La auténtica máquina de extorsión judicial que operaba desde el corazón del Tribunal 10º de Primera Instancia en lo Civil de Caracas fue desmantelada. Su juez, el famoso y controversial Gustavo Hidalgo Bracho, alias “El Chapo”; y su secretaria de confianza, Gabriela Ovalles Varani, fueron destituidos.
Ambos, con antecedentes por hechos similares en otro tribunal, fueron expulsados del Poder Judicial y hoy enfrentan cargos penales tras una investigación demoledora conducida por la Inspectoría de Tribunales del máximo juzgado del país y los cuerpos de seguridad del Estado.
A partir de múltiples denuncias, se activó un minucioso trabajo de inteligencia que permitió destapar un esquema de corrupción que venía operando con total impunidad.
Durante años, estos dos funcionarios utilizaron el tribunal como su centro de operaciones para el chantaje dictando medidas ilegales, bloqueando causas legítimas con decisiones contradictorias y torciendo la ley a su antojo a cambio de dinero o favores personales.
El mencionado tribunal, lejos de ser un recinto de justicia, fue convertido por este par en una cueva podrida donde la ley era subastada al mejor postor.
La investigación reveló un patrón claro de corrupción sistemática:
* Retardo procesal deliberado, falsificación de remates judiciales para facilitar cobros indebidos y hacerse inmuebles fincas, apartamentos locales comerciales y fincas.
* Forjamiento de documentos sucesorales, manipulación de causas y envío de “emisarios” para acordar “soluciones express”.
– Medidas cautelares falsas, ejecuciones de remates fantasmas sin notificación de las partes y demás actos para beneficiar al mejor postor.
– Selección premium de expedientes, según intereses particulares.
* Coacción directa a las partes procesales para obtener bienes y beneficios personales.
* Expedientes montados y duplicidad de causas convertidas en armas de intimidación judicial.
* Sentencias amañadas contrarias a derecho, emitidas a favor de quienes pagaban por su justicia.
La Inspectoría de Tribunales, respaldada por funcionarios del SEBIN y del Ministerio Público, actuaron con firmeza: Ordenó la destitución inmediata del juez Hidalgo Bracho y su secretaria por faltas gravísimas al orden jurídico y moral.
Lo más grave está apenas comenzando: el fiscal general, Tarek William Saab, ha abierto una averiguación penal que podría derivar en condenas por corrupción, abuso de autoridad, extorsión y asociación para delinquir.
Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que del trabajo de inteligencia surgieron los nombres de varios profesionales del derecho como operadores de este pervertido clan involucrados en toda clase de tramas extorsivas, quienes presuntamente fungían como intermediarios judiciales de las decisiones que eran vendidas a los beneficiarios de las sentencias amañadas. Estos abogados ya están identificados e investigados y podrían ser llamados a rendir cuentas en las próximas horas, para ser puestos a la orden de la justicia.
Este es otro escándalo más de los muchos en que “El Chapo”, como le dicen al ex juez, donde un funcionario togado con su equipo de asociados matraquean y cobran, roban, rematan negocios y son capaces de hacer cualquier cosa por dinero.
Vale la pena mencionar que usaban un conocido hotel en el centro del país, para el grueso de las operaciones al margen de la ley, escudándose en el poder de su investidura.
El juez destituido Gustavo Hidalgo Bracho, fue el encargado de sentenciar -en 2017- que el portal de noticias La Patilla debía pagar mil millones de bolívares de indemnización por “daño moral” a Diosdado Cabello.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
