, José Luis Potolicchio Prat y Nafic Gonzalo Chacón Djeandji.
Estos denunciantes alegaron haber sido víctimas de una estafa relacionada con inversiones en las operaciones de VENLABCA, la cual actuaba como contratista de la estatal petrolera venezolana PDVSA. La defensa de Méndez Labarca argumentó que las acusaciones eran infundadas y que se trataba de un intento de utilizar el sistema de justicia penal para resolver disputas comerciales. Según el escrito presentado por Perdomo Sierralta, VENLABCA había recibido fondos de los inversionistas para ejecutar proyectos con PDVSA y había realizado pagos a los denunciantes según lo acordado, quedando un saldo pendiente que se le habría entregado a la empresa Martam C.A y a su representante, Lisandro José Marín Villasmil. Sobre VENLABCA, según la defensa, se trataba de una empresa que empleaba a más de 600 personas en varios estados de Venezuela y que había trabajado para la industria petrolera desde 2006. Perdomo no mencionó que desde al menos el año 2010, VENLABCA había empezado a enfrentar múltiples denuncias por incumplir obligaciones contractuales con sus trabajadores, incluidas el pago de salarios, bonos de alimentación y liquidaciones.
Más detalles del caso de estafa y de las irregularidades procesales que beneficiaron a Erwin Méndez Labarca y los demás acusados
El 16 de junio de 2017, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admitió una solicitud de avocamiento relacionada con el proceso penal por los delitos de estafa y asociación. Así se conoció que el caso involucraba a Erwin Enrique Méndez Labarca y otros tres individuos acusados de defraudar a varios empresarios por un monto que ascendía a los 72 millones de bolívares fuertes (alrededor de 3 millones de dólares, a tasa de dólar paralelo en 2013).
La solicitud de avocamiento fue presentada el 6 de marzo de 2017 por el abogado Francisco Guillermo Boza Mercado, actuando en representación de los ciudadanos José Simón Elarba Haddad, José Luís Potolicchio Prats, Ibrahim José Velutini Sosa y Nafic Gonzalo Chacón Djeandji, este último en nombre propio y de las empresas Comercializadora INTE C.A. y Distribuidora Mi Cometa C.A.
Según los alegatos del abogado Boza Mercado, la solicitud de avocamiento se fundamentó en «graves desórdenes procesales» y «escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico» ocurridas durante el proceso judicial en los juzgados de control del Área Metropolitana de Caracas. Rumores intuían que tales irregularidades podían haber obedecido a hechos de corrupción judicial.
El caso se remonta a marzo de 2013, cuando el ciudadano Daniel Valero Gutiérrez contactó a los empresarios José Simón Elarba Haddad, José Luis Potolicchio Prats, Ibrahim José Velutini Sosa y Nafic Gonzalo Chacón Djeandji para solicitarles una inversión en la empresa Venezolana de Laboratorios C.A. (Venlabca), representada por Erwin Enrique Méndez Labarca.
Valero Gutiérrez presentó una situación económica crítica en Venlabca y les prometió a los empresarios que, si inyectaban capital a la empresa, obtendrían ganancias en un plazo de 30 a 60 días. Confiando en la propuesta, los empresarios realizaron diversos aportes que totalizaron 72 millones de bolívares fuertes, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias de Venlabca en el Banco Provincial, Banco Occidental de Descuento (BOD) y Banco de Venezuela.
Transcurrido el plazo acordado, la empresa no cumplió con lo prometido y los empresarios comenzaron a exigir el pago de su inversión. Ante la presión, Daniel Valero Gutiérrez informó a los empresarios que Scarlet Coromoto Ponce de Hernández, en representación de Venlabca, había emitido un cheque por 20 millones de bolívares, pero este resultó sin fondos. Posteriormente, Ponce de Hernández emitió otro cheque por 5 millones de bolívares, el cual tampoco pudo ser cobrado por falta de fondos. En ambos casos, se formalizaron los respectivos protestos.
