Este martes entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España, con el que el gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años, entre ellos a más 66.000 venezolanos, pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo, muchos de ellos de América Latina, o la infancia.
El gobierno lo presenta como una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia.
Una de sus novedades más importantes es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar- y reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.
También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años de edad.
Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.
Y las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.
Riesgos para los solicitantes de asilo y menores
En la otra cara de la moneda está una novedad que ha despertado grandes críticas de muchas oenegés de defensa de derechos de los migrantes, fuerzas políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo.
Y es que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.
Venezuela y Colombia representaron en 2024 63% de los solicitantes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 solicitudes, respectivamente, según datos oficiales, en los que también destacan Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
Como vía transitoria, durante un año, el gobierno reduce de 2 años a 6 meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.
Esto ha llevado a siete entidades sociales a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo de España, que aún no ha pronunciado.
El Defensor del Pueblo advierte de que «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores».
Estos efectos negativos han llevado al Gobierno a estudiar nuevas vías y a cambiar su posición respecto a una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que no estaba entre sus prioridades hasta ahora.
El partido socialista PSOE, que Gobierna en coalición con la formación de izquierda Sumar, negocia con grupos parlamentarios la tramitación de esta iniciativa, que llegó al Parlamento español respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada.
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