
Estados Unidos aplaudió este jueves la decisión del Comité de Derechos Humanos (DD HH) de la ONU de exigir al gobierno conservar las actas de escrutinio de las elecciones del pasado julio.
«Aplaudimos la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU de preservar todas las actas de votación de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio«, dijo en X el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
Aplaudimos la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU de preservar todas las actas de votación de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. El pueblo de Venezuela y el mundo conocen la verdad, y Maduro y sus representantes tienen el deber de respetar la… https://t.co/o1MrUAJBxc
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) December 5, 2024
La población de Venezuela y el mundo, según añadió, «conocen la verdad», y Nicolás Maduro y sus representantes «tienen el deber de respetar la voluntad del pueblo venezolano».
Un grupo de abogados denunciantes confirmó a EFE que el Comité les notificó el martes que abrió un caso contra el gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral y ha dictado medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas.
El Comité de DD HH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados parte.
El pasado 19 de noviembre, Estados Unidos reconoció por primera vez en público al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, como presidente electo.
«El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes», dijo entonces en redes sociales el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Menos de diez días después Washington sancionó a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusó de «represión» y de intentar «robar las elecciones» presidenciales. En esa lista estaba el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
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