Madrid, 17 may (EFECOM).- El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha vuelto a recurrir su procesamiento por estafa y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, alegando que tras la instrucción practicada no hay indicios de delito y el banco cumplía con todos los requerimientos de los supervisores.
Ron ya presentó a finales de marzo un recurso contra el auto del juez José Luis Calama, que acordó llevar a juicio a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC.
Ahora, en un nuevo recurso, esta vez de reforma y subsidiario de apelación al que ha tenido acceso EFE, reitera los argumentos del primero y enfatiza que en su auto de procesamiento el juez ha prescindido del resultado de las diligencias practicadas, «de las que se desprende la atipicidad de los hechos objeto de investigación y la ausencia de indicios de criminalidad».
De la instrucción se deduce «la ausencia de todo indicio de actuación delictiva», insiste el texto.
Durante todo el tiempo en el que ostentó el cargo de presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo.
Las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital de 2016, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad.
Ron recuerda que el consejo de administración suscribió 390.346.952 títulos, incluyéndose él entre los suscriptores (487.933.690 euros o un 19,47 % de las acciones emitidas).
«No tiene ningún sentido atribuir la elaboración y formulación de unas cuentas que el juzgado califica de falsas» cuando Ron, como otros consejeros, invirtieron gran parte de su patrimonio en la citada ampliación.
El folleto sí permitía concluir por el inversor que el destino de la ampliación era el incremento de las coberturas contables de los activos del banco en un importe de hasta 4.700 millones de euros, lo que ocasionaría pérdidas en aproximadamente 2.000 millones de euros que quedarían cubiertas con el aumento de capital a afectos de solvencia.
Además, el auditor externo del banco, PwC, explicó y justificó las desviaciones producidas entre las estimaciones incluidas en la nota de Valores de la ampliación de mayo de 2016 y el cierre del ejercicio contable de 2016, atribuyéndolas a factores «que nada tienen que ver con la actuación del Consejo ni de su presidente», añade.
Los informes periciales de los inspectores del Banco de España acreditan que no hubo deficiencias contables en los estados financieros de 2015 y 2016, expresando las cuentas la imagen fiel de la entidad, algo que no tuvo en cuenta Calama en su auto de procesamiento.
Por lo que respecta a las tasaciones, las cuentas anuales consolidadas del Banco Popular cumplían con la normativa contable de aplicación en cada ejercicio, insiste el exbanquero, que añade que la política contable de la entidad «era tenerlas actualizadas», criterio que fue considerado correcto y aplicado por el BCE y el Banco de España.
En cuanto a las valoraciones en las que se basa el Popular para estimar el deterioro de los activos adjudicados, «no eran realizadas por la entidad sino por terceros expertos independientes», prosigue el documento.
De todo lo expuesto se desprende que Ron «sólo participó en la aprobación de la ampliación de capital, no teniendo competencia, conocimiento o intervención en el resto de los hechos que se investigaron».
Sus funciones como presidente del banco dependían «de la confianza en el cumplimiento por otros de sus propios deberes normativos», y conforme al principio de confianza «no se responde por la falta de cuidado ajeno, sino que el derecho autoriza a confiar en que los otros cumplirán sus deberes de cuidado», concluye el escrito. EFECOM
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