Hay un cuadro del artista plástico Enrico Armas llamado “Los vientos del alma” que muestra en colores rojos y ocres formas difusas que se asocian con el movimiento del fuego. Esa es la portada del libro “El colapso de Venezuela” del economista Francisco Rodríguez. En sus páginas relata la destrucción de la economía venezolana entre los años 2012 y 2020. Un capítulo histórico que resulta inédito por haber sucedido sin que se diera un conflicto bélico, pero que fue posible debido a la adopción de las llamadas estrategias de política de tierra arrasada. El propósito fue generar daños económicos catastróficos que destruyeron el nivel de vida de la gente, a fin de favorecer la lucha de los políticos por el poder.
Cinco años después, la economía venezolana es más pequeña y ha experimentado cambios, producto de la desregulación de los controles, pero los eventos políticos siguen marcando su destino y -tras un breve periodo de relajación de sanciones- nuevamente tendrá que enfrentar decrecimiento por varios años y la caída del poder adquisitivo del ciudadano, según los cálculos del economista, luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar las licencias petroleras.
-A pesar de haber quedado demostrado que la política de máxima presión no tuvo resultados, tres congresistas de Florida insistieron en la necesidad de revocar la licencia de Chevron y lo lograron. ¿Cuál es la lógica detrás de esto?
-Tiene que ver con que son populares para la base de estos congresistas en Estados Unidos, y esa base incluye votantes venezolanos, cubanos e incluso latinoamericanos que tienen posiciones políticas bastante favorables hacia una posición adversa en contra de gobierno autoritarios y de izquierda. Eso le trae votos a estos diputados que Donald Trump necesita.
-¿Por qué se insiste desde el exterior en crear un colapso económico para generar un cambio político?
-Al principio de la política de máxima presión -durante el primer gobierno de Trump- esa era la lógica. De hecho, John Bolton lo dice en sus memorias. Señala que cuando decidieron poner las sanciones petroleras a Pdvsa buscaban crear un colapso en la industria que llevaría a Maduro a quedarse sin dinero y salir del poder.
Yo creo que ahora se piensa distinto. Incluso, en los sectores de línea dura saben que es improbable que esto lleve a un cambio de gobierno. Sin embargo, hay una lógica de castigo. La forma sobre la que se piensa es que hay que castigar a Maduro por lo que ha hecho. Hay que demostrar que Estados Unidos puede cumplir sus amenazas. No hay una separación clara entre lo que es hacerle daño a Maduro y a la población, por lo que se tiende a descartar cualquier evidencia de que esta política hace daño al país.
-Dentro del plan del presidente Trump de bajar los precios de la energía, ¿juega algún papel la oferta de crudo venezolano en el mercado petrolero internacional?
-Sí podría jugar. No hay que olvidar que cuando los gobiernos piensan en este tipo de estrategias -y el gobierno de Trump incluido- diseñan a largo plazo. La realidad es que Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, cualquier oferta debería contemplar esto. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales al comienzo de la administración de Trump se le da la libertad a Richard Grenell de comenzar a negociar con Venezuela, pero los políticos están sujetos a restricciones de otro tipo y aquí privó la parlamentaria. Trump tiene una mayoría muy estrecha en la Cámara de Representantes, no podía darse el lujo de no contar con los votos de Florida para aprobar su planteamiento de ley de presupuesto.
-La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que detrás de la revocatoria de la licencia de Chevron están los intereses de ExxonMobil, ¿cree que esto podría ser así?
-No lo veo. No veo ninguna indicación o información creíble de que esa haya sido la razón. La realidad es que las petroleras por supuesto que están involucradas en competencia en muchos mercados, pero gastar poder de lobby para quitarle a una compañía un espacio de mercado y de producción es algo bastante inusual; es algo que las compañías no hacen. No veo evidencia a favor de que esto haya pasado.
La razón tuvo mucho más que ver con el tema de la presión de Florida y tal vez con lo que dijo el mismo Trump, con una cierta insatisfacción por parte del gobierno de Estados Unidos con lo que se obtuvo -en comparación con lo que se podría obtener- en el acuerdo de inmigración. Hay que recordar que la administración de Trump ha estado enfocada en la negociación con otros países y con Venezuela en abrir acceso al uso a los recursos naturales. Lo hemos visto recientemente con Ucrania. Entonces es posible que esto también sea utilizado por Trump para generar una negociación que le sea mucho más favorable posteriormente en el caso venezolano.
-¿Cómo afecta al ciudadano de a pie la revocatoria de la licencia de Chevron?
-Las estimaciones que he hecho indican que la pérdida de producción asociada no solo con la licencia de la Chevron, sino también con la vuelta a la máxima presión -porque hasta ahora lo que se espera es que revoquen todas las licencias- es que esto va a llevar a una contracción económica de 10% del PIB en el mediano plazo. Pasaremos a crecimiento económico negativo por varios años y eso lo que quiere decir es que van a caer los salarios reales.
