Las deportaciones masivas de indocumentados prometidas durante toda la campaña electoral del presidente electo Donald Trump tienen poca posibilidad de ejecutarse por su elevado costo para la economía de EEUU, sin embargo, según expertos consultados, hay grupos de migrantes que resultarían afectados por la política migratoria del republicano.
El “orden sin precedentes” anunciado por Trump podría darse primero en grupos que ya están registrados en el sistema de inmigración, coincidieron abogados consultados por la Voz de América.
El abogado de inmigración Wilfredo Allen dijo a la VOA que la primeras líneas de la nueva política migratoria “partiendo de que lo dicho en la campaña por el presidente electo y su vicepresidente son verdad”, apuntarían primero a suprimir las órdenes ejecutivas aplicadas por el presidente Joe Biden, e incluso también las firmadas el expresidente Barack Obama y por que pasaron por alto en el primer mandato de Trump.
Matizó que una deportación masiva es “físicamente imposible e incosteable” , pero sí puede “hacerle la vida imposible a los que están aquí sin documentos o esperando documentos”.
De ahí que al llegar a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el presidente Trump “puede eliminar el parole humanitario que ha permitido la entrada de un poco más de 600.000 personas de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela desde su instauración. Él ha prometido que las personas que entraron con ese parole las va a deportar”, explicó Allen desde Miami, Florida.
En 2022, la administración del presidente Biden creó el parole humanitario como una vía migratoria legal para inmigrantes de esos cuatro países, que llegaban en números récords a la frontera sur ante las crisis políticas y sociales en sus naciones de origen.
Sin embargo, la administración demócrata anunció en octubre que no extendería el permiso de estancia de los beneficiarios de parole cuando pasaran los dos años de estancia legal contemplados en el programa, con lo que miles de inmigrantes tendrían que buscar otros métodos para permanecer en EEUU o enfrentarse a la deportación.
Semanas atrás el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que se “ha reanudado el procesamiento de las Autorizaciones Anticipadas de Viaje” para ciertos ciudadanos de esos cuatro países bajo el programa, luego de una “revisión interna implementando salvaguardas”.
El abogado Allen dijo que de ese grupo de inmigrantes los que están en riesgo son los venezolanos, nicaragüenses y haitianos, porque los cubanos tienen el beneficio de la Ley de Ajuste que les permite legalizarse luego de un año y un día de estancia legal en el país.
TPS y DACA a otra ronda de luchas
En el Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) también coinciden que los grupos de inmigrantes en mayor riesgo son aquellos que están registrados en el sistema de inmigración, a los que se puede identificar tras una orden de deportación, mucho más fácil de los que han entrado de forma irregular sin ser registrados.
Santos Amaya, asistente legal sobre inmigración en CARECEN que trabajó con inmigrantes desde la década de 1980, le dijo a VOA, que aunque todavía no hay anuncios oficiales, pero sí es previsible que “en la parte técnica un poco de lo que se pueda predecir”, es una reducción de peticiones ante el miedo de entrar al sistema porque “se pierde un poco la esperanza”, comenta.
Amaya se refirió al riesgo para los más de 300.000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) “que es un tema bastante delicado, o los DACA (Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia) que han estado aquí por muchísimos años”, a los que la primera administración Trump les canceló sus permisos en 2017.
Aquellas acciones dieron paso a un largo proceso en las cortes federales hasta llegar a la Corte Suprema de EEUU, pero que al entrar la administración Biden las dio por terminadas, antes de un veredicto final y reactivo los programas.
La directora de Servicios Legales de CARECEN, Genevieve Augustin, agregó que cree que dadas las batallas en cortes durante la primera gestión Trump, un escenario parecido sería probable, pero podría transcurrir de forma más rápida.
Si bien siempre podrían iniciarse procesos en cortes federales “pero ya casi todo se ha dicho” durante los primeros casos que sentaron cierta jurisprudencia y al existir esos antecedentes las decisiones “podrían ser más rápidas”, opina.
La vigencia actual del TPS para El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, según USCIS, caduca el 9 de marzo de 2025. Una nueva reasignación o la cancelación quedaría a manos del secretario de Seguridad Nacional que asuma en la entrante administración.
Así también correrá el tiempo para el TPS de Venezuela, que en septiembre de 2023 se extendió otros 18 meses por la administración Biden que «debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela», se mantenía el estatus temporal.
En otros grupos de inmigrantes que esperan resolver sus peticiones de asilo, donde hay acumuladas millones de solicitudes, los expertos dicen que podrían intentar crear nuevas cortes para acelerar esos procesos o llevar a juicios más casos, lo que supondría también más bancos de pruebas para defender sus casos a los solicitantes.
Los que esperan citas para ajuste de estatus de residencia permanente podrían estar tranquilos, porque el proceso administrativo corre de hecho en el sistema, apuntó el abogado Allen.
Las oficinas legales dicen estar preparadas para la nueva etapa que se avecina con las decisiones que esperan que salgan desde el Despacho Oval, luego que el presidente Trump llegue por segunda vez al cargo en enero.
Y desde organizaciones como United We Dream, la red más grande de jovenes inmigrantes en todo Estados Unidos dicen también estar listos para «proteger» a las familias.
Michelle Ming, directora política de la organización le dijo a VOA que “Una vez que Trump asuma el cargo, le recordaremos que estamos aquí para luchar contra cualquier tipo de política que intente implementar para dañar a nuestras comunidades”.
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