Tras las decisiones de Donald Trump de revocar la licencia de la petrolera estadounidense Chevron, a la que dio plazo de salir de Venezuela antes del 27 de mayo, y la aplicación de “aranceles secundarios” del 25 por ciento a países que compren crudo venezolano, la preocupación se ha elevado en el país.
Expertos y analistas consideran que volver a la política de máxima presión sobre el régimen -como ya lo hizo Trump durante su primer mandato- no tendrá un efecto de peso sobre el gobierno de Nicolás Maduro que lleve a un cambio democrático.
Por el contrario, lo que sí pueden producir es una exacerbación de la crisis económica que provoque peligrosas consecuencias para los venezolanos y la región.
“Las acciones en contra de Venezuela lucen como un inmenso vacío estratégico de parte de Estados Unidos”, menciona Leopoldo Martínez Nucete, exconsejero del Departamento de Comercio del gobierno del expresidente Joe Biden, quien en conversación con EL TIEMPO describió la actual relación Caracas -Washington como “un tema complejo”.
¿Cómo entender los anuncios de Trump sobre Venezuela y hacia dónde cree que avanza la relación petrolera?
Todo ocurre en lo que luce como un inmenso vacío estratégico por parte de la administración Trump con relación a cómo abordar la situación venezolana. Lo más probable es que 60 días no sean suficientes para que Chevron pueda liquidar sus operaciones en Venezuela, no solo por los compromisos con suministros y trabajadores, sino también por el hecho de que el Gobierno de Venezuela le debe a Chevron una cantidad importante de dinero que se venía saldando.
¿Cómo se estaban gestionando los ingresos aportados por Chevron a Venezuela?
Fuera de las regalías que pagaba el consorcio al Estado venezolano, el Gobierno de Maduro no estaba tocando realmente el beneficio de esta operación petrolera porque Chevron se cobraba la deuda.
¿Cómo se puede aplicar el arancel a empresas de otros países que decidan operar en Venezuela?
Si se quedan, los países distintos a Estados Unidos correrían el riesgo de enfrentar ese arancel secundario sancionatorio incluso si es petróleo que sus propias empresas están produciendo o si embarcan el petróleo que están produciendo en Venezuela. Por ejemplo, Repsol, que es una empresa española y opera en Venezuela, se vería afectada, lo cual resulta absolutamente contradictorio sobre las normas de comercio internacional.
¿Qué pasará si retiran todas las licencias?
Lo mismo que pasó antes de que hubiera licencia: un mercado negro del petróleo venezolano en donde era negociado, transportado y tranzado a precios de descuento, lo cual afectaba el ingreso de Venezuela. Si se mantienen las sanciones de Estados Unidos, el petróleo venezolano volverá principalmente a China, que era el gran operador y beneficiario de ese mercado a descuento. En esa época, el petróleo venezolano se estaba negociando en esos mercados con un descuento de hasta 40 dólares por barril. Es decir que, China estaba recibiendo un subsidio petrolero por parte de ese mercado negro.
¿Cuál es el peso del tema político en estas decisiones?
Si todo esto conlleva, bajo la idea de la presión en el orden político, al retiro de estas empresas estadounidenses y europeas y a que la propia India se retire del mercado que tiene con Venezuela, quien va a ocupar el espacio operativo en el campo petrolero seguramente será China National Petroleum Corporation, o una combinación de actores que no son necesariamente aliados y que, por el contrario, son más bien adversos al interés de la seguridad de Estados Unidos. Tampoco son empresas vinculadas a países donde el tema de la democracia sea prioritario.
Un riesgo de corrupción…
Absolutamente. Estas operaciones petroleras pueden terminar en una suerte de consorcio entre la corrupción del régimen chavista y actores adversos al interés nacional de seguridad de Estados Unidos y del mundo occidental, lo cual va a profundizar la corrupción que existió durante los tiempos previos a las licencias, que fue una corrupción escandalosa donde se habla de más de 20.000 millones de dólares que fueron sustraídos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Foto: Archivo
¿Cree que eso se traduciría en un deterioro del país y, por ende, una nueva ola migratoria?
