En un giro que desafía los pactos internacionales y la lógica de las negociaciones, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha dejado en entredicho la liberación de presos políticos. A cambio de la excarcelación del comerciante colombiano Alex Naín Saab Morán y la flexibilización de sanciones, el juez Carlos Jaimes, y el abogado defensor Juan Carlos Guillén, fueron inicialmente liberados. Sin embargo, la aparente liberación se convirtió en una farsa cuando, un mes después, ambos fueron llamados al tribunal y condenados a 5 años y 6 meses de prisión, sin presentar pruebas en su contra. Explica la periodista Sebastiana Barráez en Infobae.
Este episodio se suma a una serie de maniobras por parte del gobierno venezolano. El 25 de enero de 2024, tras un acuerdo con Estados Unidos, se liberó a Alex Saab, quien había denunciado «tortura» en suelo estadounidense. Mientras Saab aparecía en perfectas condiciones, algunos de los presos políticos venezolanos mostraban evidencias de tortura, abuso sexual y amenazas a sus familias.
La puerta giratoria de la justicia continúa, y el madurismo ha puesto en escena supuestas cinco operaciones conspirativas, sumándose a una veintena de casos anteriores. En medio de este complejo panorama, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos siguen siendo fundamentales para el futuro democrático de Venezuela.
Cuando los dos juristas se presentaron el 25 de enero, la fiscal 10° de Apure, Luisa Elena Castillo, recibiendo órdenes del Fiscal Superior Eduardo Juárez, solicitó la condena de 5 años y 6 meses. Les advirtieron que no denunciaran porque sería revocada la medida de libertad.
Es relevante que no se efectuó audiencia física, por lo que ni el Ministerio Público ni la Defensa expusieron nada, tampoco hubo argumentos ni conclusiones. Se mantuvo entonces la privativa de libertad con medida sustitutiva de presentación cada 15 días.
La juez Jessica González no hizo presencia porque supuestamente no estaba en condiciones de salud, solo recibió la orden del presidente del Circuito, Edwin Blanco Lima, para condenar a Jaimes y a Guillén por los delitos: corrupción propia agravada, abuso de poder del juez y agavillamiento. Aún no hay publicación de dicha sentencia.
Así funciona la administración de justicia en la frontera. El 21 de diciembre 2023 se dio a conocer la destitución de Edwin Blanco Lima, Juez Rector y presidente del Circuito Penal de Apure. El secretario de Seguridad Ciudadana y director regional de la Policía Bolivariana, coronel Ramón Cabeza, dio a conocer que estaban tras la búsqueda y captura del funcionario judicial por presunta participación en una trama corrupción, abuso de poder y extorsión, en asociación con varios abogados. En protección de Blanco Lima surgió el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno; así regresó al cargo.
El hato
La verdadera razón para condenar al juez Jaimes y al abogado Guillén, es el interés, desde hace unos años, de jerarcas políticos y militares en el mencionado hato, por su lugar estratégico en la frontera colombo venezolana. El Chaparralito, ubicado en municipio Achaguas de Apure, ha sido saqueado por la empresa del estado venezolano Agropecuaria Flora (Aglofora), presidida por Wilmer Rodríguez; robaron miles de reses, se llevaron vehículos, equipos, electrodomésticos y hasta las aves de corral; ha sido usado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para sus fiestas, encuentros amorosos y también para extrañas reuniones.
Es tanto el interés en esa propiedad que además de encarcelar al abogado y al juez, llevó a la muerte de un joven de quien la DGCIM quería información; esos funcionarios de Contrainteligencia Militar estaban al mando del comisario Juan Bautista García Arocha, quien finalmente fue detenido aunque gozando de privilegios, por la muerte del joven funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Juan Ángel Pantoja Carreño, quien murió en la sede de la DGCIM en Apure, luego de ser detenido y torturado.
Como será de irregular lo que sucede en esa jurisdicción fronteriza que el Fiscal Superior de Apure, Hermes Eduardo Juárez Miranda, el 29 de noviembre 2021, ordena una investigación, Nr. MP-236133-2021, que nunca se realizó.
La tortura y muerte del funcionario del CICPC, Juan Pantoja, trajo como consecuencia la encarcelación de varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero el jefe de esa delegación de la DGCIM responsable, ha tenido todos los privilegios en el sitio al cual fue enviado, permitiéndose incluso enviar amenazas y coaccionar a diversas personas a través de diversas cuentas anónimas en redes sociales.
