“Estamos en una reunión que no debería de existir”, dijo el viernes por la mañana el sacerdote anglicano Arturo Carrasco durante una misa ecuménica celebrada en Ciudad de México en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
A su alrededor, decenas de familiares portaban mantas y camisetas con las fotos, nombres y fechas de desaparición de sus seres queridos.
Al menos 115.000 personas han sido víctimas de este flagelo en el país desde 1952, reportan cifras oficiales, aunque diversas organizaciones estiman que la cantidad podría ser mayor. Trata de personas, secuestros, represalias y reclutamiento forzado a manos del crimen organizado están entre las motivaciones detrás de las desapariciones.
Marcela González, de 58 años, viajó desde Jalisco para exigir respuestas sobre el paradero de su hijo, Alan, que tenía 33 años cuando salió a trabajar y no volvió a casa en 2017. Junto a otras 30 familias, la madre integra la organización “Por Amor a Ellxs” en un estado que registra más de 15.000 desapariciones.
«Venimos a ver si así nos hacen caso, porque la empatía no existe en el gobierno», dijo la mujer. “Merecemos que el gobierno voltee y se haga presente, nada más en señal de solidaridad».
Angelina Banda, de 65, se movilizó desde Estado de México, vecino a la capital, para manifestarse por la desaparición de su hijo Roberto, a quien vio por última vez en 2021.
“Las madres buscadoras andamos en campo pegando volantes, buscando en situación de calle, SEMEFOS (servicios médicos forenses), psiquiatrías, hospitales, vamos a donde uno pueda y le digan”, explicó la madre buscadora que forma parte del colectivo “Uniendo Esperanzas”.
Amnistía Internacional señaló el día anterior, durante la presentación de un informe que enlista estándares para proteger a las madres buscadoras en todo el continente, que los Estados son los que deberían encabezar las búsquedas con debida diligencia y aplicando enfoques diferenciales y de género acordes a casa caso, así como garantizar que los familiares puedan participar en condiciones adecuadas sin que se les discrimine o peligren sus derechos humanos.
Según la organización, ésta es la región más peligrosa para la defensa de los derechos humanos en el mundo y las madres buscadoras reciben amenazas de violencia física que en ocasiones interrumpen sus labores búsqueda. También hay varias que han sido asesinadas o desaparecidas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se sumó a la exigencia de responsabilizar al Estado de las búsquedas y agregó en un comunicado que los gobiernos deben coordinarse para mitigar las consecuencias de la violencia armada, la migración y el desplazamiento en la región, pues también suelen impactar las desapariciones.
“Establecer políticas de Estado coordinadas y sostenibles que aborden las causas profundas de las desapariciones para prevenirlas y erradicarlas debe ser un compromiso político a largo plazo, sostenido a pesar de cambios de gobierno o instituciones”, dijo Marianne Pecassou, asesora regional de protección del CICR.
Las actividades del viernes arrancaron en México con la pegada de boletines a manos de familiares que recorrieron diversos puntos del país. A lo largo del día se sumarían protestas, conferencias, presentaciones de libros y celebraciones religiosas de distintas confesiones.
En la Glorieta de los Desaparecidos, antes de la misa celebrada por miembros del “Eje de Iglesias” —organización que agrupa a religiosos anglicanos, metodistas, evangélicos y católicos—, familiares y líderes de fe crearon un mandala, representación espiritual que proviene del budismo e hinduismo.
Sobre el suelo colocaron velas, fotos de sus familiares y flores. Cada pétalo, dijo la religiosa católica Paola Clerico, representa a uno de los 116.000 desparecidos en el país.
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