El canal a través del cual repercute más directamente es que baja la oferta de divisas, se deprecia el tipo de cambio, aumentan los precios de los bienes importados, aumenta la inflación y cae el poder adquisitivo; tal y como ha sucedido en Venezuela en el pasado. Lo que vamos a ver es el fin de la recuperación económica que se ha dado en los últimos cuatro años y creo que vamos a volver a entrar en una etapa recesiva. No va a ser una contracción tan grande como la de los años 2012 a 2020, pero sí va a ser significativa porque en estos momentos la producción de las empresas mixtas de Chevron era de 25% de la oferta total de crudo venezolano.
-Hay quienes dicen que el final de las licencias petroleras podría iniciar que en el mediano plazo ya no haya sanciones para Venezuela. ¿Es arriesgado pensar así?
-No creo que eso sea lo que Trump está buscando. Lo que busca es responder a una posición política interna y posiblemente aumentar su poder de negociación con respecto a Venezuela. Lo que sí sabemos es que la técnica que el presidente de Estados Unidos ha utilizado en muchas negociaciones -y lo vemos con Canadá, México y Europa- es la de hacer cambios en su política porque él percibe que mejora su poder de negociación para luego sentarse en condiciones más favorables.
Sí es posible que veamos otra dinámica de negociación en la cual esta máxima presión le da a Estados Unidos más poder para negociar ante Venezuela. Si este proceso se da, se basará en intereses económicos y de seguridad. No creo que el tema político juegue un rol importante en esa negociación. De hecho, Trump podría considerar levantar las sanciones a Venezuela en el mediano plazo porque está en el interés de los dos gobiernos.
Si se colapsa la economía venezolana, se va a generar una mayor inmigración y riesgos de seguridad para Estados Unidos y para la región. Entonces, yo sí creo que esa posibilidad existe. Lo que pasa es que en estos momentos hay una restricción política sobre ese deseo de ir en esa dirección, que tiene que ver con las presiones políticas internas con las que tiene que lidiar el gobierno de Trump.
No obstante, si es capaz de sortear tales presiones, sí es factible que se regrese a una política de acercamiento con Venezuela que podría en el mediano y largo plazo llevar a un levantamiento de sanciones. Pero esa es una posibilidad más que una predicción. Es un posible escenario que dependerá de cómo evoluciona la política interna de Estados Unidos y cuán importante seguirá siendo Florida para asegurarle a Trump la mayoría parlamentaria.
-¿Deben los venezolanos asumir que Citgo no será parte de los activos de la nación en el corto plazo?
-Sí. Hay un proceso de venta y no hay ninguna acción en el horizonte que pueda llevar a que ese proceso se detenga. Es cierto que se necesita una licencia de la OFAC, pero este organismo ha dicho que está dispuesto a darla. El proceso ha enfrentado algunos retrasos, pero tienen que ver con el mismo funcionamiento de la subasta y la insatisfacción de algunos acreedores.
Sin embargo, eso se va a resolver porque la corte efectivamente está entrando en un ciclo de la subasta y aparecerá eventualmente un comprador. No veo ninguna acción ni judicial ni política extraordinaria que pudiera llevar a esa suspensión. Las acreencias que se han acumulado en la corte de Delaware son tan altas (exceden 23 mil millones de dólares) que incluso si mañana se levantaran todas las sanciones y el gobierno de Venezuela tuviese una potestad plena para negociar con los acreedores, sería muy difícil salvar a Citgo porque el valor de las acreencias ya excede a su valor.
-¿Qué cambios en la economía podría significar la instauración del Estado comunal a través de la reforma constitucional impulsada por la administración de Nicolás Maduro?
-No conocemos la reforma constitucional. Hay 80 artículos que nadie ha visto ni leído; por lo tanto, es difícil entender qué es lo que el gobierno está planteando en este tema. Yo tiendo a creer que los cambios en la reforma no vienen tanto por lo económico, sino en el plano político y tendrán que ver con disminuir la independencia y autonomía que está en la Constitución para poder asegurar que el gobierno no se vuelva a enfrentar a retos electorales reales que amenacen su sostenimiento en el poder; tal y como ocurrió el año pasado.
La economía que tenemos ahora es la que el gobierno quiere tener. Yo no creo que le interese ni que tiene un proyecto verdadero de crear una economía comunal. Esta mezcla de un sector público dominante y un sector privado dentro de una economía relativamente amplia, pero sometida a un fuerte control regulatorio es un esquema económico que le funciona para mantenerse en el poder.
No creo que después de la reforma constitucional vamos a tener una economía muy diferente si se lleva a cabo de la forma en que pareciera que se va a dar, es decir, de manera unilateral diseñada por el gobierno, impuesta en referendo, sin posibilidad de debate efectivo o de adversar. Creo que estará fundamentalmente concentrada en cambios políticos para consolidar el control por parte de quienes en este momento están en el gobierno.
Cortesía: Bitácora Económica
