La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación contra Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por su presunta implicación en el delito de concusión
La Fiscalía General de la Nación ha registrado esta investigación como un nuevo caso de concusión, un delito tipificado en el Artículo 404 del Código Penal. La denuncia fue presentada el 25 de septiembre de 2024 a las 09:01 en Bogotá, D.C., según el Formato Único de Noticia Criminal.
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El caso, identificado con el número 110016000049202488148, fue recibido por la Oficina de Asignaciones Seccionales de Bogotá, una unidad de la Fiscalía General de la Nación. Este organismo es el encargado de investigar y procesar los delitos cometidos en el país.
La concusión, según el Código Penal colombiano, se refiere a la conducta de un servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, derecho o dádiva que no se le debe, o mayor cantidad de la que se le debe. Este delito es considerado grave y puede acarrear severas sanciones para los implicados.
El departamento de Bogotá, D.C., donde se presentó la denuncia, es una de las regiones con mayor actividad judicial en Colombia, debido a su alta densidad poblacional y su rol como capital del país. La Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción y otros delitos que afectan la integridad de las instituciones públicas.
El proceso de investigación será llevado a cabo por la Oficina de Asignaciones Seccionales de Bogotá, que tiene la responsabilidad de asignar los casos a los fiscales correspondientes y asegurar que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Este nuevo caso de concusión se suma a otros esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para erradicar la corrupción en el sector público y garantizar la transparencia y la justicia en Colombia. La entidad ha implementado diversas estrategias y programas para fortalecer la lucha contra este tipo de delitos y promover una cultura de legalidad y ética en el servicio público.