La situación se tornó más compleja cuando, en una reunión con los empresarios, se presentó Lisandro José Marín Villasmil, quien se identificó como operador financiero de Venlabca y co-responsable de la obligación. A pesar de sus promesas, tampoco se concretó la devolución del dinero. Ante la falta de respuestas y el incumplimiento de los acuerdos, los empresarios decidieron interponer una denuncia ante la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público el 17 de enero de 2014.
La denuncia fue ampliada posteriormente el 11 de abril de 2014 en la Fiscalía 24° a Nivel Nacional, iniciándose así una investigación que culminó con la presentación de una acusación formal contra Daniel Valero Gutiérrez, Scarlet Coromoto Ponce de Hernández, Erwin Enrique Méndez Labarca y Lisandro José Marín Villasmil.
La Fiscalía 24°, representada por los abogados Didier Rojas Rodríguez y Carlos Eduardo Castro Ramos, solicitó al Juzgado 52° de Primera Instancia en funciones de control el enjuiciamiento de los acusados por los delitos de estafa y asociación para delinquir, así como la privación judicial de libertad de los mismos. Sin embargo, el proceso judicial se vio entorpecido por una serie de irregularidades que llevaron al abogado de las víctimas a solicitar el avocamiento ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Entre las irregularidades denunciadas por el abogado Boza Mercado, se encontraba la acumulación indebida del caso con otro proceso que se seguía contra algunos de los mismos acusados. Esta acumulación, según el abogado, permitió que el Juzgado 52° de Control, a cargo de la jueza Carolina Rodríguez Caricote, modificara la calificación jurídica de los delitos imputados, tipificándolos como agavillamiento en lugar de asociación para delinquir. Esta modificación tuvo como consecuencia la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad a los acusados, quienes pudieron evadir la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía 24°.
La defensa de las víctimas argumentó que la jueza Rodríguez Caricote no tomó en cuenta la gravedad de los hechos ni las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°, limitándose a considerar los alegatos de la Fiscalía 9°, la cual llevaba adelante otra investigación contra algunos de los acusados. El abogado Boza Mercado también denunció que la jueza Rodríguez Caricote, a pesar de haber acordado la acumulación de las causas, en la práctica las separó, emitiendo pronunciamientos únicamente en relación a la investigación que se seguía en el Juzgado 12° de Control. Según el abogado, estas decisiones evidenciaron un «desorden procesal» y una «vulneración al principio de igualdad de las partes», ya que se ignoraron los planteamientos y las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°. Como resultado de la recusación interpuesta por la defensa de las víctimas, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado 6° de Primera Instancia en lo Penal en funciones de control.
Sin embargo, el desorden procesal continuó en esta instancia. El 12 de agosto de 2016, el Juez 6° de Control, haciendo caso omiso a la decisión previa del Juzgado 52° de Control, emitió una orden de aprehensión contra Erwin Enrique Méndez Labarca por los hechos denunciados por Alfredo Eduardo Ron Olaves, representante de la empresa Grupo Total 99 C.A., quien también acusaba a Méndez Labarca y a otros individuos de estafa. La Fiscalía 24°, representada por los abogados Didier Rojas Rodríguez y Carlos Eduardo Castro Ramos, solicitó al Juzgado 52° de Primera Instancia en funciones de control el enjuiciamiento de los acusados por los delitos de estafa y asociación para delinquir, así como la privación judicial de libertad de los mismos.
Sin embargo, el proceso judicial se vio entorpecido por una serie de irregularidades que llevaron al abogado de las víctimas a solicitar el avocamiento ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Entre las irregularidades denunciadas por el abogado Boza Mercado, se encontraba la acumulación indebida del caso con otro proceso que se seguía contra algunos de los mismos acusados. Esta acumulación, según el abogado, permitió que el Juzgado 52° de Control, a cargo de la jueza Carolina Rodríguez Caricote, modificara la calificación jurídica de los delitos imputados, tipificándolos como agavillamiento en lugar de asociación para delinquir. Esta modificación tuvo como consecuencia la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad a los acusados, quienes pudieron evadir la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía 24°.