Pese a que hay muchos estudios respetables que quieren vincular la presión migratoria a otras causas, para nadie resulta muy racional defender la tesis de que no existe ninguna correlación entre la caída del ingreso y el deterioro de las circunstancias económicas en Venezuela y la migración. De hecho, los picos migratorios de la población venezolana, sobre todo la población que salió por el Darién hacia la frontera sur de Estados Unidos, tuvo su máxima expresión en los tiempos de «pre – licencias». Es, precisamente, parte de las consecuencias.
Usted dice que el régimen de Nicolás Maduro no tiene uso de ese dinero petrolero, ¿por qué se insiste entonces tanto en asfixiarlo a través de la revocatoria de las licencias?
Cuando se analiza el diseño de la licencia en los términos que se hizo durante la administración Biden (2021-2025), siempre pensamos muy claramente en buscar un diseño que permitiera no solamente resolver todas las incógnitas y las dudas que teníamos con relación a la ausencia de licencias y a la ausencia de actores vinculados al mundo occidental en el negocio petrolero venezolano, sino que se buscó la forma de que esta licencia no beneficiara de manera principal al régimen de Maduro y que, realmente, los impuestos fueran marginales frente al gran beneficio que se estaba produciendo. Eso permitió que, por primera vez en la historia de Venezuela, no solamente el flujo que se producía por Chevron, y otras petroleras, permitió reducir su deuda, sino que los excedentes de esta operación llevaron a la creación de un mercado de divisas que no pasa por el Banco Central.
¿Qué se puede esperar con el sector privado?
El sector privado venezolano está en una situación de profunda vulnerabilidad que puede traducirse en desempleo, presiones migratorias y desabastecimiento. Vale la pena detenerse a pensar: ¿qué está más alineado con el interés de seguridad nacional de Estados Unidos? La presencia de Chevron o la presencia de China National Petroleum Corporation? ¿La posibilidad de mantener presión e incentivos sobre el régimen de Maduro para negociar caminos hacia una democracia o perder a todas luces la capacidad de ofrecerlos? Porque las licencias son incentivos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, hay que tener un poco más de sindéresis cuando se transitan este tipo de medidas.
¿Qué cree que se puede esperar de la administración Trump?
Por un lado, tienes a la Casa Blanca impulsando con el enviado especial Richard Grenell vuelos de deportación a Venezuela manteniendo las licencias petroleras, pero, por el otro, tienes un anclaje en el Congreso, en donde votos como los congresistas Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Diaz-Balart presionan para que el secretario de Estado Marco Rubio yuxtaponga la iniciativa Grenell con una presión sobre el régimen.
Eso trajo como consecuencia a los venezolanos enviados a El Salvador…
Se están dando grandes atropellos e injusticias. Las deportaciones son la verdadera prioridad de la administración Trump, tanto lo que Rubio hizo con la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, como lo que está haciendo Grenell en las negociaciones con el régimen de Maduro, tiene un punto de convergencia y es deportar venezolanos.
¿Se podría decir que Venezuela es un enemigo útil para Donald Trump?
Ciertamente, la comunidad venezolana le está sirviendo de excusa y pretexto a Donald Trump y a Stephen Miller (subjefe de Gabinete de la Casa Blanca) para su política de deportaciones masivas que va a desembocar en algo profundamente injusto si no hay correcciones por la vía judicial. Es cumplir una promesa electoral, mostrar grandes cifras y repetir 100 veces que mandaron a los delincuentes a El Salvador.
A su juicio, ¿la administración Biden logró avances con relación al régimen de Nicolás Maduro?
La administración Biden logró cosas, logró que hubiera unas elecciones en Venezuela en las que se demostró que ganó la oposición.
Pero, se mantuvo Maduro…
Sí, no hubo más. Hay que entender que era un proceso que se estaba desencadenando en donde tendrían que haber ocurrido más negociaciones, así como una continuidad con una política de incentivos y negociación y donde la propia oposición venezolana tiene que hacer una revisión de dónde falló su estrategia para lograr que esos resultados fueran reconocidos por el régimen de Maduro. Al final del día, una cosa es lo que puede hacer la comunidad internacional y otra la estrategia política de la oposición para defender su triunfo.
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