Un juez ordenó el martes a la administración del presidente Donald Trump que restablezca la financiación de la Voz de América (VOA) y otros medios de comunicación financiados por Estados Unidos, al afirmar que su cierre viola la ley.
Un juez federal en Washington accedió a una petición de una orden preliminar hecha por los empleados de los medios de comunicación, mientras un tribunal examina el desafío legal en mayor profundidad.
Trump, que se enfrenta desde hace tiempo a la prensa y cuestiona las normas editoriales que prohíben la injerencia en los medios financiados por el gobierno, emitió el 14 de marzo una orden ejecutiva para eliminarlos.
Al día siguiente, su asesora Kari Lake empezó a emitir avisos para poner fin a toda la financiación, que fue asignada por el Congreso.
Lake y otros funcionarios de Trump están «probablemente en violación directa de numerosas leyes federales», escribió Royce Lamberth, juez del tribunal de distrito para Columbia.
La Voz de América silenciada
La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa los medios financiados por los contribuyentes, está autorizada por ley a redirigir los fondos entre sus diferentes programaciones en 5% o menos.
«Ciertamente, ninguna ley faculta a la agencia para recortar los fondos en el grado drástico que se alega«, dijo.
Lamberth indicó que los estatutos de VOA, establecidos por el Congreso, declaran que el medio «‘servirá como una fuente consistentemente fiable y autorizada de noticias (que sean) precisas, objetivas y completas’, pero los demandados han silenciado a la VOA por primera vez».
El juez instó a la administración Trump a devolver a todos los empleados y contratistas a sus puestos de trabajo y a proporcionar informes mensuales de estado sobre el cumplimiento.
Está por verse si la orden es suficiente para que los medios vuelvan a emitir.
La administración Trump ha desafiado órdenes judiciales, en particular una demanda de la Corte Suprema para que facilite el regreso de un residente salvadoreño de Maryland deportado por error a una prisión de máxima seguridad en su país.
La orden del juez afecta a los empleados de VOA, así como a Radio Free Asia, creada para informar sobre China, Corea del Norte y otros países sin medios de comunicación libres, y a la cadena en lengua árabe Alhurra.
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