La defensa de las víctimas argumentó que la jueza Rodríguez Caricote no tomó en cuenta la gravedad de los hechos ni las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°, limitándose a considerar los alegatos de la Fiscalía 9°, la cual llevaba adelante otra investigación contra algunos de los acusados. El abogado Boza Mercado también denunció que la jueza Rodríguez Caricote, a pesar de haber acordado la acumulación de las causas, en la práctica las separó, emitiendo pronunciamientos únicamente en relación a la investigación que se seguía en el Juzgado 12° de Control.
Según el abogado, estas decisiones evidenciaron un «desorden procesal» y una «vulneración al principio de igualdad de las partes», ya que se ignoraron los planteamientos y las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°. Como resultado de la recusación interpuesta por la defensa de las víctimas, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado 6° de Primera Instancia en lo Penal en funciones de control. Sin embargo, el desorden procesal continuó en esta instancia. El 12 de agosto de 2016, el Juez 6° de Control, haciendo caso omiso a la decisión previa del Juzgado 52° de Control, emitió una orden de aprehensión contra Erwin Enrique Méndez Labarca por los hechos denunciados por Alfredo Eduardo Ron Olaves, representante de la empresa Grupo Total 99 C.A., quien también acusaba a Méndez Labarca y a otros individuos de estafa. La Fiscalía 24°, representada por los abogados Didier Rojas Rodríguez y Carlos Eduardo Castro Ramos, solicitó al Juzgado 52° de Primera Instancia en funciones de control el enjuiciamiento de los acusados por los delitos de estafa y asociación para delinquir, así como la privación judicial de libertad de los mismos.
Sin embargo, el proceso judicial se vio entorpecido por una serie de irregularidades que llevaron al abogado de las víctimas a solicitar el avocamiento ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo. Entre las irregularidades denunciadas por el abogado Boza Mercado, se encontraba la acumulación indebida del caso con otro proceso que se seguía contra algunos de los mismos acusados. Esta acumulación, según el abogado, permitió que el Juzgado 52° de Control, a cargo de la jueza Carolina Rodríguez Caricote, modificara la calificación jurídica de los delitos imputados, tipificándolos como agavillamiento en lugar de asociación para delinquir. Esta modificación tuvo como consecuencia la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad a los acusados, quienes pudieron evadir la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía 24°.
La defensa de las víctimas argumentó que la jueza Rodríguez Caricote no tomó en cuenta la gravedad de los hechos ni las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°, limitándose a considerar los alegatos de la Fiscalía 9°, la cual llevaba adelante otra investigación contra algunos de los acusados. El abogado Boza Mercado también denunció que la jueza Rodríguez Caricote, a pesar de haber acordado la acumulación de las causas, en la práctica las separó, emitiendo pronunciamientos únicamente en relación a la investigación que se seguía en el Juzgado 12° de Control. Según el abogado, estas decisiones evidenciaron un «desorden procesal» y una «vulneración al principio de igualdad de las partes», ya que se ignoraron los planteamientos y las pruebas presentadas por la Fiscalía 24°. Como resultado de la recusación interpuesta por la defensa de las víctimas, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado 6° de Primera Instancia en lo Penal en funciones de control.
Sin embargo, el desorden procesal continuó en esta instancia. El 12 de agosto de 2016, el Juez 6° de Control, haciendo caso omiso a la decisión previa del Juzgado 52° de Control, emitió una orden de aprehensión contra Erwin Enrique Méndez Labarca por los hechos denunciados por Alfredo Eduardo Ron Olaves, representante de la empresa Grupo Total 99 C.A., quien también acusaba a Méndez Labarca y a otros individuos de estafa.
