Un grupo de activistas y periodistas venezolanos ha amenazado con acciones legales en tribunales de Florida, Estados Unidos, contra varias figuras de la oposición venezolana en el exilio. El 26 de agosto de 2024, El exsindicalista petrolero Iván Freites C., residente en Doral, Florida, envió una carta de demanda final a nombre propio y en representación del exdiputado opositor electo Jorge Alejandro III Rodríguez Moreno, Alejandro Rodríguez, Emilio Venuti, el editor de prensa Miguel H. Otero, Jesús M. Carrillo y Ángel Moreno.
La carta de demanda final sirve como un paso previo antes de iniciar acciones de demanda formal en la corte. Busca una resolución amistosa, pero deja claro que los demandantes están preparados para llevar el caso a los tribunales si no se cumplen sus exigencias.
La misiva, dirigida a Horacio Medina, Orlando Viera-Blanco, Gustavo Lainette, Jose V. Carrasquero, Alexis Ortiz, Thaelman Urgelles y varios individuos parcial o completamente no identificados, acusa a los destinatarios de participar en una supuesta campaña coordinada de difamación, acoso e invasión de la privacidad que comenzó en septiembre de 2023.
Entre los señalados parcial o completamente no identificados se encuentran: «Beatriz, 1 – Asociado a las cuentas de redes sociales de Ven America, 2 – Asociado a las cuentas de redes sociales de Resistencia Venezolana, 3 – Asociado a la cuenta de X (Twitter) @douglasarrecho, 4 – Asociado a la cuenta de X (Twitter) @lucioquincioc, 5 – Asociado a la cuenta de Instagram @lanoticiaenanzoategui, 6 y 7 – Otras dos personas que presuntamente financiaron las supuestas acciones de difamación».
Según la carta, los acusados han utilizado diversas plataformas de redes sociales y canales de comunicación para difundir información falsa y difamatoria sobre los demandantes. Las acusaciones son variadas:
1. Horacio Medina, conocido ejecutivo de la industria petrolera, ha sido acusado de supuestamente transmitir audio difamatorio y publicar declaraciones escritas destinadas a dañar la reputación de los demandantes desde septiembre de 2023.
2. Orlando Viera-Blanco, abogado reconocido, presuntamente reveló las identidades de los demandantes el 24 de mayo de 2024, violando una orden judicial en el caso 1:23-CV-00989-JLH, lo que, según la demanda, puso en peligro sus vidas y obligó a algunos a esconderse.
3. Gustavo Lainette, activista político, ha sido acusado de producir y difundir videos supuestamente difamatorios sobre los demandantes, amplificando información falsa y maliciosa a través de varias plataformas de redes sociales.
4. Jose V. Carrasquero, Alexis Ortiz y Thaelman Urgelles, junto con los demandados no identificados, han sido acusados de participar en un patrón de difusión y transmisión del material dañino.
La carta afirma que estas acciones han violado leyes estatales y federales, incluyendo difamación, invasión de la privacidad, conspiración y otros actos ilícitos. Los demandantes alegan que la campaña difamatoria continuó al menos hasta el 20 de agosto de 2024, utilizando plataformas como Meta (Facebook, Instagram), X (anteriormente Twitter), WhatsApp y Telegram.
El documento enumera una serie de posibles causas de acción legal, incluyendo:
1. Violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO): Los demandados son acusados de participar en un patrón de actividad de crimen organizado, presumiblemente incluyendo obstrucción de la justicia. Se alega que supuestamente conspiraron para difamar e intimidar a los demandantes, con el fin de socavar procedimientos judiciales y causarles daño.
2. Violación del Estatuto Federal de Fraude por Cable: Se acusa a los demandados de utilizar comunicaciones electrónicas, incluyendo plataformas de redes sociales, para promover un esquema para afectar a los demandantes.
3. Violación de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA): Los demandados habrían utilizado plataformas de redes sociales para diseminar declaraciones supuestamente difamatorias.
4. Conspiración para Violar los Derechos Civiles: Se alega que los demandados conspiraron para privar a los demandantes de sus derechos civiles, incluyendo sus derechos a la privacidad, seguridad y libertad de acoso.
5. Manipulación y Represalia contra Víctimas: Se acusa a los demandados de supuestamente intimidar, amenazar o persuadir corruptamente a testigos, víctimas o informantes con la intención de influir en su testimonio o impedir su participación en procedimientos oficiales.
6. Acoso Interestatal: Se alega que los demandados supuestamente participaron en acoso cibernético y hostigamiento a través de las fronteras estatales, causando angustia emocional y temor de daño a los demandantes.
7. Difamación (libelo y calumnia).
Cada una de estas causas se fundamenta en estatutos federales específicos y jurisprudencia. Por ejemplo, la acusación de violación de RICO se basa en el presunto patrón de actividad de extorsión, incluyendo la obstrucción de la justicia.
Los demandantes alegan que las acciones de los demandados, supuestamente han violado leyes estatales y federales, causando daños irreparables tanto personal como profesionalmente. La supuesta campaña difamatoria, según se afirma, se ha ejecutado de manera sostenida y profesional hasta al menos el 20 de agosto de 2024, utilizando diversas plataformas de redes sociales.
La carta suguiere que los demandantes están preparados para llevar el asunto a los tribunales federales si no se llega a una resolución satisfactoria.
