Un tribunal ordenó este martes la captura del hermano mayor y exasesor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras imponerle 36 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación en una trama de corrupción.
“En cuanto a Nicanor Boluarte Zegarra debe imponerse mandato de prisión preventiva porque se trata de una medida proporcional para su caso concreto”, dijo el juez Richard Concepción Carhuancho al anunciar su veredicto.
“Se le va a imponer el plazo de 36 meses”, agregó el magistrado, quien también ordenó su captura, tras acoger el pedido de la fiscalía.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura nacional o internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y de los otros involucrados en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ para cumplir la prisión preventiva de 36 meses ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/KabpbE27mA
— Canal N (@canalN_) November 19, 2024
“En libertad es probable que fugue y perturbe la investigación” dada su relación privilegiada de parentesco con la presidenta de la República, indicó el juez.
Prisión para Boluarte y otros
El tribunal impuso también 36 meses de prisión preventiva a otros tres investigados por el mismo caso.
Nicanor Boluarte, de 65 años, quien no asistió a la audiencia, es acusado por la fiscalía de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el “poder de facto” de su hermana, según el poder judicial.
“Esta es una decisión inconstitucional. Esta decisión es un problema para la democracia”, dijo Joseph Campos, abogado de Boluarte.
La ley peruana permite un máximo de 36 meses de prisión preventiva en casos complejos.
El hermano de la presidenta peruana ya estuvo detenido por este mismo caso una semana en el mes de mayo, pero luego un juez revocó su detención preliminar y ordenó su libertad.
Según la acusación, los cuatros procesados captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, “Ciudadanos por el Perú”, que encabezaría el hermano de la mandataria.
La fiscalía señala a Nicanor de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”. Esos funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la mandataria y el ministro del Interior.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumió como presidenta el 7 de diciembre, según la fiscalía.
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