El caso de Ron Olaves guardaba similitud con el de los empresarios representados por el abogado Boza Mercado. Ron Olaves denunció haber sido víctima de una estafa por parte de Erwin Enrique Méndez Labarca, María Cristina Rivera Ordoñez y Lisandro José Marín Villasmil, quienes, al igual que en el caso anterior, le solicitaron una fuerte suma de dinero para solventar problemas de liquidez en Venlabca, prometiéndole una importante ganancia en un corto plazo.
Ron Olaves realizó depósitos por 124.550.000 bolívares en las cuentas de Venlabca, pero la empresa incumplió con su compromiso de devolver 134.940.000 bolívares, según lo acordado. Este caso, que se seguía en el Juzgado 12° de Control, derivó en una orden de aprehensión contra Méndez Labarca, Rivera Ordoñez y Marín Villasmil el 10 de febrero de 2015, así como en medidas precautelativas como la prohibición de enajenar y gravar bienes, y el bloqueo de cuentas bancarias de Venlabca y Constructora Martam C.A., empresa representada por Marín Villasmil. A pesar de las similitudes en los casos y la existencia previa de una orden de aprehensión, el Juez 6° de Control no consideró la acusación de la Fiscalía 24° en contra de Méndez Labarca por los delitos de estafa y asociación para delinquir en perjuicio de los empresarios representados por Boza Mercado.
Para aumentar la confusión, el 24 de octubre de 2016, el mismo Juez 6° de Control decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra Daniel Valero Gutiérrez, Scarlet Coromoto Ponce de Hernández y Lisandro José Marín Villasmil, por considerar que “el hecho objeto del proceso no se realizó o no podía atribuirse a los imputados”. El sobreseimiento fue apelado por el Ministerio Público y las víctimas, pero hasta el 16 de junio de 2017, fecha en que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia admitió el avocamiento, el Juez 6° de Control no había emitido la decisión escrita fundamentando el sobreseimiento. Finalmente, el 3 de diciembre de 2016, Erwin Enrique Méndez Labarca fue presentado ante el Juzgado 43° de Primera Instancia en función de control para la celebración de la audiencia preliminar en la causa seguida por los delitos de estafa y asociación para delinquir en perjuicio de los empresarios representados por el abogado Boza Mercado.
En esta ocasión, el Juez 43° de Control, a diferencia de los jueces anteriores, sí consideró las pruebas presentadas por la Fiscalía 24° y decretó la medida privativa de libertad contra Méndez Labarca. No obstante, la defensa de las víctimas insistió en su solicitud de avocamiento, argumentando que el proceso judicial había estado plagado de irregularidades. Con la admisión de la solicitud de avocamiento por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se esperaba que se pusiera fin al desorden procesal y se garantizara el derecho a la justicia de las víctimas.
La Sala, en su decisión, ordenó al Juzgado Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas la remisión inmediata del expediente y la suspensión del proceso hasta tanto se resolviera el avocamiento. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló posteriormente una decisión judicial en el caso de Erwin Enrique Méndez Labarca, acusado de estafa y asociación para delinquir junto a otros tres ciudadanos. La decisión, en 2019, se tomó tras la admisión de la solicitud de avocamiento por parte de las víctimas, quienes alegaron graves irregularidades en el proceso judicial.
En su decisión del 28 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Penal ordenó la redistribución de la causa para que un nuevo tribunal celebrara la audiencia preliminar. Finalmente, luego de un complicado proceso, Erwin Enrique Méndez Labarca logró recuperar la libertad. Es preciso destacar que Daniel Valero Gutiérrez, uno de los acusados junto a Erwin Enrique Méndez Labarca en el caso de estafa, se presenta ahora públicamente como CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), una empresa que pretende ser la primera y única bolsa de commodities de Venezuela.
Mientras, personas familiarizadas con el asunto describen a Valero Gutiérrez como alguien acostumbrado a relatar constantemente historias falsas sobre sus orígenes, su supuesta formación profesional y sus investigaciones en materia de commodities en Venezuela, en un intento por mostrarse como experto de temas que en realidad no conoce.
