Dos periodistas presos, varios con medidas cautelares, otros comunicadores con órdenes de aprehensión, escalada en ascensos de cierre de emisoras, programas de radio y portales de información. Las excusas van desde procedimientos aplicados por Conatel hasta expedientes levantados por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Sebin e imputaciones del Ministerio Público contra periodistas o comunicadores. La más reciente es la detención del periodista Carlos Julio Rojas, quien además es un activista social, reconocido defensor de derechos humanos y director del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas; y el intento de detención del periodista Yuyser González en el estado Barinas.
A Rojas se lo llevaron hombres encapuchados y sin identificación quienes lo agarraron en la calle, posteriormente el Fiscal General Tarek Wiliam Saab Halabi publicó la fotografía, donde se ve al periodista esposado entre dos hombres vestidos de negro, armados y con los rostros cubiertos en lo que sería la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Saab lo señaló por terrorismo en el intento de magnicidio en la Operación del 25 de marzo, donde también detuvieron a dos activistas del chavismo a quienes presentaron como opositores.
En el caso del periodista Yuyser González, del medio en Instagram NoticiasDigital, a quien el 12 de abril en la tarde supuestos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron detener e ingresar en un vehículo particular, sin placas, cuando se encontraba en la entrada de un centro comercial en el estado Barinas. González forcejeó con los funcionarios y un transeúnte que grabó el hecho lo filtró a las redes sociales, lo que impidió que el comunicador fuese detenido.
Sobre lo ocurrido, Yuyser González publicó que “nunca he sido notificado de ningún procedimiento policial o investigación en mi contra. No tengo ningún problema político o económico con nadie en el estado Barinas ni fuera de él. Quien me conoce puede dar fe de mi integridad como ser humano y más como periodista”.
El 12 de abril 2024 fue cerrada la emisora Radio Cristal 610 AM, en Barquisimeto, estado Lara, perteneciente al ex gobernador Orlando Fernández Medina. En otra población larense, Quíbor, fue cerrada la emisora Reconciliación 93.5 FM, propiedad de Víctor González “Toto”.
El 5 de abril, Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) también cerró a la emisora Excelente 107.9 FM, ubicada en Upata, municipio Piar, estado Bolívar, de donde como en muchos medios cerrados, los funcionarios se robaron los equipos. En ese mismo lugar, según un reporte de la ONG Espacio Público, se cerraron Especial 95.5 FM en 2015, un año después Global 94.3 FM y hace un mes Bendición Estéreo 93.9 FM.
En cárcel por una entrevista que realizó a un narcodiputado chavista, está preso el periodista Ramón de Jesús Centeno Navas. Ahora es detenido Carlos Julio Rojas, quien el 23 de julio 2020 fue detenido durante una manifestación en apoyo a los pensionados y liberado horas después.
Censura y autocensura
En julio 2017 lo detuvieron, lo mantuvieron en desaparición forzada durante 86 horas, dijeron que tenía 5 granadas, aunque en realidad eran 5 papas; el 17 de julio 2017 lo acusaron por delitos militares de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); el Tribunal Militar Segundo de Control lo envió a la cárcel de Procesados Militares de Ramo Verde. Los supuestos testigos fueron el colectivo Armando Díaz Zavala y la patriota cooperante Omaira Margarita Fernández. Fue liberado 49 días después con régimen de presentación cada 30 días.
Rojas es el coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, desde donde ha combatido, de mano con la comunidad, la ola de invasiones a propiedades privadas por parte de grupos “colectivos” armados que responden al gobierno de turno en Venezuela. Es un activista social que ha acompañado a los ancianos en defensa de sus pensiones. Además, ha participado en múltiples denuncias con vecinos de diversas zonas de Caracas.
Mientras Carlos Julio Rojas es un periodista y activista social identificado con la Oposición venezolana, el otro periodista preso en Venezuela, Ramón de Jesús Centeno Navas, es un dirigente del chavismo, quien desde hace más de dos años fue detenido por la entrevista a un narcodiputado oficialista.
Muchos medios han cerrado en medio del silencio, como ocurrió con el portal de noticias FronteraViva en el estado Táchira. A eso se le suma la casi inexistente prensa escrita, con el cierre de numerosos periódicos por arremetida del régimen como ocurrió con el diario El Nacional cuyos inmuebles y equipos un tribunal entregó al diputado y teniente Diosdado Cabello.
Algunos de los grandes medios fueron comprados por el hoy defenestrado ministro de petróleo, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, o son controlados por el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, como ocurre con el diario Últimas Noticias. Paralelamente, solo sobrevive alguna prensa libre, que soporta la violenta arremetida gubernamental como ElPitazo, Efecto Cocuyo, portales de investigación sobre verificación de informaciones sobre Venezuela como Espaja.com o Cazadoresdefakenews.info.
En el interior del país los portales y periódicos de larga trayectoria libran una ardua batalla para mantener informados a sus lectores y audiencia, como Diario La Nación en el Táchira, Correo del Caroní en el estado Bolívar, algunos como el centenario El Impulso, fundado en 1904, migraron a portales en internet y redes sociales.
El periodismo venezolano atraviesa una de sus épocas más oscuras. No es la primera, ya lo sufrió en la dictadura del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, quien salió derrocado del poder el 23 de enero de 1958. En un artículo del licenciado en Historia de la Universidad de Los Andes (ULA), Alejandro Cardozo Uzcátegui, refleja esa época para la prensa “víctima del celebérrimo lápiz rojo de Tinoquito (Manuel Vicente Tinoco) y posteriormente Adolfo Salvi y el equipo del SIFA (Catalá y Díaz Rangel, 2003) cercenando notas de prensa, editoriales, artículos, eliminando de plano cualquier información que desprestigiara al gobierno en materia de derechos humanos, libertad, democracia y disconformidad política”.
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