La jueza que instruye un caso contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otras 10 personas acordó procesarlos a todos por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Entre los procesados también se encuentra el presidente de la Diputación de Badajoz (suroeste), Miguel Ángel Gallardo, institución provincial que en 2017 contrató a David Sánchez como coordinador de conservatorios musicales, lo que la jueza investiga si se produjo de forma irregular.
El auto de procesamiento, que supone el paso anterior a la apertura de juicio y puede ser recurrido, argumenta que David Sánchez, teniendo conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación se había creado para él, se presentó a la convocatoria «e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo».
La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien fuera empleado del Ministerio de Presidencia y posteriormente jefe de Coordinación de Actividades Transfronterizas de la institución provincial.
La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se produce tres días después de que David Sánchez y Carrero comparecieran en calidad de investigados, el primero por segunda vez, así como otros dos cargos de la Diputación.
Polémica tras proceso contra hermano de Pedro Sánchez
Este proceso genera una fuerte polémica política en España, donde el gobernante partido socialista PSOE de Pedro Sánchez defiende que todo parte de una denuncia falsa mientras que la oposición de derechas ha llevado el caso a la Comisión Europea.
El PSOE acusa al conservador Partido Popular, principal fuerza opositora, de intentar derrotar al gobierno de coalición de izquierda en los tribunales al no conseguirlo en las urnas con un caso que parte de una denuncia de Manos Limpias, un sindicato sin apenas representación y con un largo historial de denuncias la mayoría archivadas.
Por su parte, los conservadores advierten de que la contratación pudo conllevar un presunto trato de favor en un empleo público y una violación de los principios de igualdad e imparcialidad en la Administración que establece la normativa europea.
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