Otras deudas y conflictos familiares El historial de Erwin Méndez Labarca está plagado de conflictos e incidentes que han puesto en evidencia en reiteradas veces su conducta deshonesta. En el año 2012, el Banco Provincial se vio obligado a demandar a Méndez Labarca, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, luego que en 2011 Méndez dejara de cumplir con el pago de las cuotas del crédito que había recibido en 2006 para la compra de una camioneta Toyota nueva.
Irónicamente, la demanda fue presentada apenas un año antes de que Méndez recibiera los préstamos de empresarios para su supuestamente pujante contratista Venlabca, la cual aseguraba había estado trabajando para la industria petrolera venezolana desde el mismo año de recibido el crédito bancario. Tal vez su mal historial crediticio personal, llevó a Méndez a recurrir a particulares y no a bancos para supuestamente financiar las actividades de su compañía.
Pero en el terreno personal, Erwin Méndez tampoco ha estado exento de polémica. Desde el año 2007 mantuvo una complicada relación con la madre de su entonces pequeña hija, por la que la progenitora de la menor le embargó sus cuentas bancarias y lo obligó al pago de una manutención, cuando ambos residían en el estado Zulia. Sin embargo, en un curioso giro del destino, la pareja se reconcilió, tuvo otro hijo en el año 2014 y se trasladó a la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, en donde los problemas conyugales continuaron y se agudizaron.
En 2016, la mujer solicitó una medida cautelar ante un tribunal del estado Anzoátegui, que contempló la prohibición de salida del país de los menores sin la autorización del tribunal. La medida coincidió con la época en la que Méndez enfrentaba juicio por estafa, por lo que se infiere que el hombre tenía la aparente intención de fugarse del país con los menores. Finalmente, Erwin Méndez terminó interponiendo una demanda de divorcio en el año 2018 contra su ahora éxcónyuge, quien luego de la separación, se dedicó a trabajar en el mercado de bienes raíces en Lechería.
No está claro en dónde Erwin Méndez Labarca conoció a Daniel Valero Gutiérrez, co-acusado en el caso de estafa por el que los dos hombres fueron sometidos a juicio, pero sí se sabe que ambos fueron vecinos en Lechería. No obstante, algo que sí está claro es que la relación de Erwin Méndez con su anterior esposa terminó gracias a una infidelidad por parte de Méndez con una joven oriunda de la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, con la que al momento de solicitar el divorcio de su anterior esposa, ya había iniciado una nueva vida. Con esa joven, identificada como Gabriela Alexandra Villalobos Mata y convertida en su nueva pareja, Erwin huyó en 2023 a Miami. Juntos y con apoyo de una hermana y una prima de la joven, habían registrado antes en Florida, en el año 2018, la sociedad Venezuela Petroleum and Gas Corp.
Tras la huida, en marzo de 2024, Erwin Méndez creó en Miami con su nueva pareja la firma Villalobos Mendez Investment LLC. Al llegar a Estados Unidos, ambos se establecieron en Doral, Florida, una ciudad conocida para Méndez y otros miembros de su familia, que residen o han residido allí.
Negocio en Colombia
Pero Venezuela y Estados Unidos no han sido los únicos países en los que Erwin Méndez Labarca ha desarrollado su actividad comercial. En Bogotá, Colombia, el ahora fugitivo de la justicia venezolana es propietario de la empresa Piamco SAS, un expendio minorista de alimentos y bebidas, antes dedicado a la distribución de productos decorativos de acero inoxidable. La encargada de Piamco en Colombia es Belinda Del Carmen González Luzardo, una exempleada bancaria venezolana, anteriormente residente en la ciudad de Maracaibo, que se hizo ciudadana colombiana.
Oligopolio petrolero familiar
Erwin Méndez Labarca es uno de los menores de varios hermanos, oriundos del estado Zulia, algunos de ellos dedicados desde hace varios años a la actividad como contratistas de la industria petrolera venezolana. Entre ellos figuran: Belkis Rosa, Eudo Enrique y
Edward Enrique Mendez Labarca
Pero, ¿Quiénes son los hermanos Méndez Labarca?: Eudo Méndez Labarca Eudo Enrique Méndez Labarca es uno de los hermanos más conocidos en el entorno petrolero venezolano. Junto a su esposa Marysabel Villalobos, es propietario a partes iguales de Mendez Servicios, C.A. (Menserca), una contratista petrolera fundada en 1992 en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, que desde el año 2011 mudó sus operaciones a la ciudad de Lechería, en la zona oriental venezolana.
Desde al menos el año 2014, hasta la actualidad, Menserca ha prestado servicios de instalación de tuberías, mantenimiento y venta de equipos, entre otros, a Chevron Global Technology y a Petrojunín, esta última una asociación mixta entre la petrolera estatal venezolana Pdvsa y la italiana ENI. Los esposos Méndez Villalobos tienen su base de actividad en Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas, entre las ciudades de Austin y Houston.
En esta última poseen inmuebles y han registrado varias compañías pantalla, tales como Menserca International Llc, Logic Services LLC, Logic Services Houston, Llc, MV Brother Construction Group LLC, Boca Grandi 334 Llc, Arashi Ph6 Llc, 4744 Merwin LLC, Hope Surgical & Imaging Center Llc, y 5 Brothers Holding LLC, entre otras.
Adicionalmente, en Florida controlan la sociedad MV Global Holdings Llc, Logicpack Llc y otras. Consultado, un funcionario próximo a la industria petrolera venezolana aseguró que Eudo Méndez Labarca, a través de sus empresas Menserca y Logic Services, maneja el 80% de la procura (adquisición de bienes y servicios) de Chevron en Venezuela.
El funcionario atribuyó esa influencia a una supuesta sociedad oculta del venezolano Eudo Méndez Labarca y otros de sus hermanos con el argentino Pablo Zarra, antes gerente de contrataciones y ahora gerente de servicios comerciales de Chevron para América Latina. Al igual que Eudo Méndez, Zarra tiene también su base de operaciones en Houston.
Menserca fue una de las contratistas denunciadas por un grupo de trabajadores petroleros, en el año 2015, ante la Asamblea Nacional de Venezuela, por atropello a sus derechos laborales.
En Venezuela Eudo Méndez ha participado de las actividades deportivas del «Team Espartanos», una organización dedicada a promover diferentes disciplinas deportivas y recreativas, presidida por Alexander Granko Arteaga, jefe de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), al que Estados Unidos sancionó y acusó de torturas a presos políticos y violaciones a los derechos humanos.
En marzo de 2022, Eudo Méndez Labarca celebró por todo lo alto su cumpleaños 50, con una lujosa fiesta privada en el Hotel Sofitel Legend Santa Clara, un hotel de 5 estrellas ubicado en Cartagena, Colombia. Allí Eudo Méndez y su esposa bailaron al ritmo de la orquesta Rubén y La Cartagena’ Stars, encargada de amenizar la celebración.
Belkis Méndez Labarca
Belkis Rosa Méndez Labarca es la mayor de los hermanos. Junto a su esposo Jesús Fuenmayor, también conocido como «Junior», dirige en Venezuela la contratista petrolera Soluciones Civiles, Industriales Y Mecánicas C.A. (Solsimeca), con oficinas en los estados Zulia y Anzoátegui.
Según el funcionario petrolero consultado, por órdenes del ejecutivo Pablo Zarra, a quien le atribuyen una sociedad oculta con los hermanos Méndez Labarca, Chevron le otorgó a Solsimeca un contrato en Venezuela para el suministro de catering y comida a la petrolera estadounidense y a la empresa mixta PetroPiar, una asociación entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y la estadounidense Chevron-Texaco.
