Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, dijo a The Atlantic que nunca había visto un caso en el que el gobierno haya deportado a sabiendas a alguien que ya había recibido protección legal por parte de un juez de inmigración, por lo que están pidiendo a la corte que ordene a la actual administración solicitar el regreso del hombre, y, de ser necesario, que se retenga el pago al gobierno salvadoreño por sus polémicos servicios carcelarios hasta que el migrante sea devuelto.
Por su parte, los abogados del gobierno están pidiendo a la corte que desestime esa solicitud por diversos motivos, entre ellos el hecho de que la administración tendría «primacía» en asuntos exteriores, lo que estaría por encima de los intereses de Ábrego García y su familia.
El hombre está casado actualmente con una ciudadana estadounidense y tienen un hijo discapacitado de cinco años, también ciudadano estadounidense. Según el abogado, Ábrego García no tiene antecedentes penales en Estados unidos. Su esposa lo identificó por una foto entre los detenidos trasladados al Cecot, la megacárcel salvadoreña.
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