Un total de 896 personas seguían detenidas en Venezuela hasta el pasado lunes, clasificadas por la ONG Foro Penal como presos políticos, según lo anunció la organización este jueves a través de su cuenta en X.
Esta cifra representa una disminución de siete personas respecto a la semana anterior, cuando Foro Penal contabilizaba 903 detenidos por motivos políticos.
La organización detalló que de los 896 detenidos, 808 son hombres y 88 mujeres, con 891 adultos y cinco adolescentes entre 14 y 17 años, en su mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, comicios en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» por parte de la oposición.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 07/04/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 896*
Desde la semana pasadaHombres: 808
Mujeres: 88Civiles: 729
Militares: 167Adultos: 891
Adolescentes: 5Encarcelados: 0
Excarcelados: 7… pic.twitter.com/5j9OVuxs54— Foro Penal (@ForoPenal) April 10, 2025
Además, Foro Penal precisó que 729 de estos detenidos son civiles y 167 pertenecen a cuerpos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
También indicó que desde 2014 se han registrado 18.326 «detenciones con fines políticos» en el país, reflejando una práctica sostenida de represión.
Según cifras del Ministerio Público, más de 2.400 personas han sido arrestadas por presuntamente generar «violencia» durante las protestas poselectorales, de las cuales 2.006 habrían sido liberadas posteriormente, de acuerdo con la institución.
En paralelo, este jueves se realizó una vigilia de oración en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organizada por madres, familiares, amigos y activistas de derechos humanos, quienes exigieron la «libertad plena» de los encarcelados, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
De igual forma, familiares de detenidos en el contexto de la crisis poselectoral solicitaron el martes una audiencia con Nicolás Maduro, con el objetivo de denunciar «las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa» y pedir su intervención para lograr la libertad de sus seres queridos.