Al igual que su hermano Eudo Méndez, Belkis Méndez también es asidua a las fiestas de lujo, como las realizadas con motivo de las ceremonias civil (año 2023, con una presentación del cantante Argenis Carruyo) y eclesiástica (año 2024, rompiendo la vajilla al estilo griego) de la boda en Maracaibo de Hillary, su hija menor.
Edward Méndez Labarca
Edward Enrique Méndez Labarca, otro de los hermanos, es propietario junto a su esposa, Rita Emilia Morales de Méndez, de la contratista petrolera Meinca, empresa con más de tres décadas de actividad en el estado Zulia.
Edward Méndez Labarca y Rita Morales de Méndez, hija de David Morales Sánchez, principal accionista de la Clínica Falcón, ubicada en Maracaibo, saltaron a los titulares de la prensa venezolana en junio de 2017, cuando fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia en esa misma ciudad, y trasladados a Caracas, luego que Rita tomara y filtrara a las redes sociales una fotografía, que se hizo viral, de Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, sentado a la mesa en una celebración.
Se trataba de una fiesta de primera comunión de una connotada familia del estado Zulia, a la que habían sido invitados Maduro Guerra y Rita Morales, y en la que la madre del comulgante era una hermana de Ricardo Morón y Santiago Morón Hernández, personajes muy próximos al hijo del mandatario venezolano.
Los hermanos Morón son hijos de Ricardo Morón, fundador de la empresa constructora Cresmoca, constituida en 1997. 01:27 Две свадебные вечеринки в Венесуэле Edward Méndez Labarca y Rita Morales de Méndez fueron arrestados cuando se disponían a tomar un vuelo privado con destino a Aruba, temerosos de su inminente arresto, a consecuencia de la controversia que había causado en Venezuela la fotografía.
La pareja permaneció detenida alrededor de mes y medio, hasta que fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra, aunque otras versiones, no confirmadas, indican que la pareja permaneció supuestamente detenida durante más de un año en calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los esposos Méndez Morales son accionistas de la sociedad panameña Meinca Holding, S.A., mientras que en Florida cuentan con otras firmas, como BCC 4001, Llc y Mendez NP Associates Llc. Adicionalmente, en Houston, Texas, controlan la sociedad Gas Turbines Integrated Services USA, LLC, misma que posee en Maracaibo una compañía homónima denominada Gas Turbines Integrated Services Limited.
Según el funcionario petrolero consultado, los Méndez Morales, que ahora desarrollan una vida entre Estados Unidos y Aruba, también se benefician, en sus negocios, de las relaciones familiares con el ejecutivo de Chevron, Pablo Zarra.
El mismo funcionario dijo sospechar que Erwin Méndez Labarca podía estar beneficiándose también de los contactos de su familia con el argentino Zarra, en lo que parece tratarse de una suerte de oligopolio en torno a la procura de Chevron en Venezuela. ¿Qué sucederá ahora? El caso de Erwin Enrique Méndez Labarca destapa una trama compleja que va más allá de un simple caso de extorsión y lavado de dinero.
La aparente existencia de una red familiar que, aprovechando vacíos legales y posibles casos de corrupción, habría logrado tejer una telaraña de influencias dentro de la industria petrolera venezolana, particularmente en torno a las operaciones de Chevron, deja interrogantes sobre la transparencia y la ética empresarial, en momentos en los que la petrolera se beneficia de una excensión de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la estatal Pdvsa.
Mientras las autoridades internacionales, con la emisión de una alerta roja por parte de Interpol, cierran el cerco sobre Méndez Labarca, queda por ver si las investigaciones alcanzarán a desenmarañar por completo esta trama familiar y determinar hasta dónde llegan sus tentáculos dentro y fuera de Venezuela. La sombra de la duda se cierne sobre Chevron y su supuesta relación con este entramado familiar, lo que podría tener repercusiones significativas en la manera como el gigante energético conduce sus operaciones en el país surameroicano.
