El decreto de conmoción interior puesto en vigencia por la Presidencia de Colombia ayer por los sucesos violentos del Catatumbo no es el fin esperado de un proceso. Pudiera ser el comienzo de un turbulento camino plagado de escollos para salvar lo que queda del Proceso de Paz, principalísimo proyecto del gobierno de Gustavo Petro. Tendrá que producir resultados casi inmediatos porque al jefe del gobierno le queda poco menos de año y medio de funciones.
Para poder poner en práctica un apuntalamiento de la capacidad de armas de la fuerza pública encargada de devolverle la paz a Colombia hará falta una montaña de dinero con la que el país no cuenta. De no obtenerse los recursos, la ansiada tranquilidad del país pasará a ser una quimera y se atornillarán las organizaciones guerrilleras que han ocasionado los disturbios que han dejado 60 muertos, y conseguido desplazar a más de 42.000 personas sembrando al país de intranquilidad, desasosiego y sangre y dejando una crisis humanitaria de enormes magnitudes.
Si como es el caso del sentir colombiano y de las investigaciones allí realizadas, las fuerzas venezolanas del mal están apuntalando, cooperando con o liderando este estado de violencia desatada al lado de la frontera, los esfuerzos tácticos o estratégicos de seguridad y restablecimiento de la calma que se hagan en Colombia al igual que los esfuerzos financieros que se hagan estarán heridos de muerte.
En mala hora, sin embargo, están ocurriendo estos eventos para los fines de las fuerzas criminales de las guerrillas y de quienes los soportan y motivan. La hora es nona para ellas a partir del momento en que Donald Trump ha iniciado su gobierno con inusitada fuerza y determinación a defender a su país no solo en el terreno de lo económico y comercial o de los estragos de la inmigración desbordada. Está más que claro ya para el mundo entero que la narcoguerrilla, que no ha parado de fortalecerse en los años recientes en Colombia y que se ha apuntalado estratégicamente del otro lado de la frontera del Arauca, se ha convertido en un objetivo inmediato de las acciones del gobierno que acaban de estrenar en Washington.
Hagamos notar que no se trata solo de su capacidad de lesionar a la sociedad norteamericana a través de la facilitación del consumo de sustancias lesivas para la población, sino por su indiscutible conchupancia con el terrorismo en sus distintas formas y maneras de actuar. En ese bote Estados Unidos no tiene solo metida a Colombia. El malestar norteamericano involucra a Venezuela y Cuba en el mismo género de acciones criminales lesivas a los intereses de Estados Unidos que el equipo de gobierno estará encargado de combatir hasta poner a funcionar el orden debido. Y el asunto no es para mañana, es para hoy.
La declaratoria de conmoción interior no sirve para estos fines. La falta de recursos de financiamiento para acometer las acciones que sean imperativas en Colombia tampoco va a ser un argumento para sustentar la incapacidad de acción de parte del gobierno. Más le vale a Gustavo Petro colocarse en la órbita de la colaboración activa con Estados Unidos en este terreno y hacer del combate a la narcoguerrilla un proyecto conjunto, un objetivo imprescindible. Lo contrario equivale a ponerse del lado equivocado de las cosas. En esta ocasión, Washington exigirá una consustanciación del gobierno de Colombia con los legítimos intereses de seguridad estadounidenses y hacer del combate a la narcoactividad y el terrorismo un proyecto de actuación común. Ni Cuba ni Venezuela, en su actual situación, van a colaborar con la causa; pero Colombia sí será conminada a hacerlo.
Cualquier otro tema de la dinámica colombiana deberá estar subsumido a esta causa, por duro que parezca. Este es el elemento protuberante de su relación con Estados Unidos y está visto que Donald Trump, en ninguna de sus prioridades, va a tener miramientos.
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