Juan González, exdirector senior del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, compartió detalles sobre las negociaciones de alto nivel con el gobierno de Nicolás Maduro y desmitificó algunas realidades sobre las sanciones.
En una reciente entrevista para la Guacamaya, González reveló que muchas de estas reuniones se llevaron a cabo entre Caracas y Doha, Qatar. Contaron con la participación de “representantes de los Departamentos de Estado y del Tesoro, así como de otras agencias clave, para diseñar una estrategia de negociación”, las cuales requerían un enfoque más estructurado y coordinado, ya que según el exfuncionario, en 2021 el gobierno de Maduro ya estaba más consolidado.
“Lo que encontramos en 2021 fue un régimen de Maduro más consolidado, que ya se había adaptado a las sanciones de Estados Unidos, en un entorno diplomático regional donde el liderazgo estadounidense estaba profundamente debilitado”, comentó. También señaló que la campaña de “máxima presión” de la administración Trump no dio resultados porque no hubo esfuerzos diplomáticos o mediación.
“Observamos cómo buques iraníes sancionados transportaban petróleo venezolano, lo transbordaban en Malasia y finalmente lo vendían a China con un descuento de 40 dólares por barril en comparación con el crudo Brent”, subrayó.
El exdirector también destacó que la licencia otorgada a Chevron por Biden fue una decisión estratégica. “La licencia garantizaba que las ganancias no fueran al régimen de Maduro, sino que se usaran para saldar la deuda pendiente de Venezuela con Chevron. Además, se inyectaron divisas a la economía formal, lo cual ayudó a estabilizar y reconstruir elementos del sector privado venezolano”.
Sin embargo, González advirtió que la reciente restauración de sanciones por parte del gobierno de Trump, genera “un vacío. Y ese vacío ya lo están llenando otros actores con intereses muy distintos”. Además de mencionar que es probable que tras estas medidas “la emigración desde Venezuela continúe incluso hacia Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de esta administración por disuadir a los migrantes mediante medidas restrictivas”.
— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) April 6, 2025
Respecto a su primera visita junto al Enviado Especial para Asuntos de los Rehenes, Roger Carstens, y el embajador de EE UU, Jimmy Story, en Caracas, González enfatizó que su objetivo principal era lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.
“En la reunión con Maduro, le pedí que liberara a los estadounidenses como un gesto de buena fe en respuesta a nuestra visita. Dejé claro que el canal con la Casa Blanca se cerraría si no se tomaban medidas en un plazo de 48 horas”. Dos días después, el 8 de marzo de 2022, el gobierno venezolano liberó a Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández.
Las elecciones presidenciales eran la prioridad
En relación a la primera ronda formal de negociaciones con el gobierno venezolano que tuvo lugar en mayo de 2023, destacó que “el enfoque en ese momento no era el petróleo—la producción venezolana simplemente no es lo suficientemente significativa como para mover los mercados energéticos mundiales—sino las elecciones presidenciales y las condiciones necesarias para una votación creíble”.
Ante este panorama subrayó que “no negociamos el futuro de la democracia venezolana. Ese era—y sigue siendo—el papel de la Plataforma Unitaria”, aclarando que el papel del gobierno estadounidense era “crear las condiciones internacionales necesarias para respaldar ese proceso”.
Además, resaltó que “consultamos estrechamente con la Plataforma Unitaria para entender qué consideraban avances significativos—o retrocesos—en la preparación de las elecciones de 2024”, aspectos que les permitieron definir una estrategia centrada en “garantías electorales, reformas legales y cronogramas”.
El alivio de sanciones, explicó, “se estructuró en función de esos pasos». Sin embargo, aclaró que no negociaron la política de sanciones con la Plataforma Unitaria con la finalidad de protegerlos, y también “porque las decisiones sobre sanciones son competencia exclusiva del gobierno de EE UU”.
En relación a los acuerdos establecidos en Barbados señaló que “desde el inicio no teníamos ilusiones. Sabíamos que era poco probable que el gobierno de Maduro permitiera una contienda presidencial que no pudiera controlar (…) Creo que la Plataforma Unitaria también lo comprendía”.
Aunque la esperanza era establecer una trayectoria que hiciera más viables unas elecciones municipales inclusivas y competitivas en 2025. Donde sí lograron avances, según González “fue en alinear a gobiernos de todo el espectro político de América Latina y el Caribe en torno a un marco democrático común para Venezuela, y en evidenciar la manipulación del proceso electoral por parte del gobierno”.
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