
La Fiscalía general, liderada por Tarek William Saab, anunció este martes la apertura de una investigación sobre lo que calificó como un «brutal secuestro» cometido por Estados Unidos, en relación con el caso de una niña de dos años que, según el gobierno de Nicolás Maduro, fue separada de su madre antes de abordar un vuelo de repatriación que llegó a Venezuela el pasado viernes.
Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público informó que Saab asignó «a la fiscalía 92 nacional en materia de protección de niños, niñas y adolescentes» para indagar lo ocurrido con la menor.
La madre de la niña, Yorelis Bernal, denunció ante la Fiscalía que fue «separada de su hija mientras ella se encontraba en proceso de deportación», de acuerdo con el comunicado oficial.
El fiscal calificó lo sucedido como un «inaudito secuestro» y reiteró que el padre de la menor fue deportado por Estados Unidos a El Salvador, país al que también fueron enviados más de 200 venezolanos bajo la acusación de pertenecer al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, una banda originada en cárceles venezolanas.
La fiscalía cuestiona a la ONU
Saab también cuestionó la falta de pronunciamiento de organismos internacionales frente al caso, preguntando: «¿Qué dice la ONU y la UNICEF al respecto, junto a los organismos de protección de la infancia en el mundo? ¿Cuáles son las acciones urgentes que han realizado para que dicha inocente vuelva a estar con sus padres?», según lo recogido por su despacho.
El presidente Nicolás Maduro, quien asumió su tercer mandato en enero tras una elección fuertemente cuestionada, calificó el lunes este hecho como un «crimen» y «secuestro» de la menor.
Maduro criticó además la inacción de la Corte Penal Internacional, asegurando que no hace «nada» por la situación contra los migrantes, y expresó su esperanza de que «algún juez» estadounidense rescate a la menor.
Horas antes de estas declaraciones, la Administración de Maduro exigió mediante un comunicado oficial el retorno inmediato de la niña a Venezuela.
El gobierno chavista también denunció como secuestrados a 252 venezolanos deportados a El Salvador, y respondió a la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intercambiarlos por «presos políticos», exigiéndole que abandone «el camino de la desaparición forzosa».
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