Demanda de compensación y preservación de evidencia
Los demandantes han propuesto términos de acuerdo que incluyen una compensación monetaria significativa, para resolver el conflicto sin recurrir a un litigio prolongado. Según la carta de demanda, se solicita una indemnización de US$ 15,000,700 (quince millones setecientos dólares) por los daños adicionales causados, que incluyen angustia emocional continua, daños psiquiátricos, daño a la reputación, costos de seguridad y retrocesos profesionales adicionales.
Además de la compensación monetaria, los demandantes exigen:
1. El cese inmediato de cualquier acción difamatoria adicional.
2. Una retractación pública de todas las declaraciones difamatorias dentro de los 5 días siguientes, según lo requiere la ley de Florida.
3. Una disculpa formal y reconocimiento del daño causado a los demandantes.
4. Un compromiso de abstenerse de cualquier acción difamatoria o invasiva futura, con claras penalidades legales por incumplimiento.
La carta también incluye una solicitud detallada para la preservación de evidencia e información almacenada electrónicamente (ESI, por sus siglas en inglés). La solicitud busca garantizar que la información crítica no se pierda o destruya durante este proceso. El alcance de la exigencia de preservar evidencia abarca:
1. Documentos: Todos los documentos físicos y electrónicos relacionados con las declaraciones supuestamente difamatorias, videos y comunicaciones concernientes a los demandantes.
2. Correos electrónicos y mensajes de texto: Todas las comunicaciones, incluyendo aquellas en plataformas como WhatsApp y Telegram, que se relacionen con los demandantes y las alegaciones en esta carta.
3. Contenido de redes sociales: Todas las publicaciones, mensajes y videos en redes sociales donde se haya publicado, discutido o compartido el contenido en cuestión.
4. Información almacenada electrónicamente (ESI): Esto incluye, pero no se limita a, correos electrónicos, archivos digitales, hojas de cálculo, documentos y cualquier otro dato almacenado electrónicamente relacionado con el asunto.
5. Evidencia física: Cualquier elemento físico o registro, incluyendo discos duros de computadoras o dispositivos que puedan contener evidencia relevante.
6. Comunicaciones con terceros: Cualquier comunicación con entidades externas (como plataformas de redes sociales o medios de comunicación) con respecto a los demandantes o los problemas planteados en la disputa.
La carta advierte sobre las consecuencias de no preservar la evidencia relevante, que pueden incluir sanciones del tribunal, inferencias adversas u otras penalidades legales. Se enfatiza que el tribunal puede asumir que cualquier evidencia destruida o faltante habría sido desfavorable para la posición de los acusados.
La carta estableió claramente que el incumplimiento de los estatutos de difamación de Florida o la falta de participación de buena fe en las negociaciones de acuerdo resultará en la iniciación inmediata de litigios. Esto incluye reclamaciones bajo los estatutos de Florida sobre Difamación, conspiración civil e invasión de la privacidad, además de las violaciones de otros estatutos federales.
Los demandantes solicitaron una respuesta dentro de los 5 días posteriores a la recepción de la carta para indicar si los acusados están dispuestos a participar en discusiones de acuerdo. De lo contrario, los demandantes advirtieron que presentarán una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, buscando todos los daños aplicables.
La carta concluyó instando a los acusados a considerar seriamente esta demanda, sugiriendo que una resolución amistosa evitaría mayores costos y riesgos para todas las partes involucradas. Los demandantes expresan su disposición a entablar discusiones significativas para resolver este asunto en términos razonables, dejando abierta la puerta para una posible resolución fuera de los tribunales.
El trasfondo del conflicto
El conflicto surgió después que en redes sociales se señalara a Freites y a otros de los mencionados en la carta como supuestos afectados, de interponer una demanda contra CITGO en busca de una compensación económica.
En una serie de publicaciones en X (anteriormente Twitter), incluidas como anexos en la carta de demanda final, Orlando Viera-Blanco, uno de los demandados, detalló una demanda colectiva interpuesta contra PDVSA AD Hoc, CITGO y otros. La demanda, presentada por un grupo de ciudadanos venezolanos (entre ellos los demandantes Iván Freites C., Jorge Alejandro III Rodríguez Moreno, Emilio Venuti, Angel Moreno, Jesús M.A. Carrillo y Miguel Enrique Otero), alega daños y perjuicios sufridos en Venezuela relacionados con violaciones de derechos humanos, persecución política, expropiación y difamación.
Viera-Blanco, en sus publicaciones, comentó detalles de la demanda en una corte estadounidense, aunque los hechos ocurrieron en Venezuela. Mencionó que la demanda incluye a quince filiales de PDVSA, organizaciones como ExxonMobil, BP, Conoco, Chevron, exministros del gobierno venezolano y al propio gobierno de Venezuela.
Por otro lado, «Douglas Arrecho», en su cuenta de X, compartió información sobre la demanda, señalando a Iván Freites como exmiembro del Polo Patriótico que ahora se presenta como «defensor» de aquellos a quienes antes atacó. «Douglas Arrecho» cuestionó las motivaciones de la demanda, sugiriendo que Freites buscaba financiar su «sueño americano» aprovechándose de extrabajadores de PDVSA. También mencionó al editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, como otro de los demandantes, recordando su condena por difamación contra Diosdado